Fachada norte de Santa María del Naranco, (Aula Regia de Ramiro I). Prerrománico asturiano siglo IX, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1985. [Citada en la Jornada y en el Manifiesto por estar sin inmatricular] / Fuente foto _____________________
9 de abril de 2024
El Manifiesto(1)fue presentado en la Jornada ‘Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado’ celebrada en el Congreso el lunes 8 de abril(2)
En él, tras un breve análisis de la situación a la que actualmente se ha llegado, se recogen las propuestas de la Coordinadora para la reversión y catalogación de bienes inmatriculados por la Iglesia, así como para la modificación legislativa del modelo de gestión del patrimonio cultural.
Manifiesto de Recuperando
A los parlamentarios y parlamentarias. A los Ministerios de Justicia y Cultura:
La jerarquía católica se ha venido apropiando desde 1946 de decenas de miles de fincas y edificios, muchos de ellos de incalculable valor histórico y cultural, en virtud de un privilegio eclesiástico arbitrario e inconstitucional.
Una mujer que vendría a representar a la Virgen María. Un hombre caracterizado como San José. En el centro de la imagen, una mierda con ojos, boca, brazos y una aureola. “¡Ha nacido el hijo de Dios! ¡Igualito al Padre!”, se lee en la imagen. Así fue la portada, publicada en diciembre de 2022, que a la revista satírica Mongoliale costó cuatro querellas de organizaciones ultracatólicas, tres archivadas en firme y una pendiente.
Ahora, sin embargo, Mongolia pretende invertir los roles y llevar a los tribunales a una de esas organizaciones, en este caso Abogados Cristianos. El objetivo es parar el “acoso judicial” al que este grupo somete a proyectos y personas críticas con la religión católica.
Pere Rusiñol, periodista y fundador de Mongolia, responde a las preguntas de lamarea.com sobre esta campaña.
¿Por qué habéis decidido querellaros contra Abogados Cristianos?
El grupo de Yolanda Díaz solemniza su rechazo al acuerdo del Gobierno con la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada y dice que fue un pacto con el «usurpador» a cambio de «migajas»
Interior de la iglesia de Santa Cristina de Lena (Asturias). Siglo IX, prerrománico asturiano, declarada Patrimonio de la Humanidad e inmatriculada en 2010por la «Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana – Diócesis de Oviedo« ________________
Sumar se ha comprometido ante el movimiento laicista a no dejar morir una de sus principales causas del presente siglo en España. ¿Cuál? La de la recuperación de decenas de bienes inmatriculados por la Iglesia. Mientras el ala socialista del Gobierno presume de haber logrado avances inéditos en este terreno, el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz solemnizó este lunes en el Congreso que da por insatisfactoria la solución alcanzada la legislatura pasada por el Ejecutivo. Lejos de aceptar la postura del PSOE, Sumar mantiene su voluntad de que decenas de miles de inscripciones –puede que incluso más de 100.000, según dónde se ponga la fecha de inicio de la cuenta– sean declaradas nulas, lo cual sería un mazazo para el patrimonio de la Iglesia, y asegura que a lo largo de la legislatura dará la batalla por ello.
Una fuente de Sumar señala que el movimiento debe interpretarse en un contexto de creciente malestar en dicho grupo ante lo que consideran un intento del PSOE de «congelar» la legislatura, al menos durante todo el periodo electoral que se avecina, «minimizar» el papel en el Gobierno de Díaz y los suyos y reducir la discusión política a una pugna entre «democracia o neofascismo» que en el arco progresista sólo favorece a los socialistas. «Va a haber muchos movimientos como estos en Sumar, que quiere hacer oír su voz y reivindicar su papel», señala dicha fuente.
El tribunal considera “espuria” la imputación de delitos de odio, malversación y prevaricación que atribuía la asociación al Defensor del Pueblo
Presentación informe del Defensor del Pueblo del del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” / Foto web Defensor del Pueblo _________________
El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite, al no apreciar ningún delito, una querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por la elaboración y publicación del informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia. La querella atribuía a Gabilondo delitos de provocación a la discriminación y el odio, prevaricación y malversación, pero los magistrados, en un auto notificado este miércoles, descartan uno por uno la existencia de indicios sobre alguno de los tres delitos. El tribunal que ha dictado el auto de archivo está formado por Manuel Marchena (presidente), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo (ponente), Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
El Defensor del Pueblo presentó en octubre pasado en el Congreso de los Diputados el informe encargado por la cámara sobre los abusos a menores en el clero. Según la encuesta demoscópica para conocer la realidad de los abusos incluida en el documento, con entrevistas a más de 8.000 personas, el 1,13% de la población adulta actual —unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos, aunque Gabilondo eludió hacer el cálculo—, ha sufrido abusos en el ámbito religioso. Abogados Cristianos llevó al Supremo ese informe apuntando, entre otras irregularidades, que, al centrarse en la Iglesia, “excedía las competencias” de Gabilondo porque la Iglesia es una institución de carácter civil y las normativas que regulan el funcionamiento del defensor del Pueblo establecen que debe limitar su función a la supervisión de la Administración. Pero los magistrados argumentan que la actuación del defensor, a partir de la encomienda que recibió del Parlamento, “es plenamente congruente” con las funciones que corresponden a esta institución en la defensa de los derechos humanos.
Expertos en patrimonio histórico y organizaciones ciudadanas han exigido hoy en el Congreso de los Diputados considerar una “cuestión de Estado” la nulidad de las inmatriculaciones eclesiásticas y declarar dominio público el legado arquitectónico cultural apropiado irregularmente por los obispos a través de un privilegio registral. Representantes de una treintena de asociaciones patrimonialistas, integradas en la coordinadora Recuperando, han rechazado el cierre en falso del expolio patrimonial decretado por el Gobierno en la legislatura pasada y piden la adopción de medidas concretas para revertir el proceso inmatriculador y garantizar una gestión profesional y rigurosa del excepcional patrimonio cultural de carácter religioso en manos de la Iglesia católica.
Bajo el epígrafe de ‘Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado’, ocho ponentes han examinado en dos mesas de debate el controvertido asunto de las inscripciones eclesiásticas a la luz de cientos de casos concretos producidos en todas las comunidades autónomas.
Inauguración Jornada: Enrique Santiago, diputado del GP Plurinacional Sumar, y José María Rosell, presidente de la Coordinadora Recuperando.
Enrique Santiago: “Las inmatriculaciones eclesiásticas son nulas de pleno derecho y siguen siendo una cuestión pendiente”
La lista secreta que revela la gestión de los casos de órdenes y diócesis descubre más de un centenar de sentencias y resarcimientos económicos. En algunos casos, los obispos adelantan la suma y la descuentan del sueldo del sacerdote
El cardenal Juan José Omella, presidente de los obispos cuando estalló el escándalo de pederastia, en una foto de archivo de una celebración de Semana Santa / Matthias Oesterle (Zuma Wire/DPA – Europa Press) __________________
Íñigo Domínguez, Julio Núñez, El País, 8 de abril de 2024
La Conferencia Episcopal (CEE) y la Iglesia católica española nunca han querido revelar cuántas condenas judiciales han tenido por casos de pederastia del clero ni las indemnizaciones que han pagado, tanto en los tribunales como en acuerdos particulares. Son datos, como otros, que siempre han ocultado, pero sobre él arroja algo de luz la lista secreta con la gestión de los 806 casos admitidos por la Iglesia, revelada por este periódico y que se puede consultar en formato PDF al final de este artículo. Es la relación de denuncias reconocidas por diócesis y órdenes que redactó y filtró a los obispos Alfredo Dagnino, el topo de la CEE en la auditoría del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, luego despedido por ello. En ese informe, que recortaba el número de casos y dejaba fuera más de 300 ya reconocidos, se citan más de un centenar de condenas e indemnizaciones.
Su interés estriba en que son referencias para las futuras compensaciones que se ha comprometido a pagar la CEE, aunque no ha aclarado de momento qué baremos utilizará. Hasta ahora, cada orden o diócesis va por libre, según su criterio. Toda esta información, recopilada en el trabajo de Dagnino, desapareció del informe Para dar luz que la CEE publicó luego, el pasado mes de diciembre. El documento de los obispos, en realidad, asumió tal cual toda la contabilidad de casos del letrado y copió literalmente casi todo su texto, hasta las erratas, pero dentro de la opacidad habitual en la Iglesia española, ocultó todos los detalles relevantes sobre cada caso.
Posted by asturiaslaica 
