Diócesis y órdenes mantienen el mismo muro de silencio y opacidad desde hace ocho años: EL PAÍS ha vuelto a preguntar a 211 entidades por la gestión de los casos y solo han respondido tres
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Julio Núñez | Íñigo Domínguez, El País, 5 de junio de 2026
La Iglesia española se resiste a pronunciar una palabra y sigue escondiendo una realidad: el encubrimiento durante décadas de los casos de pederastia. Asumido el escándalo tras años de negación, el gran tabú que queda pendiente de derribar para saber toda la verdad es reconocer, investigar y aclarar la responsabilidad de quienes protegieron a los agresores. El encubrimiento estaba ausente en el único y fallido intento de estudio interno de la Conferencia Episcopal (CEE), el informe Para dar luz, de 2023, y la Iglesia se niega a dar datos sobre ello. Pero los hay. Un análisis de este periódico de los 1.622 casos de abusos que han salido a la luz hasta ahora en España, en procedimientos judiciales, investigaciones periodísticas y sentencias canónicas, señala que en las últimas décadas 94 altos cargos eclesiásticos han tapado denuncias, encubierto a clérigos o silenciado a víctimas. De ellos, 7 son cardenales, 61 son obispos y 26, superiores de órdenes religiosas.
Ante la llegada del papa León XIV este sábado, este dato resume la total pasividad tanto en España como en el Vaticano ante el escándalo y todo lo que queda por hacer. Además, la realidad del encubrimiento cuadra con otra, la opacidad de la Iglesia. Este periódico ha preguntado por correo electrónico sobre los casos que conocen a 211 instituciones eclesiásticas —las 70 diócesis y 141 órdenes religiosas— que ya cuentan con acusaciones de pederastia. Más de un mes después, solo tres han respondido a todas las preguntas. Tras ocho años del inicio de la investigación de EL PAÍS, en 2018, con una ronda de consultas similar que puso en evidencia un muro de silencio, la situación no ha cambiado.
El análisis de los casos conocidos hasta ahora señala a 94 altos cargos acusados y sospechosos de encubrimiento. En la lista figuran siete cardenales (Vicente Enrique y Tarancón, Antonio María Rouco, Narcis Jubany, Ricard Maria Carles, Lluís Martínez i Sistach, Carlos Osoro y Juan José Omella). Algunos de ellos, junto a otros obispos, ocuparon puestos de poder en la CEE: hay cuatro presidentes (Casimiro Morcillo, Tarancón, Rouco y Omella), dos secretarios generales (Juan José Asenjo y José Guerra Campos) y dos vicepresidentes (Carles y Osoro).
Los casos más antiguos señalan a Rafael Álvarez Lara, obispo de Guadix, acusado entre 1952 y 1956; Juan Pedro Zarranz y Pueyo, obispo de Plasencia, en 1964; y el de Jaén, Félix Romero Menjíbar, una acusación de 1969.
Un obispo que protegió a un cura tras un asesinato, en proceso de beatificación
Otros dos casos son especialmente llamativos porque los acusados están incluso en proceso de beatificación. Uno es José María García Lahiguera, arzobispo de Valencia en los años setenta, implicado en el encubrimiento de uno de los casos más graves de pederastia de la Iglesia española, encubierto en el franquismo: el del cura José Prat, que violó y asesinó a un niño de nueve años en 1971, con 47 puñaladas, en el Puerto de Sagunto. El sacerdote fue condenado a 17 años de cárcel, que no cumplió, y este arzobispo lo trasladó a Lleida, donde ejerció como vicario. Otros dos obispos colaboraron: Ramón Malla, de Lleida, y Miguel Roca, arzobispo de Valencia. El segundo obispo en curso de beatificación es Josep Maria Cases, obispo de Segorbe-Castellón, acusado de encubrir y trasladar en 1984 a un cura que abusó de un menor en Artana.
En la lista destaca el actual arzobispo de Barcelona y uno de los anfitriones de la visita de León XIV a España, Juan José Omella, anterior presidente de la CEE. El prelado fue alertado en 2022 de un caso de abusos cometidos por el sacerdote Jorge Alexander Patiño Morales, párroco de Mare de Déu de Montserrat. Omella ha admitido a este periódico que recibió la noticia, pero no alertó a las autoridades ni abrió un proceso canónico. El cura luego fue arrestado.
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En Barcelona hay otros casos sospechosos y uno de los más asombrosos es el de Jordi Senabre, un cura acusado de pederastia al que el arzobispado ayudó a huir de la justicia en 1990, enviándolo de misionero y sin revelar su paradero. Hasta que EL PAÍS lo encontró en Ecuador en 2018. Tres obispos de la ciudad supieron todos esos años dónde estaba, todos cardenales: Ricard Maria Carles, Lluís Martínez i Sistach y Juan José Omella.
Otro de los nombres más conocidos es el cardenal emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Está acusado de encubrir y silenciar al menos cuatro casos. Uno es la denuncia de unos catequistas de abusos en 2000. Otro es en Alcalá de Henares, donde un cura fue condenado a 10 años de cárcel en 2003, y la familia y la acusación particular le acusaron de haber ignorado las denuncias de la madre. También está bajo sospecha el traslado del sacerdote M. L. Q., que abusó de un menor en 1975 y fue denunciado al obispado en 2006. Del mismo modo, se le acusa de esconder en los años 2000 en el seminario Redemptoris Mater de Madrid durante unos meses a un sacerdote denunciado por abusos a menores y trasladarlo a Perú.
La mayoría de estos casos han visto la luz en reportajes de este diario a lo largo de los años. Como la historia de las víctimas F. J. O. y V. C., que escribieron al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar cada uno a su agresor, dos sacerdotes que aún seguían en activo. Sanz se reunió con una de ellas para decirle que no podía hacer nada y a la otra la dejó plantada a las puertas del obispado. De todo ello hay constancia documental, pero la diócesis lo niega.
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Tanto la CEE como el Vaticano tienen conocimiento de estas acusaciones, ya que están recogidas en los seis informes que este periódico les ha entregado desde 2021, y que suman841 testimonios en más de 1.800 páginas. Sin embargo, no los investiga canónicamente. O eso es lo que repite siempre el secretario general de los obispos, César García Magán, cuando se le pregunta en ruedas de prensa: “No hay ningún obispo encausado, ni civil, ni penalmente ni por la vía canónica”.
Otros casos afectan a superiores y provinciales de órdenes y congregaciones religiosas. Uno de los más conocidos es el de la Abadía de Montserrat, que el Papa visitará el próximo miércoles, donde tres de sus abades taparon denuncias de pederastia de varios clérigos de 1968 a 2019. Todo salió a la luz después de que una víctima, Miguel Hurtado, contara en EL PAÍS los abusos que sufrió y cómo la orden intentó comprar su silencio. La Abadía acabó admitiendo el encubrimiento poco después.
De la Compañía de Jesús, aparecen en la lista 10 provinciales españoles acusados (tres de ellos, como altos cargos en Bolivia) y también el que fuera general de la orden, Peter-Hans Kolvenbach. La congregación del papa Francisco es la que tiene más casos contabilizados en España: 188 acusados y al menos 523 víctimas. En muchas ocasiones, varios superiores colaboraron para proteger a pederastas trasladándoles a otra ciudad o a otro país.
Un ejemplo es el caso de Luis Tó, condenado en 1992 por abusar de una niña en un colegio jesuita de Barcelona. Para tapar el escándalo, el provincial catalán Jesús Renau escribió a su paisano Luis Palomera, provincial en Bolivia, para que acogiera a Tó. Todo bajo el consentimiento de Kolvenbach. EL PAÍS accedió a documentación interna de la orden gracias a que la policía boliviana incautó parte de los archivos en 2023, en el marco de una investigación por otra investigación de este periódico: el diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, que admitió haber abusado de al menos 85 niños y cómo sus superiores (tanto en Bolivia como en España) le protegieron.
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En esa documentación aparecían cruces de cartas donde se detallaba cómo la orden en España trasladó a Tó, pero también cómo desde Roma se enviaba a todos los países cartas confidenciales sobre cómo proceder ante las denuncias: tapar y trasladar al acusado. Este método fue repetido por la mayoría de las congregaciones y diócesis. En ocasiones, obispos y provinciales participaron de estos traslados. Un caso destacado es el del jesuita y famoso escritor José Luis Martín Vigil, encubierto por la Compañía de Jesús y luego por el conocido cardenal y presidente de la CEE Vicente Enrique y Tarancón, icono de la Transición, cuando era arzobispo de Oviedo.
También está bajo sospecha la gestión de Tarancón cuando era arzobispo de Madrid en el caso de Cesáreo Gabaráin, el célebre sacerdote compositor de canciones de misa, como Pescador de hombres y Juntos como hermanos. Gabaráin fue acusado de abusos por alumnos del colegio marista de Chamberí, en Madrid, donde ejercía de capellán, y expulsado del centro a finales de 1978. Sin embargo, a los dos meses fue nombrado prelado de Su Santidad por Juan Pablo II, trasladado a otro colegio de Madrid, el de San Fernando, y destinado a una parroquia de la ciudad, en el barrio de Mirasierra, donde fue vicario hasta su fallecimiento en 1991.
Uno de cada 10 casos fue encubierto
Estos son solo los casos en los que se ha podido identificar el nombre responsable. En total, este periódico ha recopilado que la Iglesia (altos cargos, directores de colegio, rectores de seminario, superiores religiosos, etc.) encubrió, protegió o silenció denuncias internas contra 159 pederastas. Lo que significa que, según los datos disponibles, uno de cada 10 casos fue encubierto.
Un ejemplo claro es del hermano marista Marino González, que durante 62años pasó por al menos siete colegios de toda España donde abusó de al menos 17 niños identificados, aunque las víctimas señalan que pudieron ser “cientos”. Su primera denuncia fue en 1959 y la última, ante comisaría, en 2021. Fue trasladado de colegio en colegio durante décadas. La congregación solo admite siete víctimas y se niega a dar información.
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La opacidad no solo ha sido una constante en la gestión de la Iglesia ante el escándalo, sino que se ha agravado en los últimos años.EL PAÍS comenzó su investigación de la pederastia en la Iglesia española en 2018 con el envío de una batería de preguntas a las 70 diócesis. Entonces constató el muro de silencio sobre el escándalo: solo respondieron 18, y únicamente nueve dieron detalles. Cinco dijeron que no les constaba ningún caso y otras cuatro (Oviedo, Plasencia, Guadix y Vic) admitieron al menos uno.
Ocho años después, y tras el fracaso del estudio interno Para dar luz encargado por la CEE en 2023, el escenario ha empeorado. Este periódico ha preguntado no solo a todas las diócesis españolas, sino también a 141 órdenes religiosas españolas, cuál ha sido el resultado de las investigaciones canónicas de los testimonios remitidos por EL PAÍS en estos años, el número total de casos que tienen registrados, cuántas denuncias han recibido en el último año y cuántas indemnizaciones han pagado hasta ahora. La respuesta ha sido el silencio: solo han contestado a todas las preguntas una diócesis (Ávila) y dos órdenes religiosas (las Hijas de la Caridad y los Legionarios de Cristo).
Este periódico envió el correo hace más de un mes a 211 entidades (diócesis, órdenes y congregaciones religiosas) en las que constan casos. De todas ellas, solo han respondido al mail 42 (17 diócesis y 25 órdenes), pero la mayoría se ha negado a dar información. Solo tres han contestado a todas las cuestiones que se les ha solicitado y solo nueve lo han hecho parcialmente.
Las que han contestado parcialmente se han limitado a informar de los casos nuevos que han remitido a la CEE: Salesianos (10 casos), Claretianos (uno), Misioneros de Sagrados Corazones (uno), Agustinos (uno), Marianistas (uno) y la diócesis de Vic (uno recibido en 2026 a través de una investigación de EL PAÍS). Otras órdenes, como el Opus Dei, solo informan de la gestión de los casos destapados por este periódico, y otras (Trinitarios, Amigonianos, Carmelitas, Dominicos, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca) se limitan a afirmar que en 2025 no han recibido ninguna denuncia.
“Ni ha habido ni hay casos al respecto”
Otras entidades no solo no han contestado, sino que caen en evidentes contradicciones. Es el caso de la diócesis de Jaca, que afirma: “En esta diócesis ni ha habido ni hay casos al respecto”. Lo cierto es que cuenta con al menos dos casos, uno destapado por este periódico en 2022, que se remonta a 1959 y fue remitido en su segundo informe, y otro que aparece registrado en el informe del Defensor del Pueblo, publicado en 2023 y del que apenas hay más información.
El obispo que está al frente de esta diócesis es Pedro Aguado. Antes de ocupar esta sede episcopal, fue superior de los escolapios y está acusado de encubrir durante nueve años, desde 2010, los abusos sexuales cometidos por un escolapio, José Miguel Flores Martínez, en Ciudad de México.
Otra diócesis que se contradice es la de Oviedo, que afirma que no puede investigar porque no ha tenido acceso a los datos de las personas que se han puesto en contacto con EL PAÍS para contar su caso. Lo cierto es que una de ellas llamó a la diócesis gracias a la intervención de este periódico y denunció su caso canónicamente.
Hay órdenes (jesuitas) y diócesis (Bilbao o Madrid) que no han respondido al formulario de EL PAÍS, pero que periódicamente publican memorias con las denuncias que han recibido.
La treintena de órdenes y diócesis que han respondido al formulario de EL PAÍS han negado la información con un mensaje muy similar en el que señalan como responsable de la gestión a la Conferencia Episcopal: “La información que solicita en relación a los testimonios, se envía al Servicio de Protección de Menores de la CEE que es a quien hemos confiado dar la información anual del trabajo de la Oficina”. La CEE nunca ha dado información sobre el escándalo.
