Treinta colectivos y asociaciones, el Grupo Inmatriculaciones Asturias entre ellas, piden al Gobierno la nulidad de las inmatriculaciones

«No son 1.000 bienes, son 100.000», claman las organizaciones ciudadanas, que se concentraron en 22 ciudades de toda España. Gijón una de ellas.

Concentración en Gijón

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Fuente: A. Villacorta, El Comercio, 17 de febrero de 2022

A los gritos de «Monseñor: robar es pecado», «Inmatricular, lo mismo que robar» y «No son 1.000, son 100.000» y exhibiendo fotos de algunos de los emblemas del Prerrománico, alrededor de medio centenar de personas se concentraron ayer en Gijón para reclamar a «la nulidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica, especialmente, después de 1978, porque son inconstitucionales».

La protesta formaba parte de una acción orquestada por la Coordinadora Estatal Recuperando -que agrupa a una treintena de asociaciones- en veintidós ciudades de todo el país después de que el Gobierno de Pedro Sánchez presentase un listado de 34.961 inmuebles y terrenos puestos a su nombre por la Iglesia entre 1998 y 2005, gracias a una ley del Ejecutivo Aznar. «Un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace quince años la privatización masiva de fincas e inmuebles», como recordó Luis Fernández, presidente de Asturias Laica.

Un éxito que, sin embargo, resulta aún claramente insuficiente, ya que ese listado «no ha ido acompañado por los compromisos asumidos por el Gobierno de coalición, que prometió modificaciones legislativas» para tratar de cancelarlas. Y faltan también -denuncia Recuperando- «las inmatriculaciones realizadas antes de 1998, durante el franquismo; los inmuebles inmatriculados como edificios anexos, como la Giralda, y los listados que permitan identificar claramente esos bienes».

El siguiente movimiento -sellado al máximo nivel con un encuentro entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal- fue reconocer que cerca de un millar de esos bienes «pertenecen a un tercero» o «no consta su titularidad», por lo que han sido puestos en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias para que los ayuntamientos diluciden quiénes son sus propietarios. Una «burla», en palabras del portavoz de Asturias Laica, que defiende que «el Gobierno abandona así a su suerte a particulares y entidades locales para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales por la recuperación de sus bienes arrebatados por la jerarquía católica».

En Asturias, la situación puede dividirse en dos planos con «un espectro de casos muy amplio». Por un lado, «hay un plano muy escandaloso, que es el del Prerrománico, que debe importarnos como asturianos que defendemos nuestro patrimonio público». Y, por otro, «está el plano de la ratería». Y Luis Fernández pone dos ejemplos: «La casa rectoral de Coya, en Piloña, de donde echaron a la gente que vivía allí. Y la casa rectoral de Tamón, en Carreño, que aparece inmatriculada sin otro documento que el que pone que el obispo dijo que aquello era suyo. Pues bien: esa casa rectoral es la antigua casa del maestro que hizo Ensidesa y que luego ocupó el cura. No es que eso sea un bien de gran valor como puede ser Santa María del Naranco, pero sí es una muestra clara de cómo van con una mano en el cielo, la otra en la tierra y la boca abierta para que no se les escape nada».

Así la última reivindicación de Recuperando es muy clara: «Una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro».

En imágenes: Concentración en Gijón

Fuente: Galería de El Comercio

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