Enfado “mayúsculo” de la Iglesia con el Gobierno: “Usa a las víctimas de abuso para su interés político”
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Fuentes: Julio Núñez, El País / Jesús Bastante, El Diario / José Beltrán, Vida Nueva – Ecclesia / ANIR, Religión Digital, 8 de julio de 2024
Este próximo martes la Conferencia Episcopal española tiene convocada una Asamblea Extraordinaria para aprobar su Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos (PRIVA), -un documento que quiere marcar los procesos para indemnizar a los supervivientes de la pederastia clerical en casos prescritos-, y adelantarse a las medidas anunciadas por el Gobierno de España. PRIVA contempla indemnizar sólo a víctimas de abusos prescritos, no será de obligado cumplimiento por las diócesis y deja a las víctimas fuera de la comisión que determinará las indemnizaciones por abusos sexuales en España.
Sin embargo, el Gobierno se ha adelantado a la Conferencia Episcopal y, antes de que apruebe su plan, mantendrá un encuentro este lunes a las 12:30 h. con varias de las asociaciones de víctimas para escuchar sus reivindicaciones, asegurarles su apoyo y, en su caso, anunciar nuevas medidas. El encuentro tendrá lugar en el complejo de Presidencia del Gobierno, y ha sido convocado por la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.
Entre los asistentes, varias de las principales asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia, como Infancia Robada, Lulacris, Ava, Anva, Manes Petits, ACACI o Viqui Bernardet. También se ha contactado con Betania y Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat.
Según han apuntado a Religión Digital fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, PRIVA, cuyo contenido adelantó ayer en exclusiva RD, «no garantiza ninguna reparación a las víctimas, ni siquiera su intervención«,
«El Gobierno va a seguir trabajando para defender a las víctimas», recalcan dichas fuentes después de leer el informe. Al tiempo, lamentan que la propuesta de la CEE «no ha contado con las víctimas, no es obligatoria para las diócesis, los obispos pueden actuar sin unidad de criterio, ya que las recomendaciones sobre compensaciones no serían vinculantes».
«El objetivo del Gobierno es precisamente que sea obligatorio, que se tengan en cuenta las víctimas, que puedan contar su caso en un entorno seguro sintiéndose acogidas y que la reparación sea adecuada y a cargo de la Iglesia», culminan desde el Ejecutivo, que justifica la celebración de la reunión de este lunes en Moncloa.
Recordemos que el pasado mes de abril el Ministerio de Presidencia presentó su «Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos‘, un plan que asume buena parte de las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, y que se aprueba sin que Ángel Gabilondo haya podido presentarlo ante la Cámara Baja. y que motivó una dura respuesta por parte de la Conferencia Episcopal, al producirse días después del primer encuentro entre el presidente Argüello y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El plan, que pretende reparar integralmente a las víctimas, especialmente a aquellas cuyos casos hayan prescrito y, también, en el caso “no deseable” de que la Iglesia se niegue a hacerlo, tiene previsto dos escenarios: uno contando con la colaboración de la Iglesia y otro sin ella. (Ver Plan de respuesta…)
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Advertencia del Gobierno
El Gobierno también se planta ante la actual gestión de la Iglesia sobre sus casos de pederastia y advierte a los obispos de que “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. En una carta fechada este viernes, y a la que ha tenido acceso El País, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presiona al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, para concertar un modelo de reparación mixto, entre el Estado y la Iglesia, “ajustado a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo con el objetivo de facilitar a las víctimas un único sistema de reparación”. Es decir, que sea el Estado, a través de una comisión independiente, el que estudie cada denuncia de los casos prescritos, fije la cantidad económica y garantice el pago a los afectados.
Las exigencias del ministro llegan días antes de que los obispos se reúnan de forma extraordinaria para aprobar un plan propio para indemnizar a los afectados y que han redactado sin el apoyo de las principales asociaciones de víctimas y sin la colaboración del Estado, a pesar de que hace meses se comprometieron a trabajar con ambos para abordar conjuntamente el asunto. La noticia de que la CEE ejecutará su plan sin la fiscalización estatal ha avivado el choque con el Ejecutivo. “La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa”, subraya Bolaños en la misiva.
La chispa del fuego cruzado entre el Estado y la Iglesia saltó con la publicación en octubre del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos clericales, encargado por el Congreso de los Diputados hace dos años, en el que recomendaba crear un fondo estatal donde participase la Iglesia y fuese supervisado por un órgano independiente. Los obispos se opusieron. También lo hicieron el pasado abril, cuando el Gobierno presentó un plan de reparación oficial en el que también proponía un equipo de especialistas para adjudicar las reparaciones y que “exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”. La CEE se negó a cooperar a menos que los resarcimientos incluyeran también a las víctimas de fuera del ámbito religioso y definió el plan del Gobierno como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica”.
Pese a esta postura negativa de la CEE, la jerarquía eclesial aceptó crear un grupo de trabajo con el Estado para abordar la cuestión. Hubo una primera reunión el 3 de junio y acordaron verse de nuevo ese mes para que la Iglesia trasladase finalmente si participaría en el sistema de reparación que proponía el Gobierno, pero la cita nunca se produjo. El plantón llevó a Bolaños a enviar otra carta, con fecha del 27 de junio y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que el ministro urge por primera vez a Argüello a reunirse para “alcanzar un acuerdo”. El presidente de los obispos respondió en otra misiva el 4 de julio que los trabajos de ese grupo “se podrían reanudar a partir del próximo día 10 de julio”, después de que los obispos aprobasen su plan.
Fue entonces cuando el ministro de la Presidencia envió la última carta advirtiendo a Argüello de que “no aceptará” un plan sin “criterios y garantías públicas” como recomienda el Defensor en su informe: “Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día, especialmente cuando este sistema se pone en marcha al margen de los criterios fijados por el Defensor del Pueblo, que es la institución que ha estudiado las mejores fórmulas de escucha y reparación”, señala Bolaños en la misiva.
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La Iglesia responde al Gobierno en materia de abusos: «Insiste en utilizar a las víctimas y pone por delante su interés»
La Iglesia considera la carta «Una muestra clara de oportunismo» y denuncia que el ministro Bolaños pretende imponer una respuesta a este problema sin contar con ella ni con el Defensor del Pueblo.
«El Gobierno presiona a la Iglesia para que no apruebe su plan de reparación el martes y contraprograma con una reunión convocada de urgencia a las víctimas». Las fuentes eclesiales consultadas por Ecclessia señalan que la carta del ministro es «inaceptable en el fondo y en la forma», pues consideran que «las cartas personales entre representantes institucionales no se hacen públicas», siendo «una deslealtad personal e institucional» publicarlas.
Además, la misiva supone «una amenaza para la vida y misión de la Iglesia y para su independencia». E insisten: «Son inaceptables las presiones del Gobierno para monopolizar el trato con las víctimas».
En este sentido, denuncian que si el Gobierno tiene el monopolio de la acción con las víctimas, se impide la respuesta de la Iglesia, a la que se impone «una respuesta contraria al derecho», que, además, «se ha elaborado sin contar con la Iglesia ni con el Defensor del Pueblo y que discrimina a unas víctimas respecto a otras».
Y concluyen: «El Gobierno insiste en utilizar a las víctimas. Pone por delante su interés político antes que la solución al problema».
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¿Y las víctimas?
Infancia Robada, a los obispos: «Si no quieren ayudar, al menos les pedimos que no molesten»
En carta publicada en Religión Digital:
La Asociación Nacional Infancia Robada muestra su absoluta condena y rechazo sobre las declaraciones de una fuente de la Conferencia Episcopal en las que se vierten acusaciones infundadas contra el gobierno y contra este colectivo de víctimas y supervivientes de violencia sexual contra la infancia, como una de las que acudirán este lunes a una convocatoria de reunión en sede del complejo de La Moncloa.
Anir acude libremente a esta cita sin sentirnos manipulados. En cambio si a que a día de hoy manifestamos habernos sentidos manipulados o al menos haber sentido que la jerarquía eclesiástica lo ha intentado con nosotros y nosotras.
Cinco veces nos hemos reunido miembros de la directiva de la asociación con presidentes de la Conferencia Episcopal, Blázquez, Omella y Arguello sin más resultado que buenas palabras y nulos hechos. Cinco veces desde 2017, habiendo confiado en que la iglesia española estuviera a la altura debida con sus víctimas. Nula respuesta práctica, ejecutiva tras ejecutiva.
Que a estas alturas una reunión convocada por el gobierno de España con asociaciones de víctimas y supervivientes se califique de intento de torpedear un plan de reparación, viciado de raíz, elaborado en la sombra sin contar con las víctimas, nos parece no solo lamentable sino un torpe intento de ejercicio de efecto espejo, porque ese plan no necesita torpedos externos, se torpedea el solo.
Su continua falta de seriedad, sus insulsas excusas y su afán por faltar al respeto de las víctimas, les delata y retrata delante toda la sociedad, aunque ustedes aislados en su burbuja de cristal de Añastro piensen lo contrario. La iglesia española sigue, también con su lamentable informe Para Dar Luz, tramposo y trilero, dejando claro que además de no contribuir a la reparación, reconocimiento e indemnización de sus víctimas, pretende enredar.
Nula esencia cristiana. Vergüenza histórica. Si no quieren ayudar, al menos les pedimos que no molesten.
Junta Directiva de ANIR
Madrid, 7 de julio de 2024.
