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Enmiendas pactadas con otros grupos parlamentarios
La norma fue aprobada en el Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración en el Congreso en octubre del 2021, pero dos meses después se paralizó el proceso al no encontrar inicialmente apoyo suficiente.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.
En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. Con Más País, y el PDeCAT, el Ejecutivo cerró otro pacto que declara «ilegal» el régimen franquista y reconoce expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega». Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil.
Claves de la Ley de Memoria democrática
Ley de memoria democrática (PDF)
El texto de la Ley aprobada es, sin modificaciones, el mismo que salió del Congreso tras su aprobación y remitido al Pleno del Senado.
El compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley de Memoria Democrática.
– El estado asume la búsqueda de personas desaparecidas:
La recién aprobada ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Para ello, se creará un banco estatal de ADN y un censo estatal de víctimas con los nombres de aquellas personas fallecidas y de las supervivientes que expresen su consentimiento expreso.
También, contempla la creación de un Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, con categoría de fiscal de sala, para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y a quien se le atribuyen funciones de impulso en los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.
– El régimen franquista se declara ilegal:
La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas. Esta nulidad dará derecho a obtener «una declaración de reconocimiento y reparación personal» a las víctimas del franquismo, que es otra de las novedades que recoge la ley.
– Prevalencia del derecho internacional frente a la ley de Amnistía
La nueva norma no deroga la Ley de Amnistía de 1977, que asegura que fue un instrumento a favor de «la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada», pero subraya la necesidad de «garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de reconocimiento y reparación».
Para ello, establece que todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».
– Estudio de vulneraciones de derechos humanos de 1978 a 1983:
Entre las disposiciones de la ley figura la polémica enmienda pactada entre el Gobierno, EH Bildu y Más País para crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».
Se incluye así el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González, pero fuentes del Ejecutivo han aclarado que los casos concretos a analizar los determinará la propia comisión.
– Sanciones por destruir fosas o exaltación del franquismo:
La norma incorporará sanciones de hasta 150.000 euros por el incumplimiento de la norma o por actos como destruir fosas comunes, el menoscabo a los lugares de memoria democrática o por la exaltación del franquismo, algo que la Ley de Memoria Histórica no contemplaba.
– La definición de víctima:
La ley considera víctima a aquellas personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Entre las víctimas, la ley incluye a los fallecidos y desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura, pero también a los exiliados, las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Las víctimas tendrán derecho al «reconocimiento y reparación integral» por parte del Estado, así como al «resarcimiento» de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura.
Además, se declarará el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
– El Valle de los Caídos se llamará Valle de Cuelgamuros:
Contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el actual Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros. Dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado «con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
Aquí sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra y se reubicarán aquellos restos que ocupen un lugar preeminente en el recinto, como ocurre con el caso de José Antonio Primo, que tras la exhumación de Francisco Franco es la única tumba individual que permanece.
Además, la ley declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional, y establecerá un nuevo marco jurídico aplicable a este lugar.
– Acceso garantizado a la información pública de los archivos:
La ley garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
En el caso de la documentación del gobierno de la dictadura que estén en poder de entidades privadas o personas físicas, en particular los referidos al jefe de Estado, se incorporarán al centro documental de la memoria histórica de Salamanca o al archivo del organismo público que se determine de forma motivada.
– Actualización de los contenidos educativos:
Con el fin de difundir el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y «la lucha por los valores y libertades democráticas», la ley establece la actualización de los contenidos curriculares para ESO, FP y Bachillerato para reflejar la «represión que se produjo durante la guerra y la dictadura».
– Supresión de títulos nobiliarios durante la guerra y dictadura:
La ley suprime un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.
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1.- Enmiendas (520) y propuestas de veto (4)
2.- Desarrollo del Pleno: Sesión número 56, 5 de octubre de 2022. Desde el enlace puede verse el desarrollo íntegro del Pleno (5 horas) y también las intervenciones individuales y las votaciones.
