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El escándalo de las inmatriculaciones
Pep Lluis Grau, El Mundo(1)
El pasado martes participé en un acto de Valencia Laica en torno a las inmatriculaciones perpetradas por la Iglesia Católica. Con unos participantes de verdadero lujo, todos ellos estudiosos de la materia, me quedé boquiabierto por la enorme dimensión de fenómeno.
Las inmatriculaciones son un verdadero escándalo jurídico, pues se permite a la Iglesia apropiarse de bienes públicos, a pesar de tratarse a menudo de bienes de dominio público, es decir, de bienes que no pueden venderse, ni transferirse ni hipotecarse, y todo ello sin tener que demostrar ningún tipo de documento público de propiedad o registro catastral… Estamos hablando del 80% del patrimonio histórico de nuestro país, de más de 6.000 propiedades que, con una ley del PP de en 1998 permitió que una entidad privada pasara a ser propietaria de unos bienes comunitarios de un valor incalculable, desde el punto de vista económico y patrimonial.
Pero es también un escándalo ciudadano, porque no ha tenido la repercusión que era de esperar en un país democrático y con una ciudadanía informada y madura. Como nos recordaba Antonio Manuel, jurista y activista experto en este tema de las inmatriculaciones, es inaudito que la respuesta ciudadana frente a este abuso sea casi inexistente. Y esto es una condición sine qua non: debemos conseguir una respuesta firme y global de la ciudadanía o lo tenemos todo perdido.
Un caso paradigmático de este escándalo institucional es el de la Mezquita de Córdoba. Juan José Tamayo calificaba la trayectoria de la cúpula obispal de Córdoba como ‘un largo viaje vandálico’, que culmina en 2010 con la apropiación del monumento patrimonio de la humanidad, cambiándole el nombre por el de Santa Catedral de Córdoba’ y prohibiendo cualquiera tipo de culto ‘no católico’.
Miguel Santiago, estudioso de la trayectoria sufrida por la Mezquita de Córdoba, criticó la política rigorista de los obispos cordobeses, especialmente de Asenjo, que convierten el monumento en un auténtico negocio privado, con unos ingresos superiores a los 20.000 euros anuales. Tamayo al respecto habla de la mala fe de la jerarquía católica, que obviando los más elementales derechos humanos en su seno, muestran su interés estrictamente económico con esta política de apropiación y explotación económica.
Aquí, en nuestro país, no olvidemos la apropiación de monumentos emblemáticos y populares como el Miguelete en Valencia o la Sagrada Familia en Castellón. También, la Concatedral de Segorbe, los Lluïsos en Vila-real o la iglesia de la Sangre en Vilafamés, entre otros muchos bienes comunitarios. ¿Hasta cuándo?
Pep Lluis Grau es ex senador del PSOE y secretario de Cultura y Memoria Democrática de la Ejecutiva del PSPV de Castellón y coordinador de Castellón Laico.
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(1) El texto se ha publicado también en las webs del Observatorio del Laicismo y de la Coordinadora Recuperando
