Muchas sobrevivientes creen que la solicitud de perdón de la organización por los abusos en los centros del Patronato de Protección de la Mujer no es suficiente.
Protesta durante el acto de la Confer para pedir perdón a las víctimas / Luca Gaetano Pira-The Guardian ______________________
Cuando los miembros de la organización católica concluyeron su discurso con una petición de perdón, el auditorio de Madrid estalló en ira. Durante décadas, muchos de los presentes habían lidiado con las cicatrices de su paso por instituciones católicas; ahora, de pie, coreaban: «Verdad, justicia y reparación» y, dejando patente su rechazo a cualquier disculpa, «Ni olvido, ni perdón».
Fue una respuesta sin precedentes a un momento sin precedentes en España, una señal de las profundas fisuras que persisten en una de las instituciones más antiguas y menos conocidas de la dictadura de Francisco Franco : los centros dirigidos por católicos que encarcelaron a miles de mujeres y niñas de hasta ocho años, sometiéndolas a castigos bárbaros, trabajos forzados y adoctrinamiento religioso.
Los centros funcionaban bajo la dirección del Patronato de Protección de la Mujer, una institución estatal revitalizada en 1941 y dirigida por Carmen Polo, esposa de Franco. Su objetivo era rehabilitar a las «mujeres caídas», de entre 15 y 25 años, así como a otras consideradas en riesgo de desviarse del estrecho camino trazado para las mujeres durante la dictadura.
Paca Blanco, Isabel Soler y Consuelo G. del Cid, tres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer / Vídeo: L. Almodóvar/M. Page/C. Muni ________________________
Fuente: Carol Mundi, Luis Almodóvar, María Page Arias, El País, 14 de junio de 2025
Tres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, Paca Blanco, Isabel Soler y Consuelo G. del Cid, explican en el vídeo qué ha supuesto para ellas recibir unas disculpas públicas por parte de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y reclaman al Estado justicia para reparar su memoria.
Franco el 6 de noviembre de 1941 firmó un real decreto para volver a crear el Patronato de Protección de la Mujer en el que miles de mujeres fueron recluidas en reformatorios gestionados por congregaciones religiosas para «dignificar» su moral, que se mantuvieron hasta 1985, diez años después de la Transición.
Isabel Soler, Paca Blanco y Consuelo García del Cid se autodenominan supervivientes porque sienten que vivieron un infierno del que consiguieron salir antes de que cerrara sus puertas. 40 años después de su cierre, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha pedido perdón a las mujeres por «su sufrimiento». Hoy son ellas quienes cuentan cómo se sintieron al escucharlo.
Las supervivientes que han asistido al acto reprochan que las congregaciones hayan hecho más hincapié en el contexto histórico que en su verdadero papel en la represión, y han acabado coreando : «Verdad, justicia y reparación»
Acto de petición pública de perdón organizado por la CONFER para las mujeres supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, en la Fundación Pablo VI, en Madrid, el 9 de junio de 2025 / CONFER ___________________
Varias fuentes*, 10 de junio de 2025
Ayer la Confederación que reúne a las agrupaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato de Protección de la Mujer, -organismo creado en 1941 adscrito al Ministerio de Justicia, con el que el régimen franquista oficializó su represión hacia las mujeres para reeducarlas en la moral católica-, pidió disculpas públicamente, pero el gesto no ha servido a las víctimas de la institución, que han coreado “verdad, justicia y reparación” con carteles que rezaban “No” al final del acto.
Las congregaciones religiosas estuvieron al frente de los centros del patronato, donde miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron internadas, entre 1941 y 1985, enviadas por sus padres y hermanos normalmente, o conducidas allí por la Policía, por el simple hecho de mostrar un comportamiento poco recatado. Otras, violadas incluso por sus propios padres, embarazadas, fueron recluidas en aquellos centros como si fueran auténticas delincuentes.
Supervivientes e investigadoras reclaman al Gobierno justicia y una reparación que exponga los abusos en un organismo, el patronato de las mujeres, del Ministerio de Justicia, que funcionó entre 1941 y 1985.
Centro del Patronatoen Sevilla regido por las Terciarias Capuchinas / Junta de Andalucía _______________________
Me meten allí porque soy roja», afirma con toda contundencia en conversación telefónica Paca Blanco, la Brava. Ella es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, un organismo de sarcástico nombre —cuya presidenta fue Carmen Polo, la Collares, esposa del dictador— adscrito al Ministerio de Justicia y gestionado por órdenes religiosas, de monjas, que desde el año 1941 hasta el 1985, cuando fue disuelto, se dedicó a oprimir a las mujeres y a imponerles los valores del nacionalcatolicismo en un país arrasado. «Podía haber sido abogada, periodista, presidenta del Gobierno… No soy creyente, y la vida que he tenido, me la jodieron por intentar hacer de mí lo que no era. Soy idealista», añade la Brava.
Los métodos empleados en muchos casos por las monjas, bajo la guía y a las órdenes del Estado franquista -e incluso, a partir de 1978, del Estado Constitucional-, implicaban vejaciones que hoy se llamarían sin duda violaciones de los derechos humanos, según han expuesto las supervivientes y han confirmado diferentes investigadoras y académicas en varios volúmenes.
La Conferencia Española de Religiosos (Confer) va a pedir perdón. Va a pedir perdón a las mujeres que pasaron por los centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer que regentaban algunas de las órdenes religiosas que, hoy, forman parte de la Conferencia. Puede parecer un poco lío, pero es fácil: la dictadura franquista delegó en algunas órdenes religiosas la responsabilidad de reeducar a niñas y adolescentes rebeldes. ¿Dicho de otra manera? Delegó en las órdenes religiosas la responsabilidad de imponer el nacionalcatolicismo entre las muchachas.
Esto de que el Estado delegue en la Iglesia es, además, muy actual. La Constitución española reconoce la cooperación del Estado con la Iglesia Católica y, todavía hoy, muchas órdenes religiosas gestionan recursos y servicios como albergues, comedores sociales, centros de atención a personas migradas o recursos para víctimas de violencia machista. Llegan, sin duda, a personas y lugares a los que no llega el Estado. ¿Esto qué significa? Que es urgente que se fortalezcan los servicios sociales públicos.
En esta localidad toledana, las celdas y aposentos de un convento se convirtieron durante la dictadura, en los años 40 del siglo XX, en centro de “reforma” para quienes el régimen tildó de “escoria de la sociedad”
Los responsables sanitarios de la prisión destacaron que bajo su tutela, todos los embarazos de las internas llegaron buen término sin registrarse abortos / Foto: Archivo Regional de Castilla-La Mancha. Fondo Santos Yubero ____________________
Enrique Sánchez Lubián, El Diario, 22 de mayo de 2025
La Calzada de Oropesa es una de las últimas localidades castellanomanchegas en sus límites con Extremadura. Considerada como cruce de caminos desde tiempos inmemoriales, llegado el siglo XVII, la villa inició un cierto periodo de esplendor, del que se conserva hoy uno de sus inmuebles patrimoniales más conocidos: el convento del Cristo de las Misericordias, donde mora una comunidad de Agustinas Recoletas.
Uno de los capítulos más llamativos en la historia de este cenobio se escribió en los primeros años 40, cuando sus celdas y aposentos albergaron a centenares de prostitutas –’extraviadas’ o ‘mujeres caídas’ en el argot oficial de la época– recogidas de las calles madrileñas por las autoridades franquistas. Fue una de las cárceles especiales que para ellas habilitó la Dictadura.
La Confederación que reúne a las agrupaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato de Protección de la Mujer se disculpará el 9 de junio con las supervivientes, que narran los abusos sufridos en estos reformatorios en las que el régimen las encerraba y que funcionaron desde 1941 hasta 1985
Reformatorio de las Oblatas de Alaquàs en 1966 / (Archivo personal de María Palau) ____________________
Hace catorce años que Consuelo García del Cid Guerra (Barcelona, 1958) dedica las 24 horas de sus días a investigar y denunciar la existencia del Patronato de Protección a la Mujer.* “Me robó media vida y la otra media la he dedicado a contar lo que allí nos hicieron, para que se sepa y sobre todo para que no se repita. Ha sido dificilísimo, hubo momentos en que estuve a punto de tirar la toalla”. Pero no lo hizo. Y aquella adolescente de 17 años, a la que privaron de libertad –sin juicio, sin sentencia, sin condena– en varios reformatorios, ha cumplido la promesa que le hizo a sus compañeras: “El día que yo me despedí les dije ‘Os juro que, aunque pasen 40 años, yo seré escritora y España entera se va a enterar de lo que nos han hecho’”.
En 2020 ya exigía “un perdón público” por lo que ocurrió en esta institución franquista que entre 1941 y 1985 encerraba en centros regentados por congregaciones religiosas a jóvenes que no habían cometido ningún delito. “Excepto pensar por sí mismas o proceder de familias desfavorecidas, ser huérfanas o pobres”, decía Consuelo, que inmediatamente después añadía: “En España esto es impensable. Yo creo que me moriré sin ver ese perdón”. Consuelo se equivocaba. A sus 66 años, va a recibir el perdón de las órdenes religiosas femeninas que regentaron los centros donde se internó a miles y miles de niñas y adolescentes como ella. Hasta ahora, nunca nadie se había disculpado.
El sociólogo Manuel Espín ha publicado una investigación en la que trata asuntos como la homosexualidad, las muestras de afecto en público, la censura y la represión sexual durante el régimen franquista, obcecado en no transgredir la moral nacional-católica
Las criticas fueron muy duras contra Silvana Mangano en ‘Arroz amargo’ (1948) porque se la veían los muslos interpretando a una recolectora de arroz en el río Po _________________
Guillermo Martínez, El Diario, 30 de abril de 2025
Los curas decidían cómo se podía vestir en las zonas de baño. Las mujeres que reunían dinero escapaban de España para poder abortar. Las madres solteras vivían con la losa de la condena social. Desde los púlpitos se cargaba contra los prostíbulos mientras acudir a ellos se convertía en un rito de paso de la juventud a la adultez de un hombre. La doble moral del franquismo en relación con todo aquello que tenía que ver con el sexo fomentó una hipocresía en la que la clase social a la que se perteneciera jugó un papel determinante. El sociólogo Manuel Espín ha publicado Sexo en el franquismo (Almuzara), un completo ensayo sobre cómo el régimen tenía sus propias excepciones para castigar a unos y absolver a otros.
El poder que el franquismo otorgó a la Iglesia desde el primer momento en el que la dictadura se expandió por toda España marcó el devenir de una sociedad en la que lo pecaminoso se confundía con lo ilegal. “Desde 1939 hasta 1945 fue Falange quien más poder social tuvo dentro del régimen. Tras la derrota del eje fascista en la Segunda Guerra Mundial, el franquismo viró hacia un sistema nacional-católico”, introduce Espín, doctor de Sociología y director y guionista de numerosos programas de televisión.
En los últimos años se viene presentando el resultado de diversas investigaciones sobre el Patronato de la Mujer, la estrategia oficial que, en la época de la dictadura franquista, la iglesia católica organizó y gestionó como forma de control, represión y castigo de la libertad moral y sexual de las mujeres. En forma de documentales, libros, artículos académicos y de opinión, se viene sucediendo la publicación de una información imprescindible para seguir conociendo la realidad de la sociedad española, la de su pasado, pero ¿también la de su presente?
Como sabemos, el Patronato de la Mujer fue un conjunto de centros de internamiento religioso, unos 900 en todo el país, que tenía como objetivo la reeducación del modelo instaurado por el catolicismo de mujeres sirvientas y sumisas que encontraba su reflejo en el ejemplo mítico de María: virgen y madre al mismo tiempo, a la vez que concebida sin mácula alguna. Cualquier comportamiento que no se ciñese a ese modelo era objeto de reclusión en estos centros, previa clasificación en mujeres “completas” (vírgenes) o “incompletas” (sin himen): desde ser violada o tener un comportamiento no afecto al régimen, hasta el uso de minifalda, ser madre soltera, ser prostituta o regresar tarde a casa. Cualquiera de estas cosas podía servir de excusa para que adolescentes y mujeres hasta, incluso, los 25 años, acabasen en estos centros.
El martes 4 de marzo tuvo lugar en Córdoba (Centro Social Rey Heredia) la conferencia Dios y Franco contra las mujeres impartida por Llum Quiñonero.
Llum Quiñonero (Alicante 1954) es licenciada en Historia. Periodista y activista se formó en el CEU (Centro de Estudios Universitarios) de Alicante, embrión de la actual Universidad. Sus primeros pasos reivindicativos en el mundo de la política se pueden seguir a través de la documentación que ella misma ha donado al Archivo para que formen parte del proyecto del Archivo de la Democracia y sirvan el estudio de una época tan convulsa. Su clara oposición a la dictadura y su defensa de los derechos de la mujer hizo que fuera detenida y sancionada en 1973.
Fue una de las impulsoras del Grup de Dones d’Alacant, grupo feminista muy activo en la provincia de Alicante durante la Transición. En los años ochenta, se trasladó a vivir a Madrid, donde trabajó de periodista y participó en diferentes movilizaciones e iniciativas feministas, como la Comisión por el derecho al aborto.