El grupo de Yolanda Díaz solemniza su rechazo al acuerdo del Gobierno con la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada y dice que fue un pacto con el «usurpador» a cambio de «migajas»
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Ángel Munárriz, InfoLibre, 9 de abril de 2024
Sumar se ha comprometido ante el movimiento laicista a no dejar morir una de sus principales causas del presente siglo en España. ¿Cuál? La de la recuperación de decenas de bienes inmatriculados por la Iglesia. Mientras el ala socialista del Gobierno presume de haber logrado avances inéditos en este terreno, el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz solemnizó este lunes en el Congreso que da por insatisfactoria la solución alcanzada la legislatura pasada por el Ejecutivo. Lejos de aceptar la postura del PSOE, Sumar mantiene su voluntad de que decenas de miles de inscripciones –puede que incluso más de 100.000, según dónde se ponga la fecha de inicio de la cuenta– sean declaradas nulas, lo cual sería un mazazo para el patrimonio de la Iglesia, y asegura que a lo largo de la legislatura dará la batalla por ello.
Una fuente de Sumar señala que el movimiento debe interpretarse en un contexto de creciente malestar en dicho grupo ante lo que consideran un intento del PSOE de «congelar» la legislatura, al menos durante todo el periodo electoral que se avecina, «minimizar» el papel en el Gobierno de Díaz y los suyos y reducir la discusión política a una pugna entre «democracia o neofascismo» que en el arco progresista sólo favorece a los socialistas. «Va a haber muchos movimientos como estos en Sumar, que quiere hacer oír su voz y reivindicar su papel», señala dicha fuente.
Las inmatriculaciones de la Iglesia «deben ser nulas de pleno derecho», afirmó este lunes Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, durante la apertura de unas jornadas sobre el tema celebradas en el Congreso junto al movimiento laicista, del que el grupo de Díaz hizo suyas sus reivindicaciones. Íñigo Errejón, portavoz del grupo, que cerró las jornadas, llegó a cifrar en más de 100.000 las inmatriculaciones «indebidas» de la iglesia, situando el inicio del periodo de cómputo en 1946, y se refirió a las mismas como «botín de rapiña» obtenido por la jerarquía de la Iglesia en pago a su participación en una «guerra de saqueo» y a su papel de «sostén ideológico» del franquismo.
Un balance con claroscuros
Aunque el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos de la legislatura pasada ponía alto el listón de sus pretensiones en este terreno, al final el Ejecutivo avaló en 2021 la legalidad del procedimiento con raíz en la legislación franquista que permitió a la Iglesia inmatricular sin descanso desde 1946 hasta 2015. El Gobierno hizo público un listado de casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Había de todo: templos o dependencias complementarias a los mismos, fincas con otros destinos, como terrenos, solares, viviendas o locales. El listado aportaba transparencia, pero no mucho más. Cualquier reversión debería ser fruto de una batalla judicial en la que tocaba a cada demandante –un particular, un ayuntamiento– probar que el bien es suyo. Además, se quedaban fuera no sólo las inmatriculaciones desde que se formalizó en 1946 el privilegio de que los obispos pudieran inscribir por primera vez bienes dando sólo su palabra, sino también desde 1978, cuando se aprobó una Constitución aconfesional. El movimiento laicista se mostró abiertamente insatisfecho.
Un año después, en 2022, el mismo Ejecutivo puso en cuestión la legalidad de cerca de mil de estos bienes, un gesto que transmitía firmeza y exigencia ante la Iglesia. Se trata de bienes, explica el Ministerio de Presidencia a infoLibre, que fueron puestos a disposición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «para que se buscara a sus legítimos propietarios». «Nunca antes se había conseguido algo parecido. Hubo otros bienes (20.000 más o menos) que se determinó que eran bienes de culto, por lo que ahí no había nada que hacer», añade Presidencia, que recalca que «es mucho más de lo que se había conseguido nunca». Además, añade el departamento de Félix Bolaños, «el Gobierno mantiene abiertas tres comisiones con la Iglesia católica, una de ellas la de inmatriculaciones». Es decir, no da por zanjada la cuestión.
Un «acuerdo» con «el usurpador»
A pesar de los esfuerzos de Presidencia, ni el movimiento de 2022 ni las expectativas de la comisión con la CEE todavía abierta endulzan el balance amargo sobre el acuerdo con la Iglesia de la miríada de organizaciones de base local, provincial y autonómica que vienen reclamando la nulidad de miles de las inmatriculaciones no sólo desde 1998, cuando una ley amplía las potestades inmatriculadoras de la Iglesia a lugares de culto, sino desde 1978 o incluso antes. Ahora Sumar ha dado plena cobertura a estas organizaciones, articuladas en torno a la coordinadora Recuperando, al abrirles las puertas del Congreso, donde este lunes se celebró la jornada Inmatriculaciones y patrimonio cultural: una cuestión de Estado.
Santiago, en la apertura de la jornada, dejó claro que a su juicio aquel «mutuo acuerdo» entre el Gobierno, concretamente el Ministerio de Presidencia, y la Conferencia Episcopal de la legislatura pasada fue resultado de un «procedimiento de negociación que desde nuestro punto de vista no fue nada transparente ni ajustado a derecho». «Es complicado ponerse de acuerdo con un usurpador para que que reconozca que ha venido usurpando 35.000 bienes. En la práctica el acuerdo consistió en unas migajas quizás para que la opinión pública se tranquilizara», afirmó Santiago, que tenía a su lado a José María Rosell, presidente de Recuperando. Y añadió: «Quizás la Iglesia católica pretendía legalizar su indebida posesión sobre 33.000 bienes. Obviamente eso es algo que no podemos permitir». Luego Errejón amplió el arco de bienes obtenidos «indebidamente» hasta más de 100.000, incluyendo todos desde la reforma legal de 1946.
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El programa de Recuperando
Las palabras de Santiago y Errejón evidencian que Sumar no quiere olvidar el viejo asunto de las inmatriculaciones en una legislatura que arrancó con una rebaja de la ambición laicista con respecto a cuatro años atrás. Santiago defendió los «pasos» dados la pasada legislatura, especialmente en comparación con los gobiernos del PP, pero transmitió la idea de que los consideraba lejos de colmar sus aspiraciones. Hay «muchos más pasos» por dar, dijo sobre un asunto que la Conferencia Episcopal considera zanjado. El secretario general del PCE afirmó que su aspiración sigue siendo la «nulidad» de las inmatriculaciones, al considerar que con ellas se ha «expropiado» una riqueza que es de la sociedad, y cuyo ejemplo más emblemático es la Mezquita-Catedral de Córdoba, provincia por la que es diputado.
Siendo la nulidad el techo de Sumar, Santiago afirmó que su grupo defenderá todas las propuestas que haga el movimiento laicista. Errejón añadió: «No es una cuestión sobre la fe, sino sobre el estado de derecho y sobre que no haya entidades por encima de la ley». Revertir inmatriculaciones es un acto de «democratización de la estructura de la propiedad», dijo el dirigente de Más País, que insistió en que Sumar incorporaría a su agenda todo lo que el movimiento demandase.
A continuación Recuperando le tomó la palabra y, como colofón de las jornadas, presentó su programa de reclamaciones, que incluyen la elaboración de «un listado pormenorizado» de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, la «nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por inconstitucionalidad sobrevenida», es decir, desde 1978, así como de aquellas que afecten a «bienes que debieran ser considerados dominio público por su extraordinario valor histórico y cultural». Recuperando también reclama que el Estado defina «qué bienes del patrimonio cultural pertenecen al dominio público y, por tanto, son inalienables [ver lo más sustancial del documento, en su totalidad, en el recuadro de abajo].
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Manifiesto de Recuperando
A los parlamentarios y parlamentarias A los Ministerios de Justicia y Cultura:
La jerarquía católica se ha venido apropiando desde 1946 de decenas de miles de fincas y edificios, muchos de ellos de incalculable valor histórico y cultural, en virtud de un privilegio eclesiástico arbitrario e inconstitucional.
La inmatriculación masiva de bienes inmuebles de toda índole llevada a cabo sin aportar más título que una simple certificación eclesiástica se debió a la inexplicable vigencia de unas normas franquistas, inconstitucionales y, como sentenció el Tribunal de Estrasburgo, contrarias al derecho europeo y a los derechos humanos. Son tantas y diversas que se ha generado un auténtico caos jurídico y un expolio patrimonial de incalculables consecuencias económicas e históricas para el Estado. Podríamos estar hablando de unos 100.000 bienes inmatriculados desde que la jerarquía católica ha dispuesto de este privilegio, suprimido en 2015.
Y no sólo se trata de un escándalo inmobiliario, económico y jurídico sin parangón desde un punto de vista cuantitativo; también desde el cualitativo debido a que muchos de estos bienes representan la mayor parte del patrimonio histórico y cultural del Estado que antes sabíamos que poseía la Iglesia y que ahora, además, ha puesto a su nombre.
Hasta la fecha, las administraciones competentes no han tenido ni la sensibilidad necesaria ni una voluntad política real para revertir un atropello sin precedentes y de nefastas consecuencias sociales, económicas y culturales, incumpliendo incluso lo que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, manifestaba: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.” Sin embargo, esto no solo no se ha cumplido, sino que el Gobierno anterior dio por buenas las inmatriculaciones realizadas al amparo de este privilegio eclesial, consolidando un expolio monumental de funestas consecuencias para el patrimonio de todos.
PROPUESTAS para la reversión y catalogación de bienes inmatriculados por la Iglesia:
La extraordinaria complejidad del escándalo, derivada tanto de la naturaleza y el número de los bienes inscritos, como de los distintos procedimientos empleados y su prolongación en el tiempo, merece que sea considerada una cuestión de Estado y que se arbitre una solución global, condenando cualquier transacción del Estado con la jerarquía católica sobre la nulidad y el dominio público de estos bienes, dado que se trata de cuestiones no negociables.
– Recabar el listado pormenorizado de bienes inmatriculados con certificación eclesiástica desde 1946, fecha de entrada en vigor de este privilegio franquista, dado que el listado general facilitado por el Gobierno deviene absolutamente incompleto y no permite identificar la mayoría de los bienes. Este listado vendrá acompañado de las notas simples registrales de cada bien implicado, y será de conocimiento público.
– Declaración de nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica por inconstitucionalidad sobrevenida y vulneración del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
– Declaración de nulidad de todas estas inmatriculaciones cuando recaigan sobre bienes que debieran ser considerados dominio público por su extraordinario valor histórico y cultural.
– La nulidad no priva a la Iglesia de su derecho a inmatricular, estableciendo un plazo prudente para la regularización de aquellos bienes sobre los que pudiera demostrar su titularidad por los medios procesales ordinarios.
– Declaración de demanialidad mediante ley estatal de aquellos bienes culturales de carácter religioso de naturaleza evidentemente inalienable por su extraordinario valor histórico y cultural. Sin duda los considerados Patrimonio Mundial Unesco y, en gran medida, los declarados Monumentos Nacionales y Bienes de Interés Cultural construidos por las distintas estructuras del Estado o la comunidad a lo largo de la historia. Con la publicatio o declaración de demanialidad del patrimonio cultural de carácter religioso, mediante los requisitos que se establezcan, las administraciones no pretenden conquistar propiedades, sino potestades para proteger la naturaleza y la función pública de bienes de extraordinaria importancia para la sociedad, sustrayéndolos del tráfico jurídico privado.
– Inmatriculación inmediata a nombre de la administración pública de aquellos bienes culturales de carácter religioso que aún no hayan accedido al Registro de la Propiedad, algunos de enorme importancia simbólica como Santa María del Naranco en Asturias.
PROPUESTAS para la modificación legislativa del modelo de gestión del patrimonio cultural.
España posee un extraordinario patrimonio histórico que constituye un legado cultural común de todos los ciudadanos y ciudadanas. Parte de todo este valioso tesoro arquitectónico es de carácter religioso y está en manos de la Iglesia. La jerarquía católica reconoce la posesión de 3.161 bienes de interés cultural (BIC), la mayoría de los cuales han sido privatizados en virtud del controvertido mecanismo de las inmatriculaciones diocesanas. Más allá de la titularidad de los monumentos protegidos, su administración directa por parte de la Iglesia católica plantea graves distorsiones y anomalías que el marco legal vigente no resuelve de forma adecuada o simplemente ignora.
– El Estado deberá definir claramente qué bienes del patrimonio cultural pertenecen al dominio público y, por tanto, son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
– Los bienes culturales protegidos que estén en posesión de instituciones eclesiásticas no podrán ser transmitidos a terceros bajo ninguna circunstancia ni fórmula mercantil.
– Un consorcio público, integrado por la administración central, las comunidades autónomas y otros mecanismos de participación social, marcará las directrices generales de la gestión del patrimonio histórico de carácter religioso.
– Se creará la figura del Bien de Interés Mundial (BIM) para los monumentos reconocidos por la Unesco. Su gestión estará en manos de un patronato con participación del Ministerio de Cultura, las comunidades autonómicas, la administración local, las entidades que ostenten derechos sobre el monumento y representantes de la sociedad civil, tal como recomiendan las directrices de la Unesco.
– Los poseedores de monumentos BIC están obligados a respetar sus valores tangibles e intangibles y a garantizar que su interpretación sea desarrollada profesionalmente, de acuerdo con las cualidades patrimoniales que justificaron su declaración y sin alterar su antigüedad, integridad, autenticidad y significado.
– De acuerdo a la Constitución española de 1978, “los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho“ (art.44). Dicho acceso se ve vulnerado por la Iglesia católica al imponer la primacía del derecho al culto sobre la correcta difusión e interpretación de los bienes del patrimonio histórico. Resulta inaceptable convertir la divulgación de un bien de interés cultural en un instrumento de proselitismo litúrgico y pastoral.
– La difusión y su pedagogía es una obligación del poseedor de un monumento, en particular por parte de la Iglesia católica por ser la gran beneficiaria de muchas ayudas del Estado para restaurar los BIC, y debe realizarse bajo las mismas premisas que el resto de acciones tutelares: cientificidad, profesionalidad y control de la administración competente.
– Los planes directores y programas de gestión de los BIC deben ser impulsados, supervisados y aprobados por la administración pública bajo mecanismos de participación social y en el marco de directrices científicas y profesionales.
– Todos los bienes de interés cultural deben ser de acceso gratuito cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad, de acuerdo a la Constitución española de 1978 (art. 46), y la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (art. 13.2) lo establece en al menos cuatro días al mes. No es admisible que los poseedores de monumentos históricos que forman parte del legado común los exploten comercialmente, mucho menos si han recibido o reciben ayudas o subvenciones de cualquier administración del Estado.
– El derecho a los beneficios fiscales que puedan corresponder por donaciones de bienes históricos solo podrán aplicarse cuando sean realizadas a entidades de la administración pública.
