Una investigación académica desentraña 45 años de exitosa apropiación derechista de la «libertad educativa», una «bandera clerical» izada por PP, Vox y Cs que blinda las subvenciones a la escuela privada.

El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, a su llegada a una reunión con los líderes religiosos de España, a 13 de diciembre de 2021, en Madrid / EP
Ángel Munárriz, InfoLibre, 3 de enero de 2022
«Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libres de veras, y por eso la quieren controlar. Vuelve la dictadura totalitaria».
«¡Dictadura totalitaria!». Parecen palabras mayores. ¿Quién las pronuncia? ¿Un opositor de algún régimen represor? Pues no exactamente. Es el arzobispo de Oviedo, Jesús Montes, en julio de 2018, cuando el primer gobierno de Pedro Sánchez dejó clara su intención de derogar la Lomce o ley Wert. Montes está lejos de ser una víctima de persecución del Estado. Su propio salario se nutre del erario público, de los más de 300 millones que cada año envía Hacienda a la Iglesia directos desde el IRPF. Se trata además de un integrante de una jerarquía religiosa beneficiaria de un sistema de doble de red educativa por el que una de sus ramas, la privada, mayoritariamente controlada por la Iglesia, recibe más de 6.000 millones al año de fondos públicos.
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