La asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña (DMD-Cat) ha criticado las declaraciones del papa León XIV sobre la eutanasia y ha reclamado que no se cuestionen derechos consolidados como la prestación de ayuda a morir.
La entidad ha reaccionado así a las palabras pronunciadas por el pontífice durante su intervención ante las Cortes españolas, donde defendió que «toda vida humana debe ser reconocida y protegida desde la concepción hasta su ocaso natural».
DMD-Cat ha expresado su desacuerdo con esta posición y ha recordado que la legislación sobre la eutanasia es fruto de años de debate social y de un amplio consenso democrático.
–La organización denuncia que el hemiciclo, sede de la soberanía popular, se haya transformado en un púlpito para una institución que discrimina estructuralmente a las mujeres.
–Agradecen el plante de Podemos y BNG frente al clericalismo, mientras critican el «bochornoso» aplauso de siete minutos de la Cámara.
–Reprueban los ataques del pontífice a las leyes civiles y su exigencia de mantener privilegios como el secreto de confesión por encima de la justicia.
Europa Laica expresa su más enérgico rechazo e indignación ante la recepción oficial y el posterior discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados. La organización considera inadmisible que las Cortes Generales, depositarias de la soberanía de un Estado que la Constitución define como no confesional, se hayan doblegado a la liturgia y al adoctrinamiento de un líder religioso, confundiendo flagrantemente las funciones institucionales con las creencias particulares.
«Un líder religioso ha pronunciado una alocución entre lo político y lo religioso, lo ético y lo interesado, lo local y lo internacional, en unas Cortes Generales con un cardenal sentado en la Mesa del Congreso como reminiscencia de otras épocas», analiza Ander Gutiérrez-Solana.
Mesa del Congreso durante la disertación de León XIV| Captura de pantalla, RTVE ________________
Ander Gutiérrez-Solana, La Marea, 9 de junio de 2026
El 8 de junio de 2026 pasará a la Historia del parlamentarismo español como el día que las Cortes Generales (CCGG) celebraron una sesión conjunta para escuchar el discurso ¿homilía? del Papa católico León XIV.
La anomalía se intuye en la primera oración de este texto: las representantes del pueblo y los territorios del Estado, diputadas y senadores, apretándose hasta el roce ante la llegada de… ¿un Jefe de Estado o un líder religioso?
Que un Jefe de Estado extranjero intervenga ante las CCGG no es inaudito. En España existe cierta tradición de recibir a quienes ocupan dichos cargos en América Latina, o a los países vecinos, Portugal y Francia. Criterios que no cumple el Vaticano y no han impedido su disertación.
El Papa León XIV recibe un aplauso durante su visita al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid | Alberto Ortega / Europa Press _____________
Allá por los años 70 me llegó desde Italia una consigna que utilizaban las mujeres que se manifestaban por el derecho al aborto en aquel país. Si no recuerdo mal, decía algo así como «il mio corpo è mio e l’administro io». Es decir, mi cuerpo es mío y lo administro yo, aunque en castellano pierda la rima.
Volví a recordar esta consigna de las mujeres italianas durante los años en que, desde la asociación Derecho a Morir Dignamente, en concreto en mi caso desde Cataluña, luchamos denodadamente por la consecución de un nuevo derecho que, como asociación, llevábamos reivindicando desde el mismo momento de su fundación, en 1984. Nos ha costado años, pero podemos decir con alegría y espíritu de celebración que hoy en día disfrutamos de un derecho más en la disposición de nuestro propio cuerpo, a pesar de la oposición de un sector muy concreto e influyente de nuestra sociedad, la Iglesia Católica, que ha hecho todo lo posible por hurtarnos esa libertad y que, mientras lo ha conseguido, ha obligado a padecer un dolor insoportable, que no querían vivir, a tantas personas que no practicaban su religión.
Hasta ayer a estas horas, el papa de Roma había echado mano del Evangelio en sus discursos, pero como decíamos también ayer a estas horas, una vez el gobierno de coalición social-comunista le concedió al pontífice el privilegio de hablar en la tribuna del Congreso de los Diputados, León XIV pasó de hacer Evangelio a hacer la política que corresponde a su Estado teocrático de 44 hectáreas y más de 1.400 millones de feligreses.
Para satisfacción del pensamiento político más reaccionario, el obispo de Roma ha utilizado la institución más importante de un país democrático, aquella en la que se firman las leyes que los representantes de la ciudadanía acuerdan, para cuestionar varias de ellas con un descaro manifiesto por lo que comporta de injerencia en los asuntos internos de un país soberano y supuestamente aconfesional.
El jefe de las y los católicos (que representa, aproximadamente, tan sólo al 10% de la población española (según el INE) -el 3% pertenecen a otras religiones, más del 55% no somos creyentes y un 30% son católicos instrumentales, vamos que no practican-, ha lanzado un mensaje vergonzoso contra leyes democráticas, como la de ley de Eutanasia y la de interrupción voluntaria del embarazo, en la línea de una corporación, la católica, que practica -con fuerza- el cabildeo en todo el Planeta, que es dueña de un enorme patrimonio y un banco con enormes beneficios. Y, además, ha insistido, para que no se pierda la memoria de las raíces cristianas inquisidoras y nacionalcatólicas.
Corporación machista a la que el Estado español le regala unos 13.000 millones de euros al año (el costo -aproximado- de más de 100.000 viviendas públicas), que han practicado y practican la pederastia, que montaron la “santa inquisición” que asesinó a miles de personas no creyentes y las “cruzadas” contra el infiel, que apoyó el fascismo y el nacionalcatolicismo de Franco, las dictaduras de Mussolini (Pactos de Letrán), al criminal Hitler y, más cercanamente, la de Pinochet y de otros muchos dictadores. Que se adaptan, como camaleones, a todo, para muy bien vivir, como una enorme empresa religiosa de servicios y apostolado. Que cada vez tiene menos vocaciones al sacerdocio y religiosas, por cierto. Están bajo mínimos.
Al otorgar un carácter público y oficial a una simple visita del representante de una determinada opción espiritual, se vulnera la igualdad entre los católicos y el resto de ciudadanos
El Rey Felipe VI asiste a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, este pasado sábado, en Madrid. | J.J. Guillén / EFE / Pool (J.J. Guillén / EFE / Pool ___________________
No existe ningún Estado del todo laico. Ni siquiera la República francesa lo es. Y tampoco la España actual. Recuerdo una conversación que mantuve hace unos años con Gregorio Peces-Barba, jurista católico que participó a la redacción de la Constitución española de 1978. Yo, nieto de republicanos españoles, ciudadano francés, republicano, y laicista convencido, le pregunté: “¿Por qué escribieron en el texto constitucional que el Estado español es aconfesional y, al mismo tiempo, que ‘los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’? ¿No es esto contradictorio?”. Peces-Barba me contestó: “No puede hacerse todo de golpe. Damos un paso hacia la laicidad, pero en la coyuntura no podía hacerse más”.
Los viajes papales no son únicamente instrumentos pastorales o rituales de devoción: han funcionado históricamente como recursos de acción geopolítica. Desde la Edad Media hasta la actualidad, los viajes del pontífice han servido para reconfigurar relaciones de fuerza, afirmar soberanías y establecer alianzas que trascienden lo religioso. Los viajes papales son instrumentos de diplomacia pública . Allí donde viaja el Papa, no solo se despliega una liturgia: se activa una forma de diplomacia pública, dotada de una capacidad de penetración mediática y simbólica que ningún otro actor -ni político ni religioso- puede igualar.
El viaje a España del Pontífice no puede entenderse únicamente como una visita pastoral ni como un gesto de diplomacia espiritual. Se inscribe en una tradición de complicidades entre el Estado español y el papado que hunde sus raíces en uno de los artefactos jurídicos más decisivos del siglo XX español.
Decenas de personas se han concentrado el pasado día 4 en la Plaza Juan Goytisolo, frente al Museo Reina Sofía de Madrid, para exigir un Estado laico ante la visita del Papa León XIV a España, que se desarrollaentre el 6 y el 9 de junio. La movilización, convocada bajo el lema «Exigimos un Estado laico», ha reunido a organizaciones laicistas, sindicales, memorialistas y de derechos civiles, y ha tenido como telón de fondo el anuncio de que el pontífice intervendrá ante las Cortes Generales en sesión solemne el próximo 8 de junio, un acto sin precedentes en la historia democrática española.
Una protesta en continuidad con la campaña laicista
La concentración no es un hecho aislado. Se enmarca en la intensa campaña que ha impulsado Europa Laica y decenas de organizaciones asociadas en las últimas semanas. El pasado 27 de mayo, una primera movilización frente al Congreso de los Diputados reunió a activistas y representantes de más de 60 entidades para registrar en la cámara elManifiesto por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, respaldado ya por más de 60 organizaciones y más de 140 personalidades de la sociedad civil.
Partidos políticos, sindicatos y colectivos navarros han pedido al Papa León XIV, en un comunicado conjunto, su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y sus diócesis para que la Iglesia «devuelva voluntariamente» los bienes inmatriculados «indebidamente apropiados».
El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | A. Pérez Meca – Europa Press ________________
El comunicado está firmado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el Colectivo Republicano de Euskal Herria, el sindicato LAB, Contigo-Zurekin, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y Junta de Irazarra Elkartea.
Las entidades que suscriben este comunicado parten del principio de que los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. En el Estado español, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario nacido en el marco del nacionalcatolicismo franquista, pudo inscribir a su nombre miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación expedida por el propio obispo. Mientras cualquier ciudadano o entidad debía acreditar documentalmente su derecho, la Iglesia fue situada en una posición excepcional, como si pudiera otorgarse fe pública a sí misma. Un «privilegio, originado en la legislación hipotecaria de 1946», que «fue ampliado en 1998 y permaneció vigente hasta 2015».