El Obispado dice que la vivienda está fuera del convenio urbanístico isleño y que quiso llegar a un acuerdo, pero desde el entorno del matrimonio se habla de «información tendenciosa»
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Fuentes: El Diario / La Voz del Sur, 6 de abril de 2024
Ildefonso y Carmen han sido porteros del convento de las capuchinas desde 1975. Ella sin cobrar, él unos años y sólo el salario mínimo. A cambio, vivían en la casa adjunta. El 18 de abril se enfrentan a la Iglesia en un juzgado por una orden de desalojo que les persigue desde 2017.
En San Fernando, en la actual calle Constructora Naval, una antigua zona de huertas de la ciudad, se levanta este convento. Fue a finales del siglo XIX cuando el edificio se adaptó para acoger aquí a las capuchinas, monjas de clausura que ocuparon el inmueble y su enorme jardín. Las ayudaban vecinos de la ciudad, hasta que la portería se quedó vacía. Los padres de Ildefonso se enteraron y fueron a hablar con las monjas para asumir esa tarea, pero ellas los vieron demasiado mayores. Lo que necesitaban eran manos jóvenes. Y entonces les hablaron de su hijo y su nuera, de Ildefonso y de Carmen, él con poco más de 20 años, y ella recién cumplida la mayoría de edad.
Era 1975 cuando los dos entraron a trabajar como porteros del convento. “Estábamos para todo”, recuerda ella. Carmen abría las puertas, atendía el torno, apuntaba lo que tenía que comprar, iba al mercado, limpiaba todo el edificio, resolvía el papeleo, iba al banco… “Era día y noche”, añade su marido. Ildefonso mantenía el inmueble. Era fontanero, electricista, albañil. No había vacaciones, no había descanso. “No hemos visto ninguna procesión en todo el tiempo que llevamos aquí”, repasa ella para ejemplificar su compromiso. Por eso, aunque al principio no recibían ningún salario, les cedieron la casa del primer piso junto al convento y les pagaban los suministros básicos. Allí vivían para estar pendientes de todo lo que se necesitara al otro lado de la pared.
En 2017, el actual obispo, Rafael Zornoza, decretó el final de la actividad del convento de San Fernando y ordenó el traslado de sus monjas, cuatro entonces, a El Puerto de Santa María. Nueve años antes de la ejecución de aquella decisión la abadesa del convento se había comprometido por escrito con el matrimonio a que podrían quedarse en esa casa. Un papel al que se agarran para considerar que el Obispado debería hacerse cargo de su situación al cerrar el convento, porque ese documento asumía las obligaciones adquiridas por las monjas con terceros.
El 4 de abril de 2017, y tras varios intentos de una solución extrajudicial, el obispo de Cádiz ordenó el desahucio del matrimonio. Se inició una batalla judicial. Por la vía laboral se intentó que el Obispado reconociera la relación de trabajo que había existido con Carmen, pero perdieron. “Debieron denunciar a las personas para las que trabajaban, pero ellos nunca quisieron hacer nada contra las monjas”, explica la graduada social Auxiliadora Moreno. Ahora la siguiente cita en los juzgados es por el desahucio.
Finalmente este próximo 18 de abril tendrá lugar el juicio por el desahucio del matrimonio al que el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, quiere echar de la casa que tienen en el convento de las Capuchinas de San Fernando desde hace medio siglo. Del 14 de marzo pasó a esa fecha y ahora el Obispado ha querido hacer unas matizaciones al respecto.
Desde el Obispado se dice que sí hubo «un intento de negociación con el matrimonio tras el cierre del convento, al que se le ofreció la posibilidad de un arrendamiento en condiciones ventajosas, una oferta que ellos declinaron, razón por la que se inició el proceso de desahucio, que ahora llega a su juicio», según publica Diario de Cádiz.
También exponen desde el Obispado que el cierre del convento se produce en 2017 «ante la falta de vocaciones y la avanzada edad de las cuatro religiosas que lo habitaban y que esa decisión no depende del obispo de la Diócesis sino de la Santa Sede».
Además, para acabar con los rumores de que la intención del Obispado es especular con el edificio, asegura que la vivienda está fuera del convenio urbanístico para el desarrollo de la zona.
La Asociación Kintsugi, que defiende los intereses del matrimonio que puede ser desahuciado ha respondido a las puntualizaciones del Obispado. «¿Por qué mienten? ¿Qué intentan esconder? Son preguntas que surgen de la información tendenciosa. ¿Tan buena era la oferta presentada a los inquilinos de “un arrendamiento en condiciones ventajosas”? A día de hoy, nos tememos, que ya llevarían varios años fuera de la vivienda».
«Todo huele a un pelotazo urbanístico en toda regla. O quizás el “pelotazo sea en otro lugar de La Isla. Sobre el cierre del convento habría mucho que contar. Decir que el cierre se acomete ante la falta de vocaciones es faltar a la verdad, cuando de todos es sabido el deseo económico que les movía. Habría que recordar lo vivido por las monjas en aquellos años y cómo fueron tratadas.», sentencian.
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Y es que la venta del convento de San Fernando por parte del Obispado dará paso a una residencia de mayores y a viviendas en el centro de San Fernando, mientras que la antigua capilla de la calle Constructora Naval se cederá al Ayuntamiento de San Fernando, que quiere que sea la futura sede del Consejo de Hermandades y Cofradías.
La operación urbanística ya se ha puesto en marcha. El Obispado de Cádiz y Ceuta ha cerrado ya un acuerdo con Promociones Hermanos Lahule SL para vender de los suelos de las Capuchinas -la cuantía no ha trascendido- y propiciar este desarrollo en pleno centro de San Fernando, según señalaba el Diario de Cádiz. Acuerdo avalado por el consistorio de San Fernando.
