“La Fundación Francisco Franco ha saqueado los archivos públicos y tiene miles de documentos que pertenecen al Estado. Es hora de recuperarlos”.
Juan Carlos de Borbón y Franco: Se da la coincidencia de que la nueva ley ha sido aprobada el mismo día, 22 de julio, en el que Franco designó en 1969 a Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey ____________________
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha reclamado este martes al Gobierno que la nueva ley de secretos oficiales (Ley de Información Clasificada), que será aprobada en el Consejo de Ministros y enviada al Congreso, no imponga restricciones al acceso a documentación relativa a la dictadura franquista.
La ARMH, según ha expresado en un comunicado, esperan que el nuevo texto legal “no limite el acceso a temas como el papel de la Iglesia Católica en la dictadura”, así como a “la documentación relativa a los días en que Juan Carlos de Borbón fue jefe del Estado de la dictadura, por baja por enfermedad de Franco”, y por lo tanto ocupó el puesto de dictador; o importantes materias militares que han permanecido ocultas durante décadas, como los archivos secretos del Ministerio de Defensa relativos a las relaciones entre España y la Alemania nazi sus vuelos aéreos y sus intercambios de material entre 1936 y 1945.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva muchos años tratando de localizar toda la documentación relativa al estudio de todos los enterramientos del Estado, relacionados con la guerra y la represión, que se elaboró previamente a la decisión de exhumar fosas comunes en diversas provincias españolas para trasladar esos restos al Valle de los Caídos. Para Emilio Silva, presidente de la ARMH”: “Esa información, elaborada en la década de los años cincuenta, es el mejor mapa de fosas comunes al que puede acceder hoy la sociedad, cuando se plantea una desclasificación de documentos tan tardía, cuando apenas quedan testigos vivos que puedan señalar los lugares en los que los pistoleros falangistas enterraron los cadáveres de sus víctimas”.
Presas de Saturrarán obligadas a asistir a actos religiosos, junto a les monjes encargadas de su “reeducación”. Mayu de 1940 __________________________
La caída de Asturias en manos de las tropas franquistas hizo que las secciones de mujeres de las prisiones asturianas, así como los edificios habilitados para ello, habían quedado completamente saturados. Lo mismo ocurría en otras zonas bajo dominio franquista, por lo que se decidió establecer una prisión de mujeres en Saturrarán, en el concejo Mutriku, en Guipuzkoa.
La prisión de Saturrarán funcionó desde 1938 a 1944, recibiendo presas de todas las zonas franquistas, entre quienes se encontraban las reclusas procedentes de Asturias.
En el informe titulado “Situación penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturriarán durante la guerra civil española y la primera posguerra”[1], promovido por Hemakunde, Instituto Vasco de la Mujer, y escrito por Eva Jiménez Martín, Ander León Nanclares, Izaskun Orbegozo Oronoz, Laura Pego Otero, Ana Isabel Pérez Machío y Laura Vozmediano Sanz, recogen que la prisión ha llegado a tener unas 1600 presas en 1940.
El 9 de junio la Conferencia Española de Religiosos pidió perdón a las mujeres que fueron encerradas en ‘correccionales’ durante el franquismo. Ella reclama verdad y reparación
El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución dependiente del Ministerio de Justicia que durante el franquismo controló los centros de internamiento para la «regeneración» de miles de mujeres jóvenes «caídas» o «en riesgo de caer». Bastaba con que una celadora, un familiar o un vecino las denunciara. Funcionaron entre 1941 y 1985 y las víctimas quedaron sepultadas bajo una montaña de silencio. Una de ellas fue Mariona Roca (Barcelona, 1952), cuyo infortunio narra ‘Els buits’, un corto documental nominado al Goya y premiado en Málaga y Andorra.
¿Cómo era usted en 1969?
Era la mayor de nueve hermanos de una familia muy católica y marcada por la guerra. Tenía 17 años. Daba clases en una escuela de monjas y estudiaba bachillerato nocturno, donde había gente del mundo laboral. Acababa de pasar el Mayo francés y participaba en acciones del Sindicato de Estudiantes, nada más allá de manifestarme, tirar octavillas y correr delante de los grises.
Muchas sobrevivientes creen que la solicitud de perdón de la organización por los abusos en los centros del Patronato de Protección de la Mujer no es suficiente.
Protesta durante el acto de la Confer para pedir perdón a las víctimas / Luca Gaetano Pira-The Guardian ______________________
Cuando los miembros de la organización católica concluyeron su discurso con una petición de perdón, el auditorio de Madrid estalló en ira. Durante décadas, muchos de los presentes habían lidiado con las cicatrices de su paso por instituciones católicas; ahora, de pie, coreaban: «Verdad, justicia y reparación» y, dejando patente su rechazo a cualquier disculpa, «Ni olvido, ni perdón».
Fue una respuesta sin precedentes a un momento sin precedentes en España, una señal de las profundas fisuras que persisten en una de las instituciones más antiguas y menos conocidas de la dictadura de Francisco Franco : los centros dirigidos por católicos que encarcelaron a miles de mujeres y niñas de hasta ocho años, sometiéndolas a castigos bárbaros, trabajos forzados y adoctrinamiento religioso.
Los centros funcionaban bajo la dirección del Patronato de Protección de la Mujer, una institución estatal revitalizada en 1941 y dirigida por Carmen Polo, esposa de Franco. Su objetivo era rehabilitar a las «mujeres caídas», de entre 15 y 25 años, así como a otras consideradas en riesgo de desviarse del estrecho camino trazado para las mujeres durante la dictadura.
Paca Blanco, Isabel Soler y Consuelo G. del Cid, tres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer / Vídeo: L. Almodóvar/M. Page/C. Muni ________________________
Fuente: Carol Mundi, Luis Almodóvar, María Page Arias, El País, 14 de junio de 2025
Tres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, Paca Blanco, Isabel Soler y Consuelo G. del Cid, explican en el vídeo qué ha supuesto para ellas recibir unas disculpas públicas por parte de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y reclaman al Estado justicia para reparar su memoria.
Franco el 6 de noviembre de 1941 firmó un real decreto para volver a crear el Patronato de Protección de la Mujer en el que miles de mujeres fueron recluidas en reformatorios gestionados por congregaciones religiosas para «dignificar» su moral, que se mantuvieron hasta 1985, diez años después de la Transición.
Isabel Soler, Paca Blanco y Consuelo García del Cid se autodenominan supervivientes porque sienten que vivieron un infierno del que consiguieron salir antes de que cerrara sus puertas. 40 años después de su cierre, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha pedido perdón a las mujeres por «su sufrimiento». Hoy son ellas quienes cuentan cómo se sintieron al escucharlo.
Las supervivientes que han asistido al acto reprochan que las congregaciones hayan hecho más hincapié en el contexto histórico que en su verdadero papel en la represión, y han acabado coreando : «Verdad, justicia y reparación»
Acto de petición pública de perdón organizado por la CONFER para las mujeres supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, en la Fundación Pablo VI, en Madrid, el 9 de junio de 2025 / CONFER ___________________
Varias fuentes*, 10 de junio de 2025
Ayer la Confederación que reúne a las agrupaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato de Protección de la Mujer, -organismo creado en 1941 adscrito al Ministerio de Justicia, con el que el régimen franquista oficializó su represión hacia las mujeres para reeducarlas en la moral católica-, pidió disculpas públicamente, pero el gesto no ha servido a las víctimas de la institución, que han coreado “verdad, justicia y reparación” con carteles que rezaban “No” al final del acto.
Las congregaciones religiosas estuvieron al frente de los centros del patronato, donde miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron internadas, entre 1941 y 1985, enviadas por sus padres y hermanos normalmente, o conducidas allí por la Policía, por el simple hecho de mostrar un comportamiento poco recatado. Otras, violadas incluso por sus propios padres, embarazadas, fueron recluidas en aquellos centros como si fueran auténticas delincuentes.
Supervivientes e investigadoras reclaman al Gobierno justicia y una reparación que exponga los abusos en un organismo, el patronato de las mujeres, del Ministerio de Justicia, que funcionó entre 1941 y 1985.
Centro del Patronatoen Sevilla regido por las Terciarias Capuchinas / Junta de Andalucía _______________________
Me meten allí porque soy roja», afirma con toda contundencia en conversación telefónica Paca Blanco, la Brava. Ella es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, un organismo de sarcástico nombre —cuya presidenta fue Carmen Polo, la Collares, esposa del dictador— adscrito al Ministerio de Justicia y gestionado por órdenes religiosas, de monjas, que desde el año 1941 hasta el 1985, cuando fue disuelto, se dedicó a oprimir a las mujeres y a imponerles los valores del nacionalcatolicismo en un país arrasado. «Podía haber sido abogada, periodista, presidenta del Gobierno… No soy creyente, y la vida que he tenido, me la jodieron por intentar hacer de mí lo que no era. Soy idealista», añade la Brava.
Los métodos empleados en muchos casos por las monjas, bajo la guía y a las órdenes del Estado franquista -e incluso, a partir de 1978, del Estado Constitucional-, implicaban vejaciones que hoy se llamarían sin duda violaciones de los derechos humanos, según han expuesto las supervivientes y han confirmado diferentes investigadoras y académicas en varios volúmenes.
Ni el hospital, ni la fecha ni los apellidos que figuran en su partida de nacimiento son reales. Paqui lleva más de treinta años buscando la verdad, como miles de personas arrancadas de sus madres durante el franquismo y la Transición
Francisca «Paqui» Bria Clérigues en su infancia ____________________
Lucía Parro Pantoja, Diario Red, 5 de junio de 2025
Francisca Bria Clérigues, conocida como Paqui, nació –o eso consta en los documentos oficiales– el 9 de abril de 1961 en el Hospital Provincial de Valencia. O al menos eso dice su partida de nacimiento. Pero ni el hospital, ni la fecha, ni los apellidos que la identifican son seguros. “Yo supuestamente nací en ese hospital, supuestamente en esa fecha. Y digo supuestamente porque nada es cierto y todo puede ser verdad”.
Su caso, lejos de ser aislado, forma parte de una red oculta durante décadas. Durante el franquismo y los primeros años de la democracia, miles de niños y niñas fueron separados de sus madres al nacer y entregados a otras familias. A veces por razones ideológicas –como castigo a mujeres republicanas o consideradas «de mala vida»–, y otras como parte de un negocio estructurado: una red de adopciones ilegales y tráfico de menores.
“Durante años, en España, conseguir un bebé de manera ‘ilegal’ dentro de la normalidad era algo conocido por los trabajadores de muchos hospitales implicados, donde las monjas ejercían de personal sanitario”, explica Paqui.
Estaba sola y no sabía cómo ni por dónde empezar. No podía entender cómo no había ni rastro del Patronato, una Gestapo a la española, que condenó a adolescentes y menores por ser hembra. Mujeres, todavía niñas, que no habían cometido ningún delito, fueron encerradas en reformatorios franquistas hasta 1985. Yo fui una de ellas.
«Velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad», era el lema de una institución dependiente del Ministerio de Justicia que se llamó Patronato de Protección a la Mujer. Sus orígenes datan de 1902, desapareció durante la Segunda República, para regresar en 1941, presidido por la esposa del dictador Carmen Polo. Tutelaban niñas de 16 a 25 años, a pesar de ser mayores de edad a los 21. Cualquier chica que saliera de la norma franquista podía terminar en el reformatorio: ser pobre, huérfana, estar desamparada, saltarse las clases, bailar cogido, pensar por una misma, rebelarse para el Patronato para más, o manifestarse tutelada.
La Conferencia Española de Religiosos (Confer) va a pedir perdón. Va a pedir perdón a las mujeres que pasaron por los centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer que regentaban algunas de las órdenes religiosas que, hoy, forman parte de la Conferencia. Puede parecer un poco lío, pero es fácil: la dictadura franquista delegó en algunas órdenes religiosas la responsabilidad de reeducar a niñas y adolescentes rebeldes. ¿Dicho de otra manera? Delegó en las órdenes religiosas la responsabilidad de imponer el nacionalcatolicismo entre las muchachas.
Esto de que el Estado delegue en la Iglesia es, además, muy actual. La Constitución española reconoce la cooperación del Estado con la Iglesia Católica y, todavía hoy, muchas órdenes religiosas gestionan recursos y servicios como albergues, comedores sociales, centros de atención a personas migradas o recursos para víctimas de violencia machista. Llegan, sin duda, a personas y lugares a los que no llega el Estado. ¿Esto qué significa? Que es urgente que se fortalezcan los servicios sociales públicos.