Acaba la ‘batalla del cementerio’ en Barbate: la Alcaldía expulsa al Obispado y toma el control

julio 24, 2025

El cementerio de Barbate ha sido explotado económicamente por la iglesia durante décadas. El Ayuntamiento había cedido hace un siglo su gestión a la parroquia de San Paulino y el obispo de Cádiz, Rafael Zorzona, lo inscribió a su nombre en 1983 gracias a un privilegio franquista inconstitucional[1]

Algunas de las pintadas de protesta junto a la entrada del cementerio. El descontento de los usuarios por el incremento de precios en los servicios, los cierres en festivos o fines de semana y el deficiente mantenimiento provocaron manifestaciones y protestas en 2024 / Juan Carlos Toro
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José Landi, La Voz del Sur, 24 de julio de 2025

En agosto del año 2023, el Obispado de Cádiz que aún preside de forma interina Rafael Zornoza, se hizo con el control del cementerio de Barbate en lugar de la parroquia local de San Paulino que lo había ejercido siempre.

Cuando habían transcurrido varias semanas de ese cambio que parecía ser un mero ajuste administrativo, un acuerdo entre instituciones, comenzó a crecer un notable malestar entre los usuarios, entre los familiares de los finados que realizaban visitas frecuentes o los que se veían obligados a enterrar a un pariente.

Subida de precios de todos los servicios, cambios de horario con cierres inesperados en festivos y fines de semana, falta de mantenimiento, choques con el minúsculo equipo de trabajadores… Los conflictos se acumularon durante meses hasta que llegó la catarsis.

Pintadas de tono agresivo en los muros blancos y gritos de protesta en el silencio del cementerio fueron el siguiente paso. Hasta que llegó una pequeña pero insólita manifestación. 

Un centenar de vecinos se reunió el lunes 2 de septiembre de 2024 frente al Ayuntamiento de Barbate con carteles, eslóganes ensayados, gritos y megáfono. Una protesta en toda regla, como Dios manda.

Algunos de los que se concentraban hablaban de subidas del 300% en la venta de nichos y otros servicios esenciales. Los problemas de iluminación o los bruscos cierres en jornadas propicias para la visita eran otros de los reproches.

El incremento de precio de nichos y mantenimiento era uno de los motivos de queja /  Juan Carlos Toro
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El alcalde andalucista, Miguel Molina[2], se vio obligado a sentarse con el Obispado para transmitir el enfado creciente y abrir una negociación que ha culminado ocho meses después. El camposanto pasa a ser gestionado por la administración municipal.

El malestar era tanto que el cambio de propiedad recibe un apoyo plenario unánime de AxSí, Partido Popular y PSOE

La sesión plenaria del pasado miércoles 4 de junio daba un respaldo unánime (AxSí, PSOE y PP) al convenio «de cesión gratuita» mediante el cual el Ayuntamiento asume la «titularidad plena del cementerio municipal, así como su gestión y explotación económica».

Cesión gratuita de todos los derechos

El acuerdo contempla «la cesión gratuita de todos los derechos» que pudieran corresponder tanto a la Diócesis como a la parroquia barbateña de San Paulino» responsable hasta 2023 sobre la finca donde se ubica el cementerio actual.

También se incluye la entrega al Ayuntamiento de «la posesión de la finca de dominio público en la que se realizó la ampliación del antiguo cementerio, así como la cesión de la totalidad de los bienes, instalaciones y documentos de gestión asociados».

«Este convenio supone que el cementerio queda integrado en el patrimonio municipal, como servicio público esencial al que se vincularán todos los derechos y deberes derivados de su administración», concluye el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, aliviado tras meses de protestas: «El acuerdo garantiza una gestión directa, eficiente y adecuada»

Como parte del proceso, se procede a la subrogación del personal laboral[3]que actualmente presta servicio en el cementerio, garantizando así los derechos de los trabajadores.

Una vez formalizado el convenio en escritura pública, se inscribirá en el Registro de la Propiedad y en el Inventario Municipal de Bienes. Asimismo, se informará al Departamento de Urbanismo para su inclusión en el planeamiento del municipio.

Desde el Ayuntamiento «se valora muy positivamente este acuerdo, que resuelve la situación de la titularidad del camposanto local y garantiza una gestión directa, eficiente y adecuada a las necesidades de la ciudadanía, cumpliéndose el compromiso adoptado por el equipo de gobierno con la ciudadanía».

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Notas Asturias Laica

Fuente. Facebook Ayuntamiento de Barbate

Texto: Barbate incorpora oficialmente el cementerio a su patrimonio municipal.

Formalizada la cesión del cementerio de Barbate al Ayuntamiento por parte del Obispado de Cádiz

El Ayuntamiento de Barbate ha firmado el lunes 7 de julio en Notaría la cesión gratuita del Cementerio Municipal, consolidando así la titularidad plena del mismo por parte del Consistorio. Un acto histórico que marca un antes y un después en la gestión de este servicio público esencial para la ciudadanía.

La firma formaliza el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno municipal celebrado el pasado 4 de junio, en el que todos los grupos políticos respaldaron el borrador del convenio de cesión gratuita entre el Ayuntamiento de Barbate, la Diócesis de Cádiz-Ceuta y la Parroquia de San Paulino.
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[1] Un pueblo gaditano descubre que la Iglesia se ha apropiado del monte público sobre el que se construyó su cementerio (2023)
El Ayuntamiento de Barbate cedió hace un siglo la gestión del camposanto a la parroquia de San Paulino y el obispo de Cádiz lo inscribió a su nombre en 1983 gracias a un privilegio franquista inconstitucional. […] Lo llamativo es que el registrador de la propiedad hubiera admitido en 1983 la inscripción de la necrópolis a nombre de la Iglesia católica cuando la finca era de naturaleza pública y la titularidad recaía en los ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera…

[2] Indignación en Barbate: el Ayuntamiento ‘pelea’ con el Obispado de Cádiz por la gestión del cementerio (2023)

El Obispado de Cádiz cederá el cementerio al Ayuntamiento de Barbate (2024)

[3] Pedro Álvarez, el barbateño que ha vencido al Obispado en su lucha por la dignidad del cementerio (2025)
[Citado en el vídeo del Ayuntamiento entre los trabajadores que continuarán en el cementerio municipal] Pedro Álvarez fue apartado del camposanto de Barbate, -después de la entrada directa de la Diócesis en su gestión en agosto de 2023-, donde llevaba trabajando 20 años, y logra ahora que la Inspección de Trabajo reconozca el acoso sufrido bajo la gestión eclesiástica.


La obligación de la administración de investigar el posible despojo del bienes de dominio público

abril 23, 2025

Si la Administración no actúa, está incumpliendo su deber de proteger el patrimonio público, lo que puede derivar en responsabilidades políticas y jurídicas

Fuente foto
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Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Inmatriculats / Vía Recuperando, 23 de abril de 2025

Los bienes de origen eclesiástico, tanto aquellos sin culto (desamortizados en el siglo XIX) como aquellos con culto (que han sido objeto de inmatriculación reciente mediante certificación eclesiástica), presentan indicios de presunto dominio público que obligan a las Administraciones Públicas a investigar su situación registral y a protegerlos en caso de posible despojo.

Dado que no existe una norma expresa que establezca qué bienes eclesiásticos deben considerarse de dominio público, es posible fundamentar la obligación de actuar sobre principios jurídicos generales, normativa de patrimonio público y jurisprudencia.

A continuación, se desarrollan dos grandes indicios de presunto dominio público, uno basado en la desamortización eclesiástica del siglo XIX y otro en la falta de título válido en las inmatriculaciones por certificación eclesiástica.

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La Iglesia devuelve a un pueblo una ermita inmatriculada y su cementerio sin pasar por los tribunales

diciembre 17, 2024

El municipio de Pastores (Salamanca) recupera dos bienes inmuebles en un hecho inédito en la intrincada batalla de las inscripciones eclesiásticas.

Ermita y cementerio de Pastores (Salamanca) / Rodelar / Creative Commons*
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Aristóteles Moreno, Público, 17 de diciembre de 2024

El Ayuntamiento de Pastores, una pequeña localidad de Salamanca, acaba de recuperar su cementerio y su ermita. En 2015, la Iglesia católica inscribió la ermita a su nombre en el registro de la propiedad con la mera autocertificación diocesana del obispo en un polémico proceso que afectó a decenas de miles de bienes de toda España. El cementerio figura en el registro de la propiedad desde 1930, aunque fue cedido por el municipio al Obispado de Ciudad Rodrigo en los años cuarenta del siglo pasado. Ahora, sin embargo, el camposanto y el pequeño templo asociado han sido devueltos al pueblo en un hecho sin precedentes en el controvertido conflicto de las inmatriculaciones eclesiásticas. 

La Iglesia nunca renuncia a los edificios y fincas que inmatricula. Al menos, de buena fe. Por lo general, pleitea por su propiedad hasta sus últimas consecuencias aunque los ayuntamientos dispongan de pruebas documentales que acrediten la titularidad municipal de cementerios, fincas y templos, que han sido construidos, custodiados y sostenidos económicamente por los vecinos o por fondos públicos. Las inmatriculaciones diocesanas crean una apariencia de propiedad que los jueces difícilmente se atreven a revertir.

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Instan a que el Gobierno “declare nulas de pleno derecho” las “inconstitucionales” inmatriculaciones de bienes ejecutadas por la Iglesia católica

diciembre 22, 2023

Izquierda Unida impulsa en el Congreso desde el Grupo Plurinacional Sumar a través de su portavoz parlamentario y del coordinador general de IU Andalucía, ambos diputados andaluces, una iniciativa para declarar «nulas» las «inconstitucionales inmatriculaciones de la iglesia católica». La iniciativa dedica un apartado especial a la Mezquita-Catedral de Córdoba, -recientemente se han revelado nuevos documentos que acreditan la soberanía pública sobre el monumento omeya-, de la que plantean el interrogante de cuándo se va a “restituir la legalidad conculcada, devolviéndola a dominio público”.

Enrique Santiago conversa con Toni Valero en el Congreso en presencia de otros/as diputados/as de IU
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Tercera información, 22 de diciembre de 2023

Izquierda Unida ha impulsado en el Grupo Plurinacional Sumar, a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y del coordinador general de IU Andalucía y diputado, Toni Valero, una completa iniciativa para aclarar las aún vigentes irregularidades cometidas en el proceso de las miles de inmatriculaciones de bienes inmuebles realizadas por la Iglesia católica. Para ello, firman un texto registrado en el Congreso donde, entre otras cuestiones, reclaman a los responsables del Gobierno que especifiquen que dada la “inconstitucionalidad del procedimiento de inmatriculaciones al amparo de la Ley Hipotecaria, ¿cuándo piensa declarar nulas de pleno derecho estas inmatriculaciones”.

La iniciativa que firman Santiago y Valero, parlamentarios andaluces por Córdoba y Málaga, respectivamente, dedica un apartado especial a todo lo concerniente a la Mezquita-Catedral de Córdoba, sobre la que plantean el interrogante de cuándo se va a “restituir la legalidad conculcada, devolviéndola a dominio público” y “qué previsiones tiene el Gobierno para aprobar la modificación de la Ley de Patrimonio, que incluye especial protección y gestión a la categoría de Bien de Interés Cultural Mundial”, como ocurre en este caso.

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Prebenda de obispo

marzo 27, 2023

No hay otra manera de entender cómo se permitió desde 1998 y hasta 2015 la inmatriculación 35.000 de bienes –que algunos cálculos elevan a más de 100.000– por parte de la Iglesia católica

 Concentración a las puertas del Congreso de los Diputados para manifestar su disconformidad con el acuerdo alcanzado por Gobierno e Iglesia sobre las inmatriculaciones de los bienes de esta última / Ricardo Rubio (Europa Press)
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Francesc Vall, El País, 27 de marzo de 2023

Cuentan que cuando José María Pemán presidía la Comisión de Cultura y Enseñanza de los militares sublevados –conocida por su esmero y dedicación en la depuración de maestros republicanos en los prolegómenos del que sería el primer Gobierno como tal del dictador– algunas voces le sugerían a Franco que no hacía falta crear un futuro Ministerio de Educación pudiendo contar para esta tarea con la Santa Madre Iglesia. La recomendación tenía sentido. Eran tiempos en que era difícil distinguir entre el discurso de un obispo y el de un general golpista. Muchos testimonios recuerdan que para un cura era habitual –recuerda el escritor católico Georges Bernanos en Los grandes cementerios bajo la luna– “dar la absolución entre descargas, con los zapatos entre la sangre”.

Con la democracia, la niebla fruto de la pólvora y el incienso ha escampado. Sin embargo, hay tics del viejo nacionalcatolicismo que perviven más en el poder político que en una sociedad cada día más distanciada de la práctica religiosa. No hay otra manera de entender cómo el Gobierno central permitió desde 1998 y hasta 2015 –desde Aznar a Rajoy, pasando por Zapatero– la inmatriculación de 35.000 bienes –que algunos cálculos elevan a más de 100.000– por parte de la Iglesia católica sin otro requisito que la firma del obispo dando fe, como si de un notario se tratara y, por tanto, sin mediar título de propiedad alguno.

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Los obispos, a prisión

marzo 21, 2023

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Joan Casajoana, responsable por las Inmatriculaciones de la Iglesia de Unió de Pagesos
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Joan Casajoana, Unió de Pagesos, 21 de marzo de 2023

El Obispado de Vic, en Sant Vicenç de Castellet, se equivocó y tuvieron que anular la inmatriculación de la casa de payés de Cal Campaner y parte de la superficie forestal. Y, por tanto, devolverla a su propietario, porque no era una casa rectoral.

Se equivocó de nuevo y tuvieron que anular y devolver la inmatriculación de la iglesia de San Jaime del Clot del Grao de Castellfollit del Boix (Bages) a su legítimo propietario. Ahora reconocen el error cometido en Maians (Bages) y quieren anular en parte la doble inmatriculación ilegal y devolver los terrenos a los vecinos de Maians, que son sus legítimos propietarios. Pero, de nuevo, se equivocará si no devuelven también los edificios (iglesia, casa rectoral y cementerio). El Derecho civil prima sobre el derecho canónico y el título de propiedad legal es de los vecinos del pueblo. El Obispado de Vic inmatriculó en el 2012.

Los patrimonios históricos y culturales de los pueblos y ciudades (iglesias, casas rectorales y cementerios) eran bienes siempre considerados de dominio público -últimamente (de 1861 hasta 1998) por la Ley hipotecaria de 1861, por la ley hipotecaria franquista de 1946 y el Reglamento Hipotecario de 1947—, tal y como lo son en Portugal, Francia, Bélgica, Alemania y otros países. Son bienes comunes, colectivos y comunitarios de las poblaciones, levantados, construidos y mantenidos por los vecinos a través de aportaciones voluntarias de las familias durante siglos y generaciones, mediante dinero o trabajo directo (trabajo). Los pueblos y ciudades, a través de los Usos y Costumbres, cedieron el uso de estos bienes a la iglesia, pero nunca cedieron su propiedad, que fue robada con las inmatriculaciones; históricamente la iglesia no quería su propiedad.

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El ejemplo de las inmatriculaciones de Maians: un caso, entre muchos

diciembre 13, 2022

El Ayuntamiento de Castellfollit del Boix ha llegado a un acuerdo con el Obispado de Vic en relación con la inmatriculación que afecta a Maians, en virtud del cual anularían la inmatriculación y devolverían todos los terrenos a los vecinos del pueblo, pero no los edificios…

Concentración contra las inmatriculaciones ante la iglesia de Sant Andreu de Maians, en el término municipal de Castellfollit del Boix (Bages).
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Joan Casajoana, Veuanoia.cat, 13 de diciembre de 2022

El Ayuntamiento de Castellfollit del Boix ha llegado a un acuerdo con el Obispado de Vic en relación con la inmatriculación que afecta a su pueblo agregado de Maians, en virtud del cual anularían la inmatriculación y devolverían todos los terrenos a los vecinos del pueblo; ahora bien, las edificaciones no, porque según el derecho canónico son de la parroquia. Entiendo que ésta es la opinión del Obispado, pero nunca puede ser la opinión del Ayuntamiento ni del pueblo. No sólo los terrenos son de propiedad vecinal, sino también las edificaciones (el templo, la casa rectoral y el cementerio) y, por tanto, deben devolverse en su integridad a los vecinos de Maians, anulando, así, la doble inmatriculación ilegal.

Entre otros agravios, este acuerdo condena a los vecinos de Mayans a tener que asumir el coste de las obras de restauración de la Iglesia de Sant Andreu sin contar con la Diputación de Barcelona que condicionó su apoyo económico a que no estuviera inmatriculada por la Iglesia. Es la manera generalizada de proceder de la Iglesia: el bien es mío, pero el pueblo paga su mantenimiento.

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La Diócesis de Córdoba pierde en los tribunales unos terrenos tras no poder acreditar su titularidad

mayo 23, 2022

El Tribunal Supremo pone fin a un procedimiento judicial en el que la institución eclesiástica reclamaba parte de una finca en Hornachuelos que, asegura, había sido donada en 1955

Vista aérea de Hornachuelos/ Madero Cubero

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Alejandra Duque, Cordópolis, 23 de mayo de 2022

El Tribunal Supremo acaba de cerrar en los tribunales un procedimiento que la Diócesis de Córdoba abrió en 2018 a cuenta de parte de una finca en Hornachuelos, de unas 70 hectáreas, que reclamaba como propia a pesar de no tener ningún documento que lo acreditara. Aunque la Diócesis presentó informes periciales y alegaba errores en el Registro de la Propiedad de Posadas, hasta tres juzgados -dos cordobeses y el Alto Tribunal- han fallado en contra, por lo que esta parte de terreno seguirá perteneciendo a la empresa ganadera que la adquirió poco después de 2004.

El procedimiento se inició en septiembre de 2018, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Posadas desestimó íntegramente la demanda de la Diócesis contra la empresa ganadera a la que le exigía como propia parte de su finca. Después de que este juzgado desestimara íntegramente la demanda, la Diócesis presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba. En él, la Diócesis mantenía que adquirió la finca 497 del Registro de la Propiedad de Posadas mediante una donación que recibió en marzo de 1955. El terreno, según afirma, aparece en el registro con una superficie de 129 hectáreas aunque, en realidad, es de 297 ya que incluye otras parcelas catastrales. Esta finca linda al norte y al oeste con otros terrenos que, tras diversos movimientos de compra-venta, recayeron en la empresa ganadera demandada por la Diócesis ya que, según la institución eclesiástica, estas tierras ocupaban parte de la finca que reclamaba como propia en base a un plano elaborado en 2002. La Diócesis alegó que las diferencias catastrales del registro han llevado a este error y que la finca de 70 hectáreas forman parte de otra finca que tiene la entidad eclesiástica, conocida como Los Ángeles.

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Villamediana recupera la titularidad de la ermita

marzo 23, 2022

El Ayuntamiento de Villamediana (Palencia) resuelve uno de los 19 errores detectados entre los 956 bienes inmatriculados. «Recuperamos para el pueblo algo que es suyo», dice el alcalde

Ermita de la Virgen de los Esclavos, Villamediana

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Rubén Abad, Diario Palentino / Cyltv.es, 23 de marzo de 2022

«Faltan datos para identificar». Este es el texto que aparece junto a la ermita de la Virgen de los Esclavos de Villamediana (Palencia) en Información sobre Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica, documento elaborado por el Ministerio de la Presidencia y que puso tras la pista al Ayuntamiento cerrateño para recuperar la titularidad del templo.

Hace veinte días el Ayuntamiento aprobó en un pleno recuperar la ermita y el Consistorio, con su alcalde, Emiliano García, al frente, ha iniciado los trámites para inscribir a nombre del municipio la citada ermita, que forma parte de la antigua muralla y de una de las entradas del pueblo en la Edad Media.

El primer edil asegura en declaraciones a Diario Palentino que el Ayuntamiento «siempre ha tratado la ermita como propia», como así lo demuestran las diferentes obras de mejora y ornato que se han ejecutado en los últimos años.

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El obispado que se inmatricula bodegas en el Penedès

marzo 4, 2022

Una familia de Sant Sebastià dels Gorgs (Penedès) derrota a la Iglesia en los juzgados con un duelo de documentos sin parangón, sobre todo los eclesiásticos, por lúbricos

Isidre Hugas y su hijo, también Isidre, muestran las escrituras de su finca, fechadas en 1849, con las que han derrotado judicialmente al obispado de Sant Feliu / PAU MARTÍ MORENO

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Carles Cols, El Periódico, 4 de marzo de 2022

A los que crean que todas las noticias sobre inmatriculaciones de la Iglesia se parecen como gotas de agua, es decir, que la entradilla, el desarrollo y el final suelen presentar la misma felonía, la historia que aquí se contará es un antídoto contra esa creencia. En esta ocasión lo inmatriculado, entre otra propiedades ajenas, es la bodega de una finca agrícola, eso con la excusa de que encima de esa estancia está el despacho de la rectoría de una coquetona iglesia del Penedès. Si incluso así creen que, ¡bah!, tampoco hay para tanto, que por ejemplo más gordo fue inmatricularse en su día la Mezquita de Córdoba por solo 30 euros de trámites documentales, queda dicho de antemano que en esta historia hay, en palabras de la propia Iglesia, párrocos con concubinas y “fornicatur publice”, o sea, aunque dicho en latín, sexo a la vista de todos. A ver quién da más.

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