Coronavirus, impuestos y cruces

Esta pandemia ha debido dejarnos claro, que la protección social completa no puede depender de la caridad o el voluntarismo, sino de un Estado fuerte con recursos, y controlado por una ciudadanía formada y consciente.

Vergara, ¿Cuánto nos cuesta la iglesia católica?

José Antonio Naz, Colectivo Prometeo, 1 de abril de 2020

Cuando llevamos varias semanas en este encierro obligatorio y necesario confinados para combatir la pandemia se nos anuncia la inminente campaña de declaración de la Renta. Si en otras ocasiones no lo hemos hecho, en este momento de paralización de gran parte de la actividad y con el tiempo que nos da la reclusión quizás debamos permitirnos alguna reflexión.

Cuando vemos al gobierno planteando medidas para combatir la pandemia e intentar mantener la vida y la supervivencia de toda la población, debería sernos fácil pensar en la importancia de los impuestos, y de una buena fiscalidad que permita una recaudación suficiente y justa de los mismos.

Se necesitan muchos recursos para garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario frente a la epidemia, pero también para atender a los millones de compatriotas que han perdido su empleo, o de autónomos y pequeños empresarios que se quedan sin actividad productiva. Y para ello se necesita dinero, que tiene que venir de cada ciudadano o ciudadana, de manera progresiva en función de su riqueza, según la Constitución

Si dedicamos un poco de todo este tiempo a comprobar datos, observaremos con asombro que este principio constitucional no se cumple, que las grandes sociedades pagan menos impuestos que la clase trabajadora, como esos médicos o enfermeros que están luchando por salvarnos la vida en momentos tan trágicos como los actuales, o todas las personas que hacen posible el suministro básico para poder mantener el aislamiento mayoritario que permita acabar con este reguero de contagios y muertes. Y podemos pensar en los miles de millones de fraude fiscal, en los miles y miles de millones de esos “patriotas” en los paraísos fiscales; en los regalados a la banca, los pagados a instituciones como la monarquía (además de los que ella se procura por “otros medios”). O en las exenciones, privilegios y aportaciones directas a una institución privada como la Iglesia Católica (se estima en unos 12mil millones anuales).  Después de esto ya habremos podido sacar conclusiones claras y estaremos escarmentados en cabeza propia. Ahora se trata pues de actuar en consecuencia.

Para empezar, un pequeño gesto que no requiere ningún esfuerzo: al rellenar el impreso del IRPF, no marcar la casillas de la IC o de organizaciones sociales, desoyendo la alarma informática que incomprensiblemente te aparece al final. Porque nadie debería poder detraer dinero público ( el 0,7% o el doble si marcas las dos) y menos en momentos de tanta emergencia.

Y mucho menos para dárselo a organizaciones como la IC, que tiene a su nombre una buena parte del Patrimonio de este país (habiendo inmatriculado más de 60.000 bienes inmobiliarios), que está exenta de prácticamente todos los impuestos, y que recibe miles de millones anuales para gestionar de manera particular centros educativos, hospitales, residencias de ancianos…Y más sabiendo, por el propio informe económico de la Conferencia Episcopal a que se dedica el dinero recibido por esas casillas: una inmensa mayoría a pagar al clero, al mantenimiento de sus medios de difusión y propaganda, como la TV13 (20m€ entre 2017-18), o a publicidad para que marquemos las casillas (varios millones anuales), mientras dedica a Cáritas la ridiculez de 6m€ de los 270 recogidos en 2017.

Por otra parte , el montante resultante de la casilla de Fines de interés social, se reparte entre multitud de ONGs, llevándose al menos el 30% de las mismas las que dependen de la IC; además la mayoría de las ONGs se mantienen directamente de aportaciones de socios y colaboradores ( en 2017, 14.000m€ frente a los 320 recaudados de la casilla). En cualquier caso, el dinero público debe servir para hacer políticas de justicia social y no derivarse a organizaciones privadas para que ejerzan la caridad junto al adoctrinamiento.

El resto de actuaciones que podemos hacer serán más reivindicativas y quizás requieran más esfuerzo y lucha para: exigir una mayor progresividad fiscal, la eliminación de los paraísos fiscales, la persecución del fraude o la eliminación de privilegios como las exenciones de impuestos injustificadas (como el caso escandaloso de la IC). Y sobre todo clamar fuerte y pelear para revertir las privatizaciones de servicios públicos, como la sanidad y la educación y sectores estratégicos, como la energía, el transporte o la banca, que puedan garantizar el desarrollo igualitario de toda la población y dar respuesta a las emergencias como la que estamos viviendo en estos momentos.

Esta pandemia ha debido dejarnos claro, que la protección social completa no puede depender de la caridad o el voluntarismo, sino de un Estado fuerte con recursos, y controlado por una ciudadanía formada y consciente.

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