El martes se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia y desde el colectivo Asturias Laica quieren aprovechar esta fecha para reclamar avances efectivos en la separación entre las confesiones religiosas y las instituciones públicas, al considerar que España mantiene “importantes restos del nacionalcatolicismo” que limitan la plena igualdad de la ciudadanía.
En un comunicado difundido este lunes, la asociación recordó que la fecha conmemora la aprobación en Francia, en 1905, de la Ley de Separación entre las Iglesias y el Estado, un hito histórico del laicismo europeo. Sin embargo, advirtieron de que en el caso español “hay poco que celebrar”, ya que la creciente secularización social “no se ha traducido en un Estado laico”, sino en “una confusa multirreligiosidad”.
El movimiento laicista sostiene que la neutralidad institucional requiere garantizar tanto la libertad de conciencia como la igualdad de trato a todas las convicciones, lo que implica “avanzar en la separación iglesias/Estado”. En este sentido, denuncian que la Iglesia católica conserva “amplios privilegios”, entre ellos una financiación pública estimada en unos 12.000 millones anuales, beneficios fiscales y la apropiación de cerca de 100.000 bienes mediante el mecanismo de las inmatriculaciones.
Aprovechemos la celebración del 9 de diciembre para llamar a construir conciencias libres y críticas
_________________________
Asturias Laica, 8 de diciembre de 2025
Llega otro 9 de diciembre. De nuevo, en recuerdo de aquella proclamación por ley de la separación de las iglesias y el Estado realizada en Francia en el ya lejano 1905, celebramos esta fecha como Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia.
Poco que celebrar. Poco hemos avanzado en la aproximación a un Estado Laico. La secularización progresiva de la sociedad española, el paulatino abandono general de la religión, no se traduce en la sensibilización hacia la necesidad de articular un Estado de y para toda la ciudanía, un Estado Laico. Más bien parece dar paso a una confusa multirreligiosidad.
El Estado Laico se apoya en dos principios: la libertad de conciencia y la igualdad de trato a todas las conciencias. Dado que cada conciencia está constituida por los principios morales que la configuran y las religiones se presentan como paquetes cerrados, dogmáticos y excluyentes de estos principios (conciencias predefinidas y controladas) aparece un procedimiento imprescindible para acercarse a ese Estado Laico: la separación iglesias/Estado.
El pasado 26 de noviembre el Grupo Parlamentario Sumar, por iniciativa de la Coordinadora Recuperando, registró preguntas al Gobierno relativas a la reiterada negativa del Gobierno a facilitar la información completa necesaria para identificar las fincas regístrales inmatriculadas por la Iglesia Católica con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, para su respuesta por escrito[1]
Tras la exposición de motivos, en el escrito registrado por el diputado Rafael Cofiño y los portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Sumar Enrique Santiago y Jorge Pueyo, se planteaban dos cuestiones:
«¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de España no ha cumplido aún con la PNL 161/001437, aprobada por el Congreso en 2017, y no haya facilitado la totalidad del informe emitido por el Colegio de Registradores, incluida la información de las fincas registrales inmatriculadas por la Iglesia Católica, con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria?»
«¿Por qué el Gobierno no facilita las Notas Simples Regístrales que, tal y como especificó el Colegio de Registradores en su comunicación al Ministerio de Justicia el 21 de diciembre de 2017, acompañaron al Informe del Colegio de Registradores sobre los bienes que desde 1998 inclusive hubiesen sido matriculados en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia Católica, a pesar de tratarse de información pública que obra en poder del Gobierno y de que el Consejo de Transparencia y Buen gobierno haya avalado su entrega a cualquier persona interesada?
A propósito del registro, el Grupo Parlamentario emitía hoy, 2 de noviembre, una nota de prensa:
Tras más de un año de investigación identifica 79 fincas comunales apropiadas por la jerarquía católica, aunque la cifra final puede alcanzar varios cientos. La coordinadora Recuperando aplaude la iniciativa del Gobierno foral y reclama al Ejecutivo de Sánchez que tome medidas en la misma dirección
En Navarra, se está consolidando, por primera vez, a escala autonómica, una línea de trabajo pública y sistemática para identificar y recuperar bienes comunales o de titularidad pública inmatriculados por la Iglesia.
Una investigación[1]impulsada por el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha dado un paso decisivo: tras analizar 174 bienes de 26 entidades locales, se han identificado 79 bienes con base suficiente para reclamar su titularidad pública o comunal, y en 21 casos ya existen pruebas documentales para fundamentar acciones judiciales. El propio Gobierno de Navarra valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar esos 21 bienes.
Ante estos datos, RECUPERANDO subraya que si se han inmatriculado esta gran cantidad bienes públicos en Navarra, es más que razonable considerar que este mismo patrón puede haberse reproducido en otras comunidades autónomas.
Basta revisar los Registros de la Propiedad para comprobar hasta qué punto la herencia del nacional-catolicismo sigue intacta. El caso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es quizá el ejemplo más sangrante
El general Franco junto a su esposa y autoridades eclesiásticas saluda brazo en alto en la catedral de Santiago de Compostela en 1938 | Archivo EFE __________________
Se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco. Medio siglo después, España se reivindica como un Estado social y democrático de Derecho. Pero basta mirar hacia los Registros de la Propiedad para comprobar hasta qué punto la herencia del nacional-catolicismo ha estado intacta.
El caso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es quizá el ejemplo más sangrante. En 1975, cuando muere el dictador, el escándalo aún no es conocido. El mecanismo está oculto en la normativa hipotecaria: basta la “declaración” de un obispo para inscribir un bien a nombre de la Iglesia. Sin escritura, sin título de dominio, sin prueba alguna de su propiedad. La firma episcopal actúa como llave maestra del Registro.
Europa Laica-Observatorio del Laicismo, 18 de noviembre de 2025
Comunicado
El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Infancia debido a que en esa fecha de 1959 la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y, ese mismo día de 1989, la Convención de Derechos del Niño, un tratado internacional de obligado cumplimiento para España y otros 195 países firmantes.
Desde Europa Laica exigimos hoy y cada día el cumplimiento de esos derechos, en particular del artículo 14.1 de la Convención de 1989, que proclama «el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», y del artículo 19, que pide proteger a la infancia «contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental». El criterio prioritario de actuación debe ser «el interés superior del menor».
Las principales asociaciones memorialistas de Asturias han expresado su “más firme rechazo” a la decisión del Ayuntamiento de no impulsar la retirada del monumento franquista del Simancas, ubicado en la fachada del Colegio de la Inmaculada. Una decisión que, se explicó en su momento por parte del Ayuntamiento, compete al Principado. En un comunicado conjunto, las entidades firmantes acusan al Consistorio de “escudarse en tecnicismos legales” y en una «supuesta falta» de competencias para evitar actuar ante un “símbolo de exaltación franquista” que, aseguran, “constituye una afrenta a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas del franquismo”.
El Ayuntamiento se ha limitado, según denuncian, a trasladar la responsabilidad al Gobierno del Principado de Asturias. Sin embargo, las asociaciones consideran “inaceptable que, en pleno 2025, sigan en pie en Gijón símbolos de la dictadura” mientras las instituciones “eluden su deber de aplicar las leyes de memoria histórica”. Las críticas también alcanzan al Gobierno asturiano, al que reprochan no haber respondido a la solicitud formal de retirada presentada por la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) en julio de 2024. Este “silencio administrativo”, sumado a la negativa municipal, evidencia —según las entidades— “una preocupante falta de compromiso real con la memoria histórica”.
La coordinadora Recuperando denuncia «la ocultación sistemática» de datos por parte del Gobierno central. Rafael Cofiño, diputado por Asturias de Sumar, se ha comprometido a reclamar información detallada en la Cámara Baja. En Asturias se han contabilizado hasta la fecha 1.350 inscripciones «de patrimonio público que debe recuperarse»
El diputado Rafael Cofiño, en primer término, y José María Rosell, tras la reunión sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica | J. Simal ____________________
Representantes de la coordinadora estatal Recuperando, de Asturias Laica y del Grupo de Inmatriculaciones de la región se reunían este miércoles con el diputado Rafael Cofiño, del grupo parlamentario de Sumar, para transmitirle su «indignación» por «la ocultación sistemática» de información «esencial» sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Pese a disponer desde 2018 de un informe oficial del Colegio de Registradores, que contiene datos imprescindibles para la identificación y verificación de bienes, «el Gobierno sigue denegándonos una parte de los datos», denunciaba José María Rosell tras la reunión.
La plataforma Recuperando aglutina a diferentes colectivos con un objetivo común: reclamar toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, según calcula, fueron inscritos por la institución eclesiástica a partir de 1946. «Se trata de patrimonio público que debe recuperarse», sostienen. Un empeño que les ha llevado a recurrir incluso al Defensor del Pueblo ante lo que consideran «un fraude de ley» por parte del Gobierno central y un quebranto de «los principios básicos de transparencia».
La coordinadora Recuperando envía una queja para lograr que se publiquen las notas simples de las inmatriculaciones. También reclama al Gobierno que se amplíe el listado y la investigación hasta 1946.
Detalle de la Catedral de San Salvador (La Seo) de Zaragoza, uno de los muchos bienes inmatriculados. | Foto: Ecelan – Fuente ______________________
El listado de 34.961 bienes inmuebles inmatriculados —inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad— por la Iglesia católica por la vía de la mera certificación de cada diócesis entre 1998 y 2015 que el Gobierno envió al Congreso en febrero de 2021 está incompleto y no permite saber con exactitud cuáles son los bienes inmatriculados, según asegura la coordinadora Recuperando.
Esta plataforma ciudadana, que persigue la «recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia» —aún un misterio— lleva tiempo intentando que el Gobierno, además de ampliar el campo de estudio hasta 1946, año en el que, durante el franquismo, se modificó la legislación hipotecaria —lo que elevaría el total de inmuebles inmatriculados por los obispos—, publique las notas simples del registro de la propiedad, en las que se basó el listado de 2021.
La coordinadora RECUPERANDO acude al Defensor del Pueblo ante la inacción y falta de información del Gobierno
.-Siguen sin conocerse los bienes que ha inscrito a su nombre la Iglesia Católica mediante una simple “certificación eclesiástica”. .-Hay una falta absoluta de transparencia sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. .-No se ha avanzado un ápice en el conocimiento de la situación ni en su resolución.
En febrero de 2021 el Gobierno remitió al Congreso el “Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano respectivo”.
Posted by asturiaslaica 
