¿Educación multiconfesional o laica? Catalunya ofrece clases de religión islámica y reabre un viejo debate

septiembre 24, 2020

Son ya doce las comunidades autónomas que imparten la asignatura en toda España. Mientras las organizaciones laicas lamentan la inclusión en el aula de nuevas materias de carácter dogmático, algunos expertos aplauden una medida que corrige parcialmente la secular discriminación escolar de la comunidad musulmana.

Cataluña empezará a impartir clases de Islam desde primaria en los colegios públicos

Cataluña empezará a impartir clases de religión islámica desde Primaria en los colegios públicos

A. Moreno, Público, 24 de septiembre de 2020

¿La programación de clases de religión islámica nos acerca a la igualdad o nos aleja de la laicidad? Esa es la pregunta que gravita sobre el sempiterno debate reactivado este curso nuevamente tras la implementación por parte de la Generalitat de la asignatura de religión islámica en la escuela pública. El alcance de la medida es muy reducido. Solo cuatro profesores para ocho centros de Tarragona, Girona, Bajo Llobregat y Barcelona. Pero tiene una importancia muy significativa por cuanto Catalunya es la comunidad autónoma con mayor número de musulmanes y su población escolar supera los 90.000 alumnos, casi el doble que Andalucía y Madrid.

El plan piloto se ejecuta en aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la comunidad islámica firmados en 1992, así como del Estatuto de Autonomía. Llega, por lo tanto, 28 años tarde. “Tardísimo”, precisa Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) en Catalunya y secretario estatal. Con todo, El Ghaidouni expresa su “satisfacción” por una decisión política que “anteriores gobiernos autonómicos no tuvieron la valentía de adoptar” y que restituye “un derecho fundamental” de la población musulmana reconocido en la legislación española de forma reiterada.

Ucide ha mantenido numerosas reuniones con la Consejería de Educación para diseñar la puesta en marcha del proyecto, cuyo efecto es muy limitado en este curso. “Nos ha sido imposible dar respuesta a todos los alumnos. No tenemos capacidad”, admite el representante de Ucide Catalunya. La ley establece que los profesores serán designados por la Comisión Islámica de España conforme a criterios de capacitación académica y lingüística, exactamente igual que la Conferencia Episcopal elige a los docentes de religión católica, aunque sus nóminas son sufragadas por el Estado. “Hemos pactado iniciar el curso con cuatro profesores. Este año evaluaremos su funcionamiento para ampliar en el futuro la implantación de más clases de forma progresiva”, precisa El Ghaidouni. Lee el resto de esta entrada »

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Más de 20 entidades critican que Asenjo, uno de los ideólogos de la reforma de Aznar que permitió la inmatriculación de miles de monumentos, sea premiado como hijo adoptivo de Sevilla “

septiembre 8, 2020

Las entidades firmantes cuestionan la decisión del gobierno municipal de galardonar al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, como hijo adoptivo de la Ciudad

Catedral de Sevilla - Wikipedia, la enciclopedia libre

Catedral de Sevilla – Wikipedia

Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, 8 de septiembre de 2020

Tras conocerse a través de la prensa que el arzobispo de la capital hispalense recibirá el título de hijo adoptivo en la ceremonia donde se entregarán las medallas de la ciudad el próximo 23 de septiembre, más de 20 entidades (de ámbito local, provincial, autonómico y estatal) han lamentado esta decisión del gobierno local “pues alguien que se apropió del patrimonio que es de todos y todas nada más llegar al cargo no merece ese reconocimiento”.

Denuncian que, al poco de ser nombrado arzobispo en Sevilla, Asenjo inscribió en el Registro de la Propiedad la Catedral de Sevilla “incluyendo a la Giralda y al Patio de los Naranjos como simples anexos de la finca, despreciando a estos dos símbolos de la ciudad y haciendo negocio con ellos cuando siempre fueron espacios públicos”.

“Cuenta también con el dudoso honor de ser obispo de Córdoba cuando se inmatriculó la Mezquita”, señalan las diferentes entidades y, en este sentido, han recordado que Juan José Asenjo era el responsable del Patrimonio de la Iglesia cuando Aznar modificó la Ley Hipotecaria para extender a los templos de culto la posibilidad de ser inmatriculados.

Dichas entidades lamentan que el gobierno municipal proponga esta distinción “cuando sigue sin hacer público el listado de bienes inmatriculados, tal y como se aprobó en el Pleno”. Y es que, en febrero de 2018, el Ayuntamiento de Sevilla acordó “recabar de los Registros de la Propiedad, la lista completa de los bienes inmatriculados en la ciudad al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia católica”. Lee el resto de esta entrada »

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¿Es la oficina de mediación de Catalunya la solución para resolver el conflicto de las inmatriculaciones de la Iglesia?

agosto 22, 2020

La Generalitat pondrá en marcha en septiembre el primer órgano de arbitraje de toda España para intentar acuerdos bilaterales en el polémico caso de los miles de bienes inscritos a nombre de los obispos.

Cartel a la entrada del edificio de la Conferencia Episcopal en Madrid en el que se lee 'Conferencia Episcopal Española'. Europa Press.

Cartel a la entrada del edificio de la Conferencia Episcopal en Madrid / Europa Press.

A.Moreno, Público, 22 de agosto de 2020

La Generalitat de Catalunya pondrá en marcha en septiembre una oficina de mediación para intentar resolver por la vía del acuerdo las reclamaciones de bienes inmatriculados por la Iglesia católica que presenten particulares o ayuntamientos. Se trata del primer instrumento administrativo arbitrado por una comunidad autónoma en el espinoso asunto de las más de 100.000 inscripciones eclesiales registradas en toda España, muchas de las cuales afectan a buena parte del valioso patrimonio histórico, pero también a huertos, casas, plazas públicas, cementerios y hasta frontones. Pero, ¿es esta la solución adecuada? ¿La oficina de mediación dará respuesta al aluvión de casos detectados en todo el país? ¿Qué pasa con los bienes de dominio público? ¿Y si la Iglesia se cierra en banda y se niega a negociar?  

No hay una contestación concluyente para todas las incógnitas planteadas. Las dudas son innumerables y las opiniones sobre su eficacia difieren notablemente según los actores implicados. Por lo pronto, la oficina ya ha empezado a recibir numerosas consultas preliminares de particulares y ayuntamientos catalanes. Así lo ha revelado a Público su directora, Rosa Creus, que coordina un equipo de doce expertos. “Estamos recibiendo ya muchas preguntas y se están respondiendo, pero hasta septiembre la oficina no se pondrá en marcha”, afirma en conversación telefónica.

La Generalitat hizo público el pasado 23 de julio el listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica, que incluye 3.722 bienes inscritos a su nombre a través del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado en 2015 por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, debido a sus visos de inconstitucionalidad. El artículo abolido permitía a los obispos autocertificar la propiedad de fincas e inmuebles sin aportar título escrito de dominio, gracias a una prerrogativa especial aprobada por el régimen confesional de Franco que los equiparaba a funcionarios públicos. El Govern ha habilitado un portal interactivo para que particulares y ayuntamientos puedan reclamar la inmatriculación de bienes que pudieran pertenecerles. Del total de propiedades, 1.855 son templos de culto; 1.518 fincas rústicas; y 349 edificios de carácter civil. Algunas de las casas, ermitas y cementerios inmatriculados se encuentran en el interior de fincas agrícolas privadas, cuyos propietarios protagonizaron en Catalunya la movilización contra las inscripciones eclesiales a través del sindicato agrario mayoritario Unió de Pagesos. Lee el resto de esta entrada »

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La Iglesia inmatriculó en Catalunya decenas de casas y templos propiedad de los agricultores

agosto 17, 2020

El sindicato agrario que destapó las inscripciones eclesiales rechaza la oficina de mediación impulsada por la Generalitat para solucionar el conflicto originado por el registro a nombre de los obispos de más de 3.720 propiedades en toda la comunidad autónoma. La Unión de Payeses reclama la intervención directa de la administración del Estado

Iglesia Sant Pere de Castellfollit del Boix / Wikipedia

Iglesia Sant Pere de Castellfollit del Boix / Wikipedia

A. Moreno, Público, 17 de agosto de 2020

Joan Casajoana, agricultor catalán, descubrió un buen día que una casona familiar, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo a su nombre. Atónito por la usurpación de bienes que habían pertenecido a sus antepasados desde tiempo inmemorial, se presentó en el Obispado para aclarar la confusión. El prelado se cerró en banda y reclamó documentación que acreditara su propiedad. Es decir: invirtió la carga de la prueba.

Casajoana logró documentos fiables. Y, después de meses de litigios, el obispo admitió en un acto de conciliación propiciado por el registrador de la propiedad, que la casa y el terreno usurpados habían sido inmatriculados por error. Con la iglesia románica y el cementerio, en cambio, no transigió. “He presentado hasta 40 documentos. Y el obispo dice que ni el templo ni el cementerio los devuelve porque tienen derecho de custodia de los difuntos. ¡Pero si son mis difuntos!”. La iglesia se aferra a la posesión en el tiempo de ambos edificios como argumento para reclamar su propiedad, aunque ni los construyó, ni los rehabilitó, ni jamás puso un euro para su mantenimiento.

Esta fue la chispa que desencadenó en Catalunya hace más de tres años la primera investigación del controvertido caso de las inmatriculaciones de la Iglesia. Joan Casajoana había formado parte durante 25 años de la ejecutiva de la Unión de Payeses, el sindicato mayoritario de agricultores, y en su nombre inició un exhaustivo estudio en varias comarcas catalanas que, a día de hoy, ya ha aflorado más de 800 inmatriculaciones. Muchas de ellas resultaron ser inscripciones de casas rectorales e iglesias privadas construidas por los payeses desde el siglo X en sus propias fincas. Pero la jerarquía eclesiástica, al tratarse de templos católicos y haber cedido un sacerdote para la liturgia, los ha ido registrando a su nombre sin informar al dueño y al amparo del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria que permitía a los obispos autocertificar propiedades sin aportar pruebas de titularidad por escrito.

“Me di cuenta entonces de que las ermitas o cementerios privados de payeses representaban solo un 2% o un 3% del total de las inmatriculaciones”, argumenta Casajoana. El resto se trataba, en su mayoría, de bienes pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de los pueblos. “Todos esos edificios han sido pagados históricamente por los agricultores. ¿Cómo? Los documentos antiguos prueban que se construían para beneficio de todos. Los agricultores que tenían dinero aportaban dinero. Y quien no tenía dinero aportaba trabajo. Así se edificaron durante siglos las iglesias rurales, las casas pastorales o los cementerios”. En 2018, el trabajo tenaz de Joan Casajoana ya había logrado identificar 430 propiedades inmatriculadas en tres comarcas catalanas: Bages, Berguedà y L’Anoia. Un total de 203 ermitas, iglesias y capillas; 52 casas rectorales; 95 terrenos; y 50 cementerios, además de huertos y otro tipos de propiedades. Hoy la lista ya suma más de 800 inmatriculaciones, que la Unión de Payeses entregará a la Generalitat. Lee el resto de esta entrada »

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¿Por qué el patrimonio histórico de Francia y Portugal es propiedad de sus ciudadanos y en España, de la Iglesia?

agosto 10, 2020

La polémica de las inmatriculaciones, que el Gobierno afrontará en los próximos meses, pone en el centro del debate la propiedad del ingente legado cultural de España. Pero, ¿qué ocurre en otros estados vecinos? Francia, Portugal y México abanderan el grupo de países que lo consideran patrimonio público. Grecia, Austria o Alemania, por contra, admiten con matices la titularidad de las organizaciones religiosas

Interior de una Iglesia / Pixabay

Interior de una Iglesia / Pixabay

A. Moreno, Público, 10 de agosto de 2020

La controvertida privatización del patrimonio histórico español, a través del subterfugio jurídico de las inmatriculaciones, ha permitido que la Iglesia registre a su nombre 3.111 monumentos, gran parte de ellos de enorme valor arquitectónico y cultural. El hecho contrasta con la situación del legado histórico de, al menos, nuestros dos vecinos directos. En Francia y Portugal todos los monumentos histórico artísticos son propiedad del Estado. La Iglesia católica, en ambos casos, conserva el derecho de uso para sus actividades litúrgicas, pero la titularidad es pública.

El argumento jurídico que lo fundamenta es idéntico para los dos países. Todos esos bienes han sido edificados a lo largo de la historia gracias al esfuerzo nacional para un uso común de todos los ciudadanos. Tanto en Francia como en Portugal la católica ha sido la religión oficial del Estado durante siglos, que ha asumido los gastos de mantenimiento del culto y también del clero. Y con la secularización y la separación de facto entre la religión y el Estado, todo ese ingente patrimonio cultural fue desafectado y quedó bajo el dominio de la administración pública. En términos técnicos, no se produce una expropiación. Lo que hay es un reconocimiento expreso de la propiedad nacional de esos bienes.

Este es básicamente el razonamiento histórico y jurídico que justifica la titularidad pública del patrimonio cultural de carácter religioso en Francia y Portugal, pero también en otros países. Sin embargo, su aplicación práctica fue diametralmente distinta. Mientras que en el vecino galo fue producto de una decisión unilateral por parte del Estado, lo que desencadenó una ruptura diplomática con el Vaticano, en Portugal fue como consecuencia de un pacto concordado con la Iglesia.

Francia, Portugal, México y otros países sudamericanos lideran el grupo de estados que reconocen jurídicamente el patrimonio histórico de naturaleza religiosa como parte del tesoro nacional. Otros tantos, en cambio, o no han resuelto legislativamente la cuestión o admiten la titularidad de las organizaciones religiosas. En este reportaje examinamos los ejemplos más significativos.

Francia

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Los registradores permitieron a la Iglesia inmatricular cientos de monumentos cuando la ley no lo permitía

julio 11, 2020

Hasta la reforma de Aznar de 1998, los templos no podían ser inscritos pero los obispos registraron a su nombre todo el tesoro mudéjar de Zaragoza, algunas joyas del prerrománico asturiano y centenares de edificios históricos por toda la geografía española. Los registradores de la propiedad miraron para otro lado y en 2001, tras un grave incidente por la negativa de uno de ellos, el Gobierno del PP legalizó con carácter retroactivo su inscripción.

Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. /Wikipedia

Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza / Wikipedia

A. Moreno, Público, 11 de julio de 2020

Los registradores de la propiedad hicieron la vista gorda durante décadas a la inscripción por parte de los obispos de cientos, quizás miles, de monumentos de enorme valor histórico, que hasta la reforma de José María Aznar de 1998 no podían ser inmatriculados por tratarse de templos de culto. Al menos, todo el tesoro mudéjar de Zaragoza fue inscrito por el entonces prelado Elías Yanes. Los monumentos de la Magdalena, San Juan de los Panetes y la Seo, entre otros, fueron registrados en 1987, once años antes de que la ley lo permitiera. Incluso la Basílica del Pilar, nada menos, fue inmatriculada en contra de las restricciones legales impuestas por la norma hipotecaria.

El tesoro mudéjar aragonés no fue el único conjunto monumental inscrito en el registro de la propiedad privada cuando la norma lo impedía. También se inscribieron otros tres edificios históricos del prerrománico asturiano antes de 1998, tal como acaba de revelar diario Público semanas atrás. Se trata de San Julián de los Prados, San Salvador de Valdediós y San Pedro de Naves, todos ellos pertenecientes a la obra arquitectónica promovida por los reyes astures entre los siglos VIII y X, y amparados por las figuras de máxima protección patrimonial desde hace décadas.

En Córdoba, también se inmatriculó la ermita del Pocito en 1987, con el agravante de que en el mismo lote se registró una plaza pública, cuya propiedad está sujeta a litigio con el Ayuntamiento de la ciudad después de que la Plataforma Mezquita Catedral revelara el caso a los medios de comunicación. Todo indica que la inscripción de monumentos históricos cuando la ley lo prohibía de manera expresa puede alcanzar varios cientos, una vez que el Gobierno publique el listado completo de inmatriculaciones practicadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, cuyo número roza los 35.000 inmuebles y fincas.

El reglamento hipotecario promulgado por Franco en 1947 no deja lugar a dudas. La Iglesia fue equiparada con el Estado y los obispos recibieron la consideración de fedatarios públicos para inscribir bienes sin aportar títulos de dominio en virtud de un privilegio hoy ya derogado. Pero la norma puso límites al “exceptuar” de la inscripción los “templos de culto”, tal como estipula el artículo 5.4 del reglamento. ¿Cómo pudieron los prelados inmatricular templos en el registro si la ley lo prohibía? Esa es la cuestión. Lee el resto de esta entrada »

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La batalla de Héctor reactiva el debate sobre los símbolos religiosos en el aula

julio 4, 2020

Europa Laica reclama un marco regulatorio estable que garantice la neutralidad del Estado en espacios públicos. Ante el vacío legal, la decisión de colocar crucifijos en los colegios descansa hoy en los consejos escolares. Dos juristas argumentan para Público las razones en contra y a favor de un debate aún no resuelto

Imagen de un rosario. /Pixabay

Imagen Pixabay

A. Moreno, Público, 4 de julio de 2020

La presencia de símbolos religiosos en el aula sigue hoy huérfana de un marco normativo específico y sujeta, por tanto, a la interpretación subjetiva del texto constitucional, que garantiza la libertad de culto y la neutralidad de un Estado que se reclama aconfesional. Pero, ¿en qué se concreta exactamente la neutralidad del Estado? Ese es el nudo gordiano de la cuestión, que ha vuelto a ponerse sobre la mesa al hilo del caso del joven cordobés Héctor Sánchez, que ha batallado sin éxito durante tres años para que retiraran los símbolos religiosos de su instituto público de Dos Torres.

La Constitución de 1978 proclama, en efecto, por primera vez en la historia de España, con el paréntesis de la II República, la neutralidad del Estado en materia de consciencia. ¿Es ese principio suficiente para declarar los espacios públicos libres de simbología religiosa? Todo indica que no. “No hay un marco legal sobre el uso de símbolos religiosos”, afirma Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica. “Aquí cada cual entiende el laicismo como quiere. Y, en materia educativa, tampoco hay una legislación que lo regule”, lamenta.

Eso es precisamente lo que esta organización viene reclamando desde hace años: un reglamento sobre la laicidad que establezca por escrito sobre qué pautas debe utilizarse la simbología en los edificios de carácter público. “Lo que tiene que haber ya es una ley sobre libertad de conciencia, que concrete cuáles son las obligaciones de las administraciones para salvaguardar los derechos de los ciudadanos”, sostiene Picó.

La ausencia de ese marco normativo, explica el portavoz de Europa Laica, es lo que ha permitido que Héctor Sánchez haya tenido que soportar durante tres años la presencia de crucifijos en su aula en vulneración de su derecho a la libre conciencia y en desafío a la aconfesionalidad del Estado. “Que esa decisión la tome el consejo escolar es saltarse la legislación. Esto no es una cuestión de mayorías y minorías. No tiene sentido que en el ámbito de una educación pública y laica se deje este asunto en manos de los consejos escolares”. Lee el resto de esta entrada »

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Otro monumento del prerrománico asturiano inmatriculado por la Iglesia cuando la ley no lo permitía 

junio 16, 2020

Fachada del lado norte de la Iglesia prerrománica de San Salvador de Valdediós en Asturias. WIKIPEDIA

Fachada del lado norte de la Iglesia prerrománica de San Salvador de Valdediós en Asturias. WIKIPEDIA

A. Moreno, Público, 16 de junio de 2020

El Arzobispado de Oviedo puso también a su nombre San Salvador de Valdediós, uno de los ocho monumentos más importantes del arte prerrománico asturiano, con su única autocertificación eclesiástica y al amparo del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado por su presunta inconstitucionalidad.

Lo hizo además en 1993, cinco años antes de que el ex presidente José María Aznar reformara la norma para autorizar que accedieran al registro de la propiedad privada los templos de culto históricos, hasta ese momento considerados bienes comunes y, por tanto, fuera del comercio. Público tiene en su poder la nota registral que así lo atestigua.

No es el primer monumento del prerrománico inmatriculado antes de 1998. San Julián de los Prados también fue inscrito en 1981, en clara vulneración de la legislación hipotecaria promulgada por Franco en 1946, que equiparaba a la Iglesia con el Estado y a los obispos con fedatarios públicos. Expertos juristas y colectivos patrimonialistas consideran que la Constitución aconfesional de 1978 neutralizó de facto esa norma y, por consiguiente, todas las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho, cuanto más las inscripciones de edificios de culto.

La iglesia de San Salvador de Valdediós fue construida por orden de Alfonso III en el siglo IX y pertenece a un valioso conjunto monumental fundado por los reyes astures como representación de su poder.

El arte prerrománico asturiano está protegido por los instrumentos de gestión cultural más importantes de España y entre 1985 y 1998 fue inscrito en el listado del Patrimonio Mundial de la Unesco. San Salvador de Valdediós no entró en esa primera catalogación pero su candidatura está a la espera del visado definitivo.

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La ausencia de un plan director en la Mezquita de Córdoba permite una gestión “arbitraria” por la Iglesia

junio 9, 2020

El revés judicial del TSJA pone al descubierto el uso por la Iglesia del monumento islámico más importante de Occidente. Expertos y colectivos patrimonialistas denuncian el ocultamiento de los valores andalusíes esenciales del edificio en beneficio de una interpretación netamente católica y piden un marco normativo que preserve su autenticidad

Una mujer visita la Mezquita de Córdoba, el primer día de su reapertura tras el cierre por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus. REUTERS/Jon Nazca

Una mujer visita la Mezquita de Córdoba, el primer día de su reapertura tras el cierre por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus. REUTERS/Jon Nazca

A. Moreno, Público, 9 de junio de 2020

La Mezquita de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial en 1984, es objeto de una enconada polémica sobre su modelo de gestión desde su inmatriculaciónpor la Iglesia en 2006. Empeñados en subrayar su carácter de templo católico, el obispo y los canónigos suprimieron el universal nombre de Mezquita de todos los documentos oficiales y se lanzaron a una reinterpretación histórica del edificio soslayando su identidad andalusí y desvirtuando su singularidad como arquitectura excepcional del islam, tal como reconoce expresamente la Unesco. En uno de los folletos turísticos, se llegó incluso a reducir el soberbio templo fundado por Abderramán I en el siglo VIII como mera “intervención islámica” en la Catedral.

La reciente sentencia del TSJA sobre la eliminación de la gran celosía del Patio de los Naranjos reprocha al Cabildo catedralicio y a la Junta de Andalucía haber actuado en contra de los principios de intervención delimitados en la normativa de Patrimonio Histórico y lesivos para la protección de los valores de un monumento único en el mundo. A la supresión injustificada de la reja de dos toneladas, sobre la que se pronuncia el fallo judicial, se suman otras muchas controvertidas intervenciones en el monumento en los últimos años, que han sido posibles, en gran medida, por la ausencia de un plan director de la Mezquita, que regule su uso, pese a las recomendaciones formuladas por la Unesco.

En las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de 2008, la Unesco ya reclama a los bienes inscritos en el listado que se doten de un marco regulatorio.  “Es esencial que exista un plan de gestión apropiado. (…)También se espera que se presenten garantías de la aplicación efectiva del plan de gestión”, recoge el documento en su punto 5.e. La Mezquita de Córdoba, uno de los primeros monumentos españoles inscritos como Patrimonio Mundial, no dispone de ningún plan. En 2001 elaboró undocumento pero nunca llegó a entrar en vigor porque su redacción por parte de los dos arquitectos contratados por el Cabildo tropezó con reparos técnicos de la Junta de Andalucía.

El resultado es que hoy en día uno de los tesoros arquitectónicos más sorprendentes del mundo es gestionado por 26 canónigos y no dispone de un programa de actuación. Su situación contrasta con el otro monumento gemelo del arte andalusí de Andalucía, la Alhambra de Granada, que cuenta con un patronato, un plan director y un informe anual.  “La ausencia de un plan director en la Mezquita da lugar a este tipo de abusos, amparados a su vez por la falta de regulación de la visita pública o la interpretación por parte de la normativa de patrimonio cultural”, afirma Celia Martínez Yáñez, profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y experta en la Convención del Patrimonio Mundial. Lee el resto de esta entrada »

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La Junta de Andalucía sale en defensa de los intereses de la Iglesia y recurrirá la sentencia de la Mezquita de Córdoba

junio 5, 2020

El TSJA anuló hace diez días el permiso otorgado por la Consejería de Cultura para suprimir una gran celosía y facilitar la entrada de cofradías de Semana Santa en el interior del universal monumento. El fallo dejó en evidencia la obligación autonómica de tutela y protección del patrimonio histórico, y cuestiona la gestión “arbitraria” del Cabildo, según los expertos.

Un hombre, con un carrito de niño, visita la Mezquita de Córdoba, en su reapertura tras el cierre por la emergencia sanitaria durante la pandemia por coronavirus. REUTERS/Jon Nazca

Un hombre, con un carrito de niño, visita la Mezquita de Córdoba, en su reapertura tras el cierre por la emergencia sanitaria durante la pandemia por coronavirus. REUTERS/Jon Nazca

A. Moreno, Público, 5 de junio de 2020

La Junta de Andalucía trabaja ya en el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la autorización de la retirada de una gran celosía de la Mezquita de Córdobapara dar paso a las cofradías de Semana Santa al interior del monumento.

El fallo representó un serio varapalo judicial al Gobierno andaluz por vulnerar su propia Ley de Patrimonio Histórico al permitir un uso no previsto por la normativa y faltar a su obligación competencial en la protección y tutela de un monumento de dimensión internacional declarado Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1984.

Pese a los contundentes argumentos esgrimidos por el TSJA, la Junta se inclina por elevar la sentencia al Tribunal Supremo bajo la argumentación de que el Alto Tribunal andaluz no habría respondido correctamente a las alegaciones planteadas por el Gobierno regional, según adelantó la edición local de ABC, que cita fuentes jurídicas de la administración autonómica. Un portavoz de la delegación de la Junta en Córdoba confirmó a Público que los técnicos están ya trabajando en el recurso “como es práctica habitual”, según detalló, “en todas las sentencias desfavorables al Gobierno andaluz”.

Solo una valoración negativa de los servicios jurídicos paralizarían la apelación al Supremo y aún quedan doce días de plazo. La Junta pleiteará, en ese caso, por una cuestión de procedimiento en el sentido de que el fallo se habría fundamentado en el artículo 39 de la Ley de Patrimonio Histórico, cuando las alegaciones se apoyaban en el apartado número 20 de la norma. Lee el resto de esta entrada »

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