Dos informes abren la puerta a la demolición de la Casa del Cura de Tejina, en La Laguna

agosto 29, 2026

Durante décadas, distintas asociaciones y generaciones han reclamado la demolición de esta construcción, adosada a la iglesia de San Bartolomé, como paso imprescindible para recuperar la configuración original de la plaza, un espacio comunal hasta 1929, año en que el obispado lo inmatriculó a su nombre en el Registro de la Propiedad. (La Laguna Ahora)

La Casa del Cura de Tejina, a la izquierda de la iglesia. | El Día
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Domingo Ramos, El Día, 28 de agosto de 2026

Los informes encargados por el Ayuntamiento de La Laguna no han detectado elementos claros que impidan la demolición de la Casa del Cura del Tejina, un inmueble ubicado junto a la iglesia de San Bartolomé y cuyo derribo han pedido insistentemente desde la zona con el objetivo de ampliar la plaza. Se trata de un asunto que viene de lejos y que tiene como clave principal la situación patrimonial del edificio.

En 2023, el consistorio lagunero anunció que modificaría el vigente catálogo de protección municipal para descatalogar la construcción. El Cabildo, en cambio, observó razones para su preservación. En agosto de 2024, el Ayuntamiento dio a conocer el encargo de un estudio independiente. Ya en mayo de 2025, la Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina reiteró en un comunicado el deseo de que la Casa del Cura fuese demolida, mientras que el sacerdote Daniel Padilla manifestó que la Iglesia también apoyaba el derribo. Y poco más se había sabido hasta ahora.

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Desamortización e inmatriculación

agosto 27, 2026

El artículo critica que el Gobierno no ha condenado las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia, a pesar de ser considerado un fraude y una malversación.

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Rafael Sanmartín, TuPeriódico andaluz, 27 de agosto de 2026

El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.

Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno.

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Nules res­tau­ra­rá de urgencia la ermita del Cal­va­rio y cobra­rá la obra al obis­pado

agosto 26, 2026

Ante la falta de res­puesta al reque­ri­miento, el Ayun­ta­miento decide inter­ve­nir y la reha­bi­li­ta­ción no será lo único que pagará la dió­ce­sis

Estado en el que se encuentra la ermita del Calvari de Nules | Blai Molés
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Mónica Mira, El Periódico del Mediterráneo (a través de Recuperando), 26 de agosto de 2026

Antes de que una denuncia particular llevara al Síndic de Greuges a requerir información sobre las gestiones que se están haciendo para impedir la desaparición de la ermita del Calvario de Nules, el Ayuntamiento ya había iniciado el expediente que le llevará a la ejecución subsidiaria de la rehabilitación. El municipio acometerá de manera urgente las obras de recuperación, pero será el obispado quien acabará pagando la inversión.

Así lo confirma el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, quien precisa que el 4 de febrero de este año, se puso en marcha el expediente de orden de ejecución con el que se instaba a la propiedad, es decir, la Diócesis de Segorbe-Castellón, a llevar a cabo «todas las obras necesarias para la rehabilitación integral y la consolidación estructural del inmueble, dirigidas a garantizar su estabilidad, seguridad y adecuada conservación, así como la reintegración de los elementos artísticos perdidos».

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La apropiación masiva de la Iglesia Católica en España: un expolio histórico que exige justicia | Ricardo Guerrero

agosto 23, 2026

La Iglesia Católica no solo mantiene la titularidad de este patrimonio expoliado, sino que genera ingresos millonarios mediante su explotación.

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Ricardo Guerrero, Nueva Revolución, 23 de agosto de 2026

En España, la Iglesia Católica ha acumulado durante décadas un vasto patrimonio de terrenos, edificios y propiedades que, en muchos casos, fueron adquiridos mediante prácticas cuestionables o directamente ilegales. Este proceso, conocido como ‘inmatriculación’, permitió a la jerarquía eclesiástica registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de demostrar su titularidad, amparada por leyes franquistas y reformas posteriores que facilitaron este expolio. Se trata de un escándalo que los sucesivos gobiernos han evitado abordar con determinación, mirando para otro lado mientras la Iglesia sigue lucrándose con la explotación de estos bienes.

Un expolio amparado por el poder

La inmatriculación masiva se intensificó durante el franquismo, cuando la Iglesia, aliada del régimen, obtuvo privilegios extraordinarios. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a los obispados registrar propiedades como propias con la mera certificación de un párroco, sin necesidad de pruebas fehacientes. Este mecanismo, que se mantuvo vigente hasta 2015, resultó en la apropiación de miles de inmuebles: desde ermitas y cementerios hasta terrenos agrícolas, viviendas e incluso plazas públicas. Según el informe del Gobierno de 2021, la Iglesia inmatriculó al menos 34.961 bienes entre 1998 y 2015, aunque se estima que el número total podría superar los 100.000.

Este proceso no solo fue un abuso de poder, sino un robo descarado al patrimonio colectivo. Muchas de estas propiedades eran de dominio público o pertenecían a comunidades locales que, de la noche a la mañana, se vieron despojadas de su derecho histórico. Ejemplos como la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Zaragoza, registrados como propiedad eclesiástica, ilustran la magnitud de esta apropiación.

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RECUPERANDO pide al Gobierno de Cantabria que actúe ante la situación de la Colegiata de San Martín de Elines

agosto 17, 2026

La Coordinadora RECUPERANDO ha remitido un escrito a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria solicitando su intervención ante la situación que atraviesa la Colegiata de San Martín de Elines, en Valderredible, una de las principales joyas del románico cántabro y monumento declarado Bien de Interés Cultural desde 1931.

Estado actual de la colegiata de San Martín de Elines (Valderredible, Cantabria) | M. S. – Fuente
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Coordinadora Recuperando, 17 de agosto de 2026

La iniciativa surge tras la información publicada por elDiario.es, de la que nos hicimos eco recientemente en esta página, sobre los problemas existentes para visitar el monumento y el estado de abandono que presenta su entorno. La noticia recoge las quejas de vecinos y especialistas ante una colegiata frecuentemente cerrada, con los accesos invadidos por la maleza, y relata cómo el Obispado de Santander retiró al vecindario la llave que durante años había permitido atender, cuidar y mostrar el templo a quienes se acercaban a conocerlo.

El monumento había sido inscrito en el Registro de la Propiedad de Reinosa en diciembre del año 2010, a nombre del Obispado de Santander, aprovechando la prerrogativa franquista que le otorgaba el artículo 206 de la legislación hipotecaria, sin mayor base probatoria de propiedad que la propia declaración eclesiástica.

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Desamortización e inmatriculación

agosto 9, 2026

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Composición a partir del grabado calcográfico firmado por José Gómez, 1845 | Fuente
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Rafael Sanmartín, Coordinadora Recuperando, 9 de agosto de 2026

El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.

Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno. Hasta ahí la interpretación contiene alguna nebulosa, pero hay un hecho sin discusión posible: los bienes públicos son del Estado, pero el Estado lo forma el común de sus habitantes censados. Luego esos bienes pertenecen al común y al ser de propiedad única y exclusiva del común, nadie los puede enajenar. Aquellas inmatriculaciones muy posiblemente estuvieran forzadas por una interpretación que confundía Estado y Gobierno. O bien, las entendieron posibles, por destinar unos bienes del común a unas necesidades económicas también del común.

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Artillería contra la razón | Rafael Sanmartín

agosto 8, 2026

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Rafael Sanmartín, Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, 8 de agosto de 2026

Defenderse es lo que mejor saben hacer. Y como buenos estrategas, saben que la mejor defensa es un buen ataque. Ya no cuentan con el potro, descubridor absoluto de todos los “pecados” buscados por el verdugo. El potro murió de viejo, pobre animal, con lo cual ya no tienen guardias (policía) propia, ni potestad para juzgar y condenar, y lo de Pedro Botero ya no cuela, pero siguen contando con un nutrido ejército de seguidores, fanáticos como aquellos, desinformados, por eso muy fieles, dispuestos a defender sus actos por encima de cualquier razón.

Ahora hay quien se escuda en su licenciatura o doctorado en Historia. Por cierto, el torero dijo “Hay gente pa tó”, y en ese grupo se auto incluyen algunos “historiadores”, destacados por su pasión en repetir la versión oficialista, la más reaccionaria y fantasiosa, y como si la repetición pudiera hacer verdad la mentira, defienden como indiscutibles las batallas de La Janda (para algunos de Guadalete), Covadonga o incluso Clavijo. Historiadores chicos creídos poder ser grandes haciendo chicos a quienes no se conforman con lo ya escrito, por el contrario buscan, investigan, analizan, quieren llegar al fondo, por eso llegan con frecuencia, ahí están, frente a los pseudo historiadores, Américo Castro, Hijano del Río, de Villar o Ruiz Romero para enseñar qué significa la palabra “historiador/a”. Otros se conforman con repetir. Es el caso del prestigiado Sánchez Albornoz, quien no satisfecho con dar por bueno el episodio de Pelayo, se toma la molestia de imaginar la alocada huida de los vencidos, muchos de ellos despeñados en su ciega carrera para librarse de la derrota.

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El poder de la Iglesia Católica en España: un patrimonio forjado a base de privilegios e injusticias | Ricardo Guerrero

agosto 6, 2026

El poder de la Iglesia Católica en España, sustentado en un patrimonio inmenso, una financiación privilegiada y una influencia social arraigada, plantea interrogantes sobre el secularismo y la equidad

Foto: Mateo Lanzuela (Europa Press) / Getty images | Fuente
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Ricardo Guerrero, Nueva Revolución, 6 de agosto de 2026

La Iglesia Católica en España ha mantenido durante siglos un poder e influencia que trascienden lo espiritual, consolidándose como una institución con un vasto patrimonio, una financiación privilegiada y un papel destacado en la sociedad, a menudo a costa de un secularismo incompleto. A pesar de los avances hacia un Estado laico, su arraigo histórico, reforzado durante el franquismo, y su presencia en ámbitos como la caridad y la educación, evidencian que sigue siendo un actor clave en el panorama español. Este artículo examina su poder económico y social, así como las críticas sobre su falta de transparencia y su relación con el Estado.

Patrimonio: Un imperio inmobiliario

La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de España, con un patrimonio que abarca más de 100.000 propiedades, según estimaciones de organizaciones como la Coordinadora Recuperando.

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Inmatriculaciones, usucapión y expropiación del patrimonio colectivo | Segunda parte

agosto 6, 2026

Una visión laica y republicana sobre el mayor proceso de apropiación patrimonial de la historia contemporánea de España

Fuente imagen
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Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 6 de agosto de 2026

IV. El título III de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933

  • El artículo 11: la propiedad pública nacional

El artículo 11 establecía un principio revolucionario:

Los templos de toda clase y sus edificios anexos pertenecían a la propiedad pública nacional. La ley incluía: iglesias; catedrales; parroquias; capillas; ermitas; palacios episcopales; casas rectorales; seminarios; monasterios; dependencias auxiliares.

Asimismo, incorporaba bienes muebles vinculados al culto: imágenes; retablos; joyas; objetos litúrgicos; ornamentos.

La importancia histórica de este artículo resulta enorme. Por primera vez una ley española afirmaba expresamente que el patrimonio religioso histórico no pertenecía a una corporación privada sino a la nación. La República reconocía que dichos bienes habían sido construidos mediante el esfuerzo acumulado de generaciones enteras. Por tanto, debían permanecer vinculados al patrimonio común.

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RECUPERANDO pide al Defensor del Pueblo que impulse la nulidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1978

julio 23, 2026

La Coordinadora sostiene que, con la entrada en vigor de la Constitución, la Iglesia católica dejó de poder ser equiparada a una Administración pública y cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron inscribir miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas

Archivo.- Fachada de la sede del Defensor del Pueblo en Madrid | Alejandro Martínez Vélez – Europa Press – Fuente
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Coordinadora Recuperando, 23 de julio de 2026

La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado y registrado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para la defensa de la Constitución, y de este modo, investigar la actuación del servicio público registral que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes inmuebles desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.

La iniciativa plantea una cuestión de fondo que va más allá de discutir caso por caso a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inmatriculado.

Lo que RECUPERANDO cuestiona es la propia validez jurídica del procedimiento que hizo posibles esas inscripciones.

Durante décadas, la Iglesia católica pudo inscribir bienes por primera vez en el Registro de la Propiedad mediante el procedimiento excepcional establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Para ello se aceptaron como título suficiente las denominadas certificaciones eclesiásticas expedidas por los propios obispos, atribuyéndoles en la práctica capacidad certificadora equiparable a la de una Administración pública.

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