Análisis de la inconstitucionalidad y nulidad de pleno derecho de los acuerdos con el Estado del Vaticano

mayo 19, 2019

Alfonso José Vicente Vázquez Vaamonde, Laicismo.org, 19 de mayo de 2019

Preámbulo

40 años después del fin de la dictadura militar, más del tiempo que duró, no sólo rigen los acuerdos con el Estado de la Ciudad del Vaticano (ECV) firmados por D. Marcelino Oreja, último Ministro de Asuntos Exteriores preconstitucional, que entró en vigor el 04.12.1979, incumple la CE78 y no respeta el ordenamiento jurídico al interpretarse sin tenerlo en cuenta.

Es inconstitucional porque no cumple el art. 95.1 CE78; “La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”, porque estableciendo diversas “estipulaciones contrarias a la Constitución” nunca hubo esa previa revisión imprescindible para acabar con los errores materiales. Se trata de estipulaciones contrarias a la Constitución que incumplen los principios que consagra el art. 9.3 CE78: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El principio de legalidad exige que los derechos estén reconocidos en algún instrumento legal válidamente promulgado. Éste, como luego veremos no lo es pues no se cumple el art. 95.1 CE78 arriba citado. Se trata de un error material que tiene la ventaja de que se puede corregir porque no incurre en prescripción tal y como precisa el art. 109.2 de la ley 39/2015. Hasta tanto se corrija la CE78, o en su caso el acuerdo con el ECV, lo que en éste se establece es nulo de pleno derecho.

El principio de legalidad exige interpretar el Acuerdo con el ECV conforme el art. 3.1 CC:  Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas“. Lee el resto de esta entrada »


Un milagro educativo bendecido con dinero público

mayo 19, 2019

El matrimonio firmado a ojos de Dios entre el PP y la iglesia valenciana ejemplificó con la bendición pública de los populares al proyecto educativo privado del arzobispado autóctono: la Universidad Católica de Valencia. Un milagro docente que hacerse por gracia del dinero público, los regalos y los privilegios fiscales otorgados por los conservadores. Según la documentación recopilada por EL TIEMPO, el centro superior del arzobispado recibió 10.248.549,39 euros. La cifra sólo contempla las aportaciones de la Generalitat Valenciana durante la etapa 2007-2015 y los recursos públicos cedidos por los ayuntamientos de Torrent y Alzira.

El arzobispo ultraconservador y Gran Canciller de la Universidad Católica de Valencia Antonio Cañizares | UCV

Moisés Pérez, El Temps, 19 de mayo de 2019

En la periferia de la capital del País Valenciano, en el enclave noroeste en el que se dibuja la línea divisoria entre la pedanía de Benimàmet y Burjassot (Valencia), ha encontrado la Universidad Católica de Valencia su tierra prometida. Entre una larga lista de grandes superficies comerciales, un hospital privado, carreteras y proyectos de impulso de restaurantes de comida rápida, el arzobispado de Valencia ha alquilado por 20 años una pastilla de terreno de 13.000 metros cuadrados. Unas parcelas que servirán para levantar tres facultades y dependencias administrativas. El objetivo es convertir el Campus de Burjassot en la sede espiritual de un proyecto que se ha expandido gracias a las prebendas otorgadas por los diferentes gobiernos locales y autonómicos del PP, pese a su condición de universidad privada.

Según la documentación recopilada por EL TEMPS la Universidad Católica de Valencia pescó 10.248.549,39 euros en dinero y recursos públicos. Esta cifra, sin embargo, sólo recoge las inyecciones de la Generalitat del PP entre 2007 y 2015, así como la valoración de los terrenos y los edificios propiedad de la administración que cedieron a la institución religiosa privada los ayuntamientos de Torrent (Valencia) y Alzira (Ribera Alta). No en vano, el centro universitario beneficiarse de otras prebendas otorgadas por el PP, como el exención de abonar el impuesto de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia. Este semanario radiografía como bendijeron las administraciones en manos de los conservadores el proyecto eclesiástico con recursos públicos.

Santificarás el erario público

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