El 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, debería ser un día para reflexionar sobre ésta y otras anomalías que en ella se contienen y no se corresponden con la realidad
Acto día de la Constitución | Dani Duch _____________________
Cada 6 de diciembre España celebra la Constitución de 1978 como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías; una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido para ninguna otra entidad privada.
En el día en que se celebra institucionalmente la Constitución española, la Coordinadora Recuperando explica el porqué de “los bienes inscritos al margen del marco constitucional por la Iglesia católica española gracias a un privilegio hipotecario”
a Seo de San Salvador de Zaragoza, inmatriculada por la Iglesia católica _____________________
Cada 6 de diciembre el Estado español, el Reino de España, celebra la Constitución de 1978 “como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías, una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo”, explican desde la Coordinadora Recuperando.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia católica española ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo de turno que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido jamás para ninguna otra entidad privada.
Ignoro qué es más difícil de creer: que la Virgen fuera fecundada por el Espíritu Santo o que los españoles seamos libres e iguales ante la ley según proclama la Constitución
Invitados a los actos del Día de la Constitución escuchan en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso el discurso de su presidenta, Francina Armengol / Claudio Álvarez _______________
El 6 de diciembre se ha celebrado el Día de la Constitución, votada en referéndum en 1978. Después de 45 años, constituye un verdadero milagro el que todavía siga vigente. Dos días después, el 8 de diciembre, en España se conmemora otro milagro, en este caso el de la Inmaculada Concepción. Entre estos dos milagros se tiende un puente que los españoles aprovechan para largarse de casa.
En 1854, el papa Pío IX proclamó el dogma por el cual los fieles están obligados a creer que la Virgen María fue concebida sin pecado original y permaneció virgen con el himen intacto en el parto con el que dio a luz al hijo de Dios. Ignoro qué es más difícil de creer, el que la Virgen fuera fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo en forma de paloma o el que los españoles seamos libres e iguales ante la ley según proclama esta Constitución, que en el momento de ser concebida fue negada y denostada por la extrema derecha, la misma que hoy la defiende como una creación propia para convertirla en un arma arrojadiza.
A lo largo de los últimos cien años, los obispos españoles han dado su visión (con diversos documentos) ante los procesos electorales o los momentos históricos, e incluso los bélicos, que ha vivido el estado español
A lo largo de los últimos cien años, la Iglesia, o mejor dicho, los obispos españoles, han dado su visión (con diversos documentos) ante los procesos electorales o los momentos históricos, e incluso los bélicos, que ha vivido el estado español.
En este siglo que ha pasado, cabe recordar en primer lugar la Carta Colectiva del episcopado español del 1 de julio de 1937, redactada por el cardenal Isidre Gomà, arzobispo de Burgos, un texto dirigido a los obispos de todo el mundo, con la intención de dar a conocer la situación de la guerra de 1936. Este documento, de carácter histórico-doctrinal, fue redactado por el mismo cardenal Gomà a instancias del general Franco, para mostrar el apoyo y la adhesión de la mayoría de los obispos españoles a la sublevación fascista y para informar a los obispos de todo el mundo de la situación que se vivía con la guerra.
Cabe recordar que no hubo unanimidad entre los obispos a la hora de firmar esta Carta. Aunque solo cinco de ellos no la firmaron, la Carta apareció como un texto del episcopado español. Los obispos que no firmaron este texto fueron el de Vitoria, Mateo Múgika, el de Menorca, Joan Torres, el de Sevilla, Pedro Segura, exiliado en Roma, el arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer y el Administrador Apostólico (sin jurisdicción diocesana), Javier Irastorza.
La Carta Colectiva, divulgada por la propaganda franquista, apoyaba el “Movimiento Nacional, reconocía la sublevación franquista y era una llamada patriótico-militar contra el comunismo. De hecho, la Carta Colectiva responsabilizaba a los dirigentes republicanos de ser los que, “con sus prácticas de gobierno se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país”. La Carta Colectiva afirmaba que los gobernantes republicanos, con su política, estaban “anulando los derechos de Dios y vejada la Iglesia” y por eso el episcopado español defendía “el derecho a la resistencia defensiva por la fuerza”. Y es que la Iglesia, según decían los obispos que firmaron la Carta Colectiva, “no podía ser indiferente en la lucha” y por eso este texto calificaba el “Alzamiento” con un doble significado: “el sentido patriótico y el sentido religioso”. Read the rest of this entry »
Fuentes: Los obispos del “NO”: La iglesia española ante la Constitución de 1978, Carlos Nieto Sánchez, Universidad Complutense de Madrid (Dialnet) 6 de Diciembre de 1978, cuando la Iglesia pedía votar NO a la Constitución, El Correo de Madrid
Desde la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, la Conferencia Episcopal Española, reunida en Asamblea Plenaria o bien su Comisión Permanente, publicó una ingente cantidad de documentos relacionados directamente con la nueva situación política.
Con los trabajos constitucionales preparatorios ya en marcha, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publicó una nota en la que afirmaban que ante el proyecto de Constitución, que configuraría la vida de la sociedad, los creyentes que participaran en su realización y quienes pudieran influir en ellos, habían de hacer:
(…) cuanto estuviera en su mano para conseguir un texto que favorezca los derechos integrales de la persona, entre los que cuenta la libertad para dar a Dios el culto debido según su propia conciencia, la defensa de la vida humana, de la familia, del derecho de los padres a la educación de sus hijos, de la práctica y justa convivencia de todos los ciudadanos
aunque no se hacía, entonces, ninguna referencia a la orientación práctica del voto.
El primero de los obispos en manifestarse claramente en contra sería el obispo de Cuenca, uno de los dos prelados designados por Franco como procurador en Cortes, José Guerra Campos, y junto a él el cardenal Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo.
Marcelo González Martín era identificado con sectores conservadores y afines al régimen y estaba muy considerado en el entorno familiar de Franco y del ex presidente Carlos Arias Navarro. Tuvo durante los últimos años del franquismo una actividad intensa dentro de los resortes políticos del régimen y sería quien ofició el funeral de corpore insepulto de Franco en la plaza de Oriente de Madrid, el 23 de noviembre de 1975, presidido por los reyes. Y si durante el periodo de transición se había mantenido al margen de la actividad política, con escasas intervenciones sobre la situación del país, ante el referéndum constitucional, pocos días antes de la consulta, en diciembre de 1978, publicó en el Boletín Oficial de la Archidiócesis de Toledo (Boletín Oficial del arzobispado de Toledo, 12 (diciembre, año CXXXIV), pp. 597-601), una pastoral titulada Ante el referéndum sobre la Constitución, texto de claro contenido político. Read the rest of this entry »
Ochenta colectivos, entre ellos Europa Laica, firman una Carta pública a las Cortes Generales y Gobierno de España. 40 años de Constitución, 40 años de impunidad.
Con motivo del cuadragésimo aniversario de la Carta Magna, Colectivos de Memoria Histórica, de víctimas del franquismo y de la sociedad civil (entre ellos Europa Laica), han presentado en el Congreso una carta «40 años de Constitución, 40 años de impunidad».
En ella denuncian que, mientras otros colectivos de víctimas (terrorismo y violencia contra las mujeres, entre otros) han visto satisfechas sus demandas con la aprobación de numerosas leyes, las víctimas del franquismo nunca han tenido la condición jurídica de víctimas de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y exigen una ley integral de las víctimas del franquismo en las que se las reconozca como víctimas de lesa humanidad.
En la carta, las asociaciones y colectivos firmantes hacen «un llamamiento a todos los Diputados y Senadores, a los partidos políticos con representación parlamentaria y al Gobierno de España para que procedan dentro de la actual legislatura, a la convocatoria sin más demora, de un Pleno Extraordinario en el que se acuerde poner fin a la impunidad del franquismo, acordando la ratificación de la «Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad», y tramitar y aprobar una Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo que reconozca a la víctimas del franquismo y nazismo como víctimas de delitos de lesa humanidad, y se garanticen, en consecuencia, los principios consagrados por el Derecho Internacional de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, dejando sin efecto toda aquella legislación que impide su efectivo cumplimiento».