SUATEA responde al arzobispo de Oviedo y su carta semanal sobre la Ley Celáa

“Sorprende que hable de adoctrinamiento cuando ellos llevan milenios haciéndolo y excluyendo al resto”.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá

La Nueva España, 16 de noviembre de 2020

La dura contestación de un sindicato de docentes asturiano al Arzobispo

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, se mostró ayer tremendamente contundente contra la nueva ley educativa que pretende impulsar el Gobierno central -conocida como la Ley Celaá-, a la que ha dedicado su carta semanal. Sus palabras fueron contestadas por Suatea, uno de los sindicatos de docentes asturianos.

Comunicado:

“El desarrollo parlamentario de la nueva Ley educativa, la LOMLOE, llamada a rectificar los desequilibrios introducidos por la ley Wert sigue su recorrido en mitad de la pandemia. En estas dos últimas semanas, las protestas que tienen su origen en los sectores conservadores y religiosos se han hecho notar y han tenido cierto eco en los medios de comunicación. En esa misma línea, la carta pastoral del Arzobispo de Oviedo viene a actualizar los viejos argumentos, que se renuevan cíclicamente, cada vez que una ley educativa entra en el calendario legislativo y tenemos que recordar que son varias ya las leyes que hemos conocido desde que se produjo el restablecimiento de las libertades.

Desde SUATEA hemos hecho pública nuestra posición en innumerables ocasiones. La existencia de una red educativa paralela, le escuela concertada, es una anomalía que tiene su origen en los acuerdos firmados por el régimen franquista y el Vaticano. La política del consenso y otras necesidades del momento, hace ya cuarenta años, dieron origen a esa situación a la que, tarde o temprano, habrá que hacer frente para normalizar un hecho difícilmente justificable.

Habla el arzobispo de varios temas pero lo que nos parece más llamativo y sustancial es el referido a la libertad. Vivimos una época en la que el populismo de derechas insiste en arrebatar banderas e ideas que han sido patrimonio de la izquierda.

Mezclando temas y embarrando el campo de juego, habla de la libertad ideológica, denunciando que el gobierno aspira a implantar un sistema de adoctrinamiento. Que sea este tema, el adoctrinamiento, el que sirva como base de la denuncia no deja de ser sorprendente y engañoso viniendo de donde viene, de las filas de quienes llegan milenios adoctrinando y excluyendo a quienes no piensan del mismo modo, Por suerte, el sistema constitucional establece unas libertades democráticas de pensamiento, reunión, expresión, etc. y unos canales para su defensa que impiden ese adoctrinamiento del que se nos habla. Curiosamente se reivindica una libertad que tiene como objetivo poder seguir adoctrinando en temas que hoy van en contra de la Constitución como la lgtbfobia o la separación de alumnado por sexos.

Estaría mejor que el Sr Arzobispo hablase de la libre iniciativa económica para explicar el negocio que supone la red concertada de centros educativos. Si, a los datos numéricos que ofrece en su carta, les añade los correspondientes a los ingresos que generan, se entiende mejor su defensa obstinada de una red paralela que produce beneficios económicos y, al mismo tiempo, permite mantener importantes parcelas de poder ideológico y político.

Solo por ofrecer unos datos, la cuestión de las mal llamadas “cuotas Voluntarias” de los centros concertados, que son obligatorias y oscilan desde 50 a 120 € mensuales. Podemos multiplicar esa cantidad por el número de alumnos y alumnas que cita el arzobispo para hacernos idea de los beneficios obtenidos. Otro dato, a considerar es el referido al importe de los profes de Religión en la pública que se eleva a de 4.900 millones de € , a nivel del Estado. Conviene recordar que ese profesorado es elegido por su “comunión ideológica”.

En España no peligra la libertad de creencia, ni la libertad para elegir centro educativo. Esa libertad ya existe. Lo que se cuestiona es el hecho de que esa opción tenga que ser financiada con dinero público.

Esperamos que la nueva Ley permita resolver viejos litigios como la presencia de la Religión como asignatura de oferta obligada en el currículo. Que su nota forme parte del expediente del alumnado nos parece un dato suficientemente elocuente de lo lejos que estamos todavía de un modelo laico de sociedad”.

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