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Matías Viotti Barbalato, Público, 16 de agosto de 2022
Uno de los crímenes contra la humanidad que dejó el franquismo fue la apropiación de bebés en clínicas, hospitales y maternidades de todo el estado español entre los años cuarenta y finales de los años noventa. Esta práctica fue una de las estrategias de dominación a las que recurrió la dictadura para su perpetuación legitimada por la ideología de la derecha católica donde toda persona ajena al nacionalcatolicismo era sospechosa de amenazar a la patria y al gran Proyecto Nacional del Movimiento.
Bajo la moral católica, en nombre de una Cruzada Cristiana, diferentes congregaciones religiosas administraron junto con diferentes profesionales de la salud y de otros ámbitos institucionales la «asistencia social» favorecida por unas políticas públicas dirigidas a fortalecer el sector privado (Moreno y Sarasa, 1992). Esta “normalidad” en nombre de la Cruzada se mantuvo vigente en los diferentes contextos políticos del franquismo como el falangista, el denominado «desarrollista» y el tardofranquismo así como también en la denominada Transición.
Teniendo esto en cuenta, nos parece útil el planteamiento de Giorgio Agamben con relación a los campos de exterminio, donde antes que preguntarse «hipócritamente» cómo fue posible cometer delitos tan aberrantes, sería más honesto y sobre todo más útil indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos y dispositivos políticos que lo hicieron posible. Aunque es el Estado quien debería ofrecer una respuesta, para el caso de los bebés apropiados y apropiadas, podemos encontrar algunas de ellas en los elementos de legitimación del régimen que han analizado algunos autores, y que se establecieron como una «verdad absoluta» a lo largo de la España parlamentaria. Entre otros:
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