El debate sobre el veto parental eclipsa el punto de mayor carga ideológica del sistema: más de 2.400 concertados católicos con casi 1,5 millones de estudiantes

Alumnado en un centro escolar / E.P.
Ángel Munárriz, InfoLibre, 26 de enero de 2020
Es cierto: en España hay adoctrinamiento de menores en el medio escolar. En ideas que podrían calificarse como radicales. Y sí, pagado con dinero público. Aunque el fenómeno no se produce allí donde está ahora situado el debate, en torno al bautizado por la extrema derecha como “pin parental“, sino en el intocable espacio de influencia educativa de la Iglesia.
Las instituciones públicas, sobre todo las comunidades autónomas, gastan cada año en educación concertada más de 6.000 millones. Es una partida que bate cada año su récord, mientras el gasto en la red pública sigue por debajo de las cifras anteriores a la crisis. Más de un 60% de la educación concertada en España es católica, según Escuelas Católicas. De los 2.706 colegios con ideario confesional en España, 2.446 son concertados,según los últimos datos del INE, de 2014-2015, o 2.452, según la Conferencia Episcopal. En cualquier caso, más del 90%. Es el Estado, con el dinero de los impuestos de todos, al margen de sus creencias, el que sufraga el ejercicio de los padres de la tan nombrada “libertad de elección” de centro.
Son centros con una ideología más o menos marcada según la congregación. Las comunidades financian colegios controlados por organizaciones de corte integrista y vocación elitista como los Legionarios de Cristo –concretamente, un centro de Regnum Christi– o el Opus Dei. Al igual que estas dos entidades, hay otras como el Movimiento Apostólico de Schönstatt, Educatio Servanda, Fundación Chesterton y Discípulos de Jesús y María que gestionan centros concertados donde se educa a los niños y a las niñas por separado.
Capacidades diferentes
La filosofía subyacente, de base religiosa tradicionalista, es que niños y niñas tienen capacidades diferentes y están llamados a desempeñar papeles distintos en el mundo. No en vano, el Opus otorga a la mujer, en su estructura interna, un papel subordinado al del varón. Ahí está como indicador la figura de las “numerarias auxiliares”, sólo mujeres, dedicadas a que las familias sean auténticos hogares en Cristo, un rol en sintonía plena con la estricta división hombre-mujer de la España nacionalcatólica.
La financiación con fondos públicos de centros que segregan por sexos por motivos religiosos es la expresión del fenómeno más llamativo desde el punto de vista de la aconfesionalidad del Estado. No obstante, esta financiación está reconocida y blindada por la Lomce y, todavía más relevante, avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia. “La educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria”, señalaba el fallo, de marzo de 2018, que reconoce el “derecho del centro privado a establecer su ideario”.
Del fallo fue ponente Alfredo Montoya, profesor emérito, entre otras universidades, de la San Pablo CEU, dependiente de la Asociación Católica de Propagandistas, y de la mexicana Anáhuac, de Los Legionarios de Cristo. Uno de los firmantes fue Andrés Ollero, miembro de la Obra y diputado del PP durante cinco legislaturas. Ningún otro magistrado planteó objeción de ningún tipo, a pesar de que 62 de los 72 colegios que reciben subvenciones públicas aunque segregan a su alumnado por sexos tienen vínculos con el Opus. No se consideró que Ollero tuviera un conflicto de lealtades.
“Acusan de adoctrinamiento los que tienen los confesionarios metidos en los colegios”, señala la profesora Marian Moreno, experta en coeducación
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