El futuro de los benedictinos, la ‘comisión antiabusos’ del Congreso, las exenciones fiscales… son algunos temas pendientes de la ‘cuestión religiosa’
__________________
Fuentes: Religión Digital (Jesús Bastante), InfoLibre (Álvaro Sánchez), 30 de mayo de 2029
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a todos este lunes al anunciar elecciones anticipadas. El próximo 23 de julio, víspera de Santiago Apóstol y del parón de agosto, los españoles volveremos a ser llamados a las urnas. Una decisión que conllevará, entre otras cosas, la paralización de algunas iniciativas que habrían de pasar por un Congreso que ha sido disuelto con la convocatoria electoral.
¿Cómo afectarán las elecciones generales a la ‘cuestión religiosa’ en España? A bote pronto, surgen al menos tres iniciativas que irán a parar al cajón hasta nueva orden: ¿cuáles son? Estas:
Cuelgamuros
Aunque la ley de Memoria Democrática ya cambió el nombre del Valle de los Caídos, consiguió convertir Cuelgamuros en un cementerio civil, exhumó a Franco y a Primo de Rivera y disolvió (al menos, sobre el papel), la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, muchas cosas quedan por hacer. La principal, delimitar el futuro de los benedictinos y de la presencia de la Iglesia en el nuevo complejo.
Por el momento, el único paso que Presidencia había dado, al menos oficialmente, era la creación de una web, todavía en pruebas, en la que se explicaba la resignificación del Valle, pero nada se sabe de una hipotética negociación con el Arzobispado de Madrid -quien tiene la jurisdicción eclesiástica sobre el recinto- para lograr sacar a Santiago Cantera y los suyos de la abadía, y sustituirlos por otra congregación o grupo que asegurara el uso litúrgico del templo (que jamás iba a desacralizarse, como tampoco jamás estuvo en cuestión la cruz) y, a la vez, trabajara por la reconciliación y una nueva lectura del complejo.
El proceso de desfranquización aún no está concluido. Y la convocatoria anticipada de elecciones amenaza con dejarlo a medias si el Ejecutivo no aprieta el acelerador. El Gobierno aún tiene pendiente de aprobar un nuevo marco jurídico para Cuelgamuros que determine «la organización, funcionamiento y régimen patrimonial» del mausoleo, que hasta la actualidad se ha asentado bajo una armadura normativa levantada en plena dictadura. De esto depende, precisamente, la salida del complejo monumental de unos monjes benedictinos que encabezaron la rebelión contra la exhumación del dictador y a los que el Ejecutivo retiró la asignación económica anual por la falta de transparencia de sus cuentas. Unos religiosos que llevan instalados en el mausoleo desde 1959.
¿Qué ocurrirá con los benedictinos? Por ahora, nada. Y, en la medida en que, a día de hoy, un gobierno PP-VOX parece más que probable, el resultado de las elecciones podría blindar la presencia de la congregación en Cuelgamuros… y tal vez un nuevo cambio de nombre, pues tanto Feijóo como Abascal han anunciado que una de sus primeras medidas sería la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
La convocatoria anticipada de elecciones ha caído también como una bomba sobre las decenas de familias que tratan de recuperar desde hace años los restos de sus seres queridos de las criptas de la Basílica. «Estamos en shock. El adelanto deja poco margen para que se pueda hacer algo en el Valle y nos pone en una situación delicada. No sabemos qué hará el siguiente Gobierno, sea del color que sea», señala al otro lado del teléfono Silvia Navarro, que preside la Agrupación de Familiares Pro Exhumación y que trata de rescatar de Cuelgamuros a su tío abuelo José Antonio Marco Viedma, un industrial secuestrado y asesinado extrajudicialmente en el verano de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud.
Más de un centenar de familias tienen reconocido el derecho a la exhumación de sus seres queridos del considerado mayor cementerio de la Guerra Civil –bajo la inmensa cruz de piedra reposan los restos de más de 33.000 personas, muchos exhumados y llevados a Cuelgamuros en plena dictadura sin el permiso de los suyos–. Pero los complejos trabajos para intentar recuperar a estas víctimas se han ido alargando. Entre otros motivos, por la ofensiva judicial ultra, que consiguió mantener paralizado el proceso durante un año. Una vez despejado el frente en los tribunales, el Ejecutivo ha retomado los trabajos. «Seguiremos luchando para que nos devuelvan a los Nuestros. Pero estamos agotados, de tanto pelear sin lograr nuestro objetivo», dicen las familias.
Exenciones fiscales a otras religiones
Hace apenas un mes, el Gobierno anunciaba que Budistas, Ortodoxos, Testigos de Jehová y Mormones tendrían el mismo régimen fiscal que, hasta la fecha, tenían la Iglesia católica, las iglesias evangélicas, musulmanes y judíos. Una suerte de ‘laicidad inclusiva’ que extendería las exenciones del IBI y el impuesto de sucesiones o de sociedades a (prácticamente) todas las religiones reconocidas como ‘de notorio arraigo’ por el Estado, cuyos fieles, además, podrían desgravarse sus donativos, y que finalmente no verá la luz, al decaer todas las leyes en tramitación, entre ellas, la Ley de mecenazgo, a través de la cual se quería articular esta reforma. El objetico era que estas religiones disfrutaran de los mismos beneficios fiscales que la Iglesia católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica, que sí tienen firmados acuerdos con el Estado.
La norma debía pasar el trámite legislativo en el Congreso, pero el cierre de cámaras impedirá que sea aprobada y que, por tanto, entre en vigor. Lo que sí entró en vigor, semanas antes, fue el ‘canje de notas’ entre Gobierno y Santa Sede para solucionar la ‘cuestión fiscal’ de la Iglesia. O, al menos, de momento, porque a nadie se escapa que, a buen seguro, la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado volverá a formar parte del corpus del programa electoral de los partidos de izquierda.
______________
Informe Comisión Antiabusos del Congreso
Aunque el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, no se ve afectado por el adelanto electoral, sí lo está la comisión parlamentaria que debía registrar los avances y aprobar los informes de la Comisión Antiabusos liderada por el ex ministro socialista. Ya no habrá riesgo de comparecencias de obispos en el Congreso de los Diputados -como sí se hará en el Parlament de Catalunya-, y todo hace pensar que la investigación se demorará, y no podrán tomarse decisiones ejecutivas.
Ángel Gabilondo, había manifestado su intención de presentar el informe al Congreso de los Diputados antes de que acabase esta legislatura, a finales de este año 2023. Si bien, ya no podrá hacerlo ante las Cortes Generales actuales, que quedan disueltas este lunes.
La última reunión de la Comisión Asesora, presidida por Gabilondo, encargada de estudiar y elaborar un informe sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos tuvo lugar el pasado viernes 26 de mayo.
Sí podrá ver la luz, sin embargo, antes de que termine esta legislatura es la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
