Diócesis y órdenes continúan sin investigar cientos de denuncias de víctimas que aún no han sido reparadas ni escuchadas. “Espero que el Papa eche una bronca pública a los obispos”, dice una de ellas
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Julio Núñez | Íñigo Domínguez, El País, 4 de junio de 2026
Más de 20 millones de personas estaban pegadas al televisor el 3 de noviembre de 1982, pendientes de Juan Pablo II en su misa multitudinaria en el estadio Santiago Bernabéu. Era la primera visita de un Papa a España y parecía más una estrella de rock que un líder religioso. En un momento, de hecho, el Pontífice comenzó a entonar Pescador de hombres, una de las más célebres canciones de misa (Tú has venido a la orilla…). Le acompañaba una gran orquesta dirigida por su compositor, el cura vasco Cesáreo Gabaráin. Para la familia Aguilera fue un shock.
Cuatro años antes, en 1978, la familia había denunciado en el colegio marista de Chamberí, en Madrid, que Gabaráin había abusado de su hijo César. Otras familias se sumaron a la denuncia. La orden les informó que el cura admitía los hechos y lo expulsó. Por eso, verle junto a Juan Pablo II fue como un puñetazo. “Fue una muestra más de que a este tipo no se le castigó, de que la Iglesia no hizo absolutamente nada y que permitió que siguiera abusando de niños allá por donde fuera”, contó Manuel, hermano de César, a este periódico en 2021 cuando destapó el caso.
Gabaráin no solo siguió en contacto con menores hasta su muerte en 1991, sino que fue nombrado prelado de honor de Juan Pablo II, apenas cinco meses después de que los maristas lo expulsaran del colegio. Cinco años después de que EL PAÍS destapara en 2021 este caso ―uno de los que cuenta con mayor número de víctimas conocidas en España, 24 hasta ahora―, la diócesis de San Sebastián (donde fue ordenado), el arzobispado de Madrid (el que le acogió desde los años sesenta) y los maristas (que lo mantuvieron como capellán en Madrid) siguen sin informar de si han abierto una investigación canónica, si han reparado a alguna víctima y quiénes fueron los altos cargos que encubrieron a Gabaráin.
No es el único caso. En vísperas de la visita de León XIV a España, del 6 al 12 de junio, los casos de cientos de víctimas no han sido resueltos por la Iglesia española. Siguen a la espera de justicia y de saber toda la verdad, que continúa siendo ocultada. Algunas de ellas fueron las primeras que dieron la cara para contar su caso y animar a otras a dar el paso. Estas son cuatro de esas historias.
El cura estrella de la música de misa
Los primeros abusos de Gabaráin denunciados ocurrieron en 1959, poco después de ser ordenado sacerdote, en su primer destino en el municipio guipuzcoano de Antzuola. Pero la mayoría de acusaciones se sitúan en el colegio marista de Chamberí, entre 1966 y 1978. Según las víctimas, seguía un método: llevaba a los alumnos a su despacho para hablarles de música y allí les agredía. En ocasiones, lo hacía en campamentos o ejercicios espirituales de los maristas. En uno de estos episodios, abusó de varios menores, que se lo contaron al hermano Aniceto Abad, ya fallecido. Este informó a los responsables del colegio. Los chavales, entre los que se encontraba César Aguilera, se lo contaron a su familia, que también acudió al centro. Al curso siguiente, Gabaráin ya no estaba. Fue trasladado primero al internado madrileño de San Fernando, de los salesianos, y luego a una parroquia en el barrio de Mirasierra, hasta su muerte.
Gabaráin fue un sacerdote muy conocido. Autor de unos 500 temas litúrgicos y el único cura que ha sido disco de oro en España, sus canciones se han traducido a varias lenguas y se corean en misas de todo el mundo, como Juntos como hermanos. Además, su tema La muerte no es el final fue elegido en 1981 como himno oficial para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas españolas. Ese impacto mediático le llevó a entablar amistad con futbolistas del Real Madrid y ser pater de la Vuelta Ciclista a España.
Los maristas no abrieron una investigación. La archidiócesis de Madrid, que fue la que trasladó a Gabaráin al internado y luego a Mirasierra, tampoco hizo nada. En sus archivos, contó en 2021 un portavoz, no aparecía nada sobre el asunto. Por entonces, el arzobispo de Madrid era el cardenal Vicente Enríquez y Tarancón, icono de la Transición. Se desconoce si Juan Pablo II tuvo conocimiento de los abusos cuando decidió en 1979 nombrarle prelado de honor.
La diócesis de San Sebastián, a la que pertenecía Gabaráin, sostuvo cuando el caso salió a la luz que, para abrir sus archivos y buscar información, necesitaba “un requerimiento judicial” o abrir una investigación canónica. Este periódico ha preguntado de nuevo a la diócesis si finalmente lo hizo, como les obliga la norma canónica, pero no ha recibido respuesta. Los maristas no han querido responder a las preguntas de este periódico y se han limitado a enviar un mensaje en el que se escudan en la ley de protección de datos. Es otro caso más en el que la Iglesia sigue ocultando lo que sabe.
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La Bañeza: el primer caso mediático de encubrimiento
Javier habló con este periódico en septiembre de 2018, poco antes de que EL PAÍS comenzara su investigación sobre el escándalo de la pederastia clerical. Por entonces, ya habían pasado tres años desde que escribió al papa Francisco para pedirle justicia y abriera un proceso contra José Manuel Ramos Gordón, el cura que había abusado de él y de su hermano gemelo a finales de los años ochenta en el seminario leonés de La Bañeza, en la diócesis de Astorga. Entonces su padre se lo contó a varios sacerdotes y el caso llegó a oídos del obispo, Antonio Briva. Pero no hizo nada.
En realidad, llevaba años sin hacer nada. Ramos Gordón ya había abusado entre 1979 y 1984 de varios menores en el colegio Juan XXIII ― en Puebla de Sanabria, Zamora, también en la diócesis de Astorga― y el obispo se limitó a trasladarlo al seminario donde estudiaba Javier. Briva ejecutó otro traslado más, en 1990, y se llevó al cura pederasta a la parroquia de Tábara, en Zamora, donde siguió en contacto con menores.
El Papa, tras recibir la carta de Javier, ordenó abrir un caso canónico. Ramos Gordón admitió los hechos y la sentencia demostró que Briva y su sucesor taparon el caso. El obispo que investigó todo, Juan Antonio Menéndez, le impuso como castigo un año de ejercicios espirituales, que nunca cumplió. Es más, Menéndez permitió que la parroquia de Tábara le hiciera un homenaje. Javier fue a quejarse sin éxito.
Entonces decidió contarlo todo en La Opinión de Zamora. Gracias a eso salieron más víctimas a la luz, se reabrió su caso y Ramos Gordón fue condenado a 10 años de exilio en un convento. Afectados de otros casos en la zona también denunciaron y su testimonio, el primero publicado por EL PAÍS en su investigación, hizo que decenas de víctimas escribieran para contar su caso. Javier es la única víctima que se ha reunido con los tres últimos presidentes de la Conferencia Episcopal Española para pedir justicia, ha escrito hasta cinco cartas al Papa y cofundó la primera asociación nacional de víctimas, Infancias Robadas.
A pesar de la exposición pública y de que el caso fue admitido por la diócesis, no ha recibido nunca ningún reconocimiento ni reparación de la Iglesia. “La lucha ha sido larguísima, con muchas trabas, con mucho dolor. He pagado un alto coste emocional y de salud. Me alegra que mi lucha haya servido a mucha gente. Pero es verdad que después de esto, todavía no ha llegado esa reparación. Y ya es demasiado tarde para eso. Lo que han hecho es imperdonable”, dice Javier, que concluye: “De la Iglesia, ya no me espero absolutamente nada. Es una institución criminal donde unos han abusado y otros han encubierto”.
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Salamanca: Ninguneado 15 años pese a la condena del cura acusado
Javier Paz fue una de las primeras víctimas de pederastia en la Iglesia en denunciar su caso en público, en un programa de televisión en 2014, y también una de las primeras que apareció en la investigación de EL PAÍS, en octubre de 2018. La Iglesia consideraba entonces casi como enemigos de la institución a las víctimas que aparecían en los medios, algo que en parte sigue pensando hoy. De hecho, Paz continúa pagando las consecuencias. Dar la cara ayudó a muchas víctimas a salir a la luz, pero aún hoy, 16 años después de denunciar e incluso con la condena canónica de su agresor, no ha recibido nada de la Iglesia. Su caso fue en la diócesis de Salamanca, una de las más opacas y con mayores sospechas de encubrimiento en España.
Allí también está el primer caso de un sacerdote que denunció públicamente abusos, Policarpo Díaz, pero incluso él chocó con la incomprensión de su propio obispo, José Luis Retana, que le desaconsejó denunciar y le dijo que lo mejor era llevarse el secreto a la tumba. En esta diócesis también surgió uno de los casos más graves de España, el del depredador Francisco Carreras, agresor sexual expulsado por la archidiócesis de Miami. Fue enviado de vuelta a Salamanca en los años ochenta, con la advertencia de su historial, pero recorrió durante décadas la provincia, abusando de decenas de niños y siendo trasladado periódicamente, encubierto por los sucesivos obispos. La diócesis de Salamanca jamás ha dado una sola explicación.
Javier Paz decidió aparecer en televisión después de ser ignorado durante tres años por el obispado. En marzo de 2011, denunció allí abusos de un cura, Isidro López Santos, cuando era párroco de la iglesia de San Julián, entre 1982 y 1992, desde que tenía 10 años a los 20. El obispo, Carlos López, jubiló poco después al acusado, aunque se le hizo un homenaje de despedida. Planteó a la víctima que la única forma de acceder a una indemnización era solicitarla por escrito, y Paz firmó un documento que le presentaron, pero no volvió a saber nada. Por fin llamó al obispo: “Me dijo que entendían que lo había hecho todo por dinero, y que con ese papel estaba claro, así que anulaban todo”, recuerda. Luego aparecieron otras dos víctimas; el cura admitió los abusos y fue finalmente condenado canónicamente. En la sentencia, la diócesis admitió que tuvo noticia de acusaciones contra el cura desde los años noventa, pero “no fueron consideradas verosímiles”. Esa responsabilidad es de tres obispos: Mauro Rubio, hasta 1995, ya fallecido; Braulio Rodríguez, de 1995 a 2002, que luego fue arzobispo de Toledo, y Carlos López. Se ignora el número total de víctimas, que siguen ocultas.
Pero aún hoy, 12 años después de la condena del cura, Javier Paz no ha recibido ninguna compensación. Al principio, porque la Iglesia española se negaba a darlas. Pero cuando luego puso en marcha el plan PRIVA y él solicitó una, también se la rechazaron. Un sacerdote que ha querido ayudarle, a él y a otras víctimas ignoradas por el obispado de Salamanca, habló con el actual obispo, José Luis Retana, para que les concediera una compensación, pero también se negó. “Decía que yo había hecho mucho daño a la diócesis de Salamanca”, relata Paz, una referencia a sus apariciones en prensa y a que puso en evidencia al obispo al grabar sus conversaciones. Finalmente, estas personas han podido acudir a la vía de compensación abierta en abril por el Gobierno. “El trato de parte de la Iglesia ha sido negligente, insultante y ha revictimizado a muchas personas. A mí me han ignorado. Además, hay dos obispos vivos, Braulio Rodríguez y Carlos López, que han conocido los abusos durante años y ahí siguen. Nadie les ha pedido responsabilidades. Y Retana, además, ha maltratado e insultado a las víctimas”.
¿Qué espera Javier Paz de la visita del Papa? “Tengo la esperanza de que le eche una bronca pública a los obispos y a la Iglesia. Que no sea un lavado de imagen y que hagan como que ya no ha pasado nada y que está todo resuelto. No, son responsables. Han hecho mucho daño. La Iglesia española ha desobedecido todos estos años. Y lo que yo espero del Papa es que hable claramente aquí, en España, de lo que ha pasado, que se disculpe en nombre de toda la Iglesia y pida cuentas a la Conferencia Episcopal por la tardanza en atender a las víctimas y la revictimización que hemos sufrido casi todos”.
Toledo: 17 años sin respuesta ni en España ni en el Vaticano
El caso de Carlos, nombre ficticio de esta víctima que no desea revelar su identidad, es uno de los más reveladores sobre la inacción y el encubrimiento de la Iglesia, en España y en el Vaticano. Y también de los fallos de la justicia del Estado. Carlos era un alumno del seminario menor de Toledo, que acusó de varios episodios de agresión sexual al sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos, entre 2005 y 2007. Su madre se lo dijo en 2009 al entonces obispo de la ciudad, Braulio Rodríguez (el mismo del caso anterior en Salamanca), tal como confirmó el acusado en el juicio que se celebró luego. No hizo nada. Carlos lo denunció cuando ya era mayor de edad en 2016, pero el caso tardó siete años en llegar a juicio y a una primera sentencia, en 2023, una condena de siete años de cárcel para el cura. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León luego anuló el fallo en 2024 por defectos en la instrucción. Diez años después, el caso aún está pendiente de la decisión del Supremo.
En la Iglesia, el arzobispado de Toledo no hizo nada hasta 2021, cuando se fijó fecha del juicio. Solo entonces apartó al cura del contacto con menores (12 años después de conocer el caso). Estando acusado por la Fiscalía, lo envió a Perú en viajes de misiones. Solo entonces informó al Vaticano, pese a que estaba obligado a hacerlo nada más saberlo, pero únicamente cuando EL PAÍS sacó a la luz el caso, en abril de 2021. Del mismo modo, la primera vez que la archidiócesis de Toledo llamó al denunciante fue en noviembre de 2022, al día siguiente de que EL PAÍS preguntara por el caso al obispo auxiliar de la ciudad, César García Magán, en la primera rueda de prensa que dio como secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE). Pese a que Toledo desobedeció las normas vaticanas y comunicó al caso 12 años después de conocerlo, García Magán, que sigue en el cargo, dijo en esa rueda de prensa que la diócesis había “hecho los deberes”. En este obispado ha habido otros graves casos de abusos cuya gestión está en entredicho, como el del cura José Luis Galán, condenado en 2021 a ocho años de cárcel, pero que para la Iglesia sigue siendo inocente.
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Entre 2022 y 2023, Carlos decidió acudir al Vaticano. Logró reunirse con el papa Francisco, que en 2024 forzó al arzobispado de Toledo a abrir por fin un proceso canónico del caso, pero aún sigue abierto dos años después. Carlos, además, denunció su caso en varios organismos vaticanos y en la Secretaría de Estado. También presentó en Roma otra denuncia en octubre de 2023 por encubrimiento y otras acusaciones contra cuatro obispos (Braulio Rodríguez, su sucesor Francisco Cerro, García Magán y otro sin identificar que conoció el caso). Lo hizo ante el Dicasterio de los Obispos, cuando estaba al frente Robert Prevost como prefecto. “Denuncié en su dicasterio, y lo más probable es que no le notificaran nada. Las personas que nos recibieron a mí y a otro sacerdote que me acompañó nos trataron fatal, casi ni quisieron recibirnos y nunca me respondieron”, afirma. Nadie del Vaticano le ha respondido nunca hasta hoy.
No espera gran cosa de la visita del Papa. “Yo siento que estoy completamente abandonado. Por una institución que en público dice lo contrario, que hay que estar con las víctimas. Hoy, 17 años después, las personas que he denunciado, por su responsabilidad, siguen en su puesto”, lamenta. “También me siento completamente abandonado por el Estado. Y el sistema de compensación con el Defensor del Pueblo deja fuera a víctimas como yo [casos no prescritos denunciados en los tribunales]. Llevo 10 años de calvario judicial y me quedo fuera. Cero reparación. En mi caso van a encontrar cualquier cosa para cerrar el caso. Hace 20 años un sacerdote abusó sexualmente de mí. Desde hace 17 años también la Iglesia está abusando espiritualmente. Lo peor de todo es que les damos absolutamente igual”.
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Notas Asturias Laica
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Más de 3.000 víctimas en ocho años de investigación: “No damos abasto con los casos en España” | Podcast, Asturias Laica
-Sobre Cesáreo Gabaráin:
“Tú has venido a la orilla”: el cura que compuso las canciones de misa más famosas, acusado de abusos, Asturias Laica (2021)
Nuevas víctimas del cura Cesáreo Gabaráin, estrella de la música para misa, denuncian que abusó de menores durante 20 años, Asturias Laica (2021)
