El movimiento memorialista asturiano denuncia la inacción del gobierno de Asturias

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1 de marzo de 2019. Asociaciones memorialistas ante el Parlamento Asturiano / Fuente

FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República), 23 de agosto de 2022

El 9 de Marzo de 2019 entro en vigor la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias(1)que contó con un amplio respaldo parlamentario y también de las entidades memorialistas asturianas, pudiendo afirmarse que, en aquel momento, era una de las leyes de memoria más avanzadas del Estado.

Tres años y 5 meses después, cuando ya está a punto de terminar la presente legislatura, la decepción de las entidades memorialistas con la aplicación de dicha ley, por parte del gobierno asturiano es enorme, pues dicho gobierno no ha implementado medidas suficientes para desarrollar dicha norma, y todo parece que no tiene voluntad de hacerlo.

En primer lugar, pese al paso del tiempo seguimos sin un Reglamento que desarrolle dicha norma y permita concretar dichos preceptos a la acción política del gobierno, lo cual no parece razonable a día de hoy, y tal parece indicar la falta de preocupación del gobierno por dotar a la política en materia de memoria de cauces claros y adecuados para su desarrollo, dejando la misma en manos de meros impulsos puntuales, sin orden y concierto. En general, podemos afirmar que el gobierno asturiano no tiene una política de memoria democrática seria y consecuente pese al imperativo legal existente. 

 La citad ley, en sus artículos 52 a 54, preveía la creación del Consejo de la Memoria Democrática, como órgano de participación, de carácter consultivo y de impulso, para la aplicación de dicha ley. Y pese a las múltiples exigencias de las entidades memorialistas para que se pusiera en marcha dicho Consejo, a día de hoy el mismo ni esta ni se le espera, y tal parece que el gobierno de Asturies le estorba el trabajo con las entidades, y en vez de apoyarse en ellas, como prevé la ley, prefiere mantener relaciones individuales y no sistemáticas con cada una de ellas por separado, siguiendo una forma de actuación clientelar, que es precisamente lo que más daño hace a la memoria democrática asturiana.

 Pese a que la citada Ley en sus Disposiciones Adicionales y Finales planteaba plazos concretos para su desarrollo, los cuales todos han sido ya superados, se sigue sin la total retirada o eliminación de los elementos de simbología franquista  y tampoco se ha otorgado la condición de Hijos Adoptivos de Asturias a aquellos miembros de la guerrilla antifranquista y enlaces de la misma que, sin ser asturianos y aún vivan, hayan luchado  en Asturias, y la de Hijos Predilectos a aquellos que, siendo asturianos, hayan luchado en dicha guerrilla en cualquier lugar de España y aún vivan. Tampoco se ha realizado el acto institucional, que establece la ley, en favor de las demandas de las personas afectadas por los crímenes del franquismo. Menos aún se ha desarrollado el oportuno protocolo para garantizar el reconocimiento de hijos predilectos o hijos adoptivos de Asturias, según proceda, a todas las víctimas del Franquismo, de acuerdo con la definición de tal condición que esta dicha  norma legal preveía. Seguimos también esperando la creación del  museo específico de la Guerra Civil en Asturias y de la represión de la Dictadura, o por la articulación secciones a tal fin en cualquiera de los museos públicos existentes.

Se sigue también si implementar el  protocolo para la debida protección y seguridad de los lugares de la memoria democrática de Asturias, que sigue siendo atacados y ultrajados en numerosas ocasiones, sin que la administración autonómica tome cartas en el asunto como es debido.

Pese a lo indicado en los Arts. 37 a 40 de la citada Ley la memoria democrática sigue ausente del diseño curricular de los programas educativos en la enseñanza asturiana, y pese al especial empeño que puso la Ley en la necesaria recuperación, y también reparación, de la memoria de las mujeres, que fueron quienes sufrieron en el Franquismo, una especial discriminación y represión, casi nada se ha hecho en este sentido. Y lo mismo puede decirse sobre las personas que sufrieron dicha discriminación y represión por su orientación sexual. 

Tal parece que el gobierno asturiano sólo le preocupará el elaborar un Plan de Exhumaciones de desaparecidos/as, y ni siquiera, porque tres años y 5 meses desde la aprobación de la ley, el gobierno autonómico sigue aún intentando estudiar parte de las fosas, pero sin que se haya puesto ni dinero ni medios para una exhumación publica de aquellas que fuera posible. La reciente aprobación de 102.000 euros al estudio de 40 fosas comunes se ha hecho de forma poco transparente, con criterios no conocidos de selección de las mismas y del personal para llevarlo a cabo, y sin consultar a las entidades memorialistas y a los grupos de familiares que existen en relación a muchas de las fosas más significativas de Asturies. Y todo indica que el gobierno asturiano va continuar con la política de exhumación privada, hurtando la intervención judicial de cualquier levantamiento de cadáveres, que es la única forma de cumplir con las normas del derecho internacional. La ley asturiana prevé expresamente, en su Art. 12, que cuando los trabajos realizados den como resultado el hallazgo de restos de personas desaparecidas, se procederá a poner en conocimiento del órgano judicial competente la aparición, para que el mismo asuma directamente, de acuerdo con las normas forenses correspondientes, la exhumación. Dicho precepto también indica que ante la existencia de indicios de que pudiera tratarse de víctimas de cualquier tipo de delito, se facilitará también a la autoridad judicial toda la documentación de los estudios científicos y de otra índole efectuados, y en su caso, la Administración dará traslado de las informaciones pertinentes a la Fiscalía para que valore una eventual personación en el procedimiento que se inicie. 

Las entidades que suscribimos este posicionamiento, desde el enorme descontento con las políticas que se están aplicando y ante la evidente inacción del gobierno asturiano, procederemos a pedir una reunión con el Presidente Adrián Barbón para pedirle un giro copernicano en las políticas que se vienen desarrollando, con el objeto que los meses que quedan hasta el final de la legislatura pueda recuperarse, en la medida de lo posible, el tiempo perdido, y no nos veamos obligados a dar por perdida una legislatura como la actual. Cualquier día que pase sin cumplir la ley se convierte en un enorme perjuicio para las víctimas del Franquismo, las cuales van muriendo, sin que logren ver reconocidos sus derechos y anhelos.

  1. Federación Asturiana Memoria y Republica (FAMYR)-Federación estatal de Foros por la memoria 
  2. La Comuna d´Asturies (CEAQUA). 
  3. Sociedad cultura gijonesa 
  4. Ateneo Obrero de Gijón 
  5. 5-L’estaya del altu Nalón 
  6. Logia El trabayu (CILE) 
  7. Asociación Republicana Cabo Peñas Cristino García Granda. 
  8. Asociación  Monumento de la Colladiella. 
  9. La Trokola 
  10. QuintaPedregal.org 
  11. Asturias Socialista 
  12. Tiempo de cerezas 
  13. Fundación Juan Muñiz Zapico 
  14. Ateneo Republicano de Asturias 
  15. Fundación Andreu Nin 
  16. Sindicato de estudiantes 
  17. Fundación Federico Engels 
  18. Asociación de familiares y amigos de la fosa común de Tiraña 
  19. Asturias Laica
  20. Asociación Lázaro Cárdenas

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(1) BOPA: Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias.

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