Presas de Saturrarán obligadas a asistir a actos religiosos, junto a les monjes encargadas de su “reeducación”. Mayu de 1940 __________________________
La caída de Asturias en manos de las tropas franquistas hizo que las secciones de mujeres de las prisiones asturianas, así como los edificios habilitados para ello, habían quedado completamente saturados. Lo mismo ocurría en otras zonas bajo dominio franquista, por lo que se decidió establecer una prisión de mujeres en Saturrarán, en el concejo Mutriku, en Guipuzkoa.
La prisión de Saturrarán funcionó desde 1938 a 1944, recibiendo presas de todas las zonas franquistas, entre quienes se encontraban las reclusas procedentes de Asturias.
En el informe titulado “Situación penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturriarán durante la guerra civil española y la primera posguerra”[1], promovido por Hemakunde, Instituto Vasco de la Mujer, y escrito por Eva Jiménez Martín, Ander León Nanclares, Izaskun Orbegozo Oronoz, Laura Pego Otero, Ana Isabel Pérez Machío y Laura Vozmediano Sanz, recogen que la prisión ha llegado a tener unas 1600 presas en 1940.
Entre 1955 y 1984, cientos de mujeres pasaron por este centro dependiente del franquista Patronato para la Protección de la Mujer. Bajo la excusa de proteger a madres jóvenes, esta institución las sometió a abusos que incluyeron adopciones ilegales e incluso denuncias de robos de bebés. Hoy, parte de las instalaciones están ocupadas por un instituto público, y solo en los últimos años ha salido a la luz esta historia.
El actual IES Isaac Newton ocupa parte de lo que fue la Maternidad de Peñagrande / SOMOS ___________________
Es la última semana del curso y unos pocos alumnos buscan la sombra en el patio del Instituto de secundaria y formación profesional Isaac Newton, en el barrio de Peñagrande. El complejo es lo más antiguo del entorno y enfrente, en el larguirucho parque del Arroyo de los Pinos, una placa da pista de las vidas pasadas del centro: “En recuerdo y homenaje a las mujeres que vieron privados sus derechos en la maternidad de Peñagrande. Para que su resistencia no caiga en el olvido”.
Fue colocada en diciembre de 2018 por el Ayuntamiento de Madrid en recuerdo a las mujeres internas entre las décadas de los cincuenta y ochenta en Nuestra Señora de la Almudena, un centro para jóvenes embarazadas dependiente del Patronato de la Mujer que se conocía popularmente como Maternidad de Peñagrande.
También ha recibido en los últimos años el sobrenombre de Maternidad de los Horrores, después de que salieran a la luz números testimonios que hablan de bebés robados, de malos tratos y de trata de mujeres.
Un avance sin precedentes en la reparación a víctimas de bebés robados
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha desbloqueado un asunto que llevaba décadas sin avances efectivos: la reparación a las víctimas de la sustracción ilegal de recién nacidos. Tras años de obstáculos administrativos y legales, la institución ha respondido de forma contundente a la queja presentada por la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles Te estamos buscando, proponiendo medidas concretas y urgentes que facilitan el acceso de las víctimas al sistema estatal de identificación genética.
Esta respuesta llega tras un proceso exhaustivo de investigación, impulsado por la asociación ALUMBRA -Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados-, que entregó un informe de más de mil páginas. El documento recoge el impacto devastador de las desapariciones forzadas sobre miles de madres y familias, muchas de las cuales siguen sin conocer el paradero de sus hijos e hijas, ni haber tenido acceso a la verdad o la justicia.
El manifiesto ‘Ferrer y Guardia: una condena injusta que la democracia debe reparar‘ destaca que el fundador de la Escuela Moderna representaba un proyecto pedagógico basado en la razón, la ciencia, la coeducación de sexos y clases sociales y el pensamiento crítico. «Defendía una educación laica que rompiera con las cadenas de la ignorancia, los dogmas y la sumisión, como herramienta de emancipación colectiva. Las élites del momento no lo toleraron».
En este sentido, destaca que el juicio estuvo marcado por la falta de pruebas y por «una campaña de represión desde los sectores políticos, religiosos y mediáticos» y, con su condena, las autoridades de la época quisieron «reprimir un modelo que cuestionaba el orden establecido». Su ejecución fue denunciada internacionalmente y hubo protestas en ciudades como París, Londres, Nueva York, Bruselas y Buenos Aires, pero no ha habido reconocimiento institucional.
El articulo 35 punto 1 de la Ley 20/2022 19 de octubre reza así: Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.
Lo acaban de leer ustedes y parece que está lo suficientemente claro. Pues se ve que no, veamos.
Recordamos cuando el ayuntamiento de Mota del Cuervo quitó la Cruz de los Caídos en 2008, el Obispado saltó a la palestra argumentando que la cruz no era un símbolo franquista, sino uno de Cristo. La justicia, tan lenta en casi todas las ocasiones, voló en esta; una rapidez encomiable, de parte eso sí. Y a partir de ahí llegó el daltonismo simbólico del que les hablamos hoy con una ley con un texto menos ambiguo que la de entonces.
Diluidas u olvidadas: las responsabilidades de las órdenes religiosas. Investigadoras feministas exigen arrojar luz sobre esta institución y reparar el daño de quienes pasaron por ella.
Entrada del COC de Sevilla / Junta de Andalucía ____________________
Fuente: María Palau, Marta García Carbonell, El Salto, 18 de junio de 2025
Las palabras que emplean para relatar cómo conocieron la existencia del Patronato de Protección a la Mujer son casi idénticas: “De pura casualidad”, asegura Andrea Momoitio. “Se dieron una cadena de casualidades”, reconoce Pilar Iglesias. Ninguna de las dos pudo contener el “interés” por descubrir qué se escondía detrás de la opacidad y el secretismo que rodearon a aquella institución. Pero, sobre todo, no pudieron refrenar el impulso —incluso la autoimpuesta obligación— de contarlo.
Andrea Momoitio, periodista y coordinadora de Pikara Magazine, se acercó al Patronato de Protección a la Mujer mientras escribía Lunática (Libros del K. O., 2022), “la investigación sobre María Isabel”. Admite que “no tenía ni idea” y que nunca había oído hablar del Patronato, pero como ella misma escribe, le fue imposible no obsesionarse. Comprender “qué significó en sí mismo” aquel organismo se convirtió en un cometido “muy personal”. Más todavía, al escucharla decir entre risas que está “absolutamente convencida” de que “era niña del Patronato”.
La lucha por la Ley de Bebés Robados no es una batalla del pasado, es una exigencia del presente. Es la forma de decirles a miles de personas que su verdad importa, que su dolor no será enterrado junto a quienes se lo causaron
Pancarta en una de las manifestaciones pidiendo justicia por los bebés robados / YouTube ___________________
Sor María Florencia Gómez Valbuena murió en 2013 en la cama cuando tenía 87 años. Este final, que podría ser el comienzo de un relato de la serie de historietas “Vidas Ejemplares”, en las que se glosaban la vida de santos, mártires y vírgenes, no lo será nunca. Porque Sor María Florencia no tuvo una vida ejemplar que se pueda contar; al contrario, probablemente sea uno de los rostros más oscuros de la herencia del franquismo. Esta monja aparece en múltiples testimonios como protagonista de uno de los crímenes más crueles que pueden cometerse: el robo y el tráfico sistemático de bebés. Y ya nunca será juzgada.
Que algunas personas culpables mueran sin pisar un banquillo no exime al Estado español de su responsabilidad. Al contrario, esa impunidad es el síntoma de una herida abierta, de un crimen de lesa humanidad que ni se ha juzgado ni se ha reparado. Por eso, las asociaciones de víctimas continúan su lucha con una dignidad que contrasta con la cobardía institucional, viendo cómo, legislatura tras legislatura, se vuelve a registrar, y se vuelve a bloquear, la llamada Ley de Bebés Robados.
La revisión había sido solicitada ya en 2009, coincidiendo con el centenario de su ejecución, el 13 de octubre de 1909, ahora en 2025 sale adelante con el voto de todos los grupos y la abstención del PP y el concejal no adscrito.
El Ayuntamiento volverá a pedir la revisión y anulación de la sentencia contra el pedagogo alellense Francesc Ferrer i Guardia, considerado el padre de la escuela moderna, tal y como ya hizo en 2009, coincidiendo con el centenario de su ejecución, el 13 de octubre de 1909.
El Pleno del 29 de mayo aprobó una segunda moción (presentada por ERC+SxA, Alella Primero-PSC, Por Alella Junts-CM y Primarias Alella) con la que el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la defensa de la memoria histórica y la justicia democrática y se reconoce a Ferrer y Guardia como una figura clave en la lucha por la En la moción se promueve la constitución de una comisión que impulse la revisión y anulación de la sentencia y se insta al Ministerio de Justicia a iniciar los trámites para revisar y anular la sentencia dictada en un contexto de agitación política, a raíz de la Semana trágica. En la moción también se pide al Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat que dé apoyo institucional y jurídico a la demanda de revisión y anulación.
Ni el hospital, ni la fecha ni los apellidos que figuran en su partida de nacimiento son reales. Paqui lleva más de treinta años buscando la verdad, como miles de personas arrancadas de sus madres durante el franquismo y la Transición
Francisca «Paqui» Bria Clérigues en su infancia ____________________
Lucía Parro Pantoja, Diario Red, 5 de junio de 2025
Francisca Bria Clérigues, conocida como Paqui, nació –o eso consta en los documentos oficiales– el 9 de abril de 1961 en el Hospital Provincial de Valencia. O al menos eso dice su partida de nacimiento. Pero ni el hospital, ni la fecha, ni los apellidos que la identifican son seguros. “Yo supuestamente nací en ese hospital, supuestamente en esa fecha. Y digo supuestamente porque nada es cierto y todo puede ser verdad”.
Su caso, lejos de ser aislado, forma parte de una red oculta durante décadas. Durante el franquismo y los primeros años de la democracia, miles de niños y niñas fueron separados de sus madres al nacer y entregados a otras familias. A veces por razones ideológicas –como castigo a mujeres republicanas o consideradas «de mala vida»–, y otras como parte de un negocio estructurado: una red de adopciones ilegales y tráfico de menores.
“Durante años, en España, conseguir un bebé de manera ‘ilegal’ dentro de la normalidad era algo conocido por los trabajadores de muchos hospitales implicados, donde las monjas ejercían de personal sanitario”, explica Paqui.
En esta localidad toledana, las celdas y aposentos de un convento se convirtieron durante la dictadura, en los años 40 del siglo XX, en centro de “reforma” para quienes el régimen tildó de “escoria de la sociedad”
Los responsables sanitarios de la prisión destacaron que bajo su tutela, todos los embarazos de las internas llegaron buen término sin registrarse abortos / Foto: Archivo Regional de Castilla-La Mancha. Fondo Santos Yubero ____________________
Enrique Sánchez Lubián, El Diario, 22 de mayo de 2025
La Calzada de Oropesa es una de las últimas localidades castellanomanchegas en sus límites con Extremadura. Considerada como cruce de caminos desde tiempos inmemoriales, llegado el siglo XVII, la villa inició un cierto periodo de esplendor, del que se conserva hoy uno de sus inmuebles patrimoniales más conocidos: el convento del Cristo de las Misericordias, donde mora una comunidad de Agustinas Recoletas.
Uno de los capítulos más llamativos en la historia de este cenobio se escribió en los primeros años 40, cuando sus celdas y aposentos albergaron a centenares de prostitutas –’extraviadas’ o ‘mujeres caídas’ en el argot oficial de la época– recogidas de las calles madrileñas por las autoridades franquistas. Fue una de las cárceles especiales que para ellas habilitó la Dictadura.