No se trata solo de templos, sino también de plazas, solares, viviendas y locales que han sido patrimonio comunal durante siglos, construidos y mantenidos con el esfuerzo y el dinero de los vecinos. La inmatriculación no buscaba dar “seguridad jurídica”, sino la capacidad de vender, alquilar o hipotecar unos bienes que, en realidad, son de todos
Fuente Manuel Marrero Morales, Colectivo Prometeo, 21 de noviembre de 2025
Durante décadas, un proceso legal opaco y profundamente injusto ha permitido a la Iglesia Católica apropiarse de bienes que, por historia, uso y financiación, pertenecen a la ciudadanía. Se trata de las inmatriculaciones, un mecanismo que, amparado por leyes preconstitucionales y un decreto de Aznar en 1998, ha convertido a la Iglesia en la mayor inmobiliaria de España y posiblemente de toda la UE, y también ha dejado una profunda huella en Canarias.
Entre 1998 y 2015, la Iglesia inmatriculó en nuestro archipiélago 532 propiedades. La cifra, de por sí significativa, es aún más grave cuando se analiza su procedencia: el 76% de estos bienes —es decir, 407— carecían de certificación que acreditara su propiedad. La Iglesia simplemente declaraba, sin mostrar documentos, que esos bienes le pertenecían «desde tiempo inmemorial», y el Registro de la Propiedad lo aceptaba.
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Posted by asturiaslaica 
