Del Tribunal de Cuentas a la ‘ley Celaá’: 8 frentes abiertos para la Iglesia católica

Pedro Sánchez, en el acto de toma de posesión como presidente.

Pedro Sánchez, en el acto de toma de posesión como presidente, sin símbolos religiosos. EFE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 2 de febrero de 20120

Las conclusiones provisionales del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el dinero público que recibe la Iglesia, publicadas por infoLibre, abren nuevos frentes a la institución católica, o desprotegen aún más frentes ya abiertos. El órgano fiscalizador, que aún debe aprobar un informe que podría experimentar cambios de última hora, pone de relieve en sus conclusiones la opacidad con la que la Iglesia maneja el dinero público, su falta de pasos hacia la autofinanciación y la escasez de control sobre sus exenciones, entre otros problemas. Incluso pone las ayudas que recibe bajo sospecha de ser “ayudas de Estado”, aconsejando al Estado tomar medidas para evitarlo [ver aquí y aquí las informaciones sobre la auditoría]. La Conferencia Episcopal, presidida por Ricardo Blázquez, vuelve al punto de mira, precisamente por el tema por el que menos le gusta a los obispos que se hable de ella: el dinero.

Tras la moción de censura que sacó del poder a Mariano Rajoy, el recién elegido presidente Pedro Sánchez tomó posesión en agosto de 2018 en una ceremonia sin la presencia de la Biblia ni del crucifijo, un gesto replicado por sus ministros que elevó las expectativas de los sectores laicistas. Había material para fundar tales expectativas. Sánchez se había presentado a las generales de 2016 y a las primarias del PSOE de 2017 con programas decididamente rupturistas, que llegaban incluso a la derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979. Pero los propósitos quedaron en casi nada. El Gobierno centró sus iniciativas relacionadas con la Iglesia en la exhumación de Francisco Franco, a la que dio carácter prioritario.

No hubo denuncia del conocido como “Concordato” –aunque en rigor ya no lo es–, ni se tocó la Lomce –que favorece a la enseñanza concertada, mayoritariamente católica, y hace evaluable la Religión–, ni se publicó el listado de inmatriculaciones, ni se revisó la exención del IBI y el resto de ventajas fiscales… Hubo una muy mediática reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pero los compromisos reformistas alcanzados acabaron en nada. Eso sí, quedar “en nada” no significa quedar “enterrados”. PSOE y Unidas Podemos han recuperado, en su programa de Gobierno, medidas fuerte afectación a la Iglesia.

A la auditoría del Tribunal de Cuentas y el programa de Gobierno se suman problemas largamente arrastrados por la Iglesia, como la desolación vocacional y la secularización. Es observable además una falta de sintonía de un sector significativo de la jerarquía española con el papa Francisco, que aún no ha visitado el país. Corren tiempos inciertos para una vieja casa que tiene dos factores a favor: es la única institución en España con experiencia en pensar a siglos vista, y la historia dice que, al menos en España, siempre acaba saliendo de todos los atolladeros conservando un poder y una influencia significativas sobre la sociedad. infoLibre repasa los principales frentes que tiene abiertos en España la Iglesia católica, sea porque deberá dar explicaciones por los mismos, introducir reformas, o porque tocan áreas donde tiene importantes intereses.

1.- Dinero público sin control

Un problema inesperado. La memoria con la que la Iglesia explica qué hace con el dinero que recibe del Estado no tiene valor justificativo. El Gobierno no hace ningún seguimiento. Y la situación ha quedado ya oficialmente expuesta. El informe provisional del Tribunal de Cuentas pone en el punto de mira el mecanismo de funcionamiento de la casilla de la Iglesia del IRPF, que supone 250 millones de euros al año de dinero público para la institución católica. La memoria sobre el dinero público que recibe la Iglesia por esta vía, y que la Conferencia Episcopal presenta comodemostración de su transparencia, no está regulada para garantizar su efectividad ni tiene valor probatorio.

Pero el Ministerio de Justicia ni ningún otro departamento gubernamental realizan informes “en relación con las memorias presentadas” por la Conferencia Episcopal, según el Tribunal de Cuentas. “El Estado tampoco dispone de mecanismos internos que aseguren una actuación coordinada en torno a la memoria justificativa”, añade el informe. A pesar de ello, el Gobierno no comprueba el destino final de los fondos, según el Tribunal de Cuentas, cuyas conclusiones finales aún deben someterse al pleno de la institución.

La revisión del sistema de funcionamiento de la casilla de la Iglesia no es un tema que políticamente haya estado sobre la mesa, no figura el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y no fue trasladado por la vicepresidenta Calvo a Parolin en 2018. No obstante, la número dos del Gobierno afirmó la semana pasada en la cadena Ser que el tema podía ser objeto de “reflexión“, si bien puso más énfasis en las exenciones del IBI. Una corriente del PSOE ha defendido durante décadas que el mecanismo de entrega directa de dinero público a la Iglesia, en el que se paga dinero público según el número de equis que se marquen pero sin que los que marcan la equis tengan que poner más, debía desaparecer y ser sustituido por algo parecido al método alemán, en el que el creyente que marca paga un poco más.

La auditoría desmonta el discurso eclesial sobre transparencia y autofinanciación y pone a 13TV bajo sospecha de recibir ayudas de Estado

2.- Posibles ayudas del Estado

Del escaso control sobre el dinero que sale año a año de los Presupuestos Generales del Estado y es entregado año a año a la Iglesia católica se deriva otro problema, nada desdeñable. Tal y como pone de relieve el Tribunal de Cuentas, no es posible certificar fehacientemente el destino final del dinero del IRPF que va a la Iglesia. Entonces, ¿cómo se garantiza que no llegue a una entidad que realiza una actividad económica y que, por lo tanto, se vería así beneficiada dentro de lo que debería ser una libre competencia?

“El Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria, por lo que no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas”, dicen las conclusiones provisionales del Tribunal de Cuentas. Esto es crucial porque podría verse comprometido elprincipio de libre concurrencia, clave no sólo del Derecho español, sino también europeo. “Sería conveniente que el Gobierno dispusiese de la información suficiente para asegurar que el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria es compatible con el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia, en concreto, las relativas a las ayudas de Estado”, añade la memoria.

Aquí se encierra una ironía. El estatuto económico de la Iglesia es habitualmente defendido por los sectores conservadores, que suelen sostener planteamientos contrarios a las subvenciones, mucho más a las “ayudas de Estado”. Está por ver cómo reaccionan ahora que las ayudas a la Iglesia están bajo sospecha de quebrar la libre competencia.

3.- Una televisión, un sumidero

El Tribunal de Cuentas anota en sus conclusiones provisionales que las memorias de la Iglesia de 2016 y 2017 presentan sendos superávits de 19,3 y 15,9 millones. Como ha informado este periódico, más de la mitad de ese superávit se ha ido a la televisión 13TV, que se ha convertido en un sumidero de dinero y un problema en sí misma para la institución católica. “La existencia de superávit no está prevista” en los acuerdos con la Santa Sede y “el destino” dado al mismo “tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede”, anota el informe. Del informe del Tribunal de Cuentas se deduce que 13TV está especialmente señalada como posible receptora de lo que podrían entenderse como “ayudas de Estado”. El dinero destinado por la Iglesia a esta televisión suma ya 28 millones de euros, según ha informado El Español.

El problema no es sólo económico. Esta emisora ha sido objeto de críticas incluso en el seno de la Iglesia. Obispos catalanes hicieron público en 2013 un comunicado en términos graves: “Creemos que produce un grave escándalo en muchos miembros de la comunidad católica de nuestras diócesis y también en nosotros mismos, el hecho de que el canal de televisión 13TV, que ha de respetar a las personas y a las instituciones según su ideario, en algunos de sus informativos y tertulias opte por el desprecio, la descalificación e incluso el insulto”.

La reprobación desde las propias filas de la Iglesia a 13TV no se quedó ahí. Un grupo de sacerdotes de la archidiócesis de Tarragona dirigió cuatro años después, en 2017, una carta abierta al presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, por considerar que como accionista mayoritaria la Iglesia debía tomar cartas ante una cadena que fomenta“sentimientos contrarios al respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad”.

La fiscalización del dinero público recibido pone a la Iglesia en el punto de mira justo cuando arranca un Gobierno que tiene en agenda el IBI y las inmatriculaciones

4.- Ventajas fiscales amenazadas

La Iglesia y sus organizaciones disfrutan de una exención generalizada del IBI. El Gobierno, desde la legislatura pasada, insiste en que hay que hacer reformas para que las exenciones estén justificadas. La vicepresidenta Carmen Calvo le explicó a Parolin en 2018 su voluntad de reformar el IBI. Actualmente la Iglesia se libra del IBI incluso por los inmuebles en los que no desarrolla actividad religiosa ni social, sino lucrativa. Se trata de una práctica que el propio Papa Francisco considera injustificada, y que ya ha sido rechazada por la Justicia europea en un caso en Italia. La posición europea es que la Iglesia debe pagar impuestos cuando actúe como “empresa”, ya que de lo contrario se pone en riesgo la libre competencia.

En España ya ha habido una sentencia que golpea a la Iglesia en este punto. El Obispado de Mallorca renunció en 2018 a recurrir un fallo que permite al Ayuntamiento de Escorca cobrar el impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos. La diócesis defendía que la actividad comercial era “auxiliar” al culto religioso, pero la sentencia no lo entiende así. Como no hubo recurso, el tema no llegó al Supremo.

De momento, la jurisprudencia sonríe a la Iglesia. Pero la justicia europea es clara y es previsible que tarde o temprano el tema acabe dirimiéndose allí. No sólo en el caso del IBI, sino de otros impuestos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha ha rechazado una exención de un impuesto local de obras en un colegio católico en Getafe. Uno de los incentivos del Gobierno para adaptarse a la norma es evitar en lo posible o minimizar el impacto de eventuales castigos judicialesllegados desde Europa.

La rebaja de las exenciones fiscales sería sólo impactante por las cifras –que se desconocen, aunque se estima en 700 millones sólo en IBI–, sino porque un ajuste fino obligaría a la Iglesia y sus organizaciones a mayor transparencia patrimonial.

5.-Sin avances hacia la autiofinanciación

El acuerdo de PSOE y Unidas Podemos no recoge la denuncia de los Acuerdos entre el España y la Santa Sede. Es poco probable que el Gobierno tome ese camino. Está menos claro aún que hubiera mayoría en el Congreso para una medida que supondría un conflicto diplomático con el Vaticano. Ahora bien, el informe provisional del Tribunal de Cuentas hunde su dedo en una asignatura pendiente de la Iglesia católica que está recogida precisamente en dichos acuerdos: la autofinanciación.

Los acuerdos entre España y la Santa Sede recogen este compromiso. El punto 5 del artículo II del pacto económico dice así: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Esta intención se ha quedado en una quimera. Y así lo pone de relieve el Tribunal de Cuentas, que señala la inacción del Estado para hacer cumplir ese compromiso.

Se trata de un tirón de orejas severo para la Iglesia, que ha vivido durante toda la democracia sin hacer esfuerzos para alcanzar la autofinanciación sin que las autoridades presionasen para que se moviera. Al contrario, desde 1979 hasta hoy, y pese a la galopante secularización de la sociedad española, la Iglesia se ha aferrado a la fuente de recursos del Estado hasta quedar en una situación de completa dependencia de lo público. Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, que se cuenta entre los más exhaustivos conocedores de los entresijos de las relaciones entre Estado e Iglesia, sintetiza la cuestión con una frase: la Iglesia “es el eterno adolescente de 40 años que nunca se va de casa”.

Además, el Tribunal de Cuentas golpea el discurso episcopal según el cual la Iglesia vive de sus fieles. “No existe acuerdo entre las partes o normativa aplicable que concrete las actividades y entidades de la Iglesia a cuyo sostenimiento el Estado se compromete a colaborar y la Iglesia a avanzar en su sostenimiento”, señala el documento. Como recoge el informe, “esta ausencia de concreción impide que se pueda realizar evaluación alguna del avance en dicho propósito”.

6.- Inmatriculaciones

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos recoge una medida de elevado impacto para la Iglesia. “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”, señala el pacto. Hay escepticismo en el movimiento contra las inmatriculaciones, debido a que Pedro Sánchez y su gabinete incumplieron en la legislatura pasada su compromiso de hacer público un listado de los bienes públicos inscritos por vez primera en el Registro de la Propiedad –eso es inmatricular–.

Las inmatriculaciones son un problema grave para la Iglesia, tanto para su imagen como –si llegara a haber reversiones– para su patrimonio. No obstante, es difícil que sea desposeída de los bienes inmatriculados. Se trata de una batalla larga y de final incierto que, si la Iglesia no colabora, debería dirimirse caso a caso en los tribunales.

Educación impulsa la derogación de la Lomce, que favorece a la concertada, bastión de influencia de la Iglesia

7.- La incógnita de la Ley Celáa

Las conclusiones del informe, que se centra en el IRPF y las exenciones, están lejos de abarcar toda la relación económica del Estado con la Iglesia. Para empezar, se trata de un examen de ámbito estatal. Por lo tanto, se queda fuera el dinero –presupuestos, subvenciones…– que le llega a la Iglesia de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Además, tampoco entra el dinero para sueldos de capellanes carcelarios y hospitalarios, ni los ingresos por venta de entradas a los templos, entre otros muchos conceptos. Lo más relevante que queda fuera es el dinero para conciertos económicos educativos de orden autonómico. Ahí la Iglesia se juega mucho.

La Conferencia Episcopal y los grupos de presión a favor de la concertada religiosa –Concapa, Escuelas Católicas– están en posición de combate ante el compromiso del Gobierno de impulsar la derogación de la Lomce, que promueve la escuela concertada. La educación privada financiada con fondos públicos consume más de 6.000 millones al año y está en más de un 60% en manos de la Iglesia, que asícompensa en las aulas el retroceso de su influencia religiosa.

La ley Celaá, si PSOE y Unidas Podemos cumplen su acuerdo, combatirá de frente la segregación, fenómeno vinculado, entre otros factores, a las prácticas selectivas de la escuela concertada. Este es un tema mayor para la Iglesia, que se ha alineado con PP, Cs y Vox en defensa de un modelo de “libertad de elección” que entroniza la “demanda social” como criterio rector de la planificación educativa, decisión que según numerosos estudios alimenta la segregación. La Iglesia también tiene que medir su posición en el debate sobre la eutanasia, que se prevé intenso.

8.- Las víctimas de abusos

La Iglesia mundial, no sólo la española, vive acogotada por los casos de pederastia y encubrimiento, que afectan a una minoría del clero pero han manchado a toda la institución. El papa Francisco pretende romper las históricas inercias de silencio y escasez de autocrítica. No obstante, la renovación del discurso –se admite ya el daño y se pide perdón sin circunloquios– y de protocolos son insuficientes, a juicio de las víctimas. Está por ver hasta dónde lleva la Iglesia española sus reformas.

Miguel Hurtado, una de las víctimas que participó en el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus pederastas, afirma que la Iglesia española va retrasada en sus tareas: “Hay tres cosas fundamentales por hacer, que no se están haciendo. Una, indemnizar a las víctimas, como se hace en Alemania o Francia. Esto es importante porque en muchos casos hay secuelas psicológicas que requieren pagar terapia. Dos, denuncia automática, que no recaiga jamás en las víctimas y padres presentar denuncias. Tres, política de tolerancia cero, como en Estados Unidos. Si un sacerdote abusa de un menor, se le expulsa y punto”.

 

 

 

 

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