La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz y Andalucía Laica sobre las declaraciones del ministro de Cultura en Córdoba

El Ministro de Cultura, Miquel Iceta, manifestó en una entrevista aun diario local de Córdoba que «la mayor parte de bienes inmatriculados por la Iglesia corresponden a la Iglesia. Es verdad que hay algunos en disputa y por eso el Gobierno se empeñó, y lo ha conseguido, en tener un censo. Hemos ido revisando una por una esas inmatriculaciones y en el caso de que haya dudas o se hayan producido de forma indebida vamos a revertirlo, pero también hay que tranquilizar a la gente en el sentido de que son excepciones. Como regla general, se ha procedido bien«.

Miquel Iceta

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Tercera información, 22 de diciembre de 2021

Tras las recientes declaraciones del ministro de Cultura, Miguel Iceta, a un diario de Córdoba, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz y Andalucía Laica manifiestan su perplejidad y preocupación por su falta de responsabilidad como primer salvaguarda del patrimonio del Estado, actitud que raya en la frivolidad ante lo que debiera ser su principal preocupación, la defensa del patrimonio público.

Nos parece una gran irresponsabilidad la retirada del proyecto de ley de Patrimonio, que ya había superado la fase de alegaciones, justificándola en la reticencia de algunos agentes, pues con ello se posterga sine die la aprobación y aplicación de unas normas que pretendían dar una mayor protección a nuestro inigualable patrimonio, hoy en gran parte en manos privadas. Las palabras del ministro sobre la descentralización de la gestión, en el contexto que las usa, nos preocupan porque parecen indicar la ausencia de normas generales de protección y gestión de los monumentos, independientemente del territorio y las particularidades de cada uno de ellos.

En cuanto a sus declaraciones con respecto al patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica, parecen más propias de un ministro de un Estado confesional, y contradicen los compromisos del PSOE y del actual Gobierno. Dar por buena la propiedad de la Iglesia católica de los bienes inmatriculados, cuando la mayoría de ellos lo fueron sin ninguna certificación más allá de la palabra del obispo, demuestra falta de rigor legal e histórico, además de dejación de su obligación como primera autoridad responsable a la hora de defender el patrimonio público.

Por otro lado, la confesión pública de que se está negociando con la Iglesia católica el pago de algunos impuestos, que están establecidos por las leyes españolas y europeas para toda la ciudadanía, demuestra su subordinación a los intereses de la Iglesia católica, una institución privada.

Resulta indignante escuchar al ministro vanagloriarse de que gran parte del presupuesto de Cultura está dedicado al “mantenimiento y conservación de las catedrales”, a la vez que admite la propiedad y la gestión incontrolada de éstas por la Iglesia católica.

Las declaraciones, en la propia ciudad califal, de que la Mezquita y la Giralda “son templos de una confesión religiosa, pero son públicos” no sólo constituyen una contradicción y hasta una provocación, sino que muestran la falta de voluntad y compromiso en la defensa del patrimonio del Estado, que debe ser su principal función como ministro de Cultura.

Sus afirmaciones de que hay que ayudar a la Iglesia católica porque “es lo que toca”, atacan de una manera evidente y escandalosa a la aconfesionalidad constitucional del Estado.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz y Andalucía Laica solicitan al Gobierno la rectificación de las declaraciones del señor Iceta y la implementación de políticas de recuperación y tutela del patrimonio público, que avancen hacia el cumplimiento del compromiso del presidente del Gobierno, en su toma de posesión, de trabajar por la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica.

Ambos colectivos hacen un llamamiento a toda la ciudadanía a movilizarse por la defensa del patrimonio público que le pertenece, lo que implica la recuperación de una gran parte del mismo hoy en manos de una entidad privada con sede en un Estado extranjero como es la Iglesia católica. Y a seguir trabajando por conseguir la verdadera separación del Estado y las Iglesias, fundamental en un Estado democrático y moderno.

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