RECUPERANDO exige los datos secretos de las inmatriculaciones. «El Gobierno oculta los bienes de la Iglesia para que no se puedan reclamar». La Coordinadora «Recuperando» exige a todas las autonomías los datos completos de las inmatriculaciones de la Iglesia para defender el patrimonio público
Fuentes: Lo Que Somos (Cecilia Remis) | Coordinadora Recuperando, 25 de febrero de 2026
La coordinadora estatal ha registrado peticiones formales a las presidencias autonómicas tras denunciar que el listado publicado por el Gobierno es insuficiente y no permite identificar los bienes. Critican la «desigualdad territorial» en el acceso a la información y amplían su reclamación a los datos desde 1946.
La Coordinadora Estatal RECUPERANDO ha elevado este martes su ofensiva por la transparencia patrimonial. Tras meses de reuniones con diversas Defensorías del Pueblo autonómicas, la organización ha registrado peticiones de información dirigidas a la presidencia de todas las Comunidades Autónomas para exigir el acceso detallado a las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia Católica realizadas al amparo del certificado diocesano.
El origen de la reclamación se encuentra en el “Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998”, publicado por el Gobierno de España. Un documento que, a juicio de RECUPERANDO, es insuficiente. “Contiene un simple listado que, en numerosos casos, no permite una identificación correcta de los bienes”, denuncia la organización en su nota de prensa.
Sin una identificación precisa —que incluya datos registrales completos, notas simples o documentación equivalente—, la coordinadora advierte de que es imposible determinar con rigor qué se ha inscrito, dónde, a nombre de quién y con qué antecedentes. Esta falta de detalle, aseguran, «inviabiliza la defensa adecuada del patrimonio público, incluyendo el municipal y el comunal», así como la posibilidad de emprender actuaciones administrativas o jurídicas para su recuperación.
Transparencia territorial desigual
Uno de los puntos más críticos de la denuncia de RECUPERANDO es la disparidad en el acceso a la información entre diferentes territorios. La organización subraya que no es admisible que los datos hayan podido ser hechos públicos o consultados en comunidades como Navarra, País Vasco o Asturias, mientras que en el resto del Estado, incluyendo el Gobierno central, la información permanece oculta.
RECUPERANDO insiste en que la información ya existe y está en manos del Ejecutivo central desde la elaboración del estudio, y que los gobiernos autonómicos también disponen de ella. Por ello, instan a su publicación inmediata, recordando que no cabe apelar a la Ley de Protección de Datos (LO 15/1999) para justificar el secretismo, ya que esta normativa «solo es aplicable a datos personales de personas físicas, no de entidades o personas jurídicas» como la Iglesia Católica.
Ampliación de la reclamación: desde 1946
La exigencia de RECUPERANDO no se limita al periodo 1998-2015. En un segundo paso, la coordinadora reclama al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos que recaben del Colegio de Registradores de la Propiedad la totalidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante el certificado administrativo eclesiástico **desde 1946**, cuando se estableció esta vía excepcional de inscripción. La petición busca obtener un nivel de detalle que permita la identificación y verificación de cada bien.
La organización recuerda que han pasado casi veinte años desde que este asunto saltó a la opinión pública y que, a día de hoy, «los ayuntamientos y la ciudadanía siguen sin conocer con certeza cuántos y cuáles han sido los bienes inscritos a nombre de la Iglesia Católica con un único ‘certificado diocesano’ como garantía».
En su escrito, RECUPERANDO apela al deber de los distintos gobiernos de garantizar «un marco mínimo necesario para la protección y conservación de los bienes creados por el esfuerzo colectivo de las comunidades afectadas». Un marco que, sostienen, pasa ineludiblemente por conocer en detalle la totalidad de lo inmatriculado antes de que se produzca «su más que posible progresiva liquidación y venta por la Iglesia Católica».
COMUNICADO DE LA COORDINADORA RECUPERANDO
Desde 2017, el Congreso de los Diputados viene pidiendo al Gobierno la información completa sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Aquel año se aprobó la PNL 161/001437: el mandato era claro. Había que elaborar un estudio sobre las inmatriculaciones (1998–2015) y facilitar los datos necesarios para que se pudieran identificar los bienes y, en su caso, reclamar los que fueran de dominio público o hubieran sido inscritos sin título escrito de dominio.
En diciembre de 2017, el Colegio de Registradores remitió al Gobierno la información solicitada. Desde entonces, la historia ha sido la de una demora injustificada y una transparencia opaca. El Gobierno terminó enviando al Congreso en 2021 un informe y un listado que, en miles de casos, no permite identificar los bienes.
Mientras tanto, RECUPERANDO, ciudadanía y grupos parlamentarios reclaman el expediente completo con información detallada de cada bien. La pregunta parlamentaria presentada por el Grupo Plurinacional Sumar y la respuesta del Gobierno (10 de febrero de 2026) confirman que la opacidad continúa.
a) “Se está sistematizando la información”: una coartada
Que el Gobierno responda en 2026 que “se está sistematizando la información recabada” es difícil de asumir. Han pasado casi nueve años desde la PNL y más de ocho desde que el Colegio de Registradores remitió los datos. Además, la PNL fue propuesta en 2017 por el Grupo Parlamentario Socialista cuando estaba en la oposición. Ya en el Gobierno, se retrasó deliberadamente su cumplimiento, llegando incluso a recurrir decisiones del Consejo de Transparencia -alegando, también, que el informe estaba en preparación– para evitar que se publicara información sobre bienes inmatriculados.
El resultado es grave: se presenta un listado parcial que no permite identificar bienes con claridad, pese a que el Gobierno contaba con la identificación de las fincas registrales, y se pretende dar por cumplido el mandato. Pero un listado que impide identificar las fincas inmatriculadas es un listado inútil, huero, una burla del mandato del Congreso de los Diputados. Y afirmar ahora que aún “se está sistematizando” no es una explicación: es, o bien un insulto a la inteligencia, o bien una ineficiencia difícilmente superable.
b) Remitir a los registradores: un problema democrático
El Gobierno afirma que la “publicidad concreta” es “competencia exclusiva de los Registradores de la Propiedad” y que estos deben valorar el “interés legítimo”. Aplicar esa idea a una solicitud formulada por un diputado para acceder a un expediente administrativo del Gobierno es un despropósito. Cuestionar la legitimidad de un representante público para acceder a la documentación completa de un expediente —y derivarle a terceros para que decidan si procede— es poner en cuestión la propia legitimidad del Parlamento. Es inaudito en una democracia.
Además, el expediente no es una consulta privada sobre una finca concreta: es la documentación que sostiene un mandato parlamentario y un informe elaborado por el Ejecutivo. La custodia y la entrega corresponden al Gobierno, no a una cadena de decisiones fragmentadas registro a registro. Derivar responsabilidades es, en la práctica, bloquear el control democrático.
Conclusión
Veinte años después de destaparse este escándalo, es inaceptable que el Congreso de los Diputados, los ayuntamientos y la ciudadanía sigan sin conocer con detalle cuántos y cuáles son los bienes inmatriculados por la Iglesia católica mediante un inválido “certificado diocesano”. Y hay que recordar, además, que NADA se sabe aún de los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998. Un Gobierno que mantiene la opacidad, dilata la entrega del expediente y desplaza la responsabilidad a terceros se convierte en cómplice necesario del posible expolio. Por eso exigimos la publicación íntegra e inmediata del expediente correspondiente de la PNL 161/001437 —incluidas las notas simples o la documentación equivalente—, en un formato que permita identificar cada bien con claridad y activar, por fin, las acciones de recuperación que el Congreso ordenó en 2017.
Notas Recuperando:
