Iceta entierra la Ley de Patrimonio tras las quejas por invasión de competencias de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía

La figura del Bien Mundial, bandera del anterior ministro de Cultura, fue el veneno que hizo fracasar la reforma, acompañada de la falta de consulta ciudadana

Vista de la fachada del Salón Rico del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba / EFE/ Rafa Alcaide

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Fuentes. Alfonso Alba, El Diario / Peio H. Riaño, El Diario,

La Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), vigente desde 1985, está obsoleta. Ha resistido el paso del tiempo, ha esquivado intervenciones y nadie se ha interesado demasiado por la norma que regula la protección del legado histórico y artístico del país. No previene ni combate ni sanciona con eficacia las prácticas de expolio, no reconoce la consideración de nuevos patrimonios como el cinematográfico, el paisajístico, el industrial o el subacuático. Las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes sin seguir un patrón y, además, se mantiene la segregación de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, que en 2015 aprobó el PP para proteger la tauromaquia, sin el consenso del resto de grupos políticos. Es decir, la Ley de Patrimonio se ha convertido en un desaguisado que nadie atiende.

Había que adecentar la norma para hacerla competente en la actualidad y había que hacerlo de manera urgente. El primer anuncio de los trabajos se hizo en 2018, con José Guirao al frente de la cartera de Cultura; el testigo lo recogió José Manuel Rodríguez Uribes y en ambos equipos hubo un muñidor que fue fraguándola en el silencio de su despacho, el secretario general de Cultura, Javier García Fernández. La primera reforma de la anciana ley se aprobó como anteproyecto a finales de junio. Dos semanas más tarde Uribes y su equipo fueron despedidos por el presidente Pedro Sánchez. Hace unos días Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deportes, anunció en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que retiraba el anteproyecto porque “había nacido muerto”.

Control sobre la protección de los bienes

La idea de Uribes era cambiar el nombre a los conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco e incluirlos en la categoría de nuevo cuño llamada Bien Mundial. ¿Para qué? Para otorgar al Estado un nuevo papel en la gestión de estos bienes. Uno de mayor control, de más peso en la gestión de unas competencias que son exclusivas de las comunidades. El Ministerio quería dejar de ser un mero intermediario entre el bien y la Unesco.

“Hasta ahora la Unesco se ponía en contacto con el Ministerio de Cultura cuando entendía que algún bien de la lista se estaba desvirtuando. Entonces el Ministerio informaba a las comunidades de la amenaza de ser expulsado. Con esta nueva figura lo que pretendemos es que haya más coordinación en la gestión entre las comunidades y el Ministerio. El control y la gestión seguirá siendo de las comunidades. El Bien Mundial solo es un instrumento de coordinación”, explicó a este periódico Javier García Fernández días antes de ser destituido de su cargo.

El Bien Mundial, bandera de Uribes en todos sus planes de gestión, fue el veneno que hizo fracasar a la reforma. Pretendía convertirse en un órgano similar a un Consejo de Administración. García Fernández aseguró que con esta invención no ampliaba las competencias del Estado y que no temía que su reforma acabara en el Tribunal Constitucional. Las comunidades gobernadas por el PP mostraron su malestar tras el anuncio de la creación de la figura “Bien Mundial”. A la portavoz de los populares en la Comisión de Cultura del Congreso, Sol Cruz Guzmán, esta reforma le pareció “un cachondeo”.

“Era un órgano interventor y sin dotación económica. Mero control y cero compromiso”, resume Jordi Tresserras, presidente del Comité Nacional Español de ICOMOS, organismo asesor de la Unesco y muy crítico con el secretismo con el que García Fernández llevó la reforma. Ni siquiera los diputados del PSOE conocían la redacción del mismo. Tresserras cuenta que, cuando se hizo público el anteproyecto, sus miembros enviaron una avalancha de enmiendas contra la propuesta de ley: más de 400 alegaciones en las que se denunciaba, por ejemplo, que no se había incluido siquiera el patrimonio subacuático.

Reiniciar pactando: Iceta

García Fernández y su equipo del Ministerio no habían contado con las comunidades autónomas pero tampoco con las asociaciones protectoras del patrimonio. La ciudadanía volvía a ser ninguneada en la construcción de las normas. “Claro que no tienen constancia de la reforma. No se ha consultado con nadie. Quien legisla es el Gobierno, no las asociaciones”, respondió fiel a sus formas y a su autoridad incontestable Fernández, catedrático emérito de Derecho Constitucional, de 72 años.

“Ahora el problema al que se enfrenta esta ley obsoleta es que todo apunta a que el actual equipo no va a plantear una nueva reforma. Me temo que se ha quedado en vía muerta, porque hay que montarla de cero, pactando con las comunidades y con las asociaciones”, explica el presidente de ICOMOS España. Tresserras reclama una coordinación de competencias entre las comunidades y el Estado, porque en estos momentos es “un caos”.

“Sabemos de la necesidad de una nueva Ley de Patrimonio, y me comprometo a trabajar por una norma para el siglo XXI que incorpore los nuevos tipos de patrimonio, el inmaterial, audiovisual y cinematográfico, el industrial, los paisajes culturales y el patrimonio subacuático. Y que cuente, desde luego, con la colaboración y acompañamiento de todas las administraciones implicadas en la gestión del patrimonio. Para ello revisaremos a fondo el anteproyecto en el que se estaba trabajando”. Con esta frase, pronunciada en el Congreso de los Diputados, el nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha mostrado dispuesto a negociar con las comunidades autónomas uno de los grandes proyectos del Gobierno en materia de patrimonio.

El anteproyecto de la Ley de Patrimonio que fue aprobado por el Consejo de Ministros tiene que debatirse y negociarse ahora en el Congreso de los Diputados. El texto preveía, por ejemplo, una gestión conjunta y tutelada por el Ministerio de todos los bienes españoles que son Patrimonio Mundial de la Unesco. En Córdoba está, desde luego, el caso más paradigmático: la Mezquita Catedral, inmatriculada por la Iglesia y que carece hasta de un plan director. La nueva norma fijaba un plazo de un año para que se crease un patronato de gestión (que no de titularidad) en el que estaría con capacidad de decisión ante un bloqueo el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura.

Actualmente, las competencias de patrimonio están delegadas en las comunidades autónomas, que son las encargadas de aprobar sus propias leyes de protección. Ahora, el Ejecutivo se guardaba la posibilidad de declarar Bien de Interés Mundial (BIM), una nueva figura jurídica para todos aquellos monumentos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en España. Eso sí, estos bienes no serían BIM automáticamente. El Ejecutivo los declarará a través de un decreto “previa consulta con la comunidad autónoma”.

Desde mediados de los ochenta, las competencias en patrimonio histórico están delegadas en las comunidades autónomas. En Andalucía, en cada provincia la Consejería de Cultura tiene una Comisión Provincial de Patrimonio. Sus convocatorias e incluso sus actas no son públicas. O no lo eran hasta que ha intervenido el Defensor del Pueblo, que así lo ha exigido. Estas comisiones tienen amplios poderes: deciden si un yacimiento arqueológico se excava o no, se conserva o no. Por ejemplo, la viabilidad de muchos proyectos urbanísticos depende de esta comisión y su visto bueno. Las comisiones están presididas por el delegado de Cultura de turno y sus miembros son dos jefes de servicio de la propia Delegación, un representante de la FAMP y otros tres miembros que pueden ser nombrados por el gobierno andaluz entre “personas de reconocido prestigio”.

Según la nueva Ley de Patrimonio, el Gobierno y la Junta de Andalucía tendrían que crear unas comisiones mixtas para evaluar qué se hace o no, qué se protege o no, y qué se autoriza o no, en los bienes Unesco. Córdoba no solo tiene la Mezquita, sino su casco histórico y Medina Azahara. En estos tres importantes espacios de la ciudad el Gobierno tendrá voz y voto.

Y es aquí donde han estallado los roces. La Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Córdoba (la ciudad de España con más bienes considerados Patrimonio Mundial) consideraron que la norma invadía las competencias que en su día se delegaron a las comunidades autónomas. De hecho, se llegó a plantear un recurso al Tribunal Constitucional que complicaría que la norma, aunque entrase en vigor, se pudiese aplicar en un futuro.

Tras el relevo en el Ministerio de Cultura, Iceta ha decidido congelar el anteproyecto y negociar con las comunidades autónomas. Algunos gobiernos regionales también socialistas han mostrado su desacuerdo, considerando, igualmente, que la ley tal y como estaba planteada invadía competencias. Lo que más fricciones levantó fue, precisamente, que el Ministerio tuviera siempre la última palabra en caso de falta de acuerdo.

El anteproyecto también incidía en la titularidad de los bienes, pero sin cuestionarla. Por ejemplo, no se discutía que la Mezquita Catedral de Córdoba (o todas las catedrales de España) fuesen de la Iglesia. Pero sí que se prohibía a la Iglesia (o a cualquiera) enajenar los bienes protegidos por la Unesco.

La aplicación de esta norma, de hecho, es una de las recomendaciones que la Unesco le ha hecho a España desde hace años, para darle una protección diferenciada a un bien que es patrimonio mundial de otro que no lo es. Además, impediría casos como el de la Mezquita de Córdoba. El Cabildo retiró una de las cuatro celosías de la fachada norte de la Mezquita Catedral de Córdoba (la única intervención contemporánea en el monumento) tras recibir la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideraron que la retirada incumplió los preceptos de la Ley de Patrimonio. El Supremo les ha dado la razón y le ha dicho a la Junta que incumplió su propia ley. El Gobierno sostiene que en una comisión mixta esa obra nunca se habría autorizado.

Al portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, Miguel Santiago, no le parecía desafortunada la creación de un órgano estatal que controle la dirección y gestión de los bienes declarados por la Unesco. A Santiago le preocupa la ausencia de planes directores de la Mezquita de Córdoba y de la Catedral de Sevilla. Era “una esperanza” para proteger el patrimonio histórico y cultural de ambos sitios: “Esa figura posibilitaba que en ambos bienes el Gobierno participara en la gestión y se crearan los planes directores, que todavía no los tienen. La Mezquita está funcionando al capricho del Cabildo, sin control ciudadano”. Pero reconoce que ha habido un fallo de forma “enorme” en la tramitación de la norma, porque no se ha buscado el consenso de las comunidades ni se ha respondido a los colectivos ni asociaciones. “Nosotros le mandamos una serie de enmiendas y no nos contestaron nunca”, dice Miguel Santiago.

Álvaro Bonet es el portavoz de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y coincide en que no podía aprobarse una reforma sin consulta “a la gente que está al pie del cañón y conoce la problemática de la defensa del patrimonio”. “Ha faltado el punto de vista de las asociaciones y desde el Convenio de Faro [de 2005] es de obligada participación de la ciudadanía”, explica Bonet. Echa de menos la valentía del Ministerio de Cultura para actuar contra el expolio, única competencia que mantiene frente a las comunidades. “Solo de esa manera lograremos una protección efectiva. Si no, el patrimonio siempre perderá frente al urbanismo. En las Cocheras de Cuatro Caminos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura con competencias para frenar el expolio no actuó“, sostiene Álvaro Bonet.

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