Inmatriculaciones. Algo huele a podrido

Andrés Valentín, José María Rosell. Publicado en “Tiempo de cerezas”, número 4.
25 de febrero de 2020

Inmatricular un bien es inscribirlo por vez primera en el Registro de la Propiedad.

El problema es que, desde 1946, la iglesia católica ha tenido la prerrogativa de hacerlo sin aportar más justificación que una simple auto certificación eclesiástica. Sin publicitarlo, sin abrir un expediente de dominio, sin verificación  ni control de tipo alguno. Sin ninguna de las garantías propias de un estado de derecho.

Además, la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno Aznar en 1998 le permitió inmatricular también lugares de culto, algo que ni siquiera la anterior ley franquista se había atrevido a hacer, dado que se entendía que los bienes de especial relevancia cultural, eran del común, de toda la ciudadanía, aunque tuviesen asignado un uso religioso, que nadie cuestiona. Así sucede, por ejemplo, con la catedral de Lisboa, con la de Colonia, con Notre-Dame de París,  o con la abadía de Westminster.

Nuestro país, sin embargo, es un caso atípico. El estado mantiene y restaura, mientras que la iglesia inscribe todo lo que puede a su nombre; gestiona los bienes de manera completamente opaca, sin pagar impuestos  y sin ningún control fiscal.

A raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la creciente respuesta ciudadana contra este expolio, se modificó la Ley Hipotecaria en 2015, eliminando este privilegio.

La Coordinadora RECUPERANDO presentó un escrito en el Congreso de los Diputados (2017) solicitando información sobre las inmatriculaciones. Esta iniciativa, convertida por el PSOE en una PNL fue aprobada poco después. En agosto de 2018 el Gobierno se comprometió a hacer público el listado de las inmatriculaciones realizadas después de 1998. Este compromiso, incorporado en los programas electorales del PSOE y de UNIDAS-PODEMOS, se mantiene incumplido hasta la fecha.

Recientemente, el Portal de Transparencia del Gobierno también se ha manifestado instando al Gobierno a hacer pública dicha información que se sabe que obra en su poder desde hace más de un año y que contempla 34.984 inmatriculaciones realizadas desde 1998. Una simple extrapolación nos permite afirmar que estamos hablando de más de 100.000 bienes inmatriculados en total.

Son las administraciones las que tienen una responsabilidad de salvaguarda de bienes públicos y de transparencia frente a la ciudadanía. Pese a ello, la respuesta que acabamos de conocer del Gobierno, apunta en la dirección contraria: el Ministerio de Justicia lleva a los tribunales la resolución del Consejo de Transparencia para evitar divulgar dicha información.

Algo no funciona en un país (y huele a podrido) cuando el Ministerio de Justicia tiene que pleitear con el Portal de Transparencia del mismo Gobierno, para poder ocultar información a sus ciudadanos.

La publicación detallada de todos los bienes inmatriculados (1946-2015) y el conocimiento de la magnitud del expolio son un primer paso necesario para poder abordar la recuperación de lo  inmatriculado por la iglesia católica.

Andrés Valentín (Plataforma de defensa del Patrimonio Navarro y Coordinadora estatal RECUPERANDO)

José María Rosell (Grupo Inmatriculaciones Asturias y Coordinadora estatal RECUPERANDO)

 

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