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José Antonio Bosch, ´Nueva Revolución, 29 de junio de 2026
A principios del mes en curso hemos vivido, en directo y con una insistencia desmesurada, nos gustase o no, la visita del jefe de Estado del Vaticano, a quien, en aplicación de la normativa internacional, se le han rendido honores de «jefe de Estado». Si bien nuestra Constitución recoge la aconfesionalidad del Estado español (artículo 16), lo que hace inviable el reconocimiento de la autoridad religiosa de cualquier líder de cualquier confesión —incluida la católica—, lo cierto es que, en la medida en que reconocemos al Estado Vaticano, dicho reconocimiento conlleva todas las consecuencias jurídicas que el Derecho internacional prevé en relación con las visitas de jefes de Estado.
No voy a entrar en el origen del Estado de la Ciudad del Vaticano (los Pactos de Letrán suscritos en 1929 entre la Santa Sede, representada por el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del papa Pío XI, y el Reino de Italia, representado por Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III), ni en los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, ni en la vigencia parcial del Concordato de 1953 suscrito por la dictadura franquista con la Santa Sede. Simplemente voy a aceptar que hemos tenido la visita de un jefe de Estado extranjero a quien, en un hecho bastante excepcional, se le ha invitado a intervenir en la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados.
En esa democrática sede y ante nuestros representantes, un jefe de Estado extranjero ha demandado la abolición de derechos, como el derecho a una muerte digna o el derecho al aborto, porque, desde su posición moral -y, por supuesto, desde su condición de hombre al que nada le impide disponer de su propio cuerpo a su arbitrio y voluntad-, considera que los avances en los derechos sexuales y reproductivos, la lucha por la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo deben estar subordinados a su concepción moral de la vida.
Y lo cierto es que no me extraña que una organización que priva al 50 % de sus fieles -en concreto, a las mujeres- de recibir la gracia de Dios a través del sacramento del sacerdocio, y que ejerce una discriminación prohibida actualmente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos constitucionales, sostenga tales postulados. Se cuente como se cuente, es una organización que practica una discriminación estructural basada en el sexo y, como tal, sería casi un milagro que respetara el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
Y es de una lógica aplastante. Esa norma moral que impone la negativa a respetar el derecho al aborto es una norma concebida y aprobada por una jerarquía masculina. La jerarquía de la Iglesia, históricamente, en la actualidad y, previsiblemente, en el futuro próximo, está conformada por varones. Los órganos de decisión -como el papado, el episcopado y el colegio cardenalicio- han estado integrados tradicionalmente de forma exclusiva por hombres, lo que implica una ausencia absoluta de mujeres en los niveles más altos de poder institucional. Son hombres quienes han decidido y pretenden seguir decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el rol social que estas deben desempeñar, cuál debe ser su sexualidad o su papel como reproductoras… Por ello, todo lo relacionado con anticonceptivos, aborto o derechos sexuales es considerado por dicha doctrina como cosa del maligno.
No es necesario extenderse demasiado sobre las posiciones oficiales de la Iglesia en relación con el papel de la mujer en la familia -estructura que, según su doctrina, debe estar conformada por un hombre y una mujer unidos bajo el sacramento del matrimonio- para comprender las limitaciones que se formulan y que se tratan de imponer desde esa organización a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que sitúa en una posición subordinada o condicionada por su función reproductiva.
Así, lo que ha venido a solicitar el señor Prevost en el Congreso de los Diputados es la derogación de normas que, con gran esfuerzo y sacrificio a lo largo de años de muchas ciudadanas y ciudadanos de este país, han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Y lo sorprendente no es que predique semejante doctrina (conocida, pública y notoria), sino que lo haga en la sede de la soberanía nacional donde se aprobaron las normas cuya derogación solicita y que, además, nuestros representantes le aplaudan como si no hubiera un mañana.
El Papa puede pensar lo que quiera, faltaría más, pero, en su condición de jefe de Estado -en el rol en que ha sido recibido-, debería observar, al menos, las exigencias básicas de la cortesía parlamentaria. Si algo no le ha faltado en su viaje han sido ocasiones para predicar y altavoces desde los que difundir su mensaje. Tanto los medios de la Iglesia como los públicos y los privados han retransmitido, en directo y en diferido, cada una de sus palabras, por lo que no tenía necesidad de faltar al respeto a nuestro poder legislativo para difundir su moral.
No me imagino a ninguno de los jefes de Estado que han visitado el Vaticano en viaje oficial diciéndole al papa de turno que debe derogar la confesionalidad del Estado vaticano porque Dios es una ficción, o que una organización que hoy no reconoce la igualdad de las personas está anclada en el medievo. Por muy ateo que sea un visitante del Vaticano, lo normal, lo adecuado, lo propio de una diplomacia moderna, es el respeto entre las partes.
Pero, claro, el respeto es un valor más extendido entre iguales, y el señor Prevost ostenta la ventaja de presentarse como el representante de Dios en la Tierra, lo que le sitúa, a su juicio, por encima de cualquier interlocutor. Ello le permite mantener esa pretendida superioridad moral desde la que decide qué derechos humanos están amparados por la ley divina y cuáles son contrarios a ella. Y a mí me parece perfectamente legítimo que lo haga respecto de sus fieles, en la medida en que estos se lo permitan, pero utilizar su visita como jefe de Estado al Congreso español para tal fin me ha parecido un abuso.
Personalmente, no tenía ninguna duda sobre la posición de la Iglesia católica en relación con la anticoncepción, el aborto o cualquier cuestión vinculada a la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Tampoco albergaba dudas sobre el carácter marcadamente patriarcal de sus postulados. Sin embargo, episodios como este deben recordarnos la cantidad de actores que mantienen abierto el frente contra los derechos sexuales y reproductivos, que, aunque hoy parezcan consolidados, del mismo modo que se conquistaron pueden perderse.
Discursos como el descrito -nada extraordinario a la vista del auge de movimientos reaccionarios que avanzan, cuando no se imponen, en distintas partes del mundo- deben impulsarnos a seguir atentos y activos en la defensa y consolidación de los derechos humanos en todas sus vertientes, y a asumir que, al igual que las flores, los derechos, si no se cuidan con esmero, acaban marchitándose.
José Antonio Bosch es Abogado. Asesor jurídico de ACAI.
