El modelo de feminidad implantado por la dictadura y el nacionalcatolicismo

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El régimen se enfrentó a la necesidad de aumentar la población tanto mediante políticas pronatalistas e incentivadores como represivas

El segundo artículo de Inmaculada Blasco es de 1996 titulado Actitudes de las mujeres bajo el primer Franquismo: La práctica del aborto en Zaragoza durante los años 40.

Dentro de las coordenadas ideológicas nacionalistas de culto a la raza hispana, y ante el percibido como alarmante descenso de los índices de natalidad, el régimen se enfrentó a la necesidad de aumentar la población.

Con esta finalidad se adoptaron políticas pronatalistas tanto represivas (prohibición del aborto y la propaganda anticonceptiva) como incentivadoras (seguros de maternidad, subsidios a la nupcialidad, y premios a las familias numerosas)

Aunque ya Miguel Primo de Rivera hubiera puesto en práctica una política demográfica con fines similares, el franquismo no sólo elevó el problema demográfico a cuestión de Estado, sino que, al adoptar una forma de gobierno autoritaria, prohibió y reprimió la existencia de otras alternativas posibles. Todo aquello que atentara contra el crecimiento de la población española, y contra los códigos ideológicos y morales que favorecían dicho aumento (destino único de la mujer como reproductora de la raza y socializadora de los hijos, repercusiones negativas del trabajo sobre la mujer casada, valores de la feminidad), era castigado.

La legislación sobre el aborto resultaba especialmente rigurosa en su formulación y en las penas impuestas”. Según la ley promulgada el 24 de enero de 1941 por la Jefatura del Estado, el aborto era caracterizado como crimen contra el Estado.

El encabezamiento la Ley es truculento y dice así: “La política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No se concibe una política demográfica eficaz sin abordar el problema de los miles y miles de vidas que se frustran antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de Entidades científicas competentes. El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida, adquirieron caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente. B.O.E., 2-febrero-1941. Otra vez la acusación al régimen republicano. Nada nuevo bajo el sol.

Los castigos más severos se aplicaban sobre las personas que lo practicaban, y consistían no sólo en penas de 6 años y 1 día a 14 años y 8 meses de reclusión, sino también en el pago de una multa de 2.500 a 50.000 ptas., e inhabilitación para el ejercicio de su profesión, en caso de estar en posesión de un título sanitario, que oscilaba entre 10 y 20 años. Así mismo, los “farmacéuticos y sus dependientes que sin la debida prescripción facultativa expidieran sustancias o medicamentos estimados como abortivos”, eran castigados con la pena máxima, el pago de una multa de 1.000 a 25.000 ptas., y también podían sufrir la inhabilitación entre 5 y 10 años. Además, los médicos, matronas y practicantes que asistieran a un aborto estaban obligados, bajo amenaza de multa, a denunciarlo a la Autoridad sanitaria.

Por otra parte, “todo género de propaganda anticonceptiva”, y “la exposición pública y ofrecimiento en venta de objetos destinados a evitar la concepción”, era castigado con la pena de arresto mayor en su grado mínimo (1 mes y 1 día a 2 meses).

Estas normas jurídicas sobre el aborto estaban cumplimentadas por los discursos de las ciencias sociales y de la medicina, así como por el de la Iglesia Católica. El régimen encontró en la doctrina y moral católicas un perfecto aliado que le proporcionó preceptos de conducta moral y sexual femeninas represores y prohibitivos. En el caso concreto del aborto, las corrientes ideológicas nacionalista y católica se integraron perfectamente e incluso fueron sancionadas por las leyes de la ciencia, así lo describe PUJIULA, Jaime: “La Eugenesia ante la Iglesia y ante la ciencia”. Revista Internacional de Sociología. vol. IL, n* 2-3, abril-sept. 1943:

Y hemos de llamar la atención sobre la criminalidad del aborto provocado, que, si es contra Dios y contra todas las leyes, no lo es menos contra la eugenesia”. “El fruto que se pierde criminalmente sería acaso el hombre más robusto, el más sano, el más inteligente para levantar la misma sociedad o para renovarla o imprimirle nuevos rumbos y orientaciones. Es también un atentado contra los problemas de población. Enemigos son, pues, de la sociedad y de la Eugenesia, no sólo las mujeres que provocan el aborto, sino las comadronas perversas y médicos confabulados con éstas para perpetrar el crimen por el vil espíritu de lucro. son responsables ante Dios, ante la sociedad y ante la Eugenesia’”.

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Sólo en círculos y medios de difusión de carácter científico, dominados exclusivamente por hombres, era legítimo tratar el tema del aborto que, junto con el de la sexualidad, se consideraba vedado a las mujeres.

Tanto en la prensa diaria como en las revistas dirigidas al público femenino se evitaba incluso nombrarlo directamente, acudiendo a la ocultación del problema social y cultivando la ignorancia de las mujeres.

Los propios discursos del poder reconocen, aunque con escasa frecuencia, que el aborto era una práctica corriente y cotidiana, incluso bajo la prohibición de la ley: (…) la que castiga el aborto provocado, magnífica en su fin, pero nos tememos que algo estéril en el procedimiento, y la propaganda anticoncepcionista que no puede ser más que una iniciación de medidas más drásticas para combatir el cáncer terrible, que se extiende como un peligro no inferior al de la guerra pasada, para el futuro de la población española”. “(…)las prácticas malthusianas y anticoncepcionistas y los atentados a la prole son gravísimos delitos y crímenes; crímenes abominables, siendo los últimos, homicidios más repugnantes y viles por cometerse a mansalva”. La primera cita es del demógrafo RUIZ ALMANSA, Javier: “Crónica demográfica”. Revista Internacional de Sociología. Vol. 1 (n*1), enero-marzo 1943, pp. 247-255. La segunda pertenece al Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 16-5-1940, p.87.

Un estudio realizado en 1943 por el Maternólogo de la Sanidad Nacional Ángel Clavero Núñez establece, a partir de grupos reducidos de pacientes, una proporción de casi tres partos por un aborto. El autor cita los trabajos de otros especialistas, como Fernández Ruiz, quien en su monografía El aborto criminal, “(…) calcula en 125.000 las vidas que cuesta cada año a la Nación las prácticas abortivas, pero es posible que se quede corto, si abundan ejemplares como los que he tenido ocasión de conocer.”

Así mismo, Fernández Ruiz, estableciendo la proporción que alcanza el aborto provocado dentro de la suma total de interrupciones del embarazo, “(…) asegura que el aborto espontáneo, desde luego no pasa del 10 al 20 por 100. Repetimos que la afirmación es muy verosímil por lo que respecta a los abortos que requieren asistencia. Pero si se tiene en cuenta que existe un gran número de abortos que evolucionan sin incidentes y sin que nadie, a excepción de la propia mujer, tenga noticias de ellos, la proporción tiene que resultar, forzosamente, mucho más baja”’*.

Las sentencias criminales de la Audiencia Provincial de Zaragoza, fuente primaria de carácter judicial, constituyen la base documental de este estudio’*. La insuficiencia de dicha fuente para el estudio del aborto reside en que sólo aparecen contempladas aquellas prácticas abortivas que fueron denunciadas, normalmente porque generaron complicaciones de salud, y finalmente provocaron el ingreso en un hospital, facilitando de este modo la denuncia.

Por lo tanto, todos aquellos abortos provocados que se practicaron sin que surgieran problemas sanitarios, quedan ocultos sin que pueda extraerse un cálculo fiable sobre la cifra absoluta de abortos intencionados y su relación con el índice de fecundidad. Pero, más allá del análisis cuantitativo, las sentencias criminales resultan interesantes para analizar diferentes aspectos cualitativos que rodeaban la práctica del aborto, así como para establecer ciertas propuestas interpretativas sobre el significado de la misma dentro de un régimen autoritario. Además de la edad, procedencia geográfica, domicilio actual, ocupación (en el que es habitual encontrar la expresión “sus labores”), y antecedentes penales, nos ofrece un relato bastante exhaustivo de las diversas circunstancias que acompañaban a cada causa.

La información que proporciona esta fuente permite afirmar la continuidad de las prácticas abortivas, a pesar del marco jurídico represivo descrito anteriormente, y de la férrea moralidad pública que impregnaba la vida social e la época. La precaria situación económica de posguerra, agravada en aquellas mujeres procedentes de ámbitos sociales desfavorecidos, y especialmente afectadas por las consecuencias de la contienda bélica (muerte de los miembros varones de la familia, bien en el conflicto, bien como resultado de la represión política), era uno de los factores que dificultaban el acceso a estas prácticas, cuando eran ejercidas por una comadrona u otras personas que exigían por ello una remuneración. Las sentencias consultadas nos hablan de las cantidades que recibían las comadronas por sus servicios, que oscilaban entre 40 y 525 pesetas.

Habida cuenta de que, según datos oficiales, el salario medio nacional percibido diariamente por una costurera en 1942 era de 6, 74 pesetas, y el de una mujer dedicada a tareas agrícolas de 7, 09 pesetas, reunir la suma de dinero exigida añadía un nuevo obstáculo a la ya difícil decisión de abortar. Así mismo, a las repercusiones económicas señaladas anteriormente, que tuvo para muchas mujeres la pérdida de sus maridos y novios en el frente, en el exilio, o como producto de la represión, es necesario añadir la miseria moral y personal que dicha pérdida acarreó.

Por otra parte, prevalecían socialmente esquemas tradicionales heredados de la moralidad católica, que censuraban duramente la práctica de la maternidad fuera de la unión matrimonial, y que se vieron reforzados por una exaltación de la función de la mujer como madre y esposa, dentro del seno de núcleo familiar. Seguramente eran actitudes sociales derivadas de estas concepciones, como el rechazo y la marginación social, las que influían en la decisión de abortar de la mayoría de las mujeres solteras y viudas de las sentencias consultadas. De los 44 abortos denunciados entre 1940 y 1950 en la provincia de Zaragoza, 29 correspondían a mujeres solteras y viudas. Al referirse a los motivos que podían conducir a estas mujeres a tomar la decisión de ocultar su embarazo, los textos de las sentencias judiciales, a pesar de transmitir una información tendenciosa, emplean recurrentemente expresiones como “pretendiendo de este modo eludir el descrédito que para mujer soltera suponía el concebir y parir” o “por lo visto se hallaba en gestación y pretendía ocultar su deshonra”.

Muchas veces el aborto aparece relacionado con la miseria y la prostitución. Si atendemos a las sentencias impuestas sobre mujeres inculpadas por delitos de corrupción de menores, teniendo presente que el régimen no prohibió la práctica de la prostitución hasta 1956, el número de “casas de lenocidio” resulta considerablemente elevado en la Zaragoza de los años estudiados. No es extraño que entre estas jóvenes menores que se dedicaban a la prostitución los embarazos fueran moneda corriente, pues la venta y difusión de métodos anticonceptivos estaba también prohibida y castigada; además, resulta poco probable que su uso entre la población estuviera generalizado, siendo más normal la práctica del “coitus interruptus” como mecanismo de anticoncepción.

Las duras circunstancias materiales de la posguerra, así como la escasa difusión de medios anticonceptivos, tuvo que influir en la adopción del aborto como mecanismo de control del número de miembros de la unidad familiar. Otro rasgo que se desprende de la documentación consultada es la existencia de redes de solidaridad y de transmisión oral de conocimientos entre mujeres que se informan y apoyan entre sí.

Los medios utilizados para abortar eran de tipo casero: agujas de punto, tallos de perejil, irrigaciones de agua jabonada, golpes o caídas, baños de mostaza, purgantes de sal de higuera, bolsas de alcanfor en la matriz, y sondas. Es tos procedimientos provocaban frecuentemente graves hemorragias e incluso a veces la muerte.

Podemos seguir profundizando en ese modelo de feminidad impuesto por la dictadura y el nacional-catolicismo Para ello, me basaré en el artículo ROMÁN RUIZ, Gloria (2020) «Custodios de la moral». Control socio-moral y sanción popular en el mundo rural altoandaluz tras la posguerra. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 21, pp. 131-154,

La sanción popular en los núcleos rurales fue llevada al extremo en el caso de la comisión de transgresiones morales férreamente censuradas como la pérdida de la virginidad y el sostenimiento de relaciones antes del matrimonio, o el embarazo extraconyugal. La intensidad del señalamiento público y del estigma que recaía sobre las mujeres que incurrían en estos comportamientos pecaminosos era tal que acababa teniendo consecuencias verdaderamente dramáticas sobre sus vidas.

La condena social del entorno tras haber quebrantado el patrón modélico llegó a suponer para algunas mujeres su caída en la prostitución o su condena a la soltería, muy mal considerada en la «Nueva España», donde las mujeres que no cumplían con su misión de contraer matrimonio y procrear eran percibidas como un obstáculo para el engrandecimiento demográfico de la patria. Otras, incapaces de soportar las burlas, las miradas indiscretas y los comentarios jocosos, no encontraron otra solución que abandonar el pueblo.

E incluso hubo mujeres que, tras su desvío respecto a la moral hegemónica, no hallaron más salida que adoptar soluciones tan extremas como el suicidio. Tal parece haber sido el caso de una joven del pueblo granadino de Loja que no pudo soportar el rumor «públicamente propalado» por sus vecinas que le atribuía una vida deshonesta y que había llegado incluso a oídos de su prometido, y resolvió quitarse la vida.

La pérdida de la virginidad en una fase prematrimonial estuvo entre los comportamientos más férreamente censurados tanto por la moral del nacionalcatolicismo como por la moral popular, si bien esta transgresión era percibida de forma muy distinta en función del sexo del contraventor.

La transgresión moral resultaba de mayor entidad en caso de que, además de atentar contra el discurso del nacionalcatolicismo, contraviniera la legislación franquista. Las conductas inmorales tipificadas como delitos en el Código Penal de 1944, que sería parcialmente revisado en 1963, acarreaban al desviado una condena penal que venía a sumarse a la sanción social. Una vez más, las autoridades locales contaron con la colaboración de los vecinos y familiares a la hora de vigilar las inmoralidades constitutivas de delito.

En cuanto a la prostitución, practicada por multitud de mujeres movidas por la necesidad y la pobreza, el discurso franquista al respecto era ambivalente al considerarla un mal menor y al tiempo estigmatizar a las mujeres que la ejercían. Durante la posguerra la prostitución fue reglamentada y relativamente tolerada, si bien en 1941 se creó el Patronato de Protección a la Mujer para controlar y rehabilitar a las meretrices. En 1956 el régimen penalizó esta práctica, pero no logró acabar con las numerosas «casas de tapao» que pasaron a funcionar en la clandestinidad.

El aborto voluntario fue otro de los actos delictivos estimados más inmorales en la España franquista, donde la sexualidad estaba indisolublemente unida a la reproducción. El artículo de Gloria Ramón añade nuevos detalles sobre el aborto a los expuestos anteriormente.  La mentalidad popular asociaba esta práctica con mujeres de mala reputación, de las que se decían cosas como «que es una prostituta, que se encuentra desflorada y que ha tenido un aborto». 

El aborto estaba tipificado como delito en el Código Penal (artículos 413 y 414) con penas que iban hasta el arresto mayor y su práctica clandestina entrañaba un alto riesgo para la salud. A pesar de ello, muchas mujeres con pocos recursos económicos que no podían permitirse la crianza de otro hijo o que, estando solteras, buscaban preservar intacta su honra optaron por abortar. Fue probablemente en una de estas situaciones en la que se vio una joven de El Ejido (Almería) embarazada de cuatro meses que, en julio de 1951, no halló más salida que acudir a que le practicasen un aborto.

Para ello requirió la ayuda de una anciana que envolvió el feto en papel de periódico antes de tirarlo. La trascendencia pública de este acto acarreaba a la mujer una fuerte sanción social que venía a sumarse a la de tipo legal y que la condenaba a la estigmatización y al repudio. En esta coyuntura extrema se vio una mujer casada de Viñuela (Málaga) que, incapaz de lidiar con las consecuencias sociales que se derivaron tras descubrirse que había abortado intencionadamente de dos mellizos y había enterrado los fetos en el corral, acabó con su vida.

También el uso de anticonceptivos fue proscrito por la dictadura por razones similares a las que fue penalizado el aborto. Esto es, bajo la consideración de que cualquier obstáculo a la misión principal de la mujer en la «Nueva España», unirse en matrimonio con un varón y procrear, había de ser condenado.

El discurso de la Iglesia del nacionalcatolicismo rechazaba la utilización de cualquier método anticonceptivo, por lo que no fue hasta 1964 cuando se introdujo en España la píldora anticonceptiva, aunque su uso solo quedó autorizado con receta médica y para tratamientos de regulación del ciclo menstrual. Sin embargo, como ocurriera con tantas otras prácticas, la moral popular discurría por sendas distintas a las de la moral oficial.

Así, la anticoncepción se venía practicando clandestinamente mucho antes de aquella fecha, sobre todo en ámbitos como el de la prostitución como forma de combatir la transmisión de enfermedades venéreas, que comenzaban a causar estragos. Encontramos una evidencia de ello en Estepona (Málaga), donde en 1955 los guardias municipales hallaron dos preservativos en el portal de una vecina de 19 años, casada y embarazada, que se venía dedicando a la prostitución clandestina «por necesidad»

Entre las conductas moralmente censuradas en la España franquista estuvo también el adulterio que, tras un periodo de despenalización durante la Segunda República, fue recuperado como delito en 1942. Ahora bien, la infidelidad dentro del matrimonio merecía una consideración muy distinta si provenía de la esposa o si venía del marido, cuando solo era considerada delito en caso de que el hombre mantuviese a su manceba en el domicilio conyugal o de que su relación con ella fuera pública y notoria (artículo 452 del Código Penal).

Por el contrario, cometían adulterio «la mujer casada que yace con varón que no sea su marido» y su amante, siempre y cuando tuviera conocimiento de que la mujer estaba casada (artículo 449). La acusación había de partir del marido agraviado, que podía perdonar penalmente a su esposa cuando lo estimase oportuno. El Código Penal de 1944 contemplaba incluso el derecho masculino al «parricidio de honor» en su artículo 428, si bien fue suprimido tras la reforma de 1963.

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