Los abusos sexuales a menores cometidos por clérigos de la Iglesia Católica pertenecen a la crónica de actualidad desde hace tiempo. A los escándalos de pedofilia que sacuden la institución, se unen las denuncias de monjas que declaran haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y obispos o haber sufrido la opresión de las estructuras del poder clerical. En febrero de 2019, el Papa Francisco reconoció, por primera vez, la existencia de esta lacra que impacta, una vez más, de lleno sobre la reputación de la institución eclesiástica.
El presente documental, con testimonios de monjas en Francia, Italia, Alemania, Canadá y África, arroja luz sobre esta problemática en el seno de la Iglesia de la que poco se ha hablado hasta ahora.
El despacho asegura que si se le impide el acceso a archivos eclesiales lo hará constar en el informe final
Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, y Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, el 22 de febrero en su rueda de prensa conjunta para presentar el encargo de la auditoría de los abusos sexuales / Europa Press
El despacho Cremades & Calvo Sotelo, al que la Iglesia encargó la “auditoría” de la pederastia en el seno de la institución católica, recibe más de dos denuncias de media al día de posibles víctimas de abusos sexuales desde el 22 de febrero. Aquel día Javier Cremades, presidente del bufete, presentó el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) junto a su máximo responsable, el cardenal Juan José Omella, e hizo pública la dirección de correo electrónico para denunciar: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com. “Entre correos y teléfono, nos han contactado 35 personas”, explica a infoLibre Diego Solana, socio del bufete legal, con datos actualizados a viernes 11 de marzo. Es decir, se trata de 35 denuncias en 17 días.
“Quieren ser escuchadas”
Solana es prudente a la hora de “generalizar” sobre el perfil de los denunciantes. “Es muy diverso. Son personas que han sufrido mucho. Diría que quieren que se reconozca que se les ha hecho un daño, que no es culpa suya, que las personas que tenían que protegerlas no lo hicieron. Necesitan ser escuchadas y que haya un reconocimiento de que se ha hecho un mal”, afirma Solana.
Todavía no ha habido entrevistas personales cara a cara, aunque están en los planes del bufete . “Va a ser la persona [denunciante] la que decida de qué manera quiere abordar [el proceso] y cómo quiere que se recoja su testimonio”, añade Solana, que aclara que las denuncias han llegado directamente de posibles víctimas, no de familiares.
La realidad de la Escuela Pública transferida desde el inicio del proceso autonómico a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) es original, con un 49% de enseñanza privada financiada con dinero público a la que se llama concertada, solo equiparable en España a la de Madrid y con Bélgica a nivel europeo.
Es decir, un sistema privatizado, discriminatorio según la clase social a que pertenezcan los niños.
Recordemos que fueron los gobiernos del PSOE los que instauraron el sistema de financiación concertada de la enseñanza privada con el argumento de que había muchos niños, en tiempos del baby boom, y según ellos la Escuela Pública no daba abasto.
Para entender la curiosidad vasca hay que sumar a las Ikastolas (palabra del euskera que traducida quiere decir escuela), centros perseguidos por el franquismo que se desarrollaron con fuerza hasta que en 1993 el 56% de ellos decidieron incorporarse a la red pública. Los que no lo hicieron formarán la Federación de Ikastolas de Euskal Herria.
Posted by asturiaslaica 
