El Gobierno negocia con la iglesia católica cómo controlar los fondos que recibe de la Renta y la financiación pública de TRECE

noviembre 30, 2020

“Esos temas están en el guion pero aún no hemos dialogado”, responde el portavoz de la Conferencia Episcopal, que espera que el Ejecutivo entregue “este mes” el listado de inmatriculaciones al Congreso

Carmen Calvo con el cardenal Omella

Jesús Bastante, El Diario, 30 de noviembre de 2020

¿Puede auditar el Gobierno las cuentas de la Iglesia? El Ejecutivo piensa que sí y, de hecho, ya trabaja con la institución en un “grupo de trabajo” para abordar cuestiones económicas y de fiscalidad, tal y como informó esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, en una respuesta al senador Carles Mulet.

En concreto, el Gobierno quiere ajustar algunos aspectos importantes a partir del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la Iglesia. El informe –que fue recibido con alborozo entre los obispos, pues ‘afinaba’ sus conclusiones frente a un primer borrador mucho más contundente– explicaba al Gobierno qué tenía que hacer para revertir la actual situación de privilegio fiscal de la Iglesia española, partiendo de una premisa: hoy por hoy, el Estado no tiene conocimiento real de dónde va el dinero procedente del IRPF.

Y eso es, precisamente, lo que el equipo liderado por Carmen Calvo quiere modificar. Según han confirmado fuentes de Moncloa a elDiario.es, el objetivo de estas conversaciones es conseguir una mayor transparencia del destino de los fondos que la Iglesia católica recibe a través de la casilla de la Renta, así como clarificar su reparto. También, aclarar qué se puede hacer y qué no con los superávits de la Conferencia Episcopal, que en los últimos años se han destinado, en buena medida, a financiar una empresa privada, como el canal de televisión TRECE, lo que podría chocar con la normativa de la Unión Europea.

Tal y como apuntó el secretario Montilla, el Gobierno pretende que el contenido de la memoria justificativa de la CEE sea “acordado entre el Gobierno y la Iglesia para asegurar un seguimiento eficaz”, y que no se financien empresas privadas con dinero procedente de las arcas públicas, como podría ser el caso de la emisora episcopal. Lee el resto de esta entrada »