El Estado tutela con recursos públicos desde el siglo XIX el prerrománico asturiano inmatriculado por la Iglesia

marzo 28, 2020

La Consejería de Cultura de Asturias ha invertido 3,4 millones desde 1983 en los ocho edificios más relevantes, mientras que el Gobierno central ha inyectado ingentes fondos y aportado ayuda técnica desde hace, al menos, doscientos años.

Santa María del Naranco. WIKIPEDIA

Santa María del Naranco / WIKIPEDIA

A. Moreno, Público, 28 de marzo de 2020

Todo el arte prerrománico asturiano, inmatriculado de forma unilateral por la Iglesia católica, ha recibido la tutela patrimonial del Estado y una inversión multimillonaria constante desde, como mínimo, principios del siglo XIX. Fue la Comisión de Monumentos de Oviedo, creada en 1844 para gestionar los bienes desamortizados, quien protegió y documentó el valioso patrimonio prerrománico, en avanzado estado de ruina por entonces.

Así lo constata el Libro Blanco del Arte Prerrománico de Asturias, editado por el Gobierno autonómico el pasado año. “Los bienes del prerrománico han sido objeto de atención preferente de las administraciones desde, al menos, la creación de las comisiones provinciales”, señala el documento. La primera restauración acreditada se produjo en 1846 en San Miguel de Lillo bajo las directrices del académico ilustrado José Caveda y Nava.

Algunos de los edificios más relevantes fueron catalogados en el inventario de los Monumentos Arquitectónicos de España (1852-1881), el colosal proyecto impulsado por la Real Academia de Bellas Artes y patrocinado por el Ministerio de Fomento. Santa Cristina de Lena, San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco, la Cámara Santa, San Salvador de Valdediós y San Salvador de Priesca fueron estudiadas metódicamente en 1877 por el erudito José Amador de los Ríos en aquel registro oficial del Estado.

La acción más decisiva de protección, no obstante, fue la declaración de Monumento Nacional desde 1885 de todos ellos. La orden emitida por el Gobierno, previo informe de la Real Academia de la Historia, ponía los edificios “bajo la inspección de la Comisión de Monumentos de Oviedo” y alertaba de forma taxativa sobre su crítica situación: “…la declaración de Monumento Nacional como único medio de salvar a la ermita del deplorable estado en que se halla”. Se refiere, en este caso, a Santa Cristina de Lena. Los monumentos de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco también recibieron la máxima figura de protección estatal ese mismo año. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia inmatriculó otro monumento prerrománico asturiano en 1981 cuando estaba prohibido registrar templos

marzo 27, 2020

San Julián de los Prados, Monumento Nacional en 1917 y Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1998, fue construida por Alfonso II en el siglo IX e inscrita por la jerarquía eclesiástica a su nombre en uso del polémico artículo 206 sin aportar ningún título de propiedad

Ábside de San Julián de los Prados. WIKIPEDIA

Ábside de San Julián de los Prados / WIKIPEDIA

A. Moreno, Público, 27 de marzo de 2020

La Iglesia católica también inmatriculó San Julián de los Prados (Oviedo), otra joya del arte prerrománico, y lo hizo en 1981 cuando la ley prohibía expresamente la inscripción en el registro de la propiedad privada para los templos de culto, según confirma la nota acreditativa en poder de Público.

El diocesano utilizó una fórmula sibilina para sortear la normativa: inscribió la finca de 2.555 metros cuadrados del antiguo cementerio parroquial, en cuyo interior se encontraba el monumento del alto medievo. Sorprendentemente, el registrador, por desconocimiento o por pasividad, accedió a inmatricular el inmueble pese a que la norma era taxativa en ese momento.

Hasta 1998, los templos de culto tenían vedado el acceso al registro de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque desde el derecho romano, eran considerados bienes comunes y, por tanto, quedaban fuera del comercio y no podían ser privatizados. Hoy día, según sostienen los colectivos patrimonialistas, los templos de carácter histórico deberían ser categorizados como bienes de dominio público y su inscripción en el registro de la propiedad privada debería ser anulada. Fue el expresidente José María Aznar quien amplió, en una polémica decisión de enorme trascendencia histórica, las prerrogativas de la Iglesia para registrar también lugares de culto. En su razonamiento, la norma aducía que la limitación de registrar templos católicos era inconstitucional. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia inmatriculó dos joyas históricas del arte prerrománico fundado por los reyes de Asturias

marzo 16, 2020

El Grupo Inmatriculaciones Asturias está convencido de que la jerarquía eclesiástica ha inscrito a su nombre todos los monumentos de un conjunto de incalculable valor cultural promovido en el alto medievo por los monarcas astures y reconocido hoy por la Unesco como bienes del Patrimonio Mundial

Santa Cristina de Lena (izQ.) y San Miguel de Lillo (der.). WIKIPEDIA

Santa Cristina de Lena (izQ.) y San Miguel de Lillo (der.) / WIKIPEDIA

A. Moreno, Público, 16 de marzo de 2020

Al menos dos de los ocho monumentos históricos más relevantes del arte prerrománico de Asturias han sido inmatriculados por la Iglesia católica, según constatan las notas registrales que obran en poder de Público. Santa Cristina de Lena y San Miguel de Lillo fueron inscritos en el registro de la propiedad privada por orden de la Diócesis o el Arzobispado de Oviedo, a través de procedimientos administrativos dispares y en fechas distintas.

El resto de los bienes más reseñables del legado cultural asturiano también habrían sido registrados a nombre de la Iglesia por los mismos procedimientos irregulares, en opinión de la asociación patrimonialista, que ha encontrado enormes dificultades para verificar en los registros la titularidad de todos estos bienes de interés general.

Santa Cristina de Lena fue inmatriculada en el año 2010 en virtud de la “posesión” en el tiempo, que es la fórmula que habitualmente usa la Iglesia para justificar su derecho de propiedad sobre monumentos pertenecientes al legado cultural. Aunque en el documento registral no se explicita el uso del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, las asociaciones patrimonialistas sostienen que todo indica que el arzobispo invocó esa norma presuntamente inconstitucional que permitía a los diocesanos autocertificarse la propiedad sin aportar ninguna prueba documental.

El caso de San Miguel de Lillo es distinto. Y sorprendente. El monumento está inscrito en el registro de la propiedad privada desde 1929, por lo que no habría sido inmatriculado en uso del artículo 206. En este supuesto, la Iglesia se habría aprovechado de una resolución dictada durante la dictadura de Primo de Rivera que permitía entonces la inscripción en el registro de la “posesión” de bienes eclesiásticos, pero no de la “propiedad”. El obispo de Oviedo habría registrado la finca rústica ocultando que en su interior se ubicaba una iglesia del arte prerrománico, cuya inmatriculación como templo de culto estaba expresamente prohibida por ley.

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