La venta de un Monumento Nacional en Aragón reabre el debate sobre la protección del legado cultural

El anteproyecto de reforma de la Ley del Patrimonio Histórico prevé impedir que la Iglesia privatice bienes de interés cultural (BIC), lo que hubiera imposibilitado la transacción mercantil del Monasterio de Casbas.

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Aristóteles Moreno, Público, 7 de diciembre de 2021

La venta del Monasterio de Casbas en Aragón, Monumento Nacional desde 1979 y Bien de Interés Cultural, para transformarlo en una hospedería ha vuelto a reactivar el debate sobre el uso y protección del patrimonio histórico, particularmente de los edificios de carácter religioso, tras la polémica de las inmatriculaciones eclesiásticas. La transacción mercantil se produce además apenas seis meses después de que el Ministerio de Cultura hubiera presentado un anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico que prevé prohibir el comercio de monumentos BIC. «Dichos bienes solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado o a otras instituciones eclesiásticas», estipula el apartado 4, artículo 19, del anteproyecto, que se encuentra en tramitación, aunque eventualmente paralizado por orden del nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta.

El Monasterio cisterciense de Casbas, fundado en el siglo XII, fue vendido por las monjas en 2007, tres años después de que lo abandonaran, a la Fundación Progea, vinculada a un grupo empresarial del mismo nombre. Los nuevos propietarios, que compraron el Monasterio por 2,7 millones de euros, anunciaron un paquete de proyectos para reactivar el Monumento Nacional, la mayor parte de los cuales no fueron ejecutados. Es el caso de una polémica escuela taller prevista para su rehabilitación que nunca se llegó a poner en marcha. El Grupo Progea entró en proceso de liquidación en 2013 y la Fundación está en concurso de acreedores desde principios de 2020.

La histórica abadía acaba de ser adquirida hace escasamente veinte días por una empresa de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) para reconvertirla parcialmente en establecimiento hotelero y destinar alguna de sus dependencias a biblioteca y centro digitalizado de fondos especializados en historia medieval. La operación mercantil, cifrada en un millón de euros, ha vuelto a suscitar la controversia entre expertos y colectivos patrimonialistas. La asociación Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) no mira con malos ojos la transacción mercantil, siempre y cuando el proyecto de recuperación sea solvente y respetuoso con los valores patrimoniales del edificio. «Sonaba bien en prensa cuando nos enteramos», asegura Belén Boloqui, especialista en Historia del Arte y presidenta de Apudepa.

Con la modificación legislativa prevista en el anteproyecto, el Monasterio de Casbas no podría haber sido privatizado por las monjas. Ni esta abadía ni decenas de bienes de interés cultural que previsiblemente son objeto de transacción mercantil, aunque con la preceptiva supervisión administrativa, según marca la ley. La cifra concreta de monumentos BIC vendidos cada año permanece en la más absoluta opacidad. A consultas de Público, el Ministerio de Cultura se ha negado a facilitar el listado de bienes de interés cultural vendidos en los últimos años «por motivos de protección de datos». En una escueta nota de respuesta, de apenas línea y media, ha eludido si quiera hacer público el número de monumentos BIC enajenados.

El 80 por ciento de los bienes de interés cultural registrados en España son de carácter religioso y están en posesión de la Iglesia católica. Y la mayoría de estos 3.168 monumentos han sido inscritos en el registro de la propiedad privada a través del polémico mecanismo de las inmatriculaciones, que las asociaciones patrimonialistas consideran inconstitucional. De hecho, entre las numerosas alegaciones de estos colectivos al anteproyecto de ley, se subrayaba la necesidad de reconocer los monumentos BIC como bienes de «dominio público» afectados a la administración del Estado.

Entrada principal del convento

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Apudepa asegura no tener una posición definida sobre la idoneidad de prohibir la venta de bienes de interés cultural, como es el caso del Monasterio de Casbas, pero sí se muestra abiertamente crítica con el fenómenos de las inmatriculaciones eclesiásticas. «Es un escándalo nacional«, afirma Boloqui. En su opinión, la mayoría de monumentos históricos de carácter religioso en manos de la Iglesia católica son bienes de dominio público. Muchos de los cuales, argumenta, pueden ser conservados gracias a las considerables aportaciones de dinero estatal presupuestadas cada año por las distintas administraciones. «Es el Estado el que se hace cargo», asegura.

Antonio Urquízar, catedrático de Historia del Arte de la UNED, no pone reparos a la transacción comercial de bienes de interés cultural, «siempre que se salvaguarden las condiciones de conservación o acceso» a que están obligados por ley. «Los monumentos que están bajo la titularidad de la Iglesia ya están en la órbita de la propiedad privada y, por tanto, pasarían igualmente a la propiedad privada, a menos que la adquisición vaya hacia el Estado, que eso siempre es lo ideal», precisa.

Pero advierte: «Hay un número tan amplio de BIC que no puede pensarse que todos vayan a ser propiedad del Estado». Lo capital, insiste, es que las administraciones «ejerzan un control» sobre los monumentos y, si la transacción mercantil respeta esos mecanismos de vigilancia por parte del Estado, el catedrático Antonio Urquízar no ve «problemas» en ese tipo de operaciones.

Para Ascensión Hernández, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, lo ideal sería que el Estado dispusiera de recursos suficientes para «hacer efectiva la previsión del anteproyecto», que estipula la prohibición de la mercantilización de monumentos BIC. «Que solo pudieran ser vendidos al Estado sería una manera de protegerlos», reflexiona. «Pero el Estado no puede llegar a todo», objeta. Por lo tanto, la profesora universitaria sugiere la conveniencia de abrir la puerta a la gestión de terceros, aunque no a la privatización.

En su opinión, lo importante es garantizar un uso adecuado del bien interés cultural y una intervención respetuosa con la historia del edificio, más allá del debate sobre la propiedad de los monumentos. «Nuestro miedo cuando se privatiza un BIC es que se introduzcan usos indebidos que alteren los valores del monumento», argumenta Ascensión Hernández. Y agrega: «En muchos casos, la ley no se está aplicando y se han ejecutado intervenciones muy poco conservadoras con los bienes».

La catedrática de Historia del Arte también reprueba las inmatriculaciones eclesiásticas. «Qué pena de revolución francesa. Ojalá estuviéramos en España como allí», señala en relación con la reforma del país galo que permitió consignar como bienes nacionales todo el patrimonio cultural histórico de carácter religioso. «En Francia, los bienes de interés cultural son propiedad de los franceses», remarca, aunque la Iglesia los administre para uso litúrgico. «Que los bienes sean del Estado aseguraría y evitaría muchos problemas en la gestión patrimonial». Desde ese punto de vista, considera que gran parte de los bienes en posesión de la Iglesia son de dominio público, tal como vienen reclamando las asociaciones patrimonialistas.

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