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FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República), 23 de agosto de 2022
El 9 de Marzo de 2019 entro en vigor la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias(1), que contó con un amplio respaldo parlamentario y también de las entidades memorialistas asturianas, pudiendo afirmarse que, en aquel momento, era una de las leyes de memoria más avanzadas del Estado.
Tres años y 5 meses después, cuando ya está a punto de terminar la presente legislatura, la decepción de las entidades memorialistas con la aplicación de dicha ley, por parte del gobierno asturiano es enorme, pues dicho gobierno no ha implementado medidas suficientes para desarrollar dicha norma, y todo parece que no tiene voluntad de hacerlo.
En primer lugar, pese al paso del tiempo seguimos sin un Reglamento que desarrolle dicha norma y permita concretar dichos preceptos a la acción política del gobierno, lo cual no parece razonable a día de hoy, y tal parece indicar la falta de preocupación del gobierno por dotar a la política en materia de memoria de cauces claros y adecuados para su desarrollo, dejando la misma en manos de meros impulsos puntuales, sin orden y concierto. En general, podemos afirmar que el gobierno asturiano no tiene una política de memoria democrática seria y consecuente pese al imperativo legal existente.
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