¿Si la Iglesia Católica ha perdido miles de fieles, ¿no convendría confiar en la posibilidad de que un curioso entrara, fuera tocado por el rayo de la fe y se transformara en devoto?
Turistas y peregrinos visitan un monasterio / Xurxo Lobato (Getty Images) ___________________
Estaba hace poco en Palma de Mallorca. Salí a caminar. Llegué a una iglesia. En la entrada había dos carteles con la señal de “Prohibido el paso”, y la frase: “Entrada restringida. Solo para quienes acudan a misa”. Aunque no tengo fe, me interesa la fe de los otros: entro a las iglesias, escucho los rezos, observo la devoción. Pero ese cartel era un freno a mi curiosidad irrespetuosa, así que me fui. Supuse que estarían hartos de la irrupción de turistas sacando fotos como si aquello fuera un zoológico y no un sitio de recogimiento, pero me pregunté cómo confirmarían que alguien efectivamente entraba para asistir a la misa y no para curiosear.
¿Exigirían el recitado del Credo, someterían al paseante a un multiple choice de contenido religioso? En todo caso, me pareció que el cartel era publicidad en contra. Si la Iglesia Católica ha perdido miles de fieles, ¿no convendría confiar en la posibilidad de que un curioso entrara, fuera tocado por el rayo de la fe y se transformara en devoto? Después de todo, los católicos creen en cosas más extrañas, como la santísima trinidad o el embarazo de una virgen.
Hace pocos días se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, disposición adicional séptima) una ley que permitirá disolver las asociaciones que hagan «apología del franquismo», bien (a) «ensalzando el golpe de Estado de 1936» o (b) «la dictadura posterior», o bien (c) «enalteciendo a sus dirigentes», cuando concurra (d) «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo».
Isidro Gomá y Tomás, Cardenal Primado de España (i) junto a obispos, sacerdotes y militares. Santiago de Compostela, 1937 / Fuente foto _________________
Juan Antonio Aguilera Mochón, Lo que Somos, 8 de julio de 2025
Dejando a un lado mis dudas siempre que se trata de restringir la libertad de expresión y pensamiento, ese BOE me ha llevado a preocuparme por la futura situación legal de la Iglesia católica, ya que, haciendo memoria histórica, compruebo que (a) ensalzó y apoyó el golpe de Estado de 1936 y (b) la dictadura posterior, (c) enalteció a sus dirigentes, y (d) menospreció y humilló a las víctimas. Claro que todo eso fue con el nacionalcatolicismo, la ideología del régimen franquista que quedó refrendada en el Concordato con la Santa Sede de 1953, todo ello ya acabado.
Aunque, un momento, ¿seguro que ha acabado? ¿No es cierto que el Concordato franquista nunca se derogó ni revocó, sino que se revisó en los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, que siguen proporcionando privilegios extraordinarios de carácter nacionalcatólico a la Iglesia, incompatibles con un Estado verdaderamente aconfesional?
¿Existe mayor acto de exaltación del franquismo que toda la hiperfinanciación de cualquier tipo de actividad confesional, que en España es sinónimo de católica?
Francisco Franco, bajo palio, junto al obispo Eijo Garayen una imagen de marzo 1941. _____________________
Miguel Ángel López Muñoz, Nueva Tribuna, 4 de julio de 2025
Detrás del ruido apocalíptico de las derechas hiperventiladas y soliviantadas, el Parlamento español continua su actividad legislativa… Una de sus líneas de acción más “progresista” (Lenin la llamaría “izquierdista”) es la búsqueda de la ilegalización y disolución de organizaciones, tanto Asociaciones, como Fundaciones, que hacen apología de la Dictadura de Franco.
Derivada de la Ley de Memoria Democrática, ley aprobada en la legislatura anterior, de lo que se trata ahora es de hacer imposible cualquier tipo de subvención pública y reconocimiento legal a organizaciones como la mediática Fundación Francisco Franco y las menos conocidas como la Serrano Suñer o la Queipo de Llano, mediante su disolución. Según la disposición adicional séptima de dicha ley, debe ilegalizarse “la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
Existen, según el catedrático Torres, «tres soluciones diferentes a la hora de abordar la financiación directa del Estado: el de la Iglesia católica, el de las confesiones con acuerdo con el Estado y el de aquellas» sin él.
Vista del interior de la mezquita o mezquita-catedral de Córdoba / Archivo. Europa Press ___________________
Las estructuras creadas y maduradas al calor de la fe religiosa gozan en España de un buen número de ventajas fiscales, homologable en numerosos aspectos al de las fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, no todas ellas cuentan con los mismos beneficios ni privilegios ni relación con el Estado. Existe en España un sistema que podría calificarse de tres velocidades, o que clasifica a las religiones, en cuanto a sus relaciones de financiación con el Estado, en tres grupos.
Así, existen, según Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, «tres soluciones diferentes a la hora de abordar la financiación directa estatal a las confesiones: el de la Iglesia católica, el de las confesiones con acuerdo y el de aquellas que carecen del mismo».
«La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades», se lee en los pactos de 1979. Desde entonces, no se ha avanzado.
El crucifijo de la iglesia Santa María del Mar, en Barcelona / Archivo. Europa Press _____________________
Los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede recogen una cláusula que jamás se ha aplicado a través de la que la Iglesia católica se compromete a autofinanciarse. Este es un escenario que se ha convertido en una auténtica quimera. Por el contrario, el dinero que cada año destina el Estado a través de la, así llamada, asignación tributaria, al sostenimiento del clero católico y de los asuntos terrenales de la Conferencia Episcopal -que supone casi un cuarto, un 23%, de sus ingresos totales, según se recoge en sus memorias- es cada vez mayor y no tiene fecha alguna de caducidad.
«La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera […] por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado».
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en una única ocasión el dinero público que se destina a las confesiones religiosas a través de los presupuestos, y, singularmente por su relevancia, la asignación tributaria a la Iglesia católica, por la que cada año recibe cientos de millones de euros: en 2023 fueron más de 382 millones.
El ejercicio de aquella sola fiscalización fue el 2017, el informe se publicó en el año 2020, y en octubre de 2022 el Congreso aprobó asumir el contenido del trabajo, «así como sus conclusiones y recomendaciones» e instó al Gobierno a cumplir con ellas.
El Tribunal de Cuentas, en este momento, no tiene prevista una nueva fiscalización: «El Pleno aprueba una vez al año su programa de fiscalizaciones. En el de 2025 no está prevista ninguna fiscalización sobre este asunto, tampoco sobre seguimiento de recomendaciones sobre este informe específico», dijeron a Público. Sobre actuaciones futuras, las fuentes oficiales del Tribunal afirmaron: «A día de hoy no podemos saber qué incluirá el programa para 2026, ya que se aprueba a finales de año«.
Juanjo Picó, ex-presidente de Europa Laica, impartió la conferencia «Laicismo y democracia: principios indisociables» el 26 de mayo en Okendo Kultur Etxea (Donostia y 27 en Espacio Palmera-Montero Gunea (Irún).
Temas tales como:
– entender la laicidad, tras deshacer equívocos. Cómo garantiza la libertad e igualdad de todos. De ahí que sea indisociable de la democracia. – la libertad de conciencia como fundamento. Cómo ésta va más allá de la libertad religiosa. – los Acuerdos del 79 con el Vaticano. Entre ellos, los económicos. Necesidad de su derogación. – financiación de la Iglesia por el IRPF y otras vías. Por qué no marcar ninguna de las casillas. – subvenciones que recibe la IC, y cómo su dinero apenas va a la solidaridad, las Inmatriculaciones, etc.
fueron tratados en la charlas a las que seguiría un coloquio con la participación de los presentes, compartiendo dudas, opiniones y planteamientos de cómo avanzar en la laicidad del Estado.
La proporción de contribuyentes que marcan la X se ha estancado en mínimos históricos. Pese a ello, como se declaran más ingresos, la Iglesia Católica cuenta con más recursos
Cientos de cofrades durante una procesión en Zamora, en 2023 / Emilio Fraile (Europa Press) _________________
Yolanda Clemente (Gráficos)-Pablo Sempere, El País, 16 de mayo de 2025
Cada año, al enfrentarse a la declaración de la renta, millones de contribuyentes se topan con una decisión tan breve como simbólica: marcar o no la casilla de la Iglesia católica. Marcar esa X no implica pagar más ni recibir menos, pero el gesto tiene algo de reflejo ideológico, tradición heredada, acto de fe o simple inercia. Desde hace casi cuatro décadas, esa casilla es una especie de termómetro de la relación entre religión y la sociedad española. Al principio, la marcaban el 22% de los declarantes. Hoy, apenas lo hace el 10%.
La atención religiosa en hospitales se presta mediante convenios anuales entre Sacyl y los obispados. Salamanca, Burgos y León concentran el mayor gasto y Ávila, Soria y Segovia, los más bajos
Capilla del Hospital Clínico Universitario de Salamanca / Diócesis de Salamanca–Fuente foto _____________________
La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) destinó 9,4 millones de euros en los últimos diez años a la atención religiosa católica en hospitales públicos de Castilla y León, con una media anual cercana al millón. El servicio se presta mediante convenios firmados con los obispados de cada diócesis, en virtud del marco legal vigente entre el Estado español y la Santa Sede [1]
Desde 2014, el gasto ha evolucionado al alza: pasó de 749.582 euros ese año a 902.612 en 2023, lo que supone un incremento del 20,42 %. Solo en 2017 se registró un descenso relevante, mientras que en 2021 hubo una leve caída coincidiendo con la reorganización post-COVID. La financiación procede de la Consejería de Sanidad y se reparte según el tamaño de los hospitales y el número de capellanes.
Por provincias, Salamanca encabeza la inversión en la década con 1,25 millones, seguida por Burgos (1,2 millones) y León (1,17 millones). En el extremo opuesto, Ávila (469.465 euros), Soria (485.246) y Segovia (563.631) registraron los importes más bajos.
Hasta 1,7 millones de euros, en la última década, se ha destinado a la asistencia religiosa de pacientes y familiares en León, 9,4 millones en la Comunidad autónoma.
Capilla del Hospital de León _____________________________
La Gerencia Regional de Salud dedicó 9,4 millones de euros a la asistencia religiosa en centros hospitalarios públicos en los últimos diez años, con una media anual de 950.000 euros. Este servicio, prestado en virtud de convenios firmados con los obispados de cada diócesis, garantiza la atención espiritual católica a pacientes y familiares que así lo soliciten durante su estancia hospitalaria.
El gasto anual se mantuvo relativamente estable, con una evolución moderada al alza, desde 2014, cuando el dato se cerró con 749.582 euros, hasta alcanzar en 2023 alcanzó los 902.612 euros, lo que supone un incremento acumulado de 153.030 euros en nueve años, equivalente a una subida del 20,42 por ciento. La única caída destacable se registró en 2017, aunque la evolución posterior mantuvo una línea ascendente, especialmente a partir de 2021, año que sí cerró con una ligera caída, coincidiendo con el proceso de reorganización sanitaria tras el impacto de la pandemia, con 854.085 euros, según los datos conocidos por Ical.
Posted by asturiaslaica 
