El Puente Viejo, el Paseo del Malecón, la Casa Consistorial, la iglesia de Vistabella, el mercado de Verónicas y el Castillejo son ejemplos de las últimas inmatriculaciones
Espacios y edificios emblemáticos de Murcia / Nacho García ____________________
Aunque parezca increíble, en el municipio de Murcia había, y todavía quedan algunos, espacios y edificios emblemáticos cuya propiedad estaba en un limbo del que el Ayuntamiento ha decidido sacarlos. Algunos casos recientes son el Puente Viejo o de los Peligros, el Paseo del Malecón y el emblemático mercado de Verónicas, actualmente inmerso en su rehabilitación.
A través del servicio de Patrimonio, la administración municipal se ha puesto las pilas para que esa primera inscripción, también conocida como inmatriculación, en el Registro de la Propiedad caiga de su lado y no haya alguien más avezado que se adelante. Además de los anteriores, entran en la lista la iglesia del barrio de Vistabella, el edificio que alberga al Ayuntamiento de Murcia, en la Glorieta de España, y el Castillejo, uno de los inmuebles de las Fortalezas del Rey Lobo, registrado cuando se adquirió en 2020 de manos privadas.
Al morir Marcelina fue cuando se descubrió el pastel. La familia esta vecina de Monterde, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, fue a tramitar la herencia y se enteró de que su casa ya no le pertenecía: un año atrás, el Ayuntamiento la había inmatriculado como bien municipal. A partir de aquí, otros vecinos descubrieron que este caso no era el único. El consistorio se había apropiado de unas 200 fincas; terrenos baldíos, pajares, eras, pero también bodegas y casas donde viven algunas familias desde hace dos o tres generaciones. «Si no es porque la pobre Marcelina se murió, ni nos enteramos», denuncia apenada Angelines, otra de las vecinas afectadas.
El argumento del Ayuntamiento parece claro. Su alcalde, José Gracia, del Partido Popular, afirma que las fincas inmatriculadas se encuentran en un terreno considerado monte de utilidad pública. Este programa, sin embargo, se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para corroborar esta información, y la administración autonómica niega que el monte público afecte a estas viviendas inmatriculadas.
Los vecinos de Monterde, en Zaragoza, mantienen una disputa con el alcalde de la localidad debido a las casi 200 inmatriculaciones “ilegales” que este ha realizado en parcelas de habitantes del municipio. Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados en 2023 tras el fallecimiento de una vecina. Unos años antes, en 2020, se solicitó al Departamento de Medioambiente que emitiera informe acerca de la solicitud del Ayuntamiento de Monterde de inmatricular a su favor 185 parcelas catastrales rústicas, y cuatro parcelas catastrales urbanas.
Ahora el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha confirmado que se opuso expresamente a la inscripción por parte del Ayuntamiento de Monterde de parcelas ajenas a los Montes de Utilidad Pública (MUP) del municipio, y asegura que, a día de hoy, no consta que el consistorio haya remitido la documentación acreditativa de las inmatriculaciones realizadas, tal y como se le requirió en marzo de 2021 por parte del entonces Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (hoy, de Medio Ambiente y Turismo) de Zaragoza.
Unos 100 manifestantes se concentraron en Calatayud para pedir al Consistorio que dé marcha atrás, el alcalde sostiene que defiende «lo público».
Protestas de vecinos de Monterde y de su pedanía de Llumes contra el proceso de inmatriculaciones iniciado hace más de un año por el Ayuntamiento / Jorge Zorraquín ____________________
El proceso iniciado por el Ayuntamiento de Monterde para inmatricularse alrededor de 200 fincas que abarcan 2.500 hectáreas, entre bodegas, almacenes, eras, pajares y hasta viviendas particulares habitadas en la actualidad por todo su término municipal e incluida la pedanía de Llumes, sigue manteniendo dos posturas enconadas. Por un lado, la que representa la Asociación de Perjudicados por el Alcalde, que tacha el proceso de «atropello sin precedentes» y «canallada» al sostener que esas posesiones cuentan con los títulos de propiedad en regla de sus dueños particulares. Desde el consistorio, el regidor, José Gracia (PP), insiste en que «no se le va a quitar nada a nadie si es suyo», pero subraya que «se tiene que justificar de manera legal».
Durante la mañana de este pasado sábado, cerca de 100 manifestantes convocados por la Asociación se han concentrado en el inicio del paseo Cortes de Aragón de Calatayud, para visibilizar su malestar y el desacuerdo. Se trata de la cuarta protesta que llevan a cabo, tras realizar actos similares frente a las sedes de la Diputación Provincial de Zaragoza, del Gobierno de Aragón y del propio consistorio. En la más reciente, personas de todas las edades portaban carteles y pancartas reivindicando lemas como «no somos monte, somos Monterde» y «Okupador tirano» y se enfundaban camisetas en las que se leía «¿Un alcalde ejemplar o un ejemplar de alcalde?».
No hay un inicio claro para las denuncias del pueblo de Monterde, en la provincia de Zaragoza, que está en pie de guerra contra su alcalde José Gracia Ruiz (PP) que ha inmatriculado, es decir, puesto a nombre del Ayuntamiento terrenos, bodegas, almaceneso incluso viviendas particulares, según los propios vecinos, a sus espaldas. Cerca de 200 inmatriculaciones, según apuntan, que se habrían destapado cuando uno de ellos acudió a tramitar la herencia de una casa que, sin comerlo ni beberlo, ya no pertenecía a su familia. Era propiedad municipal, al igual que en torno a 2.500 hectáreas, tal como descubrieron después en el Boletín Oficial del Estado.
Aquello ocurrió el año pasado. Ahora, el malestar ha desembocado en la creación de la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde. Ellos congregaron este miércoles a cerca de un centenar de personas a las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, a modo de llamamiento a la administración autonómica. Ya lo hicieron la semana pasada frente a la Diputación Provincial de Zaragoza, que les trasladó su apoyo. “Aquí somos 100, de 140 empadronados y 40 fijos”, ha explicado uno de sus portavoces, Miguel Ángel Lavilla, sobre una problemática que afectaría a la práctica totalidad de los habitantes.
Recogía ayer el Heraldo la polémica suscitada en Monterde, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, en la que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa desde hace más de un año el proceso oficial para inmatricularse casi 200 fincas repartidas por diversos puntos de su término municipal, varias de ellas incluidas en su pedanía de Llumes.
El alcalde de Monterde, José Gracia (PP) en una imagen de archivo /Fuente foto ________________
La recientemente creada Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde (APAAM) ha generado un notable revuelo en la localidad. Señalando que llevan más de 25 años padeciendo «injusticias, discriminaciones y abusos perpetrados principalmente por el alcalde contra los vecinos del pueblo», han denunciado en un comunicado de prensa «la reciente inmatriculación masiva de propiedades privadas por parte del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad».
Entre las propiedades inmatriculadas, inscritas de forma indebida por el Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad según denuncian desde la asociación de afectados, se encuentran fincas, casas, almacenes, eras y bodegas, que no constaban anteriormente en el registro a nombre de sus dueños, pero de las que «sus propietarios legítimos pagaban las contribuciones», señalan. Desde la APAAM denuncian que esta acción se llevó a cabo sin previo aviso a los propietarios afectados ni a sus vecinos colindantes. El caso más grave, según la asociación, es el de algunas casas habitadas por las mismas familias desde hace generaciones, actualmente habilitadas como viviendas habituales. «La gente tiene dos años para hacer algo o marcharse de sus casas», señalan desde la asociación.
Estuve en el juicio(1) del Arzobispado contra el Ayuntamiento de Ujué, reclamándole la ermita de la Blanca, una de las pocas que se había librado de las inmatriculaciones masivas de inicios del milenio. El abogado Juan María Zuza y el historiador Luis Javier Fortún fueron una vez más los defensores del Arzobispado en su impúdico afán de arramplar bienes públicos.
Los argumentos del Ayuntamiento ujuetarro eran simples: la ermita está en terreno comunal, fue construida y mantenida desde la antigüedad por el Ayuntamiento, que siempre guardó la llave de la misma. Abundan acuerdos y facturas en las actas municipales, como las de la gran reconstrucción de 1873.
Los defensores del Arzobispado echaron mano a la confusión catastral que aparece en muchos pueblos; a que las últimas obras las hicieron los vecinos «creyentes» (olvidando que en los auzolanes participan todo tipo de gente) y que el uso era «exclusivo y excluyente» para la celebración de actos religiosos. Dijeron que todas las ermitas de Navarra pertenecían a la Iglesia y mintieron como solo pueden mentir los pecadores que están seguros que no habrá un juicio final para ellos. Precisamente, Uxue está rodeado de ermitas (Olite, Tafalla, San Martín, Garinoain) que quedaron en manos de ayuntamientos diligentes.
Sobre la intervención del párroco de la iglesia de La Palma en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras en el que se rechazó la propuesta del PSOE sobre la posibilidad, si los técnicos municipales confirmaran que el edificio no estaba inscrito, de registrar la torre de la Palma por el Ayuntamiento a fin de proteger el patrimonio de Algeciras
Está abierta la polémica sobre la inmatriculación de la torre del reloj de la Iglesia de la Palma
Parece increíble, y fuera de lugar, la intervención en el Pleno municipal del pasado viernes del párroco de la Iglesia de la Palma de Algeciras, Juan José Marina, que intervino para rechazar la moción del PSOE que pedía inmatricular la torre del reloj de La Palma a propuesta de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algeciras (AEPA).
En la moción se solicitaba que los técnicos municipales confirmaran que la torre del reloj de la Plaza Alta no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad y que, una vez confirmado este hecho, se procediera a inmatricularla. En el Pleno el PP voto en contra (13 votos) y toda la Oposición a favor (12 votos).
La moción señalaba que si los técnicos municipales confirmaran que el edificio no estaba inscrito lo registrara el Ayuntamiento a fin de proteger el patrimonio de Algeciras
El PSOE de Algeciras lamenta el rechazo del equipo de gobierno local a la moción referente a la inmatriculación de la torre del reloj de la Plaza Alta(1). Los socialistas han defendido en todo momento que, lo primero, como así lo indica la propia moción, es que los técnicos municipales confirmen que este edificio no está inscrito en el Registro de la Propiedad de la ciudad y, posteriormente y con cautela, realizar los pasos pertinentes para proteger el patrimonio de Algeciras.
“Hay numerosas referencias históricas que nos invitan a comprobar que el compromiso que el Ayuntamiento siempre ha tenido con la torre es innegable. Por ello, lo que pedimos es la protección del patrimonio de todos los algecireños”, señala el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.
“No buscamos ningún tipo de confrontación con la Iglesia, pues la relación con ella está muy clara. Nosotros lo que queremos es que se considere la defensa del cuidado de nuestro patrimonio en el futuro», añade Fernando Silva.
Tras la investigación documental de MHUEL, concluyen que los edificios cercanos sí están inmatriculados a excepción de la Catedral Santa María de la Huerta de Tarazona. Ahora instan al Gobierno aragonés a que registre el inmueble.
La Seo de Santa María de la Huerta de Tarazona | Foto: Patrimonio Gobierno de Aragón
El Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) declara haber realizado una “larga y exhaustiva” investigación registral sobre la Catedral Santa María de la Huerta en Tarazona, con dos certificaciones registrales y tres notas simples emitidas por el Registro de la Propiedad de Tarazona. Finalmente, todas ellas han sido negativas. En su búsqueda utilizando diferentes criterios de denominación, ubicación, posibles titulares, aportación de fichas catastrales e información gráfica, documental, histórica y turística. Señalan que “no aparece titular alguno que ostente el dominio o la propiedad del citado inmueble”.
Dicen que les “extraña de manera extraordinaria” que en el listado publicado por el Gobierno tampoco apareciera la inmatriculación de la Catedral turiasonense pero, sin embargo, sí aparezcan inmatriculados todos los edificios y solares cercanos a la Catedral. Están fechados en su inmatriculación por la Diócesis de Tarazona, en mayo de 2015: un mes antes de que finara la norma, en junio de 2015.
Posted by asturiaslaica 
