Andrés Valentín, José María Rosell. Publicado en “Tiempo de cerezas”, número 4.
25 de febrero de 2020
Inmatricular un bien es inscribirlo por vez primera en el Registro de la Propiedad.
El problema es que, desde 1946, la iglesia católica ha tenido la prerrogativa de hacerlo sin aportar más justificación que una simple auto certificación eclesiástica. Sin publicitarlo, sin abrir un expediente de dominio, sin verificación ni control de tipo alguno. Sin ninguna de las garantías propias de un estado de derecho.
Además, la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno Aznar en 1998 le permitió inmatricular también lugares de culto, algo que ni siquiera la anterior ley franquista se había atrevido a hacer, dado que se entendía que los bienes de especial relevancia cultural, eran del común, de toda la ciudadanía, aunque tuviesen asignado un uso religioso, que nadie cuestiona. Así sucede, por ejemplo, con la catedral de Lisboa, con la de Colonia, con Notre-Dame de París, o con la abadía de Westminster.
Nuestro país, sin embargo, es un caso atípico. El estado mantiene y restaura, mientras que la iglesia inscribe todo lo que puede a su nombre; gestiona los bienes de manera completamente opaca, sin pagar impuestos y sin ningún control fiscal. Read the rest of this entry »
Izquierda Confederal presenta junto a representantes de Europa Laica y otros colectivos una moción en el Senado para situar a España en las recomendaciones europeas sobre la libertad de expresión y la creciente sensibilidad de ciertas religiones.
Los senadores del Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal han reclamado hoy en el Senado impulsar la derogación del artículo 525 del Código Penal, con el objetivo de alinear a nuestro país con el sentir de la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Consejo de Europa, que han apostado claramente por despenalizar esta clase de delitos.
En la rueda de prensa han participado además de los senadores Koldo Martínez, Pilar González, Carles Mulet, Vicenç Vidal y Eduardo Rubiño los representantes de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán, la periodista Teresa Aranguren de la Asociación proDerechos Humanos y el filósofo Javier Sádaba.
La legislación española todavía prevé pena de multa de ocho a doce meses a quienes “hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”.
Pese a que la jurisprudencia existente asienta la prevalencia de la libertad de expresión y prácticamente no hay condenas por delitos contra los sentimientos religiosos, la existencia de este artículo sigue permitiendo que se presenten denuncias ante los tribunales contra quienes satirizan sobre asuntos religiosos, que se ven forzados a asumir la llamada pena de banquillo.
Uno de los últimos pronunciamientos procedentes del Consejo de Europa a este respecto, es el producido tras los atentados contra el semanario francés Chariie-Hebdo el 7 de enero del 2015. Se trata de la Resolución 2031 (2015), dictada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 28 de enero de 2015. En ella se afirma rotundamente que el uso de la sátira, la información o las ideas que puedan ofender, chocar o perturbar, incluida la crítica religiosa, están amparadas por la libertad de expresión del artículo 10 del CEDH, como exigencias de una sociedad plural y tolerante. Y que la libertad de expresión no debe restringirse para satisfacer la creciente sensibilidad de ciertas religiones.
Este próximo miércoles, 26 de febrero, a las 12.00 horas, se registrará de nuevo en el Congreso la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. Hasta el momento, este Registro será firmado por los diferentes Grupos del Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento estatal: Compromís, Más País, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). El PSOE todavía no ha dado su opinión al respecto.
Esta Proposición de Ley, impulsada y promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua), a propuesta de Todos los niños robados son también mis niños, asociación integrante de esta entidad, ya tuvo su primer registro el 25 de septiembre de 2018 y fue admitida a trámite por unanimidad en el Congreso español el 20 de noviembre del mismo año. Debido al adelanto electoral, la Proposición de Ley decayó y ahora es necesario este nuevo registro para continuar con el correspondiente procedimiento parlamentario hasta su esperada aprobación.
En la última reunión conjunta entre CeAqua y todos grupos políticos para tratar este tema, celebrada hace justo un año, el 19 de febrero de 2019, se obtuvo el compromiso de todos ellos de retomar esta iniciativa una vez celebradas las elecciones y constituido el nuevo Gobierno, como así ha sido.
La CeAqua lleva impulsando esta iniciativa legislativa en el Congreso español desde hace casi dos años. Durante ese tiempo, se han realizado números encuentros con todos los grupos parlamentarios lográndose un texto que recoge las reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen.
Una ley que garantiza por primera vez el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés. También reconoce y asegura los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y las campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.