La Iglesia mantiene sus privilegios a salvo pese al informe del Tribunal de Cuentas

La fiscalización de la relación económica del Estado con la Iglesia, que dejó fuera el dinero de comunidades, diputaciones y ayuntamientos y el grueso de sus ventajas en el terreno fiscal, educativo y patrimonial, tampoco ha forzado cambios a fondo en la justificación de los fondos públicos asignados vía IRPF

Ángel Munárriz, InfoLibre, 13 de julio de 2021

La Iglesia mantiene intacto su privilegiado estatus económico en España, que ha salvado el desafío puntual del histórico examen del Tribunal de Cuentas. Casi un año después de la publicación del informe de fiscalización, una especie de auditoría de las relaciones económicas del Estado con la Iglesia, la evaluación de la situación evidencia que el alcance de los trabajos dejaba fuera el grueso de las ventajas económicas, fiscales, educativas y patrimoniales de la institución católica. Es más, ni siquiera hay cambios significativos respecto a los fondos entregados a la Iglesia vía IRPF.

A la espera de un posible acuerdo reformista entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que negocian discretamente desde hace más de un año, la memoria anual de la Iglesia sigue siendo más publicitaria que justificativa. Mientras tanto, los obispos han logrado el aval del Gobierno a las inmatriculaciones y el anteproyecto de una nueva ley cultural prevé un reforzamiento de la cooperación del Estado con la Iglesia para “enriquecer” su patrimonio.

Un listón bajo

La fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la relación económica del Estado con la Iglesia, aprobada el 28 de julio de 2020, se empezó a realizar tras una campaña de presión que incluyó a fuerzas de izquierdas, como PSOE, Podemos e IU, y a grupos como Europa Laica. A finales de 2016, el Tribunal de Cuentas se había opuesto a realizar este examen, pese a la voluntad de hacerlo de miembros del sector progresista. Finalmente, al año siguiente la institución sí probó la elaboración del informe, que también incluía a las confesiones judía, evangélica y musulmana.

Tras siglos de entrañamiento entre Estado e Iglesia, que durante el franquismo habían derivado en una consustancialidad entre los poderes civil y religioso, la expectativa sobre el empeño del Tribunal de Cuentas era alta. ¿Hasta qué punto afectaría al estatus económico y la dependencia del dinero público de la histórica institución rectora de la moral de la sociedad española?

El Tribunal de Cuentas se colocó el listón bajo. Desde el mismo diseño previo de la fiscalización, dejó fuera la mayoría de los ingresos y beneficios públicos, al no escrutar la financiación por parte de comunidades, diputaciones y ayuntamientos, ni tampoco los conciertos educativos o sanitarios, ni las inmatriculaciones, ni el dinero por las entradas a los templos, ni el sueldo de los profesores de Religión, ni de los capellanes… Los trabajos se limitaban a la Iglesia diocesana y se centraron –no exclusiva pero sí mayoritariamente– en los ingresos vía casilla de la Iglesia en el IRPF, y más concretamente en la memoria con la que la CEE justifica en qué los ha empleado y que en teoría debe servir al Estado para mantener un cierto control sobre ese dinero.

La primera noticia sobre el resultado de los trabajos la publicó infoLibre, cuando en enero de 2020 desveló que el informe preliminar alertaba del descontrol del dinero público entregado a la Iglesia. Tras esta información, el sector más conservador del Tribunal de Cuentas se alineó con la jerarquía católica para limitar el alcance de los trabajos. La versión final, ya aprobada por el pleno, mantenía en esencia el diagnóstico general, pero suavizado. Desaparecían afirmaciones duras que sí figuraban en las conclusiones provisionales, como estas: las memorias justificativas del dinero recibido por la Iglesia “se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa”; “el Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos”; por el modo de justificar el destino del dinero público entregado, no es posible “asegurar el respeto a la normativa comunitaria y, en particular, al principio de libre concurrencia”… Ojo, no es que el informe no recogiese el fondo de estas observaciones, pero lo hacía con una retórica más diluida, más difícil de entrecomillar para los medios, como resalta una fuente del Tribunal de Cuentas.

De modo que a finales de julio de 2020, hace casi un año, al fin salía el informe definitivo de fiscalización. ¿Y qué decía? ¿Qué ha cambiado? Veamos.

Falta de seguimiento

“La Iglesia elabora la memoria con sus propios criterios”, señala el informe, que constata que no existen acuerdos entre el Estado y la Santa Sede o normativa estatal que regulen los plazos, la forma y el contenido de la memoria. Sobre los plazos, poca novedad ha habido. La memoria de de 2017 –ejercicio en el que se centra la fiscalización– se entregó al Gobierno en septiembre de 2019. “Aunque puede parecer excesivo […], se ha constatado que no existen acuerdos o normativa estatal […] acerca de los plazos”, señala el informe. El retraso se ha vuelto a producir este año. La memoria de 2019 fue presentada en una rueda de prensa en mayo de este año, pero no entregada al Gobierno. Ante la pregunta a la CEE sobre si ya había entregado el documento al Ejecutivo, no hay respuesta. El retraso no es sólo imputable a la CEE, ya que esta depende de información que le da el Estado.

El Tribunal de Cuentas constata que el Gobierno no realiza un “seguimiento efectivo” de la memoria justificativa, ni está previsto un órgano encargado. Tampoco están definidas las necesidades de la Iglesia para cuyo “adecuado sostenimiento” colabora el Estado. “Esta inconcreción impide determinar con precisión la existencia de insuficiencias o excesos de financiación”, añade el informe, que recomienda la aplicación de un mecanismo para resolución de dudas y la articulación de vías para un seguimiento eficaz. En una respuesta recabada antes del relevo de Carmen Calvo por Félix Bolaños, el Ministerio de Presidencia, responsable de las relaciones con la Iglesia, explica sobre el conjunto de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas: “Esperamos que los primeros resultados sean una realidad en breve”.

No hay avance alguno hacia la autofinanciación, y la memoria anual tiene más de publicidad que de justificación del destino del dinero público recibido

Memoria justificativa o folleto publicitario

Aunque el acuerdo de 2006 del Gobierno con la Iglesia, cuando José Luis Rodríguez Zapatero subió del 0,52% al 0,7% la aportación por cada casilla en el IRPF, establecía que la CEE debería presentar cada año una “memoria justificativa”, lo publicado es en realidad “una memoria de actividades de la propia Iglesia”, como pone de relieve el Tribunal de Cuentas. ¿Ha cambiado eso? No, a tenor de la memoria de 2019 presentada en mayo de este año. El documento, de hecho, se sigue llamando “memoria anual de actividades de la Iglesia católica“. Y hay mucho más autobombo que justificación. Si no supiéramos que ha habido un informe del Tribunal de Cuentas, leyendo la memoria de 2019 sería difícil enterarse.

Si la memoria tiene 97 páginas, el apartado dedicado a explicar la asignación tributaria y su reparto no aparece hasta la 72. Antes hay una carta del presidente de la CEE, Juan José Omella, un apartado llamado “El camino de la transparencia”, otro sobre Cáritas, información sobre “defensa de la vida”, matrimonios, bautizos comuniones… La memoria es abundante en explicar lo que la Iglesia hace, pero no en el detalle de letra pequeña sobre el dinero recibido. E incluye un apartado sobre actividad educativa, lo que podría dar la impresión de que los colegios católicos se financian con cargo al IRPF, cuando se sostienen gracias a conciertos. Un camino abierto al equívoco, según Europa Laica

La CEE utiliza la memoria para desplegar un discurso similar al que utiliza para reclamar a los contribuyentes que marquen la equis: “No supone pagar más o que les devuelvan menos […]. Además es totalmente compatible e independiente de la asignación para otros fines de interés social”. La CEE emplea este documento, que debería servir para justificar en detalle en qué gasta el dinero público recibido, para vender la idea de que su actividad educativa supone un “ahorro al Estado” de 3.722 millones, una afirmación que se basa en una lectura discutible de la realidad.

En contraste con el torrencial propagandístico, persiste la escasez de detalle sobre la aplicación de los recursos por parte de las diócesis, así como sobre las “campañas de comunicación” y el “plan de transparencia”, a los que había apuntado el Tribunal de Cuentas.

La quimera de la autofinanciación

La fiscalización tiene su principal objetivo en la asignación a la Iglesia vía casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, que en 2017 –el ejercicio sobre el que el Tribunal de Cuentas puso la lupa– fue de 264 millones y en 2019 superó los 300. El informe recuerda que, en virtud de los acuerdos entre España y el Vaticano de 1976-1979, la Iglesia tiene el “objetivo” de “alcanzar su autofinanciación”. El propio Tribunal de Cuentas lo dice: el conocido por muchos como “Concordato, por su antecedente de 1953, prevé el apoyo del Estado como una colaboración al “adecuado sostenimiento” de la Iglesia “mientras esta no alcance la autofinanciación”. Pero la autofinanciación era y sigue siendo una quimera.

El informe señala que lo recogido en la memoria de 2017 es insuficiente para “evaluar el grado de autofinanciación”. ¿Qué dice sobre el tema la de 2019? No hay alusiones directas. “Debería existir un instrumento a través del cual el Estado reciba la información acerca de la situación de la Iglesia respecto a su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, señala el Tribunal de Cuentas. Ese “debería existir” no va acompañado de “recomendaciones” expresas.

El órgano fiscalizador apuntó contra el superávit de la Iglesia gracias al dinero público, contra su envío a Trece TV y contra la falta de seguimiento del Estado

Superávit para Trece TV

Un punto crítico de la fiscalización: el superávit. La Iglesia logró entre 2016 y 2017 35 millones de superávit gracias a la casilla del IRPF. El informe de fiscalización señala: “El importe de la aportación debería ajustarse al valor de las necesidades a cuyo sostenimiento se ayuda”. Y añade: “Ha de señalarse que no ha sido objeto de acuerdo entre el Estado y la Iglesia, o de regulación, el tratamiento de eventuales desajustes (déficits y superávits) entre el importe de la asignación tributaria y las necesidades de financiación de la Iglesia”. El informe alerta de “una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia”.

Bien, ¿y qué nos encontramos en la memoria de 2019? Superávit. Y no hablamos del superávit de 22,1 millones de las cuentas consolidadas de las diócesis, que incluyen la asignación vía IRPF junto a aportaciones de los fieles, ingresos de patrimonio y otras fuentes de recogida de dinero de la Iglesia. Hablamos de superávit con el dinero de la casilla, concretamente de 12,7 millones. Este dinero no aparece rotulado como “superávit” en la memoria. No obstante, los conceptos que aparecían como “superávit” en la memoria del 17 –fondo de reserva y Trece TV– se repiten en la del 19. Parece un cambio cosmético.

El destino de ese dinero también es controvertido. Y el porqué tiene un nombre: Trece TV. El informe de fiscalización recalca que las memorias de 2016 y 2017 recogen “aportaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia [Trece TV, entidad que no menciona por su nombre el informe final] por importe de 20 millones de euros procedentes de la asignación tributaria”. El Tribunal de Cuentas recomienda la regulación del “tratamiento que debe darse a los eventuales superávits”, así como de la información que le permita al Estado “comprobar si el destino” del dinero público es compatible con el derecho comunitario.

La memoria de 2019 vuelve a recoger que Trece TV ha recibido dinero del IRPF: 6,8 millones, salidos de su superávit. Hay un elemento que puede citarse aquí en descargo de la CEE: la memoria, aunque se presenta con posterioridad al informe de fiscalización, es sobre el ejercicio de 2019, cuando aún no se había publicado el resultado del trabajo del Tribunal de Cuentas. infoLibre preguntó a la CEE si había previsto algún cambio en el futuro, sin respuesta.

Europa Laica: “Más de lo mismo”

El balance global que realiza Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la junta directiva de Europa Laica y responsable del informe crítico que anualmente publica esta organización sobre la memoria de la CEE, es sombrío. “Es como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido informe. Más de lo mismo. La fiscalización ha servido para blanquear los privilegios. Han entrado sólo en una pequeña parte, con conclusiones muy a la baja, y ni siquiera se cumplen las recomendaciones. Los obispos se han atrincherado en que es el Gobierno el que tiene que actuar ahora”, añade el dirigente del colectivo laicista, que reconoce tener expectativas bajas sobre la negociación entre el Gobierno y la CEE, donde se abordan temas de fiscalidad, educación, inmatriculaciones y medidas contra los abusos.

Juan José Picó, portavoz de Europa Laica, coincide en que la fiscalización sitúa “un listón bajo dentro de un acuerdo de mínimos”, que en la práctica ha permitido a la Iglesia “seguir haciendo exactamente lo mismo”, no sólo en las múltiples materias que se quedan fuera, entre las que destaca la exención del IBI incluso en edificios sin uso religioso ni caritativo, sino también con su memoria sobre el dinero del IRPF. “No se cuestiona la existencia de la casilla de la Iglesia, que no debería existir en un Estado aconfesional. Pero es que además, la Conferencia Episcopal sigue haciendo la memoria igual que antes”, afirma.

Cambio de criterio contable

Este periódico preguntó a la CEE por el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas [ver aquí, desde página 65]. Al ser dirigidas al Estado, la CEE afirma que “le corresponde” al Gobierno contestar. No obstante, para explicar sus avances remite a la rueda de rueda de prensa de mayo en la que presentó la memoria de 2019.

Allí quedó expuesto que la “principal novedad” en la memoria de 2019 es un “cambio de criterio contable” sobre las diócesis, con la incorporación de los impuestos sobre sociedades, para responder mejor a la “imagen fiel” de la economía diocesana, en palabras de Esther Vivas, directora de la Oficina de Transparencia de la CEE.

Resultados “progresivos”

El Ministerio de Presidencia, consultado por este periódico, señaló que “se ha empezado a trabajar para implementar las recomendaciones” del informe, que “son muchas y complejas porque afectan a distintos organismos”. “Hacer efectivas algunas de tales recomendaciones requiere de procesos normativos y acuerdos con las partes afectadas que precisan de tiempo para concretarlos y dar respuesta a los objetivos que persiguen las recomendaciones del informe. Los resultados serán progresivos y esperamos que los primeros sean una realidad en breve”, señala Presidencia en respuesta por escrito. Está por ver cómo afecta ahora a las negociaciones con la CEE el relevo en Presidencia.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, sí afirma haber avanzado. Por ejemplo, la fiscalización indica a la Agencia Tributaria la conveniencia de actualizar los datos de las entidades calificadas como confesiones religiosas, para conseguir una depuración similar a la de otros censos de obligados tributarios. “Esta identificación ya se realiza por parte de la Agencia Tributaria”, señala Hacienda.

El Tribunal de Cuentas se limitó a señalar que siempre hace “seguimiento” de sus informes de fiscalización, pero sin dar ningún detalle sobre este caso, casi un año después de su aprobación y publicación.

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