El bufete que investiga los abusos sexuales en la Iglesia recibe dos denuncias al día

El despacho asegura que si se le impide el acceso a archivos eclesiales lo hará constar en el informe final

Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, y Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, el 22 de febrero en su rueda de prensa conjunta para presentar el encargo de la auditoría de los abusos sexuales / Europa Press

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 15 de marzo de 2022

El despacho Cremades & Calvo Sotelo, al que la Iglesia encargó la «auditoría» de la pederastia en el seno de la institución católica, recibe más de dos denuncias de media al día de posibles víctimas de abusos sexuales desde el 22 de febrero. Aquel día Javier Cremades, presidente del bufete, presentó el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) junto a su máximo responsable, el cardenal Juan José Omella, e hizo pública la dirección de correo electrónico para denunciar: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com. «Entre correos y teléfono, nos han contactado 35 personas», explica a infoLibre Diego Solana, socio del bufete legal, con datos actualizados a viernes 11 de marzo. Es decir, se trata de 35 denuncias en 17 días.

«Quieren ser escuchadas»

Solana es prudente a la hora de «generalizar» sobre el perfil de los denunciantes. «Es muy diverso. Son personas que han sufrido mucho. Diría que quieren que se reconozca que se les ha hecho un daño, que no es culpa suya, que las personas que tenían que protegerlas no lo hicieron. Necesitan ser escuchadas y que haya un reconocimiento de que se ha hecho un mal», afirma Solana.

Todavía no ha habido entrevistas personales cara a cara, aunque están en los planes del bufete . «Va a ser la persona [denunciante] la que decida de qué manera quiere abordar [el proceso] y cómo quiere que se recoja su testimonio», añade Solana, que aclara que las denuncias han llegado directamente de posibles víctimas, no de familiares.

Acceso a los archivos

No es misión del bufete, señala Solana, cuestionar la veracidad de los testimonios recabados, sino recabarlos para ponerlos «a disposición de la sociedad» en un informe. Dicho informe, según ha explicado Javier Cremades, incluirá un apartado sobre indemnizaciones. La Conferencia Episcopal se ha mostrado ya abierta a pagar, aunque todo queda sujeto a lo que finalmente concluya la «auditoría».

La idoneidad del despacho de Cremades & Calvo Sotelo ha sido puesto en cuestión por la asociación de víctimas Infancia Robada por la pertenencia al Opus Dei de su presidente, Javier Cremades, si bien este ha insistido en que la «auditoría» será independiente porque el bufete lo es y su crédito está en juego. El mensaje que sale del despacho es de reconocimiento a la jerarquía católica por su «nueva etapa» pero también de advertencia de que el informe irá hasta el final.

Cremades & Calvo Sotelo, afirma Solana, está trabajando ya con los obispos para obtener información recabada en las oficinas contra los abusos abiertas en las diócesis. La CEE asegura que ha recibido 506 denuncias desde la apertura de estas oficinas, que se fue produciendo a distinto ritmo en las diócesis, en todo caso antes del 1 de junio de 2020. En cuanto a la cooperación de las diócesis, el acceso a los archivos será «fundamental», señala Solana, que afirma: «Si no tuviéramos acceso [a algún archivo], lo indicaríamos» en el informe final.

Contactos con Alemania, Francia y Portugal

El despacho Cremades & Calvo Sotelo dedica a la «auditoría» un total de 18 profesionales, entre los que están juristas como Encarnación Roca, Rafael Fernández Montalvo, Vicente Conde Martín de Hijas y Juan Saavedra, todos ellos con trayectorias en el Tribunal Constitucional y/o el Supremo, según explicó el 22 de febrero Javier Cremades.

Solana explica que el bufete se encuentra en una «fase» de aprendizaje sobre distintos modelos de investigación. Los abogados Ulrich Wastl y Martin Pusch, del despacho Westpfahl Spilker Wastl, el contratado por la archidiócesis de Múnich para su investigación, han visitado el bufete Cremades & Calvo Sotelo, explica Solana, que afirma que también ha habido contactos con el presidente de la comisión francesa, Jean-Marc Sauvé, y con el de la portuguesa, Pedro Strecht.

Con todo ello el despacho español pretende «enriquecer» la «metodología» para «hacer el mejor trabajo posible para la sociedad y las personas objeto de abusos y para que la Iglesia católica sepa también reparar y mejorar aquellas cosas que haya venido haciendo mal».

Un año, suficiente

Solana mantiene la previsión de un año de duración de la «auditoría». Si se cumple, tendría que estar terminada en febrero de 2023, con un informe sobre la mesa que describa «la dimensión» del fenómeno y unas «recomendaciones». El socio del despacho se muestra consciente de que «no es un plazo largo». «Pero creemos que se puede hacer. El plazo también nos sirve para mantener la tensión intelectual», añade.

La comisión Ryan, llamada así por el juez Sean Ryan, que investigó los abusos y sus efectos en Irlanda, comenzó sus trabajos en 1999 y terminó en 2009. La Comisión Real impulsada por el Gobierno australiano en 2012 publicó sus resultados en 2017. La investigación encargada por la Conferencia Episcopal Francesa entregó sus conclusiones en octubre de 2021 tras más de dos años y medio de tarea. El centro de arbitraje habilitado por el Parlamento belga estuvo abierto entre 2012 y 2015. La investigación de la Conferencia Episcopal en Alemania se prolongó de 2014 a 2018. La auditoría en España sería más rápida que todas las anteriores.

Colaboración con el Defensor

La «auditoría» de Cremades & Calvo Sotelo se realizará en paralelo a la investigación oficial coordinada por el Defensor del Pueblo, impulsada la semana pasada por el Congreso de los Diputados. Solana señala que la institución que dirige Ángel Gabilondo puede contar con todo el respaldo del despacho.

«Nos parece una buena decisión. El Defensor tiene todo nuestro respeto. Siempre hemos dicho que esta comisión no es alternativa [a la oficial], sino complementaria», concluye.

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