La emboscada de la inmatriculación: la ermita que la iglesia quitó a un taxista

marzo 26, 2022

La batalla de un hombre para conservar su patrimonio frente al clero: Andrés Jesús Palomo compró una ermita casi en ruinas, propiedad de su familia, y la restauró durante diez años. Cuando el templo situado en las montañas de Málaga ya estaba arreglado, el obispado decidió quedárselo.

Ermita de Verdiales, Málaga

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Juan Ruiz Sierra, El Periódico, 26 de marzo de 2022

Cuando los tres curas llegaron a la ermita, Andrés Jesús Palomo pensó que aquello era un poco raro. Como cada Domingo de Ramos, estaba todo preparado para la romería, misa y procesión, pero allí, en ese modesto templo de 200 metros cuadrados perdido en los montes de Málaga, ya había un sacerdote, solo uno, igual que siempre en esa fecha. Esta vez, en cambio, se sumaron otros tres. Palomo, dueño del inmueble, no los había visto nunca. Llevaban cámaras de fotos.

Sin hablar con nadie, los curas se dedicaron a tomar imágenes del edificio, que Palomo había restaurado durante los últimos diez años con su dinero y sus manos. Fotografías de las sólidas vigas del tejado, de los bancos de madera, del reluciente suelo, de las blancas paredes, de la imagen de la Virgen de los Dolores y de los servicios para mujer y hombre, recién instalados. Fotografías de las nuevas verjas, de la pila bautismal, del coro y del púlpito.

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La Iglesia inmatriculó una popular ermita de Málaga propiedad de una familia e inscrita ya en el registro

febrero 19, 2022

El dueño de la Ermita de los Verdiales descubrió que el obispo la había puesto a su nombre sin aportar prueba documental en un caso de doble inmatriculación, que revela la arbitrariedad del prelado y la pasividad de los registradores. Un ejemplo idéntico en Palencia originó en 2014 una condena histórica del Tribunal de Estrasburgo a España, que obligó al Gobierno de Rajoy a derogar el polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Ermita de los Verdiales / Cedida

Aristóteles Moreno, Público, 19 de febrero de 2022

A principios del año 2013, Andrés Jesús Palomo recibió una inquietante llamada telefónica. No daba crédito a lo que estaba escuchando al otro lado del aparato. El obispo de Málaga acababa de inmatricular a su nombre la conocida como Ermita de los Verdiales, ubicada en los Montes de Málaga, a unos 12 kilómetros de la capital de la Costa del Sol. Debía de tratarse de un lamentable error. El pequeño templo, de casi 200 metros cuadrados incluidas la vivienda anexa y los servicios, era de su propiedad desde que diez años atrás lo había adquirido junto con otro conjunto de parcelas heredadas de su abuelo. Así lo constataban las escrituras y los certificados registrales que obran en su poder y cuya copia ha facilitado a Público.

Hasta ese momento, Andrés Jesús Palomo no había oído hablar de las inmatriculaciones eclesiásticas ni del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que permitía a los obispos anotar a su nombre bienes inmuebles y fincas con su mera autocertificación diocesana y sin aportar títulos escritos de propiedad. Palomo pasó de la sorpresa a la indignación cuando se presentó ante el registro de la propiedad y pidió una nota simple. «Pertenece esta finca al Obispado de Málaga desde tiempo inmemorial«, reza la inscripción registral utilizando una fórmula que se repite una y otra vez en miles de inmatriculaciones efectuadas por los prelados en toda España.

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Escarbar tres siglos para recuperar una ermita inmatriculada por la Iglesia

febrero 15, 2022

La Familia Ferrer logró recuperar la propiedad de una ermita que se había inmatriculado la diócesis de Vic en Barcelona. La iglesia, situada en Castellfollit del Boix (Barcelona), ya no figuraba en el último listado de bienes inmatriculados por las diócesis.

Ermita de Sant Jaume del Clot del Grau, Castellfollit del Boix (Barcelona) / Ángela Llop

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Álex Gutiérrez Páez, Público, 16 de febrero de 2022

Josep Ferrer, un payés jubilado, de 92 años, y su hijo Xavier, de 58 años, lograron recuperar la propiedad de una ermita que se había inmatriculado la diócesis de Vic (Barcelona) tras bucear en manuscritos de hace más 300 años del propio obispado en los que hallaron una instancia de la propia Iglesia católica a los dueños para que la restauraran.

El documento acredita que la iglesia, situada en Castellfollit del Boix (Barcelona) y que ya no figuraba en el último listado de bienes erróneamente inmatriculados por las diócesis, ya reconocía hace 300 años que la Iglesia no era propietaria de la ermita y la familia Ferrer ha documentado que compró la finca y la ermita a sus legítimos propietarios, otra familia agricultora apellidada Grau, en los años 20.

La familia Ferrer descubrió que la Iglesia se había inmatriculado —registrado la propiedad a su nombre— la pequeña ermita de Sant Jaume del Clot del Grau, del siglo XVII y que conserva una pila bautismal original, gracias a que un vecino les avisó cinco años después de que fuese inmatriculada, el 28 de mayo de 2010.

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La Iglesia inmatriculó la finca del Calvario de Ubrique tras la reforma de la Ley Hipotecaria pese a ser patrimonio del Estado

febrero 15, 2022

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Fuentes: El Periódico de Ubrique 1 / 2 / (vía Laicismo.org), 15 de febrero de 2022

La finca denominada “ermita del Calvario” de Ubrique  es uno de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en España entre 1998 y 2015, tras la reforma de la Ley Hipotecaria realizada en 1996 por el Gobierno del PP presidido por José María Aznar. La Diócesis de Asiodonia-Jerez inmatriculó esta finca sobre la base de una simple certificación eclesiástica, sin un título de propiedad u otro documento registral que sustentase esa pertenencia.

Hay que recordar que la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, añadió al artículo 206 del decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprobó la Ley Hipotecaria un párrafo segundo que decía lo siguiente:

Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes.

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