En un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Generalitat afea a los ultracatólicos que sigan alargando la agonía de Noelia: «La acción de la denominada Fundación Española de Abogados Cristianos ha tenido como única y declarada finalidad aplazar el máximo tiempo posible la prestación de la eutanasia para conseguir que la paciente desista de su voluntad, renunciando, no obstante, desde el primer momento a desplegar el más mínimo esfuerzo probatorio».
La asociación ultra Abogados Cristianos manifiesta su indignación ante el homenaje que Laca Udilla hizo a la Virgen de los Desamparados de Valencia en la última gala de ‘Drag Race España’, el talent de transformismo de Atresmedia, y afirma que estudian acciones legales
Laca Udilla, con su look de la Virgen de los Desamparados en ‘Drag Race’ | Atresplayer _____________________
Adrián Ruiz, VerTele-El Diario, 29 de noviembre de 2025
La asociación ultracatólica Abogados Cristianos ha vuelto a reclamar algo de atención al anunciar que estudian acciones legales contra Laca Udilla y Drag Race España, el talent de transformismo de Atresmedia, por el homenaje que la concursante hizo a la Virgen de los Desamparados de Valencia en la reciente semifinal del programa que emite cada semana Atresplayer.
La organización no ha considerado oportuno interesarse por los motivos que llevaron a la participante a rendir tributo a la emblemática patrona de su tierra natal -ni el mensaje ni valores que Laca Udilla quiso transmitir con su atuendo- y se ha limitado a lanzar un comunicado en redes sociales, breve y escaso de argumentos, en el que califican la performance como una “ofensa” contra los cristianos.
La ofensiva de la entidad ultracatólica contra la muerte digna salta de la vía contenciosa a la penal y se amplía a los profesionales médicos y juristas encargados de decidir sobre las solicitudes de eutanasia
Los dos únicos casos judicializados de la eutanasia son de Barcelona __________________
Oriol Solé Altamira, El Diario, 27 de noviembre de 2025
La Justicia sigue sin cortar de raíz la ofensiva de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos contra la eutanasia. Una magistrada de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la entidad contra un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.
En un párrafo, de escueta motivación (ocupa tan solo siete líneas), la jueza Eva Moltó se limita a indicar que los hechos incluidos en la querella de Abogados Cristianos “pueden ser constitutivos” de delito, y ordena “el esclarecimiento” de los mismos.
La ofensiva judicial de Abogados Cristianos contra la eutanasia salta así de la vía contenciosa a la penal, y supone además añadir un elemento de presión contra los profesionales médicos y juristas que, por ley, se encargan de evaluar todas las solicitudes de muerte digna en Catalunya.
El último capítulo del debate sobre el aborto y los registros de objetores de conciencia han motivado a las organizaciones que impulsan esta ofensiva a abrir recogidas de firmas, recurrir a la Audiencia Nacional o impulsar una plataforma de médicos liderada por un miembro del Opus Dei
Una mujer, con una cruz, durante una marcha antiaborto en Madrid | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press _________________
La batalla contra el aborto nunca se fue, pero de vez en cuando quienes la lideran se ven impulsados a intensificarla con su mismo objetivo de siempre: acabar con él. A veces lo que les empuja es una noticia que les refuerza, como el fallo que en Estados Unidos acabó con la sentencia que lo garantizaba, y otras veces se rearman para oponerse a un avance. Este octubre se han puesto manos a la obra ante el nuevo capítulo en el debate sobre el aborto, que empezó con el falso ‘síndrome posaborto’ y siguió con la propuesta del Gobierno de incluirlo en la Constitución y la rebeldía de Isabel Díaz Ayuso ante el registro de objetores de conciencia.
Es precisamente frente a esta medida obligatoria desde 2023 ante la que los antiabortistas han iniciado su última ofensiva. La organización Abogados Cristianos, conocida por llevar a los tribunales casos de “ofensa” a la religión, acaba de pedir a la Audiencia Nacional la suspensión del registro, concebido para que los abortos puedan realizarse en la sanidad pública. El recuso se dirige contra la resolución y el protocolo que el Ministerio de Sanidad acordó hace casi un año con las comunidades, con todas ellas, incluida Madrid a pesar de que ahora su presidenta haya reabierto el debate.
El magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia, Victoriano Lucio, ha rechazado la iniciativa del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) de demoler una cruz y homenaje franquista tras aceptar una denuncia de Abogados Cristianos. La plataforma ultra llevó al juzgado que el pleno del Ayuntamiento de Dueñas aprobara la moción de Izquierda Unida (IU) —PSOE y PP se abstuvieron— para derribar el monumento que reza “Dueñas a sus Caídos”, menciona al fundador del partido fascista Falange, José Antonio Primo de Rivera, y alude a “mártires” de la zona.
El juez entiende que este término “nada tiene que ver con una mención conmemorativa en exaltación de la sublevación militar, de la Dictadura y de sus dirigentes” y que la inscripción sobre Primo de Rivera, ideólogo de las tesis franquistas, no es una “mención conmemorativa en exaltación personal de la sublevación militar y de la dictadura y de sus dirigentes, por la sencilla razón de que dicho personaje, llamado ‘el ausente’, al encontrarse preso, de entrada, no pudo participar en la sublevación militar”.
IU Dueñas ha anunciado que recurrirá la sentencia.
El partido de Abascal y organizaciones ultrarreligiosas y antivacunas están detrás de la avalancha de querellas y denuncias en gran parte abocadas al archivo
De izquierda a derecha: Ignacio Arsuaga (Hazte Oír), Polonia Castellanos (Abogados Cristianos) y Miguel Bernard (Manos Limpias) | IL _____________________
Manuel Altolozano, InfoLibre, 15 de septiembre de 2025
Lo que la derecha y la ultraderecha española no gana en el juego de mayorías y minorías en el Parlamento, lo lleva directamente al Supremo. Por lo Penal. Como si sus adversarios políticos hubieran cometido un delito. La Sala Segunda del Alto Tribunal, la que lleva estas causas criminales contra miembros del Gobierno, parlamentarios y otros aforados, lleva meses avisando del atasco que estas denuncias y querellas sin ningún tipo de futuro provocan en el trabajo de los magistrados. La avalancha de este tipo de escritos obliga a que cinco magistrados deliberen sobre su admisión y a designar un ponente que se estudie cada caso y elabore una resolución que en más del 90% de los casos es de archivo. Pero sus autores, en su mayoría partidos o personajes ligados a la ultraderecha o satélites del PP, no se conforman y recurren, duplicando el trabajo del órgano.
Es lo que, en argot jurídico, se denomina «querulantes», un término que, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, define a los «querellantes patológicos». Gente que lleva a los tribunales cualquier asunto cuando no obtiene la razón por otras vías, pese a que los órganos judiciales les cierren casi sistemáticamente el paso.
La organización ultracatólica, que pasó a ser una fundación en 2020 para conseguir ventajas fiscales, acumula denuncias contra políticos, jueces, humoristas y escritores
La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos / Fernando Sánchez (EP) ___________________
Ignacio Carrascón, InfoLibre, 18 de agosto de 2025
La Fundación Española Abogados Cristianos ha denunciado a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, por un posible delito de ofensa a los sentimientos religiosos al considerarlo responsable del cartel de las fiestas de la Mercè 2025. La denuncia se une a una larga lista de acciones penales con escaso recorrido judicial que la organización ultraconservadora ha llevado a cabo contra personas y entidades de diferentes ámbitos de la sociedad.
Según su página web, en la que solicitan donativos para sostener su actividad, son más de 120 casos los que tienen abiertos “en defensa de la libertad religiosa, el derecho a la vida, la familia y la libertad educativa y de conciencia». La frenética actividad de la asociación ha puesto en el punto de mira a políticos, humoristas y personas anónimas, pero ha logrado más titulares de prensa que sentencias favorables.
El TSJC y el Supremo estudian desde hace meses los recursos tras la negativa de dos juezas de Barcelona a permitir que familiares, uno de ellos representado por Abogados Cristianos, impugnen el derecho a morir
Los dos únicos casos judicializados de la eutanasia son de Barcelona ______________________
Oriol Solé Altamira, El Diario, 31 de julio de 2025
Son solo dos casos en toda España dentro de una aplicación general de la ley, pero han generado preocupación en las asociaciones en favor del derecho a morir dignamente. Una mujer y un hombre de Barcelona llevan más de un año sin poder ver materializada su eutanasia debido a la impugnación judicial que realizaron familiares suyos, uno de ellos representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos. Pese a tratarse de procedimientos preferentes, los jueces todavía no han resuelto una batalla legal que está lejos de concluir.
“Cuantitativamente estos dos casos no son un problema sistémico, porque el resto de eutanasias se van aprobando, pero suponen una actitud muy poco ética: por defender una posición ideológica, pasan por encima de la voluntad de los solicitantes de eutanasia”, expone Cristina Vallès, presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament.
N., que no puede materializar su derecho a morir por la demanda de Abogados Cristianos, ha tenido que echar a miembros de una comunidad católica que han irrumpido en la habitación del hospital en que vive
Mensaje remitido a N. por parte de una integrante de un grupo católico ________________________
Oriol Solé Altamira, El Diario, 28 de julio de 2025
Las presiones de grupos católicos que la joven N. denunció durante el primer juicio de la historia de España contra una eutanasia legalmente concedida se han seguido produciendo. Así lo corroboran los mensajes de teléfono a los que ha tenido acceso elDiario.es, en los que los miembros de una comunidad cristiana escriben, en contra su voluntad, a la joven, a quien la Justicia mantiene en suspenso desde hace un año su voluntad de morir dignamente. “Realmente tiene que ser un infierno haber hecho esta opción”, reza uno de los mensajes.
La joven ha enviado una carta al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la que denuncia que no poder materializar su derecho a morir dignamente supone alargar su sufrimiento. El caso se encuentra a la espera de que el TSJC resuelva (desde hace dos meses) el recurso del padre de la joven, que tuvo la custodia retirada durante parte de la minoría de edad de N., contra el aval de la jueza de primera instancia a la eutanasia. El padre está representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos.
Iniciaba ayer Público una serie de investigación, La «Brunete legal» ultra, dedicados a una alianza de asociaciones ultras que canibaliza la acusación popular y convierte el Supremo en su juzgado de guardia y entre las que no podían faltas las asociaciones ultras fundamentalistas religiosas como Abogados Cristianos, el segundo de la serie de 10, dedicado a esta «Brunete Legal» ultra.
Polonia Castellanos, con el exministro del PP Jaime Mayor Oreja, en un acto de Abogados Cristianos contra el aborto / Abogados Cristianos ___________________
La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó sus últimas cuentas el 28 de junio de 2024 y desde entonces, algo más de un año, se encuentran «en tramitación», pendientes de que las apruebe la Junta de Castilla y León. «Se les ha requerido que hagan subsanaciones de la documentación por cuestiones formales, no por el contenido», es toda la explicación que ofrece, a preguntas de Público, un portavoz de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, donde está registrada la fundación. De forma que los registros contables más recientes de Abogados Cristianos corresponden a 2022. Un ejercicio en el que esta asociación de extrema derecha, una de las más activas como acusación popular en los tribunales españoles, tuvo una cifra de negocio de casi 750.000 euros, siete veces más que el año precedente, y un beneficio de 567.390 euros, quintuplicando el resultado anterior.
No pagó impuesto de sociedades, al ser una institución sin ánimo de lucro exenta. Sus ganancias son, por tanto, espectaculares: equivalen nada menos que al 75,7% de su facturación.
Posted by asturiaslaica 
