El Gobierno reconoce que las inscripciones eclesiásticas pueden ser inconstitucionales pero no las anulará y dejará que particulares y ayuntamientos litiguen con la Iglesia en los tribunales. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que el Estado no puede eludir su responsabilidad en la recuperación de cientos de bienes de dominio público.
Ermita de San Isidro, Aranda de Duero / Fuente Imagen
Aristóteles Moreno, Público, 22 de febrero de 2021
En el listado de los 34.961 bienes inmatriculados por los obispos entregado anteayer por el Gobierno al Congreso de los Diputados, habrá un buen número que le pertenezcan con seguridad. Pero otros cientos, quizás miles, serán propiedad de particulares o forman parte del ingente legado cultural español. En contra del compromiso de Pedro Sánchez contraído en su investidura hace justo ahora un año, su Ejecutivo no impulsará ninguna reforma legislativa para anular las inscripciones eclesiásticas, practicadas en virtud de un privilegio supuestamente inconstitucional, ni protegerá por ley aquellos bienes de valor histórico que puedan ser categorizados como dominio público.
El Gobierno quiere dar carpetazo al controvertido escándalo dejando en manos de particulares y ayuntamientos su eventual reclamación ante los tribunales en procesos judiciales caros y tortuosos muy difíciles de sostener en el tiempo. Algunos monumentos de valor histórico ya han podido ser recuperados, gracias al voluntarismo de los alcaldes, pero otros muchos se quedarán en manos de los obispos, aunque no tengan títulos fehacientes de propiedad. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que la privatización masiva de bienes es una cuestión de Estado porque se ha ejecutado en base a un mecanismo inconstitucional y afecta a bienes históricos considerados de dominio público. En este reportaje identificamos diez ejemplos que podrían avalar esa hipótesis.
Murallas de Artá
Escrito por asturiaslaica 
