Fuente: La Terra, número 49 octubre-noviembre 2018
Entrevista a Andrés Valentín, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y portavoz de la Coordinadora Recuperando, en la revista La Terra, de la Unió de Pagesos de Catalunya, colectivo recientemente incorporado a Recuperando en su III Asamblea anual.
La entrevista ha sido también grabada en vídeo.
En papel
Vídeo
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8 de noviembre de 2018
A pocos días de la celebración en Zaragoza del “Encuentro de Municipios y cargos públicos por la recuperación de los bienes inmatriculados por la iglesia católica”, convocado por la Coordinadora Estatal Recuperando y de su III Asamblea (días 10 y 11 de noviembre), Sintonía Laica (“programa radiofónico semanal para el debate, la difusión y la acción del laicismo a través de las distintas voces -creyentes, agnósticas o ateas- que conforman el laos, con el fin de construir el Estado laico”), dedicó el programa de este jueves 8 al tema de las inmatriculaciones de la iglesia católica..
Intervinieron en el programa Andrés Valentín, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y de la Coordinadora Recuperando, (con el que, además de inmatriculaciones, se charló de la cita en Zaragoza de los días 10-11), Rafael Sanmartín y Fermín Novo de la Plataforma en Defensa del patrimonio de Sevilla y Luis Portillo de la Plataforma Laicista de Jerez.
Fuente: Sintonía Laica
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Escrito por asturiaslaica
Fragmento del cartel
Fuente: Asociación Ágora, Getafe, 23 de octubre de 2018
Ayer martes, en la Universidad Carlos III, Campus de Getafe, tuvo lugar la charla “Inmatriculaciones de la Iglesia, un privilegio monumental”, organizada por la Asociación Ágora de Getafe y que contó con la participación de:
Enrique Herrero. Que presentó el acto e hizo una reseña histórica de las relaciones iglesia-estado.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de derecho de la Universidad de Córdoba, y portavoz de la Coordinadora Recuperando, que analizó las consecuencias y elementos jurídicos de las inmatriculaciones. Su conclusión es que la mayoría de las más de 40.000 inmatriculaciones son nulas de pleno derecho.
Andrés Valentín de la coordinadora RECUPERANDO*** habló de los procesos de movilización contra las inmatriculaciones. Hizo una llamada a constituir una coordinadora en la Comunidad de Madrid y llamó a participar en la tercera asamblea Recuperando que se va a realizar en Zaragoza el 11 de noviembre.
Carmen Morán del diario “EL País” hablo de las relaciones de la prensa con estos temas y de la receptibilidad del medio con esta problemática.
El acto concluyó con un llamamiento a organizar un colectivo en Getafe que pueda colaborar con la organización de uno más amplio en la comunidad y poder participar en la asamblea de Zaragoza.
*** La Coordinadora Estatal Recuperando está formada por más de veinte colectivos entre ellos el Grupo Inmatriculaciones Asturias, en el que participa Asturias Laica
Vídeo charla
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Escrito por asturiaslaica
El expolio del patrimonio público por parte de la Iglesia católica entra por fin en la agenda política española gracias al trabajo de las plataformas ciudadanas
Imagen, revista Contracorriente
La revista Contracorriente, #46, octubre de 2018, que publica la Corriente Sindical de Izquierdas, incluye un artículo de Andrés Valentín González (portavoz de la Coordinadora Recuperando) y José María Rosell Tous (coordinador del Grupo Inmatriculaciones Asturias y miembro de Asturias Laica), titulado ¿Está cambiando algo con las inmatriculaciones?:
Artículo
En el número de octubre de 2017 de Contracorriente, en un artículo titulado «El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica», denunciábamos lo que, a nuestro entender, ha supuesto la mayor apropiación privada de patrimonio público en nuestro país desde 1946 a 2015.
Como recordaréis, la Iglesia católica, en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada en 1946, ha estado facultada para inmatricular bienes a su nombre, en los registros de la propiedad, sin necesidad de acreditar la propiedad de los mismos. Este privilegio se amplió en 1998 bajo el Gobierno
Aznar, mediante el Real Decreto 1867/1998, permitiendo también la inmatriculación de lugares de culto, hasta entonces expresamente prohibida. Así se ha mantenido hasta la Reforma de la Ley Hipotecaria de 2015 que elimina esta prerrogativa, tras la sentencia de 2014 del TEDH que condena a España a pagar una indemnización de 615.000 euros por una «violación continuada y masiva» de derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Como ningún gobierno promovió la inconstitucionalidad de los privilegios contenidos en el citado artículo 206, todo el expolio que se ha realizado ha quedado consolidado. Pero, a lo largo del último año, la magnitud del escándalo, la sensibilización ciudadana y el trabajo realizado por asociaciones de todo tipo integradas en la Coordinadora Recuperando ha comenzado a dar sus frutos. Lee el resto de esta entrada »
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Escrito por asturiaslaica
Artículo publicado en la revista de la CSI, Contracorriente nº 43
Andrés Valentín, miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y de la Coordinadora Estatal Recuperando
José María Rosell, coordinador del Grupo Inmatriculaciones Asturias, miembro de la ejecutiva de Asturias Laica
Contracorriente nº 43
Las inmatriculaciones son primeras inscripciones de bienes inmuebles en el registro de la propiedad. Pero, sobre todo, las inmatriculaciones son procedimientos franquistas que han permitido a la Iglesia Católica apropiarse de miles de bienes de valor incalculable.
La reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 y su Reglamento de 1947 equiparaban a la Iglesia Católica con una administración pública y a los obispos con notarios. Un obispo decía: Inmatriculo este bien porque yo mismo certifico que Esto es mío porque me pertenece desde tiempo inmemorial en pacífica posesión. Con eso bastaba.
Además, todo ello se hacía en la más absoluta opacidad. Hace unos diez años se empiezan a detectar y denunciar estas privatizaciones de bienes de dominio público. Hoy es el día que la primera batalla de esta lucha consiste en conocer el volumen y detalle de los bienes inmatriculados.
La jerarquía católica ha inmatriculado entre 1946 y 2015 miles de bienes. Hace unos meses, en una entrevista en la Cadena SER Fernando Jiménez Barriocanal, responsable de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, reconoció entre 30.000 y 40.000 inmatriculaciones. Mucho nos tememos que se refiera a los que fueron inmatriculados después de 1998. Esto nos puede dar una idea del volumen, pero hay que añadir el valor de esos bienes: ¿Cuánto valen la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, docenas de catedrales, miles de iglesias y ermitas,…?
Pero la iglesia ha inmatriculado también casas del cura, cementerios, prados, viñas, montes, calles, frontones,… La voracidad no ha tenido límites.
Nos encontramos, por tanto, ante un escándalo monumental, ante la apropiación inmobiliaria más importante que ha conocido este país.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada por Decreto de 8/2/1946 (franquista, por supuesto) equiparó la Iglesia católica al propio Estado para inmatricular bienes.
El artículo 304 del Reglamento Hipotecario establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos.
El artículo 5.4 del citado Reglamento excluye expresamente de la inmatriculación los “templos destinados al culto católico”. No obstante, durante estos años, de forma directa o encubierta, se inmatricularon bienes destinados al culto.
En coherencia con el artículo 16 3 de la Constitución española (“ninguna confesión tendrá carácter estatal”) y de su disposición derogatoria tercera (“Así mismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”) esos privilegios de la Iglesia Católica debieran haberse considerado inconstitucionales, pero ningún Gobierno promovió la inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar suprime el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto. Esta ampliación del ámbito de bienes inmatriculables viene a regularizar ilegalidades que la iglesia venía cometiendo.
La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946, poniendo fin a este privilegiado procedimiento franquista. La presión social, mediática y judicial (la sentencia de 4/11/2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya se había pronunciado contra este procedimiento) obligan al Gobierno del PP a poner fin a las inmatriculaciones. El problema es que queda bendecido todo el expolio realizado.
La sentencia del 20/12/2016 de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, confirma la anterior de 4/11/2014 y condena al Estado Español a indemnizar a la Sociedad Anónima de Ucieza en 615.000 €. Un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles. Sus criterios son de obligado cumplimiento para los poderes públicos españoles. No se trata de un acto aislado, dice la sentencia, sino de una “violación continuada y masiva” de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos.
A principios de 2007, se descubre por casualidad la inmatriculación de la Parroquia de Santa María de Tafalla. El 4 de mayo de ese año, se constituye la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y se inicia una fuerte campaña de movilización en la que juegan un papel protagonista las administraciones locales. A principios de 2008 se consigue la relación de los 1.087 bienes que han sido inmatriculados entre 1998 y 2007. En 2009 se publica ”ESCÁNDALO MONUMENTAL”, obra referencial en materia de inmatriculaciones.
Por esas fechas, salta a la palestra la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba, que por la importancia emblemática del edificio, aporta a esta problemática un eco mediático mundial.
Desde entonces se multiplican las iniciativas que en el Congreso, en los Parlamentos Autonómicos y en muchos Ayuntamientos tratan de averiguar la magnitud de los inmatriculado en su ámbito.
En muchos lugares se constituyen plataformas que tratan de recuperar los bienes inmatriculados. Más recientemente se inician colaboraciones entre estas plataformas, colaboración que culmina el 8/102016 con la constitución en Iruña/Pamplona de la “Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la iglesia católica”, RECUPERANDO.
Conscientes de la vía jurídica abierta por el Tribunal de Estrasburgo, la Coordinadora RECUPERANDO presentó el 9/2/2017 en el Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir la creación de una comisión que determine el procedimiento más adecuado para restaurar la “legalidad conculcada por esta violación continuada y masiva de los derechos humanos mediante las inmatriculaciones”.
El futuro requiere, tal como se recoge en el documento fundacional de RECUPERANDO, impulsar la constitución de Plataformas abiertas e inclusivas con el objetivo de aunar esfuerzos para la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica; a su vez, reforzar la coordinación y colaboración de estas plataformas.
Por otra parte, la Coordinadora RECUPERANDO presentó el 9/2/2017 en el Congreso de los Diputados una iniciativa recabar del Registro de la Propiedad las notas simples de los bienes inmatriculados al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones. Algo similar se está haciendo en varios parlamentos autonómicos y en muchos Ayuntamientos.
La PNL presentada por el PSOE y la respuesta del Gobierno del PP excluyen de esa demanda todo lo inmatriculado antes de 1998. Para que nos hagamos una idea y contando con los escasos datos de que disponemos, de las 368 inmatriculaciones registradas en Gipuzkoa, la inmensa mayoría son anteriores a 1998.
Por otro lado, hay fundadas razones para sospechar que PP y PSOE estarían de acuerdo en no cuestionar las inmatriculaciones de bienes dedicados al culto.
Las inmatriculaciones de bienes no dedicados al culto realizadas con posterioridad a 1998, pueden ser impugnados judicialmente, como apunta la respuesta del Gobierno a la PNL del PSOE.
En resumen, las inmatriculaciones anteriores a 1998 y las posteriores de bienes dedicados al culto quedarían bendecidas. El resto a los tribunales. Habrá que actuar con rapidez y contundencia para que este panorama no se consolide.
La situación en Asturias
es más desconocida que en otras comunidades autónomas. Por ello se constituyó, hace unos meses, el Grupo Inmatriculaciones Asturias para intentar avanzar en el conocimiento y la recuperación de los bienes que nos habían sido arrebatados (a la ciudadanía en general, dado que en su mayoría se trata de bienes públicos y comunales) de manera ilegítima.
Dicho grupo se constituyó, tras la celebración de unas jornadas organizadas por Asturias Laica, en el mes de febrero, en las que se abordó este tema, a invitación de uno de los ponentes en las jornadas, Andrés Valentín quien, desde entontes nos ha facilitado su ayuda.
En la actualidad, el grupo está compuesto por una quincena de personas, bien a título personal, bien en representación de asociaciones y entidades, bien como representantes de grupos municipales en algún ayuntamiento o en tanto que parlamentarios interesados en el tema.
Si bien los objetivos finales del grupo se orientan a la denuncia, publicidad y recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados, la estrategia que proponemos para ello contempla tres pilares:
Hasta el momento se han desarrollado actuaciones como la participación en charlas divulgativas sobre el tema, la elaboración de un modelo de Petición al Parlamento Asturiano para conocer el listado de bienes inmatriculados, la recogida de firmas presenciales y vía Change.org para apoyar la Petición anterior, la colocación de mesas informativas en la calle con divulgación de materiales informativos y el intentar que el interés sobre el tema se mantenga activo en las distintas redes sociales.
En un futuro inmediato nuestras actuaciones se dirigirán a
Y en un fase posterior, trataríamos de proponer mecanismos generales que permitan revertir la situación y que la ciudadanía, los pueblos, los municipios puedan recuperar aquello que les ha sido arrebatado de manera ilegítima mediante este expolio perpetrado por la Iglesia Católica en nuestro país.
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