‘Rezar frente a las clínicas abortistas está genial’: los bulos tras la nueva campaña de grupos ultracatólicos

La Asociación Católica de Propagandistas instala 260 marquesinas en 33 ciudades en defensa del acoso frente a las clínicas de interrupción del embarazo

Cartel en defensa del acoso frente a las clínicas de interrupción del embarazo /  Europa Press.

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Sabela Rodríguez, InfoLibre, 20 de enero de 2022

Centenares de marquesinas repartidas por ciudades de todo el país lucen desde este martes consignas antiabortistas y contra la futura reforma de la Ley del Aborto. En un total de 33 ciudades españolas(1), la Asociación Católica de Propagandistas ha desplegado una campaña en defensa de los grupos que acosan a mujeres frente a las clínicas de interrupción del embarazo, alegando que «rezar frente a una clínica abortista está genial». Una campaña plagada de bulos que transita por la senda fundamentalista de quienes se concentran a las puertas de los centros para hostigar a las mujeres que acuden a ejercer su derecho.

La instalación de los carteles en 260 marquesinas, una acción tildada por la propia organización como «gamberrada», ha despertado el rechazo de muchos líderes políticos, aunque también ha recibido el elogio de otros de la derecha y la ultraderecha. Irene Montero, ministra de Igualdad, ha reiterado en redes sociales su compromiso de «blindar todos los derechos para todas las mujeres» y ha añadido lo obvio: «Si robas, aunque reces, estás robando. Si acostas, aunque reces, estás acosando».

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Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres –organismo al frente de la reforma de la Ley del Aborto de 2010–, ha apuntado que «los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos». Por su parte, la líder del área de Igualdad del Partido Socialista, Andrea Fernández, ha reiterado que rezar «por lo que consideres, efectivamente, está genial». Sin embargo, ha apostillado, «hacerlo de forma organizada y en grupo ante una clínica atenta contra la intimidad y la dignidad de las mujeres que ejercen un derecho legítimo». El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado la campaña de «una absoluta vergüenza», más propia de los años cincuenta que de la actualidad. «Bienvenidos a 1950», ha añadido.

Del otro lado, Javier Puente, senador del Partido Popular por Cantabria, ha expresado su apoyo a los organizadores de la campaña: «Enhorabuena y me uno con mi oración«, ha publicado en redes sociales. La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Gádor Joya ha optado directamente por responder a la ministra de Igualdad: «Irene recuerdas cuando te hacías las ecografías y veías a tus hijos y oías latir su corazón? Las mujeres en riesgo de aborto también tienen derecho a eso», ha lanzado.

¿Rezo o acoso?

La premisa de la campaña se basa en el derecho al rezo de quienes se concentran ante las clínicas. La imagen que esbozan los antiabortistas es la de una concentración pacífica, por parte de personas que buscan ayudar a las mujeres. La realidad narrada por quienes asisten a los centros y quienes trabajan en ellos es bien distinta.

En una encuesta realizada a tres centenares de mujeres a finales de 2018, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) concluyó que un 89% de las mujeres entrevistadas se siente acosada y un 66,67% amenazada por la presencia de estos grupos. El 95,67% defendió entonces que este tipo de concentraciones deberían estar prohibidas. Las mujeres entrevistadas por la asociación dieron cuenta de los efectos sobre su salud: «He querido llorar y marcharme a casa. Entré en la clínica con un ataque de histeria que no se me pasó hasta que no hablé con el personal».

«Es acoso desde el momento inicial, lo que se pretende con esa práctica religiosa es coaccionar a las mujeres que van«. Habla Sonia Lamas, portavoz de ACAI Madrid y trabajadora en la clínica Dator (Madrid). Los grupos que se organizan para desplegar distintas acciones en las inmediaciones de las clínicas usan «una herramienta religiosa para coaccionar el derecho al aborto, por tanto es acoso y es intimidación». Lamas habla de prácticas como «tirar agua bendita» a quienes trabajan en las instalaciones, repartir «panfletos desinformativos» y esparcir «colonia destinada a población infantil» a las puertas de los centros.

El falso relato sobre la vida

La Asociación Católica de Propagandistas, igual que los grupos que se concentran frente a las clínicas, aseguran que el objetivo que les mueve es el de «salvar vidas». No piensan en la vida y los derechos de las mujeres que asisten a las clínicas. ¿Qué significa «salvar vidas» en este contexto? Científica y jurídicamente, significa poco. La ley de 2010 permite la interrupción voluntaria del embarazo en distintos plazos. El primero, catorce semanas, regula el aborto a petición de la mujer. El segundo eleva el plazo a la vigésimo segunda semana de embarazo, límite para interrumpir el embarazo por razones médicas. A partir de ahí, cabe la posibilidad de practicar un aborto siempre que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable.

La ley, en su preámbulo, señala que el legislador «ha considerado razonable, de acuerdo con las indicaciones de las personas expertas y el análisis del derecho comparado, dejar un plazo de catorce semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros». En el desarrollo de la gestación, la norma argumenta que tiene «una especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre». Ese umbral se sitúa, según el consenso científico, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación. Es precisamente hasta esa semana que la ley permite la interrupción del embarazo por razones médicas. 

Isabel Serrano coincide. La ginecóloga y experta en derechos sexuales y reproductivos señala que «hay una vida en crecimiento o un proyecto de vida que está en progresión en la medida en que está en el cuerpo de la mujer». Serrano apunta, en ese contexto, a la viabilidad fetal como criterio que marca un «momento importante» en la construcción de esa vida, una etapa que el consenso científico sitúa entre las 22 y las 24 semanas. La profesional defiende que la persona con «una entidad clarísima» para tomar una decisión sobre ese proyecto de vida es «la mujer, mucho más que cualquier persona ajena a su cuerpo». Cuando se habla del propio cuerpo, abunda, la elección es un «elemento fundamental» que blinda la «autonomía y dignidad de las personas».

En cualquier caso, la experta recuerda que quienes en un primer momento hablaron del «derecho a la vida como fundamental» han sido precisamente «los defensores de los derechos sexuales y reproductivos». Especialmente porque la imposibilidad de ejercer el derecho al aborto ha costado la vida, o la integridad física, a muchas mujeres a lo largo de los años. Pero pronto «el derecho a la vida fue usado por sectores antielección» y sus eslóganes han sido «aprovechados por la extrema derecha». La ginecóloga cree sin embargo que hoy día «no tiene mucho sentido seguir confrontando la vida del embrión con la vida de la mujer: es un debate fuera de los círculos del sentido común» y funciona como «un eslógan más». 

Guerra contra las clínicas

La organización ultracatólica ha difundido su campaña cargando directamente contra los centros que ha tenido a bien en llamar «abortorios». ¿Qué son esos «abortorios» y por qué están en el punto de mira? Se trata de clínicas autorizadas para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Son centros a los que las mujeres acuden por propia voluntad o derivadas del sistema público. Que el grueso de los abortos no se realice en los hospitales públicos es precisamente una de las denuncias históricas del movimiento feminista y una de las fallas del sistema que el actual Gobierno quiere corregir.

En España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 85,68% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en centros privados. El llamativo porcentaje no es el peor de la serie histórica: en 2010 ascendía al 98,16%. Cinco comunidades ni siquiera han notificado un sólo aborto realizado en la red pública. Son Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La guerra abierta contra las clínicas tiene que ver con que tradicionalmente han sido las únicas capaces de dar respuesta a la demanda de un aborto accesible para todas las mujeres. Sonia Lama llama a «no hacer caso a su lenguaje» precisamente para «no caer en su propio juego». Las clínicas, añade, son centros «acreditados bajo concierto o bajo convenio para realizar una práctica sanitaria pública«. 

Más de 99.000 abortos al año… y bajando

Las marquesinas ponen de relieve un dato: en España se practican más de 99.000 abortos al año. Pero conviene escarbar un poco en esas cifras y echar un vistazo a la serie histórica. En 2020, el número de interrupciones del embarazo registradas fue 88.2669, mientras que el año anterior la cifra se instaló en los 99.149. Desde el año 2014, el número de abortos registrados nunca ha alcanzado los cien mil. Una cifra que sí se superaba en los años previos, desde que en 2006 se rebasó ese umbral. 

La ley de 2010, contra la que claman los grupos antiabortistas, ha acelerado el descenso en el número de abortos registrados en el país. Los datos recogidos en la última década han sido los responsables de refutar los pronósticos vertidos desde los sectores más conservadores, que auguraban un aumento desmedido de las interrupciones del embarazo.

«Plan pro-aborto»

Pero si los grupos ultracatólicos condenan la legislación vigente, más enérgicamente cargan contra la reforma que prevé sacar adelante el Gobierno. La campaña lanzada esta semana habla de hecho de «plan pro-aborto» del Ejecutivo. ¿Cuál es ese supuesto plan?

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Las previsiones del Ministerio de Igualdad pasan por reformar la ley de 2010 que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es afinar algunos de los flecos sueltos que hacen del aborto un derecho atravesado por profundas inequidades. Irene Montero ha señalado en reiteradas ocasiones que es «imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos» para garantizar que cualquier mujer tenga la posibilidad de interrumpir su embarazo por la vía pública. La reforma prevé además eliminar los tres días que las mujeres están obligadas a tomarse para reflexionar su decisión, así como retirar el requisito de un permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años. Entre otras novedades, el proyecto también incluirá la violencia obstétrica y los vientres de alquiler como una forma de violencia machista. 

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ya ha aprobado –con la oposición del Partido Popular y Vox– una proposición de ley para modificar el Código Penal y penalizar el acoso hacia las mujeres que acuden a las clínicas. En diciembre, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja dio luz verde a la propuesta, trazada por el Partido Socialista, incorporando algunas novedades sugeridas por los grupos, como extender el castigo a los artífices del acoso que sufren los profesionales o eliminar la necesidad de presentar una denuncia como condición para perseguir los hechos.

Este último paso, recriminado por los grupos ultracatólicos, no es una ocurrencia de nuestro país ni un plan específico del Gobierno. Fuera de las fronteras, existen precedentes como el francés, donde se incluye este acoso como delito en su Código Penal. Francia prohíbe difundir cualquier tipo de contenido que «obstaculice» el aborto a través de informaciones falsas o sesgadas. Irlanda, por su parte, ha introducido la posibilidad de crear zonas de seguridad alrededor de las clínicas, después de que entrara en vigor la nueva ley de interrupción del embarazo y se constatara la presencia de movilizaciones antiabortistas ante los centros.


Cartel en la calle Uría de Oviedo /  IRMA COLLIN

(1) Entre ellas, Madrid, Vitoria, Valencia, Alicante, Sevilla, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Murcia, OVIEDO, GIJÓN, Vigo, Valladolid, Santander o Salamanca.

La polémica en distintas ciudades «está servida», en algunas, según distintos medios, como Valladolid, Granada, GIJÓN o Valencia, han retirado la campaña.

En OVIEDO, PSOE y Somos han exigido al Ayuntamiento la retirada de los carteles porque incitan a acosar a las mujeres que acudan a las clínicas:

¿Quién está detrás de la campaña antiabortista en las marquesinas?

Nortes

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha exigido hoy al equipo de gobierno que tome las medidas necesarias para que se retire de las marquesinas la campaña antiabortista que emplaza a personarse ante las clínicas abortistas y rezar para disuadir a las mujeres que van allí a abortar.

Detrás de esta campaña está Cancelados.es, una web de reciente creación que dice representar “una legión de espíritus libres que ha venido a este mundo enrarecido para dar voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común”.

La web incluye una serie de vídeos, con títulos tales como “Cómo cancelar a la familia”, “Cómo cancelar la educación” o “Cómo cancelar la Historia”, todos ellos locutados por el actor de doblaje Ramón Langa, conocido por prestarle voz a Bruce Willis o Kevin Costner y uno de los más cotizados del sector. En su página se pueden encontrar también varias entrevistas en vídeo a Jesús Poveda, médico contrario al aborto, o al panfletista ultraliberal Jano García.

Semejante despliegue lo provee la Asociación Católica de Propagandistas, fundada en el año 1909, y vinculada a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y al diario digital El Debate, fundado hace unos meses por el exdirector de ABC Bieito Rubido. En ese periódico publica hoy una columna el agitador católico Jaume Vives, impulsor también de la plataforma Tabarnia, celebrando la campaña antiabortista que está teniendo lugar de forma simultánea en 33 municipios de todo el país. En algunos, como Vitoria y Valencia, los carteles han sido retirados.

“Se trata de una agresión directa y una criminalización de los derechos de las mujeres que es intolerable y no puede ampararse desde ninguna institución pública”, denunció la edil ovetense Marisa Ponga.

La concejala del PSOE ha instado al equipo de gobierno a que den las órdenes pertinentes para que la empresa encargada de la gestión de estos soportes publicitarios de propiedad municipal proceda a retirar los carteles que pueden verse en varias calles de Oviedo. “Una agresión de estas características tiene que tener una respuesta rápida y contundente por parte del Ayuntamiento”, exigió Ponga.

“La ultraderecha está promoviendo la reactivación de conductas violentas e incívicas que suponen un ataque hacia las mujeres y hacia estos centros. Ningún demócrata puede ser cómplice de una actitud como esta”, recalcó Marisa Ponga.

La edil recordó que una campaña de estas características vulnera además los códigos deontológicos que velan por una publicidad no sexista. “Situaciones como esta hacen ver lo necesaria que es la reforma del Código Penal que ya está marcha para tipificar de manera específica el hostigamiento hacia las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó.

La representante en nombre del grupo municipal de Somos Uviéu en el Consejo de Igualdad municipalMila Garzo Salvador, también ha solicitado al bipartito la retirada inmediata de esta propaganda que “criminaliza a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo” y se ha mostrado “sorprendida por el hecho de que una institución como el Ayuntamiento de Uviéu alimente este tipo de posicionamientos antidemocráticos y patriarcales que vulneran los derechos de las mujeres”.

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