La hija de María Bueno fue declarada como “muerta al nacer” a principios de los ochenta. Ahora, tras una lucha de 15 años, su madre ha recibido del Registro Civil un certificado oficial que reconoce la existencia civil de su hija
Plataforma de víctimas de los casos de bebés robados (EP) / En el recuadro María Bueno, (fragmento foto de la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo en diciembre de 2024 –Fuente) _______________________
El Registro Civil ha marcado un hito en la lucha de María Bueno, que lleva 15 años buscando a su hija, una ‘niña robada’ cuando nació en 1981 en el antiguo Hospital de La Línea, (Cádiz), al reconocer su existencia civil.
La hija de María Bueno, presidenta de la Asociación Alumbra y de la Plataforma Internacional ‘Te Estamos Buscando’, es uno de los 300.000 casos registrados por las asociaciones de “bebes robados” en España.
Tras una lucha de 15 años, ha recibido del Registro Civil un certificado oficial que reconoce la existencia civil de su hija María. Se trata, según la asociación, de la primera vez que el Registro Civil reconoce la identidad de una bebé robada.
Virgen del Rosario / Imagen original ________________________________
Europa Laica, 4 de marzo de 2025
Comunicado
Europa Laica ha manifestado su rechazo ante la resolución del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz que le ha obligado a pagar más de 6.000 euros de costas judiciales, algo absolutamente abusivo. Junto a la condena en costas en segunda instancia, el total asciende a 8 200 euros.
La asociación califica la cuantía decretada por el juez Antonio Rodríguez García, que además es el decano de Cádiz, de «desorbitada y sin precedentes», y considera que la resolución tiene una intención «claramente ejemplarizante para acallar cualquier intento de cuestionar los privilegios de la Iglesia en las instituciones públicas».
Mariano Reaño, letrado de la asociación, ha denunciado que la resolución judicial «ignora obscenamente el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que acordó, en mayo de 2018, limitar en primera instancia las costas a un máximo de 1 000 euros, además de que solo permite cobrarlas a la parte demandada, no a terceros que se suman voluntariamente al proceso» (Europa Laica había demandado únicamente al ayuntamiento).
La medalla de oro de Cádiz a la Virgen del Rosario[1], su Patrona, va a terminar cargada de ayudas a diversas entidades sociales de titularidad católica. El polémico proceso iniciado por la asociación Europa Laica contra la concesión de esta medalla por parte del Ayuntamiento (bajo el gobierno de José María González Kichi) ha culminado, al fin. Y lo ha hecho de la manera más lesiva para los intereses de la asociación, que fue condenada a pagar más de 8.000 euros en concepto de costas judiciales.
Conviene recordar que esta plataforma recurrió el acuerdo plenario alcanzado el 26 de mayo de 2017, por el que se concedía a la Patrona la medalla de oro que meses más tarde sería entregada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al prior de los dominicos en Cádiz, Pascual Saturio. El juzgado contencioso-administrativo de Cádiz resolvería meses más tardes esta disputa que llevó a los tribunales al propio Ayuntamiento así como a la comunidad dominica y la Archicofradía del Rosario, fallando a favor de la concesión de esta medalla.
La dirección de La Inmaculada impulsa un concurso para encontrar una nueva denominación sin connotaciones religiosas en un centro que se confunde con un concertado pero que es público y laico.
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, ambas administraciones gobernadas por el PP, se han dirigido al colegio para pedir explicaciones sobre este proceso, lo que no se ha hecho en anteriores cambios de nombre de otros centros públicos de la ciudad.
Fachada del colegio, que fue inaugurado en 1972 / CEIP La Inmaculada ___________________
Fuente: Pedro Espinosa, El Diario, 9 de enero de 2025
Suele ocurrir cuando se acerca el proceso de escolarización. Las familias se interesan por matricular a sus hijos y preguntan por el colegio La Inmaculada, un centro ubicado en Cortadura, un barrio a la entrada de Cádiz, prácticamente en las afueras. “Nos consultan creyendo que somos un colegio concertado”, explica el director, Daniel Borrego. Pero La Inmaculada, a pesar de las connotaciones religiosas de su nombre, es un centro público y laico.
Estas habituales confusiones son parte de las razones que han llevado a iniciar un concurso para, más de medio siglo después de su creación, buscarle una nueva denominación. Pero esta decisión ha causado una honda polémica, tan intensa que ha incluido amenazas, insultos y hasta una moción en el Parlamento andaluz para evitarlo.
Varios colectivos denuncian que la Iglesia incumple el régimen de visitas, no lo conserva adecuadamente y quiere convertirlo en un «negocio turístico» en vulneración del convenio de cesión.
Fachada de la Cartuja de Jerez / Multimedia de la Cartuja ___________________
La Cartuja de Jerez, el monumento más relevante del patrimonio histórico de Cádiz, según todos los expertos, es propiedad del Estado aunque fue cedido al Obispado de Asidonia-Jerez en un convenio firmado en 2003 con el Ministerio de Hacienda. Fundada en 1474 por Álvaro Oberto de Valeto y ocupada por los monjes cartujos en régimen de clausura durante cinco siglos, en 2004 fue traspasada a las Hermanas de Belén hasta que en marzo pasado abandonaron el cenobio.
Ahora la Diócesis prepara un nuevo plan de usos, que incluye la incorporación de una nueva orden religiosa para dar cumplimiento a las condiciones de cesión pactadas con la Dirección General de Patrimonio. El protocolo estipula el préstamo de la joya arquitectónica durante 75 años y circunscribe su gestión al uso «religioso» y «cultural», incluido su destino como «sede de congregaciones». El Obispado anunció hace apenas diez días el inminente ingreso de las Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo y planeó cambios sustanciales en el modelo de gestión, con la apertura al público de un monumento fundamental del catálogo andaluz de patrimonio histórico.
El Obispado dice que la vivienda está fuera del convenio urbanístico isleño y que quiso llegar a un acuerdo, pero desde el entorno del matrimonio se habla de «información tendenciosa»
Ildefonso Portillo y Carmen Guerreros, el matrimonio que puede ser desahuciado por el Obispado de Cádiz, en la puerta del convento de San Fernando / Fuente foto ________________
Ildefonso y Carmen han sido porteros del convento de las capuchinas desde 1975. Ella sin cobrar, él unos años y sólo el salario mínimo. A cambio, vivían en la casa adjunta. El 18 de abril se enfrentan a la Iglesia en un juzgado por una orden de desalojo que les persigue desde 2017.
En San Fernando, en la actual calle Constructora Naval, una antigua zona de huertas de la ciudad, se levanta este convento. Fue a finales del siglo XIX cuando el edificio se adaptó para acoger aquí a las capuchinas, monjas de clausura que ocuparon el inmueble y su enorme jardín. Las ayudaban vecinos de la ciudad, hasta que la portería se quedó vacía. Los padres de Ildefonso se enteraron y fueron a hablar con las monjas para asumir esa tarea, pero ellas los vieron demasiado mayores. Lo que necesitaban eran manos jóvenes. Y entonces les hablaron de su hijo y su nuera, de Ildefonso y de Carmen, él con poco más de 20 años, y ella recién cumplida la mayoría de edad.
UNI Laica pide acabar con la confesionalidad en la institución tras el acto celebrado este Martes Santo, asegurando que esta acción “no es más que la punta del iceberg del confesionalismo de la UCA”
Imagen del acto de entrega del bastón de mando de la UCA al Caído / Foto -y noticia del acto de entrega- Universidad de Cádiz
La Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica (UNI Laica) ha criticado la actuación “extremadamente confesional” del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, en el tradicional acto de entrega del bastón de mando de la UCA a la hermandad del Caído este Martes Santo. La entidad considera que, como representante de una institución pública, Mantell «debe ser estrictamente aconfesional y respetar la diversidad de convicciones y creencias de la comunidad universitaria y de toda la ciudadanía».
UNI Laica ha mostrado en un comunicado recogido por Europa Press su apoyo “a los miembros de la UCA que se sienten indignados y dicen sentir vergüenza ajena por la actuación del rector. Éste es muy libre de actuar como creyente católico a título personal, pero no como máxima autoridad universitaria”. La asociación aclara que esta reivindicación es “laicista” y no “antirreligiosa”, ya que «es compartida por personas con diferentes convicciones, incluyendo cristianos que forman parte del movimiento laicista».
El juicio por la demanda de desalojo solicitada por la diócesis se dirimirá un año después del anuncio de la compraventa del monasterio de las Capuchinas en San Fernando para construir viviendas y una residencia de mayores.
Carmen Guerrero e Ildefonso Portillo, delante de su vivienda desde hace 49 años, como porteros del convento de las Capuchinas de San Fernando / Cedida a Público ____________
Un matrimonio mayor, de 68 y 72 años, se enfrenta este jueves a un juicio en el que el Obispado de Cádiz y Ceuta pide que sea desahuciado de la vivienda que ocupa desde hace 49 años en el convento de las Capuchinas de San Fernando, un alojamiento del que disfrutaban a cambio de su trabajo como encargados de la portería, limpieza y mantenimiento del edificio. «Es muy triste que te echen así y más si la que lo hace es la Iglesia», han dicho a Público los demandados.
La vista oral del juicio por desahucio se celebrará, además, tras el acuerdo que hace un año anunciaron el obispado, como dueño del convento que las monjas abandonaron en 2017, una promotora inmobiliaria y el Ayuntamiento de San Fernando para construir, en los más de 7.000 metros cuadrados que ocupa el monasterio en el centro de esa localidad gaditana, viviendas de renta libre y de protección, una residencia para personas mayores y zonas verdes, y ceder la capilla al Consejo Local de Hermandades y Cofradías para convertirla en su sede administrativa.
La asociación ha recurrido, sin éxito, los 8.228 euros que tiene que abonar a los abogados del Ayuntamiento y de los dominicos al perder la causa contra la Medalla de Oro de la ciudad concedida a la Virgen del Rosario
Miembros de Europa Laica, – en primer término su entonces presidente Antonio Gómez Movellán, durante el juicio por la medalla de oro a la Patrona de Cádiz celebrado en 2018. / Jesús Marín _____________________
Pablo Manuel Durio, Diario de Cádiz, (vía Observatorio del laicismo), 24 de febrero de 2024
8.228 euros es la cantidad económica a la que esta entidad tiene que abonar a las defensas del proceso contra la Patrona de la ciudad. Por un lado, al Ayuntamiento de Cádiz, que le reclama 1.911,80 euros (1.180 euros más 247,80 de IVA en primera instancia y otros 400 euros más 84 de IVA por la apelación); y por otro, la comunidad dominica de Cádiz personificada en el fraile Pascual Saturio defendido en los tribunales por Martín José García, que pide a Europa Laica 6.316,20 euros (4.820 más 1.012,20 de IVA en primera instancia y otros 400 euros más 84 de IVA en apelación).
La denuncia se centra en un evento reciente en el que el alcalde, en una misa celebrada el 24 de enero, renovó el voto de la ciudad a la imagen de una virgen católica.
De espaldas, el alcalde en la misaen la que se renovó el Voto de la Ciudad a la Santísima Virgen de la Paz, Patrona y Alcaldesa Perpetua desde 1802 y 1956, respectivamente. ___________________
El pasado día 24, el alcalde de Medina Sidonia, -a pesar de las voces en contra que criticaban la participación de los representantes de las instituciones públicas en eventos religiosos-, participó por primera vez en el acto religioso en el que se renueva el Voto de la Ciudad a la Santísima Virgen de la Paz, considerada Patrona y Alcaldesa Perpetua desde 1802 y 1956, respectivamente. Además de la renovación del voto, la festividad incluyó la presentación de los niños nacidos en el último año a la Virgen.
El alcalde, José Manuel Alvarado, acompañado por la Corporación municipal, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Patrona y representantes de diversas cofradías y asociaciones vecinales, fue también quien se encargó de la lectura del texto en el que el Excmo. Ayuntamiento renueva su voto a la Virgen de la Paz.