Campaña Por una Escuela Pública y Laica. Concentración ante el Congreso coincidiendo con los debates de la LOMLOE en la Comisión de Educación, octubre 2020 ____________________
Francisco Sierra Caballero, Público, 4 de marzo de 2025
La virulenta respuesta de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza y, en general, de los representantes de la Iglesia y los centros concertados ante la propuesta de SUMAR de implantar progresivamente un modelo de enseñanza pública, laica y de acceso universal abre un debate, tradicionalmente postergado, cuando no marginal en la agenda política, sobre nuestra calidad democrática. Esta debe no solo definir con criterio un modelo educativo que garantice el derecho a la igualdad, sino también plantear la construcción misma del dominio público que distingue una forma de Estado democrática que constitucionalmente afirmó el reconocimiento efectivo de la aconfesionalidad y, en consecuencia, la necesaria promoción de una cultura pública laica y libre para todos.
La cuestión es que la separación Iglesia-Estado es, a día de hoy, meramente formal. De facto, la Iglesia Católica ha mantenido prerrogativas de orden fiscal, educativas e incluso políticas contraviniendo el espíritu de la Constitución, que reconoce en su articulado la libertad de conciencia, la libertad ideológica y religiosa, y un principio implícito de neutralidad del Estado en cuestiones confesionales.
La Cartuja de Santa María de la Defensión fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1856. Es propiedad de Patrimonio del Estado, pero mantiene vigente un convenio entre el Gobierno y la Diócesis Asidonia-Jerez, en virtud del cual se otorga el uso y disfrute de la Cartuja a dicha Diócesis siempre y cuando cumpla unos requisitos. Sumar pide la revocación del convenio por incumplimiento.
Visita guiada a la Cartuja / Miguel Ángel González _______________
Sumar pide al Gobierno que revoque su contrato con la Diócesis por no permitir la entrada gratuita que exige la ley y por no proteger el monumento.
«¿Qué pasa con la Cartuja?» Sumarha presentado al Congreso de los Diputados una serie de preguntas sobre la situación de la Cartuja de Jerez, impulsados por la inquietud que genera el estado de dicho monumento tanto en la asociación ‘Amigos de la Cartuja’,[2]como en el propio seno del partido político.
Sumar recuerda que la Cartuja de Santa María de la Defensión fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1856. La Cartuja es propiedad de Patrimonio del Estado, «pero en la actualidad está vigente un convenio[1]entre el Gobierno y la Diócesis Asidonia-Jerez, en virtud del cual se otorga el uso y disfrute de la Cartuja a dicha Diócesis, condicionándose dicho convenio a que una orden religiosa habite la Cartuja».
El grupo de Sumar en la Cámara Baja, a través de varios diputados de Izquierda Unida, registran una iniciativa, -trabajo en colaboración con la Coordinadora ‘Recuperando’-, para conocer las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1946 hasta 1998 y para que los datos que se ofrecen sean más exhaustivos.
Turistas admiran la Giralda de Sevilla en junio de 2022 / Joaquin Corchero / Europa Press _________________
Los diputados de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago, Nahuel González y Francisco Sierra —todos ellos dentro del grupo parlamentario de Sumar— han registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con la que quieren exigir al Gobierno que se elabore una lista más detallada y, sobre todo, más amplia de las inmatriculaciones de la Iglesia.
Es una reivindicación que ni mucho menos es nueva. Viene de muy lejos. De hecho, tal y como informó Público en abril de 2024 , varios diputados de IU ya preguntaron por escrito al Gobierno por qué no ofrecía una lista de las inmatriculaciones de la Iglesia —los inmuebles que desde la reforma hipotecaria franquista de 1946 pudo registrar la Iglesia como propios, a pesar de no estar dedicados al culto—, que comprendiera todos los años.
El Defensor del Pueblo presentó su informe sobre la violencia sexual perpetrada por los sacerdotes y urge a un pacto entre los obispos y el Estado para proceder a la inmediata reparación de estos crímenes. Sumar, ERC y Bildu reclaman que la jerarquía eclesiástica pague las indemnizaciones.
Ángel Gabilondo durante la presentación del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, este jueves en el Congreso / EFE __________________________
Ángel Gabilondo, ha reclamado colaboración y coordinación entre Iglesia y Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, y anteponer la reparación «a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia». «Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue», ha asegurado el defensor, quien considera que llegado este momento «es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos«.
Recuerda que los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede se firmaron hace más de cuatro décadas en base a negociaciones iniciadas antes de la aprobación de la Constitución
Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, y Yolanda Díaz, en el Congreso / EP ________________________
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley por la que insta al Gobierno a suprimir los «privilegios existentes» para la Iglesia Católica en España.
En este sentido, la formación solicita en la iniciativa abrir negociaciones en el seno de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para actualizar los acuerdos existentes entre el Estado Español y la Santa Sede y así adecuarlos al contexto social actual, «suprimiendo los privilegios existentes para la Iglesia Católica en España».
Además, Sumar ha pedido al Ejecutivo suscribir un nuevo acuerdo «específico» para «la prevención, reparación, depuración y pago de responsabilidades» por parte de la Iglesia en los casos de abusos sexuales en este ámbito en España. Asimismo, propone incorporar un sistema de coordinación, control y fiscalización por parte del Estado de los expedientes relativos a la reparación por daños causados en los casos de abusos sexuales.
Gijón 2023, Jueves Santo. Procesión escoltada por militares del Regimiento Príncipe III / Marcos León __________________
9 de junio de 2024
Sumar había registrado este pasado abril una serie de preguntas escritas al Gobierno en las que cuestiona la participación de militares uniformados en procesiones de Semana Santa, por la vulneración que ésta pudiera suponer de la aconfesionalidad del Estado.
Tras la exposición de motivos, el el grupo parlamentario preguntaba al Gobierno si las unidades militares que participan en las procesiones «incluyen estas actividades en su calendario de servicio anual» y en «las hojas de servicio» de los participantes, y si «existe algún convenio o acuerdo firmado con la Iglesia católica que recoja las condiciones y obligaciones de las partes para realizar estos servicios».
Sumar también quería saber si el personal que participa es «personal franco de servicio que acude de modo personal o su participación se considera acto de servicio», si «recibe alguna remuneración extraordinaria por la participación en estos actos» y si «las armas reglamentarias que se utilizan portan munición real, de fogueo o no llevan munición».
Sumar ha registrado una serie de preguntas escritas al Gobierno en las que cuestiona la participación de militares uniformados en procesiones de Semana Santa, por la vulneración que ésta pudiera suponer de la aconfesionalidad del Estado.
En la exposición de motivos de las preguntas, firmadas por el secretario general del grupo parlamentario de Sumar, Txema Guijarro, y los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Félix Alonso, se atestigua que, en imágenes de las procesiones, militares uniformados «se ven entremezclados con pasos procesionales y el resto de los celebrantes de la festividad religiosa».
Además, se denuncia una «presencia militar que se realiza mediante la sutil variante de una asistencia y supuesta participación voluntaria del militar, pero quedando en entredicho la debida neutralidad de las Fuerzas Armadas, o lo que es lo mismo, la aconfesionalidad del Estado». Sumar entiende que «la participación de los ejércitos en actos ideológicos (religiosos) no deja de constituirse en una anomalía democrática de un país declarado constitucionalmente aconfesional».
El intento de la Iglesia por asegurar su estatus privilegiado y su control sobre el patrimonio cultural ha vuelto a encender la llama del descontento y la indignación en la sociedad española. Sumar encabeza la lucha contra lo que consideran un acto de saqueo y usurpación perpetrado por la jerarquía eclesiástica durante décadas.
Los números hablan por sí solos: más de 100.000 bienes inmatriculados, obtenidos mediante una serie de artimañas y privilegios otorgados por una legislación franquista anacrónica. Desde templos hasta solares, la Iglesia ha extendido sus tentáculos sobre un vasto territorio de incalculable valor histórico y cultural, enriqueciéndose a expensas del patrimonio común de la sociedad.
Pero la lucha no se limita a la mera denuncia. Sumar, en colaboración con el movimiento laicista, ha declarado una guerra sin cuartel contra esta injusticia. Su objetivo es claro: la nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica, desde 1946 hasta nuestros días. No se trata solo de un acto de justicia, sino de un imperativo moral para salvaguardar la integridad de nuestro legado cultural.
El grupo de Yolanda Díaz solemniza su rechazo al acuerdo del Gobierno con la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada y dice que fue un pacto con el «usurpador» a cambio de «migajas»
Interior de la iglesia de Santa Cristina de Lena (Asturias). Siglo IX, prerrománico asturiano, declarada Patrimonio de la Humanidad e inmatriculada en 2010por la «Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana – Diócesis de Oviedo« ________________
Sumar se ha comprometido ante el movimiento laicista a no dejar morir una de sus principales causas del presente siglo en España. ¿Cuál? La de la recuperación de decenas de bienes inmatriculados por la Iglesia. Mientras el ala socialista del Gobierno presume de haber logrado avances inéditos en este terreno, el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz solemnizó este lunes en el Congreso que da por insatisfactoria la solución alcanzada la legislatura pasada por el Ejecutivo. Lejos de aceptar la postura del PSOE, Sumar mantiene su voluntad de que decenas de miles de inscripciones –puede que incluso más de 100.000, según dónde se ponga la fecha de inicio de la cuenta– sean declaradas nulas, lo cual sería un mazazo para el patrimonio de la Iglesia, y asegura que a lo largo de la legislatura dará la batalla por ello.
Una fuente de Sumar señala que el movimiento debe interpretarse en un contexto de creciente malestar en dicho grupo ante lo que consideran un intento del PSOE de «congelar» la legislatura, al menos durante todo el periodo electoral que se avecina, «minimizar» el papel en el Gobierno de Díaz y los suyos y reducir la discusión política a una pugna entre «democracia o neofascismo» que en el arco progresista sólo favorece a los socialistas. «Va a haber muchos movimientos como estos en Sumar, que quiere hacer oír su voz y reivindicar su papel», señala dicha fuente.
Expertos en patrimonio histórico y organizaciones ciudadanas han exigido hoy en el Congreso de los Diputados considerar una “cuestión de Estado” la nulidad de las inmatriculaciones eclesiásticas y declarar dominio público el legado arquitectónico cultural apropiado irregularmente por los obispos a través de un privilegio registral. Representantes de una treintena de asociaciones patrimonialistas, integradas en la coordinadora Recuperando, han rechazado el cierre en falso del expolio patrimonial decretado por el Gobierno en la legislatura pasada y piden la adopción de medidas concretas para revertir el proceso inmatriculador y garantizar una gestión profesional y rigurosa del excepcional patrimonio cultural de carácter religioso en manos de la Iglesia católica.
Bajo el epígrafe de ‘Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado’, ocho ponentes han examinado en dos mesas de debate el controvertido asunto de las inscripciones eclesiásticas a la luz de cientos de casos concretos producidos en todas las comunidades autónomas.
Inauguración Jornada: Enrique Santiago, diputado del GP Plurinacional Sumar, y José María Rosell, presidente de la Coordinadora Recuperando.
Enrique Santiago: “Las inmatriculaciones eclesiásticas son nulas de pleno derecho y siguen siendo una cuestión pendiente”
Posted by asturiaslaica 
