En una misiva enviada a finales de julio, la Conselleria de Transparencia solicita al Gobierno de España un listado de los bienes inmatriculados por las autoridades eclesiásticas en el País Valenciano. El objetivo: la recuperación del patrimonio público expoliado. Movimientos ciudadanos siguen denunciando los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Catedral de Valencia
Héctor Serra, Público, 10 de agosto de 2020
Un listado de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica en territorio valenciano desde 1996 hasta 2015. La demanda es clara y la firma la Generalitat Valenciana. A través de una carta dirigida a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encuadrada en el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Transparencia del Gobierno valenciano solicita una relación de los bienes inmuebles y patrimonio histórico del que se hayan podido apropiar las instituciones eclesiásticas.
En la misiva, el departamento dirigido por la consellera Rosa Pérez Garijo advierte que “durante el período democrático entre 1996 y 2015 el patrimonio público de la Comunitat Valenciana ha podido verse afectado bajo preceptos presumiblemente inconstitucionales, privando a las valencianas y valencianos de su uso, y en su caso, de la rentabilidad patrimonial que pudiera derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas”.
“Es totalmente inexplicable que esto haya podido pasar y es fruto de la situación privilegiada que ha vivido la institución eclesiástica en este país; aún nos falta mucho para ser una democracia”, declara para este artículo Pérez Garijo. La consellera espera cuanto antes una respuesta por parte del Ministerio con el propósito de poder determinar posibles apropiaciones ilegítimas y retornar estos bienes a su propiedad original.
“Deberíamos ver los casos que afectan a los ayuntamientos para que las administraciones locales pudieran emprender también las acciones que consideraran necesarias. En el caso de las propiedades autonómicas, nos pondremos en contacto con la Abogacía de la Generalitat para abordar una hoja de ruta que marque acciones legales con el objetivo de recuperar esos bienes”, detalla la consellera.
La opacidad como constante
“En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad”. Son palabras del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pronunciadas durante el debate de investidura celebrado a principios de año en el Congreso. El entonces candidato anunció modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes que hubieran sido inscritos indebidamente por la Iglesia en el registro de la propiedad.
Sin embargo, a día de hoy, su Gobierno sigue sin hacer público ningún inventario y ni tan siquiera ofrece argumentos sobre esta elisión. El senador por Compromís, Carles Mulet, ya recibió en marzo una respuesta del todo opaca por parte del Gobierno ante la solicitud de información relativa a los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, que el Colegio de Registradores sitúa en un total de 34.984 fincas. En aquella ocasión, el Ejecutivo negaba el listado y ponía en duda la titularidad de los bienes declarando que las inscripciones eclesiales “no constituyen el título de adquisición de propiedad”.
